“Todo está guardado en la memoria”

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Gerardo Iglesias

Al conmemorarse un nuevo año de la fundación de nuestra afiliada, la Rel UITA y la Felatrac hacen propicia la oportunidad para que los jóvenes sindicalistas conozcan los inicios de este sindicato marcado por la represión y la resistencia. El texto es parte del libro “Una biografía compartida” de Carlos Amorín y Enildo Iglesias, que narra la historia de nuestra Regional desde 1967 al 2000. En esta primera entrega damos a conocer los inicios de esta organización aguerrida, luchadora y solidaria, que hoy lleva el nombre de STECSA.

EL Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Guatemalteca Sociedad Anónima (STEGSA), fundado en 1948 durante el gobierno de Jacobo Arbenz pero desactivado por la represión cuando éste fue derrocado, había resurgido en 1975.

La reacción de la empresa fue inmediata: despidió a la totalidad de trabajadores. Después volvió a contratar a la mayoría, pero dejando afuera a quienes consideraba más “peligrosos”. Los recontratados habían perdido su antigüedad y todos los derechos generados.

Esta medida fue un tiro por la culata para los empresarios porque galvanizó la voluntad de los trabajadores en su lucha. El propietario de la fábrica era un tejano de ultraderecha llamado John Trotter, vinculado a los sectores más salvajemente conservadores de Guatemala, en especial a una organización ultraderechista llamada Movimiento de Liberación Nacional.

Apenas reconstituido el sindicato los trabajadores se acercaron a la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en busca de asesoramiento, especialmente para entablarle un juicio a la empresa por la pérdida de la antigüedad y el perjuicio económico que ello implicaba. El monto que la empresa debería haber pagado por ese concepto estaba estimado en 116 mil dólares de aquella época.

En la sede de la CNT se realizó la primera asamblea del sindicato resultando electos Pedro Quevedo como secretario general, e Israel Márquez como tesorero, pero varios de los integrantes del comité ad hoc que presentó el pliego de peticiones fueron despedidos. Apelaron judicialmente y el tribunal ordenó la restitución a sus puestos de trabajo.

En ese momento Guatemala vivía horas dramáticas, y cualquier oportunidad era buena para intentar destruir a los pocos sindicatos existentes, así como a cualquier movimiento de carácter popular.

Por ejemplo, en 1976 hubo un terremoto en Guatemala que cobró más de 25 mil vidas. Aduciendo daños en los edificios y las máquinas como consecuencia de la catástrofe, muchos empresarios aprovecharon para despedir a miles de trabajadores, entre ellos a los dirigentes sindicales y a los más militantes.

Debido a esa situación de calamidad pública el gobierno emitió un decreto por el cual se declaraba “traidor a la patria” a todo aquel que protestara, y el castigo era la pena de muerte.

Trotter vio la oportunidad de deshacerse del sindicato mediante otro despido masivo, intención que le fue advertida a los sindicalistas por algunos empleados cercanos a la dirección de la empresa.

Los trabajadores se anticiparon y ocuparon la fábrica que fue inmediatamente cercada por la policía. Hubo numerosos incidentes y escaramuzas porque los ocupantes resistieron varios intentos de desalojarlos por la fuerza, lo que dejó un saldo de 14 trabajadores heridos y 16 encarcelados.

Foto: Gerardo Iglesias

Inmediatamente otras organizaciones populares comenzaron una campaña de denuncia en solidaridad con los ocupantes, y en una reunión en la que participaron más de 60 sindicatos se formó el Comité Nacional de Unidad Sindical, que más adelante se convertiría en una central de trabajadores.

“La lucha de los trabajadores de Coca Cola –opina Enildo– siempre sirvió como cuña, como vanguardia, como ejemplo para el movimiento popular y especialmente el sindical en Guatemala“.

Viendo que la represión sólo había logrado abroquelar más a las organizaciones populares en torno a la ocupación de Coca Cola, el gobierno convocó a una reunión tripartita para intentar desbloquear la situación.

