Informe de DDHH de EEUU: la fotografía de un país cooptado y antidemocrático

Por Paolina Albani, Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2022.

Las violaciones a derechos humanos reportados por EE.UU. en su más reciente informe guardan un paralelismo con otro redactado el Parlamento Europeo en 2019. En síntesis, ambos documentos expresan la preocupación por la violencia, el acoso y criminalización que sufren los defensores de derechos humanos y la prensa, la paralización de casos en el sistema de justicia sobre crímenes de guerra, la vulnerabilidad y falta de preparación de las instituciones que ofrecen protección a la ciudadanía y la susceptibilidad ante la corrupción como es el caso de la policía; el abandono a las personas privadas de libertad, las detenciones ilegales como es el caso del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y de periodistas como Anastasia Mejía, ambos cumplimiento de sus labores.

También mencionan las amenazas en contra de operadores de justicia y la desintegración de los cuerpos de investigación dentro del Ministerio Público, la incompetencia o falta de voluntad del Congreso de Guatemala que en abril de 2021 se negó a juramentar a Gloria Porras para un nuevo periodo como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) lo que resultó en su exilio, y la retención de fondos para instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Incluso toca la corrupción dentro de las comisiones de postulación, la represión en contra de comunidades y líderes comunitarios que defienden territorios de la explotación extractiva como es el caso de Bernardo Caal por el río Cahabón o los Maya Q’eqchi’ quienes han defendido el lago y las montañas de Izabal de la minera de CGN-Pronico.

Además de esto, el informe señala el aumento de la violencia contra la mujer, la creación de una política pro vida y pro familia que limita el acceso a la educación en salud reproductiva y sexual.

Estos son algunos de los hallazgos del informe del EE.UU.:

