Carta abierta a la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta

Señora Fiscal General:

Usted fue designada en mayo de 2018 como responsable de una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, gozando de funciones autónomas; su razón de ser es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública.

Como comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza, es mi deber supervisar la administración pública, investigar y denunciar comportamientos lesivos, recomendar a los funcionarios la modificación de comportamientos objetados y emitir censuras públicas o recursos judiciales o administrativos por actos en contra de los derechos constitucionales.

Respecto de su gestión, debo decir:

1.Que he observado, con alarmante preocupación, un deterioro en el cumplimiento de las garantías constitucionales en la investigación y procesamiento de hechos ilícitos que atentan contra la vida, la libertad, la seguridad y el bienestar de los habitantes de la República. Se ha restaurado la impunidad de los grupos criminales, políticos y económicos de gran poder -la cual fue removida entre 2014 y 2019-, y con ánimo de represalia se ha desatado una persecución maliciosa contra operadores independientes de justicia, activistas de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho de libertad de emisión del pensamiento.

2.Que una serie de cambios de personal que ha operado en fiscalías, así como en la reasignación de casos de persecución penal, han tenido hasta ahora el impacto de debilitar la función del Ministerio Público y, en general, el Estado de Derecho. Ha incumplido su deber de aplicar las debidas ejecutorias que en su momento ordenó la Corte de Constitucionalidad en contra de altos funcionarios del poder Ejecutivo y cuerpos colegiados del Congreso de la República. De esa manera, contribuyó al desorden del ordenamiento jurídico de la República. En particular, Usted ha instalado un clima de desconfianza y persecución contra funcionarios que cumplen a cabalidad el mandato del MP.

3.El mensaje que implícitamente Usted está enviando es que quienes velan por el estricto cumplimiento de las leyes y defienden la acción autónoma de las fiscalías, serán removidos a funciones marginales, exiliados o perseguidos. El caso más reciente y grave es el de la remoción injustificada del fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, el último baluarte de firme e inquebrantable lucha contra la corrupción y el crimen en el Ministerio Público.

Por tanto daño que le ha causado al Estado de Derecho, a la institucionalidad de la República y a la esperanza de alcanzar justicia que sistemáticamente ha frustrado en millones de guatemaltecos, señora Fiscal General, públicamente le recomiendo que presente su renuncia irrevocable al cargo.

?Jordán Rodas Andrade

Procurador de los Derechos Humanos?

Guatemala, 23 de julio 2021

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PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

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