Cuando un país está en manos de corruptos

Autor: Jairo Alarcón Rodas
Un país en decadencia es aquel en donde sus habitantes viven insatisfechos, en donde las desigualdades económicas determinan que unos tengan mucho más de lo suficiente y otros vivan en la miseria, en donde la niñez no tiene oportunidades para su desarrollo, en el cual los índices de escolaridad de su juventud apenas alcanzan cifras significativas y su población no asume la responsabilidad de sus actos y comete errores reiterativos, eligiendo a nefastos personajes como sus autoridades. Un país sin futuro es en donde la indiferencia y el acomodamiento constituye la actitud habitual de su gente.

Un país como Guatemala, en el que gran parte de sus habitantes considera más importante la religión, con el adormecimiento de sus mentes que eso trae consigo, que no comprende ni le interesa la situación política de su país; una sociedad como la guatemalteca, en la que el pensamiento crítico está ausente y su lugar lo ocupa la irreflexión, la necedad, la alienación. Un país con individuos de tales características no puede salir de la oscuridad en la que se encuentra pues muchos no se han dado cuenta de la gravedad de su condición y esto, los siniestros personajes que mantienen el control del país lo saben ya que son los responsables en gran parte de esa situación.

Así, sumidos casi en la misma situación de indiferencia de la realidad concreta en la que se vivía en la época medieval, en donde el pensamiento era generado y dirigido impositivamente desde los conventos a través de dogmas religiosos, en donde la razón se convirtió en sirvienta de tales preceptos, creencias maliciosas e interesadas de la Iglesia a partir del ejercicio de la violencia, en Guatemala la situación es similar, solo que el terror dejó su lugar a la alienación. El país no cambia y, contrario a toda evolución social que demanda la dialéctica, va en retroceso.

Irresponsablemente, quizás por intereses mezquinos o por ignorancia, se elige a las perores personas como gobernantes, con ello se socaba la posibilidad de alcanzar un grado de estabilidad social, de iniciar la reconstrucción de un Estado detentado por gobernantes cada vez más perversos e inescrupulosos. Sin lugar a duda de esto, los sectores privilegiados son los más beneficiados y desde luego sus testaferros.

Cuando la justicia está en manos de corruptos no se puede esperar nada más que un Estado fallido en donde prevalece la inmoralidad. En textos sobre la teoría del estado puede leerse que el Estado es una sociedad humana, establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, aplicado y sancionado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal. De modo que cualquier autoridad que tergiverse esa finalidad del Estado estaría pervirtiéndolo.

Hans Kelsen, al responderse a la pregunta sobre ¿qué es lo que realmente significa la afirmación de que un orden social es justo? Significa que ese orden regula la conducta de los hombres en una forma satisfactoria para todos. Satisfacción que en Guatemala está lejos de ser una realidad y, en cambio, un grupo reducido ostenta privilegios y riqueza a costa de la desgracia de muchos. Decía John Rawls, en la justicia como equidad, la sociedad se interpreta como una empresa cooperativa para beneficio mutuo. O lo que es lo mismo, ninguno tiene el derecho de sacar ventaja de la justicia.

Aquí, una camarilla de politiqueros se ha apoderado de todas las instancias del Estado para hacer lo que les viene en gana. Desde el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial deciden arbitrariamente cuáles son las políticas por seguir, desnaturalizando el orden justo que debe regir a todo Estado.

Actualmente, el presidente de la Republica va a elegir al próximo fiscal general, jefe del Ministerio Público, tras la selección que realice la Comisión Postuladora, integrada por los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, así como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside; el titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicha instancia lo cual no es ninguna garantía para la probidad de tal selección. Facultades de Derecho han sido creadas para lograr que sean seleccionadas las personas que más se ajustan a los intereses de los grupos tradicionales de poder.

Con qué solvencia moral va a presidir la referida comisión, una magistrada que ha usurpado el cargo dado el retraso tendencioso y malicioso en la elección de cortes por parte del Congreso de la República y, por aparte, que ha desdicho, con sus actos, la honorable función de impartir justicia. Qué decir del Colegio de Abogados y Notarios, ausente en la problemática social, económica y política que aqueja a Guatemala, pero que, con su magra participación, ha mostrado el interés sectario de fortalecer la impunidad, que sin duda converge con el Pacto de Corruptos consolidado en el país.

Puede haber idoneidad en la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público cuando quien lo elige es un presidente que ha demostrado con hechos el desprecio que tiene por los elementales valores de justicia. Es inconcebible que dentro de la Constitución que rige al país, sea el gobernante quién tenga la potestad de elegir a la persona a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, encargado de la persecución penal y que dirigirá las investigaciones de los hechos punibles que se cometen en el país.

Es claro que el ejercicio de la presidencia no otorga la honorabilidad e integridad que debería de tener quien asuma dicho cargo y, por lo tanto, la responsabilidad recae en los que eligen a personas de oscura trayectoria política. Cuando un pueblo elige a sus tiranos es porque algo está fallando en su criterio. Si me engañas una vez, la responsabilidad será tuya, pero si lo haces dos veces será mía decía Anaxágoras. Que sean funcionarios cuestionados, de dudosa reputación los encargados de elegir a las autoridades de los más altos organismos del Estado, constituye una aberración que amerita ser subsanada.

En este país, la corrupción, es evidente, se ha colado en todas las instancias, basta observar los indicadores de percepción de corrupción en la que este país ocupa el puesto 150 para darse cuenta de que se están haciendo las cosas mal. Se está a las puertas de elegir a un nuevo rector de la universidad de San Carlos y, como reflejo de la sociedad, la academia ha cedido su lugar al partidismo oscuro, en el que prevalece el ejercicio del poder sobre los demás.

La participación e incidencia de la universidad pública en la elección de cargos relevantes en la esfera política del país, en vez llevar a honorables y preclaros funcionarios, ha contribuido a la elección de lo que se tiene hasta hoy, funestos personajes. Con puntuales excepciones, en la que han tenido una representación digna, la participación del alma mater ha sido desafortunada, por no decir desastrosa. Con tal participación política, la función académica se ha desnaturalizado en la universidad de San Carlos y su lugar lo ocupa los intereses mezquinos y la politiquería.

La relación dialéctica de la universidad estatal con las esferas gubernamentales de los poderes del Estado ha dejado de ser lo que en el pasado fue, no se trata de que existan por siempre antagonismos irresolubles, más bien contradicciones constructivas que brinden claridad al país. Así, del otrora antagonismo visceral que se mantuvo durante las dictaduras militares, se pasó a la complicidad y el servilismo que desdice la visión y misión de la tricentenaria universidad y su compromiso con la sociedad guatemalteca.

Cuando un país está en manos de corruptos, es innegable la participación y colaboración de la ingenua, torpe o perversa actitud de los que los han elegido.


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