Analistas: la respuesta ante la Caravana Migrante debe ser humanitaria y no represiva

Por David Toro

Cristián Galo tiene 22 años y es hondureño. Como pudo, se acomodó en la parte trasera de un vehículo tipo picop para poder sentarse, descansar y almorzar tranquilo en el único lugar que encontró a las afueras del albergue la Casa del Migrante, ubicado en la zona 1 de la capital de Guatemala, a donde llegó este viernes 2 de octubre junto a otras dos personas, luego de recorrer unos 518 kilómetros desde Choluteca, Honduras, de donde son originarios.

Cristián comentó que decidió unirse a la nueva caravana de migrantes hondureños que emprendió su recorrido el 1 de octubre para intentar llegar a Estados Unidos, porque desde febrero perdió su trabajo como mecánico donde ganaba alrededor de US$8 a la semana. No fue una decisión fácil, porque implicó dejar a su familia y nunca imaginó el desgaste físico y emocional que le implicaría recorrer el tramo que ya lleva y los 254 kilómetros que aún le faltan para llegar a la frontera con Tecún Umán, en San Marcos.

Cristián, no sabe por qué la caravana de migrantes cambió la ruta que en otras ocasiones han seguido en dirección al departamento de Petén, pero esta es la primera vez que esa movilización de personas logró alcanzar las fronteras de Guatemala durante la pandemia de coronavirus.

En la Casa del Migrante también hay cambios debido a las restricciones implementadas para evitar la propagación de la covid-19 y no se permite que las personas migrantes puedan dormir en ese lugar. Ante la situación, la mayoría de migrantes toma la decisión de hacer una corta pausa para descansar e ingerir alimentos y luego continuar su camino, porque durante el trayecto saben que no contarán con espacios seguros para poder hacerlo.

Giammattei recibió a los migrantes con estado de prevención

Cristián no sabe que es probable que la caravana de migrantes se haya dispersado en el territorio guatemalteco, porque el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei decretó un estado de prevención durante 15 días en Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, lugares por donde los migrantes suelen pasar.

En las primeras horas del viernes 2 de octubre, al menos 108 personas hondureñas fueron detenidas y se inició el proceso para que regresen a su país, según los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

También se conoce que hasta el momento, un grupo de 700 personas se mantiene unido y caminan a la altura de Río Dulce, en Izabal, rumbo a la frontera mexicana de El Ceibo, Petén. Otras 400 más viajan de forma dispersa en pequeños grupos intentando llegar a la frontera de Tecún Umán, San Marcos.

Para Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección de sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) es lamentable que el Gobierno de Guatemala proponga como una única salida “recurrir a estados de prevención sin aplicar la experiencia adquirida en las caravanas anteriores”, indicó.

Roldán añadió que “hay legislación internacional que garantiza los derechos humanos de los migrantes que los estados deben cumplir”, pero dejó entrever que no le extraña que “este Gobierno utilice la ley de orden público para cortar problemas sociales”.

SegúnÁlvaro Caballeros, coordinador del Área de Migración del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas (IDEIPI) de la Universidad de San Carlos (USAC), detener la movilización de personas centroamericanas y recurrir a deportaciones masivas “va en contra de la convención internacional para los trabajadores migratorios y sus familiares que fue ratificada por Guatemala. Con este instrumento el país está comprometido a velar por los derechos de los migrantes incluso aquellos que están en tránsito” señaló.

Otras de la garantías internacionales con las que cuentan los migrantes refieren a que deben ser tratados de manera digna, un albergue adecuado, no sufrir discriminación ni estigmatización, y si se tratara de personas que realizaron el trámite migratorio para ingresar al país, el acuerdo de libre movilidad CA-4 ampara a nicaraguenses, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos a transitar por estos territorios libremente hasta por 72 horas, indicó Caballeros.

Migrar es un derecho humano

La declaración universal de los derechos humanos de 1948, suscrita por Guatemala, reconoce que migrar y movilizarse es una libertad que tienen los seres humanos. “Movilizarse interna y externamente es una necesidad, en estos tiempos de democracia hemos visto cómo este derecho ha sido limitado, pero el problema es que debido a las motivaciones de violencia y desigualdad de países como los nuestros, los integrantes de las caravanas están viviendo un desplazamiento forzado. Más que reprimir los movimientos masivos, es necesario solucionar los problemas de fondo”, añadió la directora del IDGT.

Por su parte, Caballeros comentó que si bien los Estados como Guatemala, han reconocido la migración como un derecho humano, no se han empeñado en crear protocolos y sistemas de respuesta ante las necesidades humanitarias de quienes se movilizan. “Es que nunca se han establecido cuáles son los protocolos de los países, aunque migrar es un derecho todo está determinado por la forma en la que un Estado decide condicionar el paso legal a su territorio, está el enfoque de derechos humanos que debe garantizarse, pero están las medidas reales y políticas que se usan en las administraciones estatales”, puntualizó.

Comisión del migrante rechaza estado de prevención

Walter Félix, diputado jefe de la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN-Maíz) e integrante de la comisión del migrante del Congreso, declaró que “usar medidas establecidas en la ley del orden público no es una respuesta congruente. El discurso del presidente y sus acciones pueden criminalizar y estigmatizar a las personas que se ven obligadas a movilizarse y salir de su país”.

Esa comisión del migrante en el Congreso está integrada por trece legisladores de diversos partidos políticos que también pidieron al presidente Giammattei desistir del uso de las fuerzas de seguridad para detener la caravana y resaltaron la importancia de garantizar su integridad durante el trayecto migratorio.

Migrantes sin garantías

Se estima que unas tres mil personas, en su mayoría de Honduras, lograron ingresar a Guatemala el 1 de octubre en la nueva Caravana Migrante, distinta a las de 2018 y 2019 por el cambio notable de ruta; con anterioridad los migrantes tomaban un camino que les era más sencillo a la frontera de Tecún Umán, San Marcos, pero ahora buscan llegar a El Ceibo, frontera con el estado mexicano de Tabasco.

Otro de los cambios y peligros en la nueva caravana se encuentra en el cierre o disminución del apoyo que recibían durante la ruta, que debido a la pandemia ha obligado a las Casas del Migrante de la Pastoral de Movilidad Humana a brindarles un espacio para descansar por poco tiempo, además ahora deben transitar por departamentos que se encuentran bajo estado de prevención y bajo la amenaza de ser detenidos sin mayor consideración, tal y como lo sentenció el presidente Giammattei en su discurso del 1 de octubre.

Fuente Prensa Comunitaria KM169

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