Qué sistema de justicia pretendemos

Autor: Jairo Alarcón Rodas

Que un rector y un ex rector de la universidad de San Carlos tengan orden de captura por su presunta participación en el caso “Comisiones Paralelas 2020”, tráfico de influencias y otros delitos afines; que la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala haya detenido el viernes recién pasado a cinco abogados que habrían participado en una red de tráfico de influencias para manipular el proceso de elección de los integrantes de las cortes de justicia, a pesar de que la Fiscal General y jefa del Ministerio público obedece a intereses oscuros, es que se presagia una elección espuria de la Corte de Constitucionalidad.

Que el congreso esté infestado por miembros del pacto de corruptos, que la Corte Suprema de Justicia cuente con magistrados que, afiliados a ese pacto, juntamente con jueces de varios tribunales del país, continúan corrompiendo el sistema de justicia, es muestra suficiente de la decadencia en la que se encuentra el país.

Y si a eso se le suma que los sectores ideológicamente interesados, y utilizo esa palabra para designar el enmascaramiento de la realidad, en el que pretenden hacer creer a la población guatemalteca que lo que ellos dicen es lo correcto y, en consecuencia, según ellos, lo beneficioso para el país y para el Estado de Derecho es elegir a los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, es razón suficiente para abordar nuevamente el tema y aclarar determinados puntos.

Al margen de lo vergonzoso que constituye para la comunidad universitaria las órdenes de aprehensión y posterior detención de los funcionarios de la universidad de San Carlos, lo preocupante es la red de cómplices que han dejado y tienen bajo su control dentro y fuera de la casa de estudios. La cadena de favores establecida a partir de la red de corrupción institucionalizada en el sistema de justicia guatemalteco permite que ésta se extienda y se fortalezca como un cáncer dentro de todas las esferas del Estado y la universidad de San Carlos no es la excepción.

El control de los medios de comunicación constituye más que una necesidad, una obligación para los que pretenden perpetuarse en el poder y continuar con el estado de cosas, por lo que los medios tradicionales de la prensa hablada y escrita seguirán el guion que le impongan los que manejan los hilos de este país, es decir, los sectores económicos, señalando que es imperioso la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, que debe prevalecer la institucionalidad, que hay que consolidar un país donde exista certeza jurídica.

En el caso de la actual coyuntura, es claro que, al crimen organizado, al pacto de corruptos, lo que menos les interesa es establecer un Estado de Derecho y eso favorece a la oligarquía en seguir manteniendo sus privilegios y ensanchando su riqueza. Lo esencial para estos sectores es deshacerse de una molesta Corte de Constitucionalidad que no se ajusta a sus intereses y de ahí que recurran a toda serie de argucias, operadores y perversas acciones.

Empecinados en cooptar por completo el sistema de justicia, se han dado a la tarea de financiar, manipular, pervertir las comisiones de postulación encargadas de la elección de las cortes y es por eso por lo que la FECI, a cargo del fiscal Juan Francisco Sandoval, tras una profunda investigación ha hecho del conocimiento público cómo opera la red de corrupción en el país y el pacto de corruptos en su criminal misión. Es entendible que, retorciendo la interpretación de las leyes que no consideran afines a sus intereses, colocando jueces corruptos, sus intereses estarán resguardados.

Una medida probatoria se construye con evidencias, las cuales constituyen elementos de prueba de una acusación. Para ello, la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, ha documentado abundantemente la forma en la que acciona la red de corrupción en Guatemala. Ahora la red de corrupción habla de presunción de inocencia cuando hay videos, documentos, acciones realizadas que muestran la presunta culpabilidad de los implicados.

Las órdenes de captura fueron emitidas dado que los abogados detenidos influenciaron indebidamente el proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones. Vendían servicios de impunidad señaló el fiscal Sandoval. El fin es tomar el control de la máxima Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal en materia constitucional del país.

Hay que tener presente que la fiscalía obtuvo los indicios de prueba, entre otros, a partir de los documentos decomisados en el allanamiento en el sanatorio Ciudad Nueva, ubicado en la zona 2 donde estaba internado Gustavo Alejos. Las hojas contienen listados de los aspirantes ordenados por columnas que estaban marcadas con la inicial del nombre del comisionado u operador que promovía su candidatura y de ello constan audios y vídeos.

Según la investigación de la fiscalía, existía un pacto entre el número de electores mínimo para conducir la elección que les decían a otros electores qué candidato les interesaba que integrara la nómina a cambio de favores políticos. El pacto criminal se aseguró de obtener el número de electores necesarios para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos. El número requerido era 25 y la agrupación aseguró 24 votos, y manejaron un margen de riesgo de 1 voto.

Sin duda, el sistema de justicia de Guatemala merece que a él lleguen jueces probos, honorables y con criterio, sin tacha alguna. Sin embargo, el pacto de corruptos no pretende ceder ni un palmo, lo cual tiene entrampado la designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cortes y salas de apelaciones y ahora también pone en peligro, no la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, sino la llegada a esta de abogados probos.

El sistema de justicia no se establece simplemente con cumplir con los formalismos de rigor, en este caso elegir a toda costa a una nueva Corte de Constitucionalidad, es fundamental llevar a esta a personas capaces y honestas que entiendan qué es un Estado de Derecho y no simplemente discurran en un Estado de legalidad.

¿Qué sistema de justicia queremos o pretendemos los guatemaltecos? Deseamos quizás uno en el que un sector, históricamente privilegiado, continúe manejándolo de acuerdo con sus intereses, creando toda una red de corrupción a todo nivel, en detrimento y a costa del empobrecimiento de los sectores de menores recursos y oportunidades del país, u otro donde se construya un verdadero Estado de Derecho en el que el bienestar para todos sea el objetivo principal.

Los indicadores sociales y humanos en Guatemala muestran que, tras la corrupción, se activan toda una serie de hechos deleznables que beneficia a unos pocos en perjuicio del bienestar colectivo. Fácilmente puede decirse que, si estoy bien o mi familia, no me interesa la situación de los demás, lo cual es síndrome de una sociedad perversa, en crisis, deshumanizada, en donde el dolor ajeno es indiferente. Terencio decía, soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Nos queda a los guatemaltecos la decisión histórica de continuar con el estado de cosas o cambiarlo con valor e hidalguía.

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PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

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