Venezuela: el curioso caso de una ‘dictadura electoral’

Arantxa Tirado

Este domingo 21 de noviembre se celebran elecciones municipales y regionales en Venezuela. El tipo de elección, vinculada a temas de gestión pública local y estatal, podría no suscitar el interés mayoritario de los ciudadanos y los medios de comunicación de otros países. Sin embargo, como sucede desde la llegada al poder de Hugo Chávez, todo lo que pasa en la República Bolivariana de Venezuela cobra una importancia sobredimensionada en las noticias internacionales. Es de prever, entonces, que unas elecciones que pasarían desapercibidas, si se realizaran en cualquier otro país de América Latina y el Caribe, compitan en atención con la elección presidencial chilena del mismo domingo.

Pero, quizás en este caso, los medios internacionales hacen bien en poner el foco sobre unos comicios que no son unas elecciones municipales y regionales más. Afirmar esto no es una frase hecha para atraer la atención de quienes nos leen, ni un lugar común para denotar que la excepcionalidad es una característica ya intrínseca de la política venezolana. El clima de polarización social y política en Venezuela es tal que, desde los inicios de la Revolución Bolivariana, toda elección se presenta como un plebiscito sobre el chavismo y un termómetro que mide los apoyos de una oposición que ha optado por todas las vías posibles para sacarlo del poder, no sólo las meramente electorales.

Sin embargo, los hechos de 2019 han supuesto un punto de inflexión. Después de haber apostado por otra desesperada estrategia golpista, a través de la novedosa imposición de un virtual gobierno paralelo, carente de legalidad y legitimidad, la oposición venezolana y la comunidad internacional, que amparó la fallida presidencia de Juan Guaidó, se han encontrado en un callejón sin salida. El experimento Guaidó, que fue de la mano de una coordinada campaña mediática para asentar como real un gobierno que sólo existía en las redes sociales y en los deseos de Washington y la Unión Europea (UE), se fue desgastando por sus propias incoherencias, por el peso de los hechos y por la firmeza y habilidad de la dirigencia chavista.

La oposición venezolana, siempre dividida, decidió, en parte, no seguir avalando una farsa que impedía avanzar en la lógica de sacar al país de la crisis política y económica. Una crisis que, amén de los problemas estructurales de la economía venezolana, ha sido inducida por los mismos que llevan décadas aplicando estrategias de desestabilización a los gobiernos, revolucionarios o reformistas, que llegan para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso de la Revolución Bolivariana. Iniciaron, entonces, las mesas de diálogo entre oposición y chavismo, con algunos intentos no fructíferos por el boicot desde EE.UU. En 2019, con el auspicio del Reino de Noruega, la Mesa de Diálogo Nacional logró algunos acuerdos que llevaron a la firma el 13 de agosto de 2021 de un Memorándum de Entendimiento en la Ciudad de México en el que, entre otros aspectos, la oposición reconocía la institucionalidad venezolana, rechazaba el uso de la violencia política, se comprometía a pedir el levantamiento de las sanciones al pueblo venezolano y se establecía una agenda de garantías electorales con un “cronograma electoral para elecciones observables”.

Que la oposición venezolana se siente a dialogar en lugar de dedicarse al golpismo es un avance, pero todavía persisten sus cuestionamientos a la democracia venezolana, que ponen en riesgo la estabilidad institucional del país y, lo que es más grave, las propias vidas de los venezolanos, siempre pendientes de que EE.UU. no trate de dar pasos adelante en su escalada de injerencia y opte por retornar a episodios dramáticamente conocidos en la historia regional.

Esta postura antidemocrática, característica tradicional de gran parte de la oposición venezolana, que se refuerza y tiene un eco exagerado gracias a la matriz mediática internacional, constituye uno de los principales problemas que tiene ante sí el conjunto de la población venezolana, sea afín o adversa al chavismo. Una oposición que no siempre ha querido participar en las elecciones, absteniéndose bajo cuestionamientos sobre la falta de garantías democráticas que no eran más que excusas para esconder la debilidad de sus respaldos populares o la atomización de sus fuerzas, cuando no una estrategia para deslegitimar los resultados electorales. Una oposición que, además de usar el boicot electoral en varias contiendas, ha negado la legitimidad de la dirigencia venezolana, pero también ha cuestionado la institucionalidad estatal y ha vulnerado la propia Constitución desde 1999, mientras la reivindicaba haciendo interpretaciones sui generis para justificar golpes de Estado. Una oposición que ha denunciado la parcialidad del árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE), de manera reiterada, a pesar de contar con representantes propios en este poder público. Una oposición que, en definitiva, ha hecho un flaco favor a la democracia de su país que dice defender y querer “recuperar”.

Quizás no haya una sombra de duda tan injusta sobre la institucionalidad venezolana como la que se ha sembrado sobre el CNE. Algo que no es casual. Cuando las fuerzas opositoras vieron que no podían ganar al chavismo en el área electoral y que, además, el sistema electoral que tildaban de “dictatorial” permitía también sus victorias en referéndums, como en 2007, municipios, gobiernos regionales o, incluso, en elecciones parlamentarias, como en 2015, construyeron la matriz de la poca fiabilidad de los resultados, la falta de garantías electorales o la parcialidad del árbitro. Esto a pesar de que los rectores de la oposición en el CNE participan y supervisan todo el proceso de auditorías integrales que se hacen previamente a las elecciones, junto a los rectores del chavismo y a técnicos independientes. A pesar también de aspectos tan poco conocidos afuera como que el propio CNE supervisa las elecciones primarias opositoras o a que desde el CNE se ha invitado a acompañar los procesos electorales (en Venezuela, como en el ordenamiento jurídico español, no existe la figura de la “observación electoral internacional”) a miembros de la derecha española e internacional que han tenido toda la libertad para supervisar las elecciones durante años. En esta ocasión, sin embargo, producto de los acuerdos políticos, el Gobierno de Venezuela ha autorizado la entrada de varias misiones de observadores de la Unión Europea y de la ONU, que se unen a los 300 observadores y acompañantes de estas elecciones. Además, las autoridades venezolanas han pactado con la oposición un nuevo CNE, han actualizado el padrón electoral y han conseguido que la mayoría de la oposición no siga absteniéndose de participar en las elecciones. A raíz de estos acuerdos, se ha creado el grupo G4, que aglutina a Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, partidos opositores que han decidido romper la vía del boicot electoral y el golpismo. Partidos que tienen garantizada su participación política en libertad y cuyas propuestas electorales puede conocer cualquier persona que sintonice el canal público Venezolana de Televisión (VTV) en el país donde nos dicen que no hay, supuestamente, libertad de expresión.

Por eso, sorprende que se siga tildando a Venezuela de “dictadura” o se cuestione la fiabilidad de sus procesos electorales, como cuando Pedro Sánchez conminó a Nicolás Maduro a convocar, en un plazo de ocho días, unas elecciones “limpias, democráticas y transparentes” después de la autoproclamación de Juan Guaidó. Una declaración que pasará a los anales de la Historia por hacer un ejercicio curioso de reconocimiento selectivo del sistema electoral venezolano: mientras Sánchez negaba la validez de las elecciones presidenciales que refrendaron el mandato de Nicolás Maduro en 2018, reconocía no obstante la licitud de la Asamblea Nacional emanada de las elecciones parlamentarias de 2015. Mismo sistema electoral, mismas máquinas de votación, mismo CNE, misma población votando, distintos resultados y distinto reconocimiento en función de si la victoria fue del chavismo o de la oposición. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

En un mundo en el que los golpes de Estado clásicos ya no son lo que eran, y donde a los medios de comunicación tradicionales, y su participación histórica en la propaganda de guerra, se suma ahora el papel de unas redes sociales, teóricamente más democráticas y libres, que coadyuvan a la conformación de lo que es real, verdad o, incluso, legal, se debe prestar todavía más atención sobre la información que nos llega relativa a determinados países. Hace tiempo que EE.UU. se dio cuenta de que los múltiples recursos bélicos y mecanismos de control social utilizados para garantizar su hegemonía mundial están fallando. No sólo por un cuestionamiento interno, producto de las propias contradicciones estructurales de su modelo, sino por la falta de consenso internacional a una dominación que busca disimularse cada vez más y adopta el discurso de un multilateralismo que sea funcional a sus intereses. De ahí que en América Latina y el Caribe, laboratorio privilegiado de todas las estrategias contrainsurgentes de la todavía principal potencia hegemónica, se hayan desplegado todas las variantes de un golpismo dirigido a aniquilar los intentos de construcción de soberanía desde los pueblos o desde los Estados. Se trata de un nuevo tipo de golpismo que se presenta ante los ojos de la ciudadanía mundial como una defensa de una democracia abstracta o de las normas electorales pero que se traduce en la falta de respeto a la voluntad popular cuando esta opta por elegir a mandatarios de izquierdas. En resumen, al cambio de régimen.

Desde los procesos de lawfare contra Lula da Silva, Rafael Correa o Cristina Fernández hasta el golpe de Estado contra Evo Morales por supuestas irregularidades electorales en las presidenciales de 2019, la región se enfrenta al cuestionamiento de sus instituciones y a la destitución de sus mandatarios de una manera mucho más sutil que en tiempos de las dictaduras de Seguridad Nacional. No por ello menos grave. En Bolivia Evo Morales fue forzado a dejar el poder por los militares tras la presentación por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de los resultados parciales de una auditoría inconsistente, solicitada de buena voluntad por el propio gobierno boliviano para demostrar que no había manipulado los resultados electorales, como inducía a pensar el informe parcializado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA. Meses después se demostró la falsedad de los datos presentados por la OEA. Conviene prestar, por tanto, atención a quienes quieren ir colocando la matriz de la falta de garantías de estas elecciones venezolanas porque están siguiendo un guion que empieza a ser demasiado conocido.

Venezuela se enfrenta a unas elecciones relevantes y no lo son tanto por quiénes serán elegidos en los más de 3.000 cargos en disputa, sino por la legitimidad que, desde la comunidad internacional, se dé a la votación. Aunque los resultados que se produzcan estén avalados por los propios mecanismos del sistema electoral venezolano, auditado previamente de manera reiterada, es fundamental que las misiones de observación no pretendan repetir los hechos bolivianos, tratando de sustituir la voluntad popular por el informe de ninguna misión de observación internacional. Por tanto, del papel de esta comunidad internacional depende, en buena medida, que los venezolanos y venezolanas puedan seguir transitando una ruta propia, sin injerencias externas, que construya, en un estado de paz y no de guerra, las bases de su soberanía nacional a más de doscientos años de su independencia.

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Arantxa Tirado es politóloga. Autora de Venezuela. Más allá de mentiras y mitos (Ed. Akal, 2019), su último libro es El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (Ed. Akal, 2021). Twitter: @aran_tirado

Fuente Ctxt.es

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