Guatemala un Estado cooptado por las mafias

Autor: Jairo Alarcón Rodas
La democracia es el reconocimiento del derecho de los individuos y las colectividades a ser los actores de su historia y no solamente a ser liberados de sus cadenas.
Alain Touraine

Equivocarse en la elección de sus autoridades trae consecuencias funestas, quizás fatales, para un país, cuando a los que se eligen son personas inescrupulosas y perversas. En el caso de Guatemala, las mafias oligarcas han encontrado la fórmula para tomar el control absoluto del país y lo han hecho a partir de establecer un Estado de legalidad que corresponda a sus intereses. Es más, ya no les es imperioso que el cuerpo de leyes que norman al país corresponda a sus intereses, pues con tomar el control de la más alta corte, la Corte de Constitucionalidad, con tener a su servicio a sus magistrados, es suficiente ya que la interpretación que hagan de las leyes será para su beneficio.

La constitución de todo país se establece para ordenar política, social y económicamente la convivencia entre sus habitantes se promulga con el fin de instaurar un Estado de Derecho que consiste básicamente en lograr el predominio de la justicia sobre la arbitrariedad. Ningún país elabora un código de leyes para vivir dentro de la discordia. Sin embargo, hay suscriptores de las leyes, que lo hacen para garantizar privilegios para un sector de la sociedad al que, de alguna forma, están ligados, son parte y obtienen beneficios.

Bien lo decía Cicerón, es absurdo pensar que sea justo todo lo determinado por las costumbres y las leyes de los pueblos. ¿Acaso también si son leyes de tiranos? O, sencillamente, que correspondan a grupos interesados que deseen mantener el estado de privilegios. De ahí que una ley no es buena por ser ley, sino porque recoge el sentir, deseos y aspiraciones honestas de un pueblo en aras de la convivencia pacífica y el bienestar común.

Y qué decir cuando existe una corte que interpreta las leyes, no con fines del establecimiento de un Estado de Derecho, sino de acuerdo con su criterio particular y en función de interese sectarios. Cuando eso sucede, es necesario alzar la voz, protestar, revelarse, pues el pueblo no está obligado a acatar criterios de personajes que desdicen la genuina labor que debería ostentar un magistrado de tal magnitud y dado que la soberanía radica en el pueblo, es este el que puede terminar con tales actos de corrupción, asistiéndole el derecho a la sublevación.

Y así como Rousseau indicaba que la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; ya que consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Entendiendo por comisario, la persona que tiene poder y facultad de otra para ejecutar alguna orden o entender en algún negocio. Del mismo modo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son mandatarios del pueblo, para velar que se establezca y se respete un Estado de Derecho y no son sus soberanos.

Sin embargo, en Guatemala, se pretende hacer creer que la Corte de Constitucionalidad y sus huéspedes transitorios tienen la potestad de determinar, establecer, subjetiva e inequívocamente, el orden a seguir en el país en cuanto a la vía legal. Nuevamente el planteamiento de Cicerón vuelve a cobrar relevancia pues, si llegan a ese alto tribunal personajes deshonestos, corruptos, tiránicos, pervertirían, como está sucediendo, la honrosa función de ser magistrados del más alto organismo del país, encargado de la defensa del orden constitucional, la interpretación del espíritu de la ley, para el fortalecimiento de un Estado de Derecho.

Cabe señalar cómo fue que volvieron a empoderarse las mafias que, enquistadas en el Estado y desde la iniciativa privada, desde hace mucho tiempo se han beneficiado de la normal corrupción que en palabras del tristemente recordado Jimmy Morales, padece Guatemala y fueron amenazadas en sus intereses e impunidad por las investigaciones llevadas a cabo por la CICIG, en su labor de desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que habían consolidado una red de corrupción en todo el país durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en el año 2016.

Las acciones de ese ente investigador lograron lo jamás visto en la historia de este país, que un presidente y su vicepresidenta, junto con funcionarios de Estado, diputados, empresarios fueran llevados a los tribunales de justicia, al tener participación directa en actos de corrupción, en detrimento del país y con graves consecuencias para sus habitantes más vulnerables.

Tras una campaña agresiva de desprestigio en contra de la CICIG, llevada a cabo por varios medios de comunicación, redes sociales y determinados sectores de opinión, se puso en entredicho el procedimiento de las investigaciones llevadas a cabo por tal ente investigador. Al mismo tiempo y de forma orquestada, se apeló a la soberanía del país, paradójicamente, pisoteada muchas veces por los gobernantes de turno. Pero no fue sino por la decisión de Jimmy Morales de revocar el mandato de la CICIG y la expulsión del Comisionado Iván Velásquez lo que dio la oportunidad que esas mafias se revitalizaran, consolidando así el poder del Pacto de Corruptos.

Las manifestaciones llevadas a cabo por algunos sectores de la población guatemalteca no lograron fortalecerse y con ello, que se frenara el repliegue y despunte de las mafias en este país. Pocos comprendieron que era necesario, para un real cambio, que se impulsara la reforma a la ley electoral y de partidos políticos en Guatemala, que se exigiera la elección y conformación de una constituyente, con el fin de promulgar una nueva Constitución de la república, verdaderamente representativa de la sociedad guatemalteca.

Tales peticiones fueron tachadas despectivamente, por lo sectores dominantes y sus tradicionales defensores y aliados, como reclamos izquierdistas absurdos. Cabe resaltar que, en el imaginario de los sectores tradicionales de este país, ser de izquierda es más o menos ser un delincuente y al tener estos el control de los aparatos ideológicos, tergiversan y se burlan de lo que representa el pensamiento social de izquierda. Interesada y perversamente se han anclado en el periodo histórico de la guerra fría en donde el fantasma del comunismo constituía tema de preocupación.

