Los conflictos mineros y el dinero mágico.

Por Mario Rodríguez Acosta

Los conflictos mineros en los últimos años se derivan y recrudecen por la voracidad que tiene las empresas por ampliar su apropiación de los bienes naturales. En el país, la explotación minera después de la derrota de Árbenz se dio de la mano del Estado y con el acompañamiento de los militares. En ese tiempo, la empresa Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal, Exmibal obtuvo una concesión por 40 años, cuyo vencimiento sucedió apenas en el 2005; la empresa Nickel of Canada era la propietaria inicial y su licencia abarcaba la explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo, después pasó a llamarse Inco, pero con los años, otros dueños han asumido su control, ahora amparados en sociedades guatemaltecas hay un conglomerado de empresarios rusos, suizos y canadienses que, pese a la prohibición existente, continúan explotando la mina en el Estor, bajo el amparo y la protección del gobierno y el ejército. Después de 60 años de explotación de la mina continúa y están extrayendo grandes cantidades de diversos materiales sin control y bajo la protección de las autoridades del ministerio de Energía y Minas; y al parecer ese drenaje continuará bajo la tutela violenta del Estado de Guatemala.

Desde el año 2019, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la empresa, ahora llamada CGNProinco, parar sus actividades hasta que no se realizará una consulta previa a las comunidades afectadas por dicha actividad. Esa resolución sigue en firme y no se ha cumplido por parte de la empresa. Al contrario, desde esa fecha no han parado actividades y el Ministerio de Energía y Minas, en alianza con los propietarios, han amparado dicha ilegalidad. En la actualidad, esas comunidades han intentado frenar ese abuso de autoridad y han solicitado por todos los medios posibles viabilizar la consulta comunitaria. La respuesta de la empresa ha sido violenta, primero gestando la división de la sociedad, implementando grupos de choque que aducen ser representantes de las comunidades que avalan la actividad minera, y por último recurriendo a la protección del gobierno, este ha empleado al ejército y a los organismos de seguridad de Estado para proteger los intereses de un puñado de inversionistas extranjeros y nacionales con tal de garantizar la extracción y exportación del mineral.

En los últimos días, fuerzas combinadas de policía y ejército han reprimido con violencia a los comunitarios que protestan contra las ilegalidades de la empresa. La movilización policial sucede justo cuando ex militares asaltan y quema parte del edificio del Congreso de la República sin que exista una proporcionalidad en la actuación policial en ambos casos. Los medios empleados, la logística desarrollada y la fuerza efectiva y desproporcionada utilizada en el Estor para desalojar el camino que conduce a la empresa, sin escuchar las demandas de los pobladores, es señal que la alfombra mágica de los rusos ha funcionado, tanto que el propio presidente, que no condenó los desmanes de los ex militares, impuso el estado de sitio para el municipio del Estor. Proteger los bienes de la empresa, por encima de la vida y el bienestar de las comunidades, denota una violación fragrante de los derechos humanos, un desprecio a las comunidades y una actitud contraria a lo que juró defender al asumir el cargo.


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PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

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