Perú, una “reforma agraria” sin tocar la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra

Ollantay Itzamná
El Presidente del bicentenario Perú, Pedro Castillo, el pasado domingo 3 de octubre, en la emblemática ciudad andina del Cusco, ante una multitudinaria presencia de campesinos y campesinas, proclamó lo que prometió durante su campaña electoral: La segunda reforma agraria para el Perú.

¿En qué consiste una reforma agraria?

La reforma agraria consiste en la redistribución de la propiedad y tenencia de tierras complementada con políticas públicas (asistencia técnica, financiera, creación de mercados, etc.) que garanticen el “desarrollo” rural. Es decir, la reforma agraria, para ser tal, debe trastocar, modificar, la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.

La reforma agraria de 1969, modificó cerca del 53% del total del suelo agrario del Perú, con la finalidad de garantizar el acceso a tierra a familias rurales y/o unidades asociativas campesinas.

Aquella prometedora iniciativa agraria fue truncada por intereses de la oligarquía nacional e intereses norteamericanos. Muy a pesar que las reformas agrarias en Abya Yala, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron promovidas por gobiernos norteamericanos para evitar el “avance comunista” en la región.

En la actualidad, el acaparamiento inmoral de tierras por las agroindustrias de monocultivos, o las condiciones de sobreexplotación laboral agrícola en el Perú, son peores que las de la década de los 60 del pasado siglo. El neoliberalismo restauró y expandió el nuevo gamonalismo incluso hacia las ciudades del Perú.

Perú, 2021, ¿Segunda reforma agraria?

En el siglo XXI, las comunidades y pueblos originarios en Abya Yala, ya no exigen reforma agraria. Demanda derechos territoriales.

Amparados en el derecho internacional sobre pueblos indígenas, piden a los estados naciones la restitución de sus territorios para ejercer sus autogobiernos.

En este sentido, incluso en el contexto histórico que impulsan los pueblos originarios en la región, la promesa política de la segunda reforma agraria en el Perú, generaba expectativas para muchos y miedos para los nuevos terratenientes.

El Presidente Pedro Castillo, antes de anunciar las cinco líneas de acción de su gobierno sobre el agro campesino, estableció: “No expropiaremos, ni quitaremos tierra a nadie”. Pero, tampoco indicó cuánta tierra disponible tenía el Estado peruano para distribuir a las familias campesinas sin tierra. Es más, entre las políticas públicas agrarias que anunció en el Cusco, el acceso o distribución de la tierra para campesinos no se menciona.

En este sentido, la segunda reforma agraria, al excluir la redistribución o el acceso a tierra para campesinos, no es ninguna reforma agraria, sino quizás implementación con políticas públicas tardías de la reforma agraria de 1969.

En otros términos, no se dará tierra a campesinos del Perú, se dotará de asistencia técnica, financiera, educativa, caminera, comercial, etc., a campesinos con tierra para que puedan producir y comercializar.

Si los anteriores gobiernos neoliberales, privilegiaron con las facilidades estatales al sector empresarial agropecuario, Castillo ayudará o privilegiará a la agricultura familiar campesina (de donde procede) para que pueda ingresar al mercado local y competir.
¿Cuáles son las principales medidas agrarias del Presidente Castillo?

Conformación de un Gabinete agrario, integrado por algunos ministros de Estado, bajo la dirección del Presidente Pedro Castillo.

Subsidio a la agricultura campesina. Ajuste de la franja de precios para proteger y promover la producción agrícola interna. Fondo para la mujer rural. Fábrica y distribución de abono a base de fosfato.

Construcción de una red pública para el acopio y comercialización de productos campesinos a nivel interno.

Construcción de una infraestructura de riego de alcance nacional incorporando la siembra y cosecha de agua para la producción.

Convertir a las comunidades campesinas en cooperativas competitivos, incluyendo la garantía de conectividad eléctrica para promover la industrialización.

Banco agrario y servicio civil agrícola para canalizar jóvenes profesionales al área rural.

Estas políticas públicas, de llevarse a cabo, ayudarán a los cerca de 2 millones de familias campesinas quienes con tierras insuficientes ya alimentan al país. Pero, ¿qué pasa con las familias campesinas sin tierra? ¿Dónde queda el sueño de la plurinacionalidad que aspira hacia un modo de vida diferente, más allá del desarrollismo o el mal vivir moderno?

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PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

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