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Hablan de polarización

Autor: Jairo Alarcón Rodas
Los vasallos del sistema nuevamente hablan de polarización ideológica en el país. Afirman que son grupos de extrema izquierda y derecha, que al pretender lograr control del Estado los con sus acciones ponen en peligro su estabilidad. Según ellos, para que Guatemala sea un país estable y democrático, debe prevalecer la institucionalidad y al peligrar esta, se corre el riesgo de entrar en una crisis más profunda de consecuencias insospechadas.

Sin embargo, la institucionalidad no significa simplemente regirse por una constitución si esta no responde a los intereses de la comunidad y de la fundación de un Estado democrático y justo. Lo formal no es lo mismo que lo real y eso da lugar a que se aclare si la institucionalidad de la que tanto hablan esos personajes y que consideran en peligro, ha servido para el bienestar de los guatemaltecos, para establecer un Estado de Derecho dentro de un marco de justicia y equidad para todos.
Está demás decir que un Estado de legalidad no equivale a un Estado de derecho, aunque este último no pueda establecerse si no es a partir de uno de legalidad y es ahí donde cobra importancia lo político y con ello, la participación popular. El contrato social del que hablaba Rousseau permite la cohesión de los seres humanos en sociedad, pero para que eso sea realidad se requiere el cumplimiento de normas y leyes que regulen la conducta de sus habitantes.

Gobernantes tiranos pueden emitir leyes tiránicas y pervertir la pretendida institucionalidad. Por lo que es fundamental que las leyes reflejen las aspiraciones de sus miembros dentro de un marco de justicia y equidad. La ley no debe ser defendible por ser ley sino porque sea justa y contribuya al bienestar de una sociedad.
En el caso de Guatemala, considerar, por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad tiene que ser un ente técnico-jurídico, es digno de mentes miopes y obtusas que no ven que la construcción de un Estado de Derecho es un acto eminentemente político mas no sectario. La dialéctica que se da dentro de los flujos sociales obliga también a la dialéctica de las leyes o al menos en su interpretación acorde a una determinada circunstancia. Abstraer lo jurídico de lo político constituye una aberración epistémico y procedimental.

Según el World Justice Project, Guatemala ocupa el puesto 101 de 128 países en el índice de Estado de derecho. En el índice de la percepción de corrupción del año 2019 ocupa el lugar 146 de 180 y en cuanto a la pobreza, según un estudio realizado por “El Orden Mundial” (EOM), Guatemala ocupa la segunda posición de los países cuya población vive en condiciones de pobreza. Entonces ¿será que en este país se vive dentro de un estado de Derecho? Y, como corolario, a qué institucionalidad se refieren los que consideran que los males de Guatemala son problemas de la polarización de las extremas ideológicas del país.

No, el problema de Guatemala es que una élite oligarca no cede en mantener el control del país y para ello se sirve de políticos marrulleros y sin escrúpulos a los que no les importa pervertir las leyes, accionar corruptamente para que continúe el vigente estado de cosas que privilegia a unos y relega a la miseria a otros. Las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos están lejos de ser una realidad, el marco social imperante está destinado para que los corruptos prevalezcan sobre los probos y la justicia como, las serpientes, como dice el dicho, solo muerdan a los pies descalzos.

La corte de constitucionalidad es el tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Para ello se constituye en el máximo intérprete de la Constitución Política a partir del espíritu de la ley, con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales de sus habitantes y con ello mantener la cohesión social en un ambiente de justicia.

Es decir, que cuando una interpretación de una ley pone en peligro la institucionalidad tal organismo es el que determinará en última instancia el procedimiento a seguir. Sin embargo, las leyes, si responden a un Estado de Derecho, no deberían ser interpretadas discrecionalmente como sucede en este país, deberían ser claras y al margen de intereses espurios y sectarios.

La institucionalidad, entendida como un atributo básico del imperio o de la república, dentro de un estado de derecho no ha sido efectiva en Guatemala y ello se debe a que ha sido controlada por una elite que ha construido un estado de legalidad a su medida. Un estado de derecho es donde los procesos son el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos y, en consecuencia, la transparencia, la predecibilidad, y la generalidad, están implícitas en él.

Al parecer, estos personajes se hacen de la vista gorda ante las arbitrariedades que el pacto de corruptos ha venido fraguando desde hace mucho tiempo y con ello, de la cooptación de los poderes que identifican a una República. Se olvidan de que las fortunas amasadas por funcionarios gubernamentales han sido logradas a costa de robar descaradamente las arcas del Estado. La expoliación del erario llora sangre y negarlo es una perversión.

A qué polarización se refieren si lo que es visible es, por un lado, el enfrentamiento entre los que pretenden que las cosas cambien y se establezca un verdadero estado de derecho y por otro, los que persisten que el Estado esté controlado por una partida de corruptos, para los que el primer lugar en desnutrición infantil que ostenta el país, por ejemplo, les es indiferente. La situación es tal en Guatemala que, si no fuera por los antejuicios, muchos diputados, magistrados, jueces y funcionarios estarían a las puertas de la cárcel.

Efectivamente, sí existe polarización en el país y ello confronta, por un lado, a que los que obtienen provecho de la crisis continúan fomentando y defendiendo el estado actual de corrupción y por otro, a los que esperan un cambio donde impere un verdadero Estado de Derecho.

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PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

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