Así, uno por uno, los organismos del Estado fueron cooptados por las mafias, que brevemente estuvieron en jaque por parte de un ente internacional, auspiciado por la “izquierdista” Naciones Unidas. En ello, se reitera, hay mucha complicidad de las personas que irresponsablemente eligieron a los diputados y al presidente de la república. El escenario se dispuso de manera ideal para el fortalecimiento del Pacto de Corruptos.

Teniendo bajo su control al congreso de la república y al presidente del ejecutivo, se les hizo fácil también hacerlo con la Corte Suprema de Justicia, pues ya la anterior administración de Jimmy Morales había hecho lo propio con la designación de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público. De esa forma y con la complicidad de las comisiones de postulación, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados y Notarios, de Alejandro Giammattei, fueron electos los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que indignamente representan los intereses de los tradicionales grupos hegemónicos que mantienen el control del país desde hace mucho tiempo.

Examinando con visión crítica los acontecimientos que se viven en el país, la crisis social, los indicadores de pobreza y desarrollo humano y a su vez reflexionando sobre la persecución de honorables jueces, exfiscales de la extinta CICIG, sobre el acoso que sufre el diputado Aldo Dávila y el temor que tienen periodistas dignos, meditando sobre el autoritarismo del actual gobernante que descalifica a toda persona y organización que se opongan a las directrices que impone el Pacto de Corruptos; experimentando la red de mentiras y confusión que, desde los medios de comunicación tradicionales, se difunden en Guatemala, no hay más solución que la organización popular y la desobediencia, ante las inmorales acciones que se llevan a cabo desde la esfera gubernamental.

En este país, todo aquello que se oponga a los espurios intereses de los sectores dominantes es etiquetado con el ofensivo epíteto de comunismo. Toda reivindicación social procede, según los defensores del estado actual, de ideologías extrañas, contrarias al tradicional pensamiento conservador de los guatemaltecos. Demandar justicia equivale a intereses ideológicos de izquierda. No obstante, basta tener conocimientos básicos sobre estos temas para darse cuenta de que todos esos planteamientos son argucias utilizadas por aquellos que vive de la confusión, la diatriba y el engaño para mantenerse en el poder y continuar con sus privilegios.

Curiosamente, personajes guatemaltecos, que se identifican con el pensamiento de la derecha, vociferan la necesidad del establecimiento de una sociedad abierta, como la postulaba el filósofo liberal Karl Popper, en donde la libertad de criterio esté plenamente garantizada y cada persona pueda y deba decidir la forma de actuar sin la injerencia de otras, dentro del contexto social. Lo cual, debe ser una aspiración humana, pero que no corresponde a las acciones que emprenden y defienden fácticamente estas personas, las cuales pertenecen y se circunscriben más bien a una sociedad cerrada, en donde impera el autoritarismo unidireccional.

En cuanto a la libertad de pensamiento que, en este país, es impuesta por el sector hegemónico a través del aparato ideológico y la interpretación antojadiza de las leyes, en función de garantizar el estado actual, cada vez más sufre los embates de la alienación, la manipulación y el engaño dada la vulnerabilidad del pueblo guatemalteco.

La persecución y criminalización de jueces honorables, de fiscales comprometidos con la justicia y en contra de la corrupción y la impunidad, de exmiembros de la CICIG, de todos aquellos que no estén de acuerdo con las decisiones que asume el Pacto de Corruptos no es más que una muestra de la cooptación política en la que se encuentra este país, por parte del crimen organizado y lo que constituye un Estado fallido. Las acciones del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras reflejan el grado de miseria en la que ha caído este país.

Con el reportaje que el periódico digital El Faro, difundido por algunos medios nacionales, redes sociales y determinados medios internacionales en el que se da a conocer y se detalla otro acto de corrupción en el que está involucrado el presidente Giammattei, se evidencia el deshonesto papel que ha representado el ministerio público, desde la llegada de Consuelo Porras, así como el cinismo del actual presidente de la República.

En este país se persigue a la jueza Titular del denominado Juzgado D de Mayor Riesgo, Erika Aifán, pues al sistema le resulta sumamente incomodo su presencia en los casos en donde empresarios y funcionarios públicos que han sido involucrados en actos de corrupción, como es el caso del llamado Construcción y Corrupción, entre otros, pues dada su honorabilidad, se pone en riesgo su impunidad.

Qué decir de la Corte Suprema de Justicia que le quita la inmunidad al juez Pablo Xitimul por un presunto delito de orden personal, pero protege por cuarta vez, descaradamente, al diputado Felipe Alejos quien tiene un largo expediente de pruebas presentadas por la FECI que lo vinculan con redes de corrupción. Y la escalada de capturas de exfiscales de la extinta CICIG, todas esas persecuciones emprendidas por la fiscal general Consuelo Porras, instrumento del Pacto de Corruptos. No es necesario que esa señora esté en la lista Engel para ser catalogada como corrupta, basta observar cómo han sido sus actuaciones en donde la perversión y cinismo están presentes.

Sin duda, que el interés es imponer una ideología, una falsa conciencia, la que resguarde los intereses de grupos sectarios de la poderosa oligarquía, que han vivido de privilegios y a expensas de la miseria de la mayoría de los habitantes de este país. Adormecer conciencias con mitos, religión distractores y discursos que hagan sentir a los guatemaltecos que, con emprendimiento, se puede salir de la pobreza y que un cambio puede resultar algo peor.


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