Ese encuentro duró toda una noche, y finalmente se llegó a un acuerdo cuyos principales puntos fueron: el reconocimiento del sindicato por parte del Ministerio de Trabajo y la empresa; la reinstalación de los trabajadores despedidos y el pago de los haberes caídos durante el conflicto; la aceptación por parte de la empresa de discutir el convenio colectivo cuyo proyecto se había presentado un año antes y que Trotter rechazaba.

Trotter retomó la ofensiva: presentó siete proyectos distintos de convenio colectivo y dividió a la empresa en doce razones sociales diferentes, una por sección.

Con esa maniobra la embotelladora quedaba reducida a una mínima expresión y el número de trabajadores que incluía no era suficiente para habilitar legalmente la existencia de un sindicato. Pese a la complicidad del Ministerio de Trabajo y de la justicia, que toleraron estas manipulaciones, nada dio resultado: el sindicato resistía.

Finalmente, en 1978 el sindicato firmó un convenio colectivo lo que fue una dura derrota para la empresa que cambió de estrategia: creó dentro de la fábrica un grupo de choque cuyos integrantes estaban autorizados a portar armas por la Policía Militar Ambulante y promovió la asociación solidarista de los empleados con el cura Solano a la cabeza.

En esa época –julio de 1978– mediante un sonado fraude electoral llegó al gobierno Romeo Lucas García, un militar célebre por su gestión represiva. Entre las diversas acciones de terrorismo de Estado promovidas por Lucas se encuentra el atentado contra los abogados –y esposos– Marta y Enrique Torres, asesores legales del sindicato de Coca Cola, y que fueron los autores de los puntos de negociación en aquella reunión tripartita que duró toda una noche.

Trotter tenía sólidas amistades dentro del gobierno, entre otros con Germán Chupina que era Jefe de la Policía Nacional. Esta relación hizo que Trotter se sintiera con las manos libres para destruir el sindicato.

La violencia criminal contra los trabajadores no era nueva: en 1968 fue asesinado y secuestrado el compañero César Bariglio; entre 1975 y 1976 se produjeron las detenciones de 152 trabajadores que fueron despedidos, 14 quedaron heridos y 16 encarcelados; en junio de 1977 fue asesinado Mario López Larrave, quien colaboraba con el asesoramiento legal a los trabajadores; en octubre de 1978, Israel Márquez, que entonces era secretario general del sindicato, sufrió un atentado a balazos y milagrosamente resultó ileso; en ese mismo año, como consecuencia de más atentados y amenazas de muerte, partieron al exilio los esposos Torres; en noviembre de ese año aparecieron en la prensa avisos en los cuales se solicitaban empleados para el departamento de personal de la empresa, y el principal requisito que se exigía era saber artes marciales y haber colaborado o pertenecido a los cuerpos de seguridad del Estado.

Foto: Gerardo Iglesias

El 12 de diciembre de 1978 cayó asesinado Pedro Quevedo, quien, como ya fue dicho, había sido el primer secretario general del sindicato. Tenía 37 años cuando lo mataron dentro de su camión de reparto y es uno de los mártires de STEGSA.

En enero de 1979 varios vehículos rodearon la fábrica e intentaron secuestrar a Israel Márquez y a Luis Quevedo, hermano de Pedro. El 28 de enero fue asesinado Manuel Moscoso y su esposa resultó gravemente herida en un atentado dirigido en realidad contra Israel Márquez.

Moscoso y su esposa eran los nuevos inquilinos de la casa que hasta unos días atrás ocupaba Márquez. Luego de este atentado Israel se refugió en la embajada de Venezuela y finalmente se exilió en Costa Rica. Entre enero y febrero de 1979 más de 50 hombres armados vigilaban la fábrica y varios trabajadores decidieron renunciar a su trabajo porque no aguantaban la presión.

El 5 de abril de 1979 fue asesinado Manuel Francisco López Balán, secretario general en funciones del STEGSA cuando bajaba de su camión de reparto. El 1 de mayo de 1980 fueron secuestrados trabajadores de varias empresas, entre ellos Ricardo García Infