Criminalización a los defensores del territorio

Por Kristhal Figueroa

Durante los últimos años, la criminalización por parte del Estado de los defensores del territorio ha sido una realidad evidente.

Esta estrategia responde a la labor que realizan dentro de sus comunidades, que afecta los intereses de la clase económica y el sector justicia juega un papel clave en estas acciones, garantizando el envío a prisión o el alargamiento de los procesos judiciales.

Históricamente, los líderes de movimientos sociales y comunitarios han sido perseguidos en el país, estas acciones se masificaron durante el conflicto armado interno, cuando el ejército y otras redes de “seguridad” clandestina secuestraban y asesinaban a aquellos que resultaran una amenaza para el Estado y sus aliados.

El saldo fueron miles de asesinados y, para aquellos con suerte, exiliados. Esta lógica violenta no ha terminado, como ejemplo desde el 2018 a la fecha, más de 20 miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), han sido asesinados.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), señaló que estas acciones son una “represalia a su legítima defensa de los derechos humanos y del territorio”. La impunidad en todos los casos es absoluta y no “no hace más que perpetuar los ataques en su contra”.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) se manifestó ante esta problemática y destacó que estos actos “tienen un efecto multiplicador que va más allá de la afectación a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares.”

Estos actos impactan de manera particular a las comunidades indígenas: “La pérdida de una persona líder o defensora podría afectar su participación efectiva en asuntos que inciden en sus derechos, su inclusión, autodeterminación y su libre desarrollo dentro de un Estado multicultural y democrático”.

Pero, además del asesinato, los defensores de los derechos humanos y el territorio son víctimas de otras expresiones de violencia.

Según la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), entre enero y junio de 2020, se registraron 677 agresiones en contra de los defensores de los Derechos Humanos.

Entre estas se incluían actos de criminalización, difamación, estigmatización y discursos de odio, amenazas, intentos de asesinato, actos de intimidación y vigilancia.

La criminalización es definida a través de la teoría del conflicto. Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), se da cuando, un cierto grupo de personas advierte que uno de sus valores, considerado importante, puede ser la vida, la propiedad, el paisaje, su doctrina religiosa se pone en peligro, por el comportamiento de otros grupos.

En 2018, El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones sobre sobre el cuarto informe periódico de Guatemala, manifestó su preocupación por “el recurso abusivo de procedimientos penales en contra de defensores, periodistas y, en particular, líderes indígenas que defienden la tierra y los recursos naturales”.
Identificó que, en Guatemala, los defensores que se encuentran bajo mayor riesgo son los pueblos indígenas, y quienes defienden la propiedad de la tierra y el medio ambiente.

Dicha entidad también señaló que se está “utilizando el derecho penal de forma indebida, en especial, la existencia de vigilancia, los arrestos arbitrarios y el uso prolongado de la prisión preventiva en casos en donde existe conflictividad agraria”.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), identificaron que el riesgo aumenta cuando finqueros y empresarios se ven involucrados.

“Aún cuando el Ministerio Público haya solicitado clausurar el proceso penal, las empresas involucradas apelan y logran que los procesos continúen contra las personas defensoras”, estableció Udefegua en su informe Guatemala, una deuda sin saldar publicado en 2021.

Dicho informe también identifica que estas acciones siguen un modus operandi establecido: se localiza a los líderes comunitarios, se les detiene sin una orden previamente establecida o en ausencia de una situación de flagrancia y se les somete a interrogatorios extrajudiciales.

En estos hechos, actúa algún funcionario de las fuerzas de seguridad pública, “con lo cual se hace directamente responsable por permitir o dar su aquiescencia en actos llevados a cabo por particulares”. Posteriormente, se cuenta con un aliado fundamental: el sector justicia.

Bernardo: un claro ejemplo

Bernardo Caal Xol, hombre maya q’eqechi’, es un líder indígena y defensor de los derechos humanos y del territorio.
Desde 2015, ha denunciado la construcción de la planta hidroeléctrica Oxec, sobre los ríos Oxec y Cahabón en Alta Verapaz, la cual afecta a las comunidades de Santa María Cahabón.

En 2017, presentó una serie de recursos legales contra el proyecto y como resultado, se reconoció que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas.

A manera de represalia, se le acusó de realizar supuestos actos de violencia contra empleados de NETZONE S.A, contratistas de OXEC en 2015.

El 9 de noviembre de 2018, fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de detención ilegal con circunstancias agravantes y robo agravado.

El caso llegó a Amnistía Internacional, quien evaluó el expediente. En 2020, declaró que no existía evidencia para los delitos por los que se le acusaba.
“El proceso en contra de Bernardo muestra los mismos patrones de criminalización contra defensores de derechos humanos que hemos documentado por años en el país. Por eso, hoy le nombramos preso de conciencia, exigimos su libertad y pedimos que la Fiscalía General haga una revisión de su caso e investigue a los funcionarios que llevaron la investigación”, expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Los abogados de Caal han realizado apelaciones en diversas ocasiones. Sin embargo, continúa en prisión, superando los tres años.
Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), “la criminalización no es una acción de un Juez, de un policía o de un fiscal. Es una cuestión del sistema y es legislada por la política criminal”.

Señala que esta es una política selectiva: selecciona quiénes son los criminales y quiénes no y a qué criminales va a enfrentar y a quiénes no. No es una política criminal que se aplique a todos por igual, no es una política general.

Udefegua identifica algunas acciones que se pueden realizar, desde lo colectivo, para combatir la criminalización de los defensores del territorio.
Algunas de ellas son la comunicación e información a nivel popular con la población para dar a conocer las reivindicaciones sociales y solicitar acompañamiento de esta institución, Brigadas Internacionales de Paz, ACOGUATE y comunidad internacional.

Es fundamental también hacer uso de mecanismos nacionales e internacionales para presentar los casos de quienes resultaren criminalizados, como leyes nacionales, ONU, CIDH, OEA.

También es posible “demandar al Estado ante organismos internacionales en los casos en que se justifique; conocer y utilizar el procedimiento de habeas corpus y analizar los contenidos de leyes que pueden influir en cada acción”.

Pero, a nivel colectivo, es importante la dignificación: “se debe promover el reconocimiento y la legitimidad del liderazgo de defensores y defensoras de derechos humanos y el territorio criminalizados, para contar con el apoyo y el respaldo comunitario”.


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