Al 29 de noviembre de 2021, un total de 10 activistas o defensores de derechos humanos fueron asesinados.
De enero a junio, UDEFEGUA reportó cinco asesinatos de defensores de derechos humanos y 551 ataques contra defensores de derechos humanos en el mismo período, en comparación con 677 ataques en el mismo período en 2020.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas reportó 60 denuncias de agresiones o amenazas contra periodistas de enero a agosto, frente a 73 en igual período de 2020, y ningún homicidio, frente a uno reportado en igual período de 2020.
Desde enero hasta el 31 de agosto, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Trabajadores Judiciales y Sindicalistas recibió 69 denuncias por amenazas o agresiones contra trabajadores del Poder Judicial y 53 denuncias contra activistas pro sindicales, para un total de 122 denuncias. Frente a 194 denuncias en 2020.
Al 31 de agosto, el Congreso completó con éxito el procedimiento de votación de un solo candidato para la corte de apelaciones en un total de 270 candidatos.
Al 31 de agosto de 2021, había 24,989 reclusos en instalaciones diseñadas para albergar a 6,997 personas.
Desde enero hasta el 31 de agosto, al menos 17 reclusos murieron por causas no naturales mientras estaban en prisión.
Hasta octubre, más de 90 policías fueron retirados de la fuerza por acusaciones de soborno.
En 2021, había 2 mujeres en el gabinete de 13 miembros, 31 diputadas en el Congreso de 160 miembros y 9 alcaldesas entre los 340 alcaldes municipales.
El Ministerio Público registró 44,229 casos de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 39,399 en el mismo período de 2020.
De enero a agosto, 395 mujeres fueron asesinadas, en comparación con 302 en el mismo período de 2020.
El sistema judicial condenó a 1,118 perpetradores de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 424 en el mismo período.
El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) informó que de enero a octubre hubo 60,464 nacimientos de madres adolescentes, 58,820 nacimientos de madres entre 15 y 19 años y 1,644 de madres entre 10 y 14 años.
Al 29 de noviembre de 2021, un total de 10 activistas o defensores de derechos humanos fueron asesinados.
De enero a junio, UDEFEGUA reportó cinco asesinatos de defensores de derechos humanos y 551 ataques contra defensores de derechos humanos en el mismo período, en comparación con 677 ataques en el mismo período en 2020.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas reportó 60 denuncias de agresiones o amenazas contra periodistas de enero a agosto, frente a 73 en igual período de 2020, y ningún homicidio, frente a uno reportado en igual período de 2020.
Desde enero hasta el 31 de agosto, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Trabajadores Judiciales y Sindicalistas recibió 69 denuncias por amenazas o agresiones contra trabajadores del Poder Judicial y 53 denuncias contra activistas pro sindicales, para un total de 122 denuncias. Frente a 194 denuncias en 2020.
Al 31 de agosto, el Congreso completó con éxito el procedimiento de votación de un solo candidato para la corte de apelaciones en un total de 270 candidatos.
Al 31 de agosto de 2021, había 24,989 reclusos en instalaciones diseñadas para albergar a 6,997 personas.
Desde enero hasta el 31 de agosto, al menos 17 reclusos murieron por causas no naturales mientras estaban en prisión.
Hasta octubre, más de 90 policías fueron retirados de la fuerza por acusaciones de soborno.
En 2021, había 2 mujeres en el gabinete de 13 miembros, 31 diputadas en el Congreso de 160 miembros y 9 alcaldesas entre los 340 alcaldes municipales.
El Ministerio Público registró 44,229 casos de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 39,399 en el mismo período de 2020.
De enero a agosto, 395 mujeres fueron asesinadas, en comparación con 302 en el mismo período de 2020.
El sistema judicial condenó a 1,118 perpetradores de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 424 en el mismo período.
El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) informó que de enero a octubre hubo 60,464 nacimientos de madres adolescentes, 58,820 nacimientos de madres entre 15 y 19 años y 1,644 de madres entre 10 y 14 años.
Al 29 de noviembre de 2021, un total de 10 activistas o defensores de derechos humanos fueron asesinados.
De enero a junio, UDEFEGUA reportó cinco asesinatos de defensores de derechos humanos y 551 ataques contra defensores de derechos humanos en el mismo período, en comparación con 677 ataques en el mismo período en 2020.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas reportó 60 denuncias de agresiones o amenazas contra periodistas de enero a agosto, frente a 73 en igual período de 2020, y ningún homicidio, frente a uno reportado en igual período de 2020.
Desde enero hasta el 31 de agosto, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Trabajadores Judiciales y Sindicalistas recibió 69 denuncias por amenazas o agresiones contra trabajadores del Poder Judicial y 53 denuncias contra activistas pro sindicales, para un total de 122 denuncias. Frente a 194 denuncias en 2020.
Al 31 de agosto, el Congreso completó con éxito el procedimiento de votación de un solo candidato para la corte de apelaciones en un total de 270 candidatos.
Al 31 de agosto de 2021, había 24,989 reclusos en instalaciones diseñadas para albergar a 6,997 personas.
Desde enero hasta el 31 de agosto, al menos 17 reclusos murieron por causas no naturales mientras estaban en prisión.
Hasta octubre, más de 90 policías fueron retirados de la fuerza por acusaciones de soborno.
En 2021, había 2 mujeres en el gabinete de 13 miembros, 31 diputadas en el Congreso de 160 miembros y 9 alcaldesas entre los 340 alcaldes municipales.
El Ministerio Público registró 44,229 casos de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 39,399 en el mismo período de 2020.
De enero a agosto, 395 mujeres fueron asesinadas, en comparación con 302 en el mismo período de 2020.
El sistema judicial condenó a 1,118 perpetradores de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 424 en el mismo período.
El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) informó que de enero a octubre hubo 60,464 nacimientos de madres adolescentes, 58,820 nacimientos de madres entre 15 y 19 años y 1,644 de madres entre 10 y 14 años.
Al 29 de noviembre de 2021, un total de 10 activistas o defensores de derechos humanos fueron asesinados.
De enero a junio, UDEFEGUA reportó cinco asesinatos de defensores de derechos humanos y 551 ataques contra defensores de derechos humanos en el mismo período, en comparación con 677 ataques en el mismo período en 2020.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas reportó 60 denuncias de agresiones o amenazas contra periodistas de enero a agosto, frente a 73 en igual período de 2020, y ningún homicidio, frente a uno reportado en igual período de 2020.
Desde enero hasta el 31 de agosto, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Trabajadores Judiciales y Sindicalistas recibió 69 denuncias por amenazas o agresiones contra trabajadores del Poder Judicial y 53 denuncias contra activistas pro sindicales, para un total de 122 denuncias. Frente a 194 denuncias en 2020.
Al 31 de agosto, el Congreso completó con éxito el procedimiento de votación de un solo candidato para la corte de apelaciones en un total de 270 candidatos.
Al 31 de agosto de 2021, había 24,989 reclusos en instalaciones diseñadas para albergar a 6,997 personas.
Desde enero hasta el 31 de agosto, al menos 17 reclusos murieron por causas no naturales mientras estaban en prisión.
Hasta octubre, más de 90 policías fueron retirados de la fuerza por acusaciones de soborno.
En 2021, había 2 mujeres en el gabinete de 13 miembros, 31 diputadas en el Congreso de 160 miembros y 9 alcaldesas entre los 340 alcaldes municipales.
El Ministerio Público registró 44,229 casos de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 39,399 en el mismo período de 2020.
De enero a agosto, 395 mujeres fueron asesinadas, en comparación con 302 en el mismo período de 2020.
El sistema judicial condenó a 1,118 perpetradores de violencia contra la mujer de enero a agosto, en comparación con 424 en el mismo período.
El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) informó que de enero a octubre hubo 60,464 nacimientos de madres adolescentes, 58,820 nacimientos de madres entre 15 y 19 años y 1,644 de madres entre 10 y 14 años.

