En manos de quién está la justicia de Guatemala

Autor: Jairo Alarcón Rodas
Platón, en La República, plantea que todo Estado debe tender a la justicia, es esta la que contribuye a la armonía social, pese a que las sociedades pueden ser corrompidas por gobiernos tiránicos o perversos que tergiversen el ideal de la conformación de una sociedad. De ahí que la justicia se convierte en la columna vertebral de toda Ciudad-Estado, cuya finalidad es el bien común. Pretender un beneficio para unos pocos a costa del detrimento de la mayoría representa una perversión e injusticia que hay que desterrar.

Sin embargo, la elección del representante del Colegio de Abogados ante la Corte de Constitucionalidad refleja la pobreza que existe en ese gremio y, paradójicamente, la miopía sobre lo que representa la justicia en el ordenamiento jurídico de toda sociedad. Con relación a eso, John Rawls señalaba que, un sistema jurídico es un orden coercitivo de normas públicas dirigidas a personas racionales con el propósito de regular su conducta y asegurar el marco para la cooperación social. Sin duda que las normas y leyes se establecen para garantizar la cohesión social para beneficio mutuo, no puede perseguir viles intereses particulares.

Sin embargo, en un país donde la oligarquía persiste en mantener sus privilegios, a costa del detrimento social, la justicia queda al margen y las mafias a su servicio se enquistan en el poder para pretender su control total con toda la desfachatez y sin ningún reparo, para lo cual, tristemente cuentan con muchos cómplices.

El empobrecimiento de valores humanos, en muchos sectores de esta sociedad, determinan que los intereses personales y gremiales prevalezcan sobre los comunes. Quedan atrás valores como la justicia, la equidad, la solidaridad necesarios para vivir dignamente en sociedad. De ahí que el contrato social, que da origen a los Estados, se pervierta en función de intereses particulares y sectarios.

Por qué en este país los intereses individuales y gremiales pesan más que los sociales. La conciencia de especie es ajena a este tipo de personas, ya que sus valores están cimbrados en el egoísmo. Así, alejados de lo que representa el compromiso y la responsabilidad de vivir en sociedad, extralimitan sus intereses particulares, en un sistema donde el tener y acumular riqueza es lo importante. Para ellos, lo primordial es garantizar sus privilegios, aun a costa del hundimiento del país.
Tejen redes de corrupción en instancias que tienen injerencia directa en los asuntos del Estado y, en este caso, no basta con el control del gobierno, es necesario también tenerlo sobre los diputados, los jueces y los magistrados y dentro de estos resulta imprescindible la Corte de Constitucionalidad a través de la cooptación de las instancias que le dan vida. Por lo que resulta claro la incidencia que tienen sobre el gremio de abogados.

En Guatemala, los abogados han logrado tener influencia sin precedentes y no es porque sea esencial edificar un Estado de legalidad al mando de abogados sino, por el contrario, las leyes deberían reflejar los intereses y el bienestar colectivo y esto rebasa los límites de lo jurídico. La cohesión social no se logra a través de la emisión de leyes, sino que con una serie de instancias en las que prevalecen los valores humanos y sus requerimientos nobles y honestos, lo cual ya no es potestad de lo jurídico.

Pretender que sean solo los abogados los que determinen todo en una sociedad es reducir las inquietudes humanas a la mínima expresión e indudablemente constituye un error garrafal. La construcción de una sociedad requiere del concurso de muchos y así como la sociedad debe tender a la justicia, siendo uno de sus elementos el darle a cada uno lo que le corresponda, en igual forma cada persona debería estar en el lugar que le corresponde, los abogados no pueden estar en todas las instancias de una sociedad.

La construcción del ordenamiento jurídico de una sociedad no tiene que ser potestad exclusiva de los abogados, ello también es responsabilidad de humanistas y cientistas sociales, individuos racionales que comprendan la importancia del compromiso y responsabilidad que constituye la convivencia social.

La elección del representante del Colegio de Abogados muestra que en este país fácilmente se pueden corromper frágiles instituciones que pierden su dignidad por intereses mezquinos. El principio de justicia no puede priorizar los intereses particulares sobre los comunes en una sociedad y eso, contradictoriamente a lo que se debería enseñar en las aulas de las facultades de derecho, no es una realidad. Las ciencias jurídicas se complementan esencialmente con lo social y eso ha quedado en el olvido.

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