El derecho a la insurrección

Autor: Jairo Alarcón Rodas

El despertar de un pueblo oprimido requiere no solo del sentimiento de malestar sino del ímpetu y criterio para buscar la ruta de vida para la sociedad a través de la insurrección. Muchos movimientos sociales se pierden por intereses particulares y sectarios que desunen y alteran la causa común que origina el despertar. La unidad en las luchas significa dejar atrás las diferencias, para lograr la unidad y, en el caso de Guatemala, lo constituye la lucha en contra de la miseria, la corrupción, violencia e ignorancia en la que por mucho tiempo ha estado sumido el país.
Las banderas, los distintivos de los colectivos que se hagan presentes y pretendan formar una causa común en una insurrección general, no debe truncarla a causa de contradicciones no antagónicas que pueden solventarse en la mesa del diálogo ya que, al anteponerse a las genuinas causas que motivaron el movimiento, conduce a la división, a su debilitamiento, lo que favorece al estado imperante y al sector que mantiene su control.

Vivimos en un país en el que, desde hace mucho tiempo, un sector privilegiado se ha servido del erario nacional para saciar sus aviesos intereses, tal hecho ha acrecentado las desigualdades económicas, lo que ha redundado en desnutrición, analfabetismo, miseria, violencia y discriminación.

Como resultado de la Conquista española y del establecimiento de un Estado criollo, en Guatemala se ha vivido permanentemente en crisis social; solamente se tuvo un breve respiro, durante el periodo denominado La Primavera Democrática, durante los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán. Tras el derrocamiento Árbenz planificado e impulsado por la CIA, el Estado cautivo ha continuado sumiendo en la pobreza y condenado a la ignorancia a una considerable parte de la población guatemalteca, lo cual se refleja en las asimetrías sociales que dan cause a la serie de problemas sociales que configura una sociedad violenta y acrítica, un Estado fallido.

Guatemala tiene la tasa más alta de abandono de escuela secundaria, 52,2%, la población guatemalteca mayor de 15 años o más que no sabe leer ni escribir es de 1,241,032 lo que equivale al porcentaje de 12.31 % del total de la población. Guatemala es actualmente el sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil y primero en América latina. Según informes de la CEPAL, al final de 2020, el 21.8 por ciento de la población guatemalteca vivirá en situación de pobreza extrema y el 59.9 por ciento estará en pobreza.
El ser humano es él y su circunstancia decía Ortega y Gasset y es esa circunstancia histórica la que sitúa a la mayor parte de guatemaltecos en disparidad de oportunidades. Y, por el contrario, ha permitido que un grupo de privilegiados ostenten ventajas insalvables con relación al resto de habitantes de este país. La vieja cantaleta de que es ridículo echarle la culpa al pasado, no es más que un pobre argumento de los que sacan provecho de ese ominoso pasado.

Guatemala requiere una reforma política del Estado que posibilite la construcción de una sociedad democrática participativa, lo cual requiere de la elaboración de una nueva Constitución que represente a todos los sectores del país y refleje, a través de sus leyes, la construcción de un Estado democrático bajo los principios de justicia y equidad. Pero a eso le temen los sectores reaccionarios, pues con ello se podría fin a la serie de privilegios que ostentan desde tiempo inmemoriales.

Los estados se fundan para el bienestar de sus habitantes; para lograrlo se requiere suscribir un pacto social regulado por un marco jurídico, por el establecimiento de leyes, lo que da vida al estado de legalidad. Las leyes que se establezcan dentro de un orden constitucional deberán garantizar y reflejar los derechos y responsabilidades de sus habitantes, por lo que el estado de legalidad debe corresponder al estado de derecho, de no serlo se constituiría en un estado legal pero perverso.

La legalidad ha sido tema de discusión en la esfera pública del país, sin embargo, no es el estado de legalidad el que garantiza y satisface los ideales de una nación justa y democrática, sí lo es si las leyes que le dan vida son genuinas y garantizan los derechos inalienables de sus pobladores y los preceptos que posibiliten una existencia en armonía social. No se pueden aceptar leyes de tiranos, leyes que favorezcan a solo un sector de la población. Decía Robespierre, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir y eso no es una realidad en Guatemala.

De ahí que, al no surgir una reforma política, al continuar defendiendo el mismo sector de privilegiados, una Constitución que requiere ser abrogada, las cosas continuarán favoreciendo al grupo que mantiene el control del país desde hace mucho tiempo. En 1985, en un ambiente de conflicto armado, de dictaduras militares, un jefe de Estado de facto llamó a conformar una Asamblea Nacional Constituyente con políticos afines al sistema, muchos de ellos, en los actuales momentos, continúan bregando en la perversa política guatemalteca. Es necesario transformar ese estado de cosas en el país.

Grupos de interés sectario continuamente defienden un orden constitucional a todas luces fallido. Históricamente, esos grupos, con el pretexto de salvaguardar la institucionalidad del país y tras el fracasado golpe de Estado y la disolución del Congreso decretada por Jorge Serrano Elías, previendo las posibles reformas que pudiesen hacerse a dicha constitución, surgieron entidades como El Centro Para la Defensa de La constitución, CEDECON el 4 de agosto de 1992, con la finalidad de mantener el estado actual.

En su Teoría de la justicia, John Rawls plantea que, la constitución aspira a establecer el armazón en el cual los derechos políticos equitativamente perseguidos y tomados en su justo valor pueden conducir a una legislación justa y efectiva. Todo lo contrario, es lo que ocurre en Guatemala, donde magistrados y jueces corruptos, enquistados en el poder judicial, juzgan espuriamente, para mantener el perverso estado de impunidad.

Actualmente son más entidades y grupos políticos que se han dado a la tarea de defender la Constitución de la República, con planteamientos poco convincentes y con toda una serie de tecnicismos fuera de lugar, a pesar de la crisis existente y cuando lo que debe imperar es un marco jurídico que garantice un Estado de derecho para todos los guatemaltecos y no solo para un sector de privilegiados.

La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es clara al señalar que, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, cuando su accionar es ilegitimo y perverso, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. No basta con cambiar a los gobernantes de turno, es necesario transformar las leyes que han permitido la serie de hechos antidemocráticos y la participación de pactos de corruptos en el país.

Una nación sumida en crisis de miseria, muerte y corrupción, que aspire a la justicia y a la equidad, no debe conformarse con cambiar a los que operan en el sistema, es necesario transformar a este, refundar el Estado.

Comparte, si te gusto

PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

publico