A la publicación del informe siguió la reunión en la Cumbre de Panamá del secretario de Estado, Antony Blinken, con varios países de Latinoamérica en donde discutió sobre migración y la lucha contra la corrupción. En la junta participó el exfiscal Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, exiliado en EE.UU. desde finales del año pasado.

EE.UU. no nombró a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su informe de derechos humanos, pero Blinken ha mencionado en el pasado su preocupación por los esfuerzos del gobierno guatemalteco de cerrar las unidades anticorrupción en el Ministerio Público tras la salida forzada de la comisión.

La fotografía de una democracia frágil

En una entrevista, Ana María Méndez, directora de WOLA para Latinoamérica, refirió que el impacto del informe es de suma relevancia pues documenta la situación precisa de un país cooptado, de una democracia muy frágil y que tiene tendencia a prácticas autoritarias. Es una metástasis que penetra todas las esferas.

PC: ¿Qué significa para Guatemala haber sido calificados tan pobremente en los informes internacionales de derechos humanos?

W: “Guatemala ha estado muy polarizado políticamente tras la salida de la CICIG y el informe da un respaldo científico que demuestran el retroceso y deterioro que ha habido, pero que, muchas veces, se desconoce porque el manejo de la información es un eje central de control por parte del oficialismo, dijo Méndez.

Es la comunidad internacional la que dice que es un país que cierra los espacios y que viola los derechos humanos. El informe del Departamento del Estado podría provocar que Guatemala pierda apoyos.

En Wola analizamos la relación de EE.UU. con la región y hay un debate relativo a las sanciones. El debate gira alrededor de cómo EE.UU. usaría esas herramientas para detener el retroceso en la región y generalmente, se hace a través de sanciones, pero es el último paso cuando un país cerró democráticamente sus espacios.

Es preocupante que la situación este muy cerca de parecerse a Nicaragua y a Venezuela. Las sanciones que podrían imponerle a Guatemala pueden ser económicas, el objetivo sería aislar al país. Un escenario que Rusia enfrenta actualmente, tras iniciar la guerra contra Ucrania.

Sí creemos que hay vías menos agresivas como que la UE y EE.UU. condicionen su asistencia a ciertas garantías que el Estado debe de cumplir como la transparencia y la gobernanza. Y en gran mayoría, las políticas de Guatemala dependen de la cooperación internacional. También pueden continuar con las sanciones individuales de tipo político-legal como la cancelación de las visas o con la creación del Listado de Engels, en donde aparecen personales señalados de corrupción. Así es como EE.UU. reconoce que las élites económicas han jugado un rol -en la cooptación del Estado-“.

PC: ¿Ha existido un punto de quiebre para que Guatemala sea tan pobremente calificado? Por ejemplo, en el caso del sector justicia la llegada de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras…

W: “No hay uno en especial. Si diría que inició con Jimmy Morales y algunos casos de la CICIG. Antes de eso ocurrieron varias cuestiones que afectaron a las élites como el financiamiento electoral ilícito, pues han tenido mucho control sobre la institucionalidad de Guatemala. Ellos forman parte del poder. Ese punto de quiebre ocurre cuando la CICIG toca a la élite económica. Cuando se encarceló a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti había unidad en la ciudadanía, pero cuando tocaron a los militares y la élite económica empezó la expulsión de la CICIG. Los sacrificados de la clase política daban igual”.

PC: ¿Hemos alcanzado un punto de no retorno?

W: “Es la antesala al aislamiento. Por eso apostamos por sanciones individuales. Por ejemplo, se sancionó a Ricardo Méndez Ruiz, quien ha sido operador de las redes -político criminales-, pero los financistas detrás de sus acciones son grupos que se vieron afectados por la CICIG. Si bien le cancelaron el derecho a visa, en la medida que ese respaldo de parte de las redes se mantenga, los ataques de Méndez Ruiz van a continuar. Por eso la aplicación de sanciones deben de ser estratégica. Que ya no sean simbólicas”.

PC: ¿Cuáles son los aspectos más urgentes para atender después de la publicación informe?

W: “Entender cómo se fueron configurando las dinámicas dentro del entramado del poder y del Estado, cuál es la génesis de la corrupción que es el financiamiento electoral político. Entender el impacto que tiene en las políticas sociales y las dinámicas de poder estructurales. En estas redes no habrá un proyecto político que atienda los problemas estructurales, como la pobreza y la violencia, porque lo que buscan es extraer los recursos del Estado y mantenerse”.

PC: ¿Qué interpretación da Wola a la persecución en contra de fiscales, jueces y magistrados que han tenido que exiliarse por haber respaldado las investigaciones de la FECI y a la CICIG?

W: “Es una represalia que ha tenido un impacto severo en el sistema de justicia. ¿Al servicio de quien está la justicia? Un análisis que hacemos es que no hay un estado de derecho mucho menos constitucional de derecho, entonces ¿qué tipo de justicia hay?

Una Corte Suprema de Justicia (CSJ) cooptada y un Ministerio Público (MP) como operador, han tratado que los logros de 12 años de la CICIG fueran anulados, y esa es solo una de las estrategias.

Las repercusiones son graves porque retomar y reconstruir será más complejo. Esto va más allá de la criminalización de los fiscales, jueces y magistrados. El objetivo es que los casos sean engavetados.

Uno de los síntomas de un país antidemocrático es coartar a la prensa independiente. No vemos que haya censura para medios como Republica GT o a los que no desafían al poder. Muchos colectivos y medios se han dedicado a defenderse y por hacer eso, han dejado de hacer su trabajo. Hay una intensión de acallar a quienes estén en contra del gobierno. El objetivo es acallar estas voces que informan los hechos como son”.

PC: ¿Cómo puede la ciudadanía defender a las instituciones que están siendo cooptadas?

W: “Es estratégico no poder de vista las elecciones generales y la elección de la CSJ. Tener un Congreso limpio para legislar a favor de las personas y no para lograr impunidad, así como un sistema de justicia independiente.

La defensa y vigilancia más importante está sobre las elecciones del 2023. Debería de haber un proyecto político único que busque retomar la institucionalidad y la función del Estado porque es desde el poder que se puede cambiar el panorama en Guatemala”.

Fuente: Prensa Comunitaria


telegram

Comparte, si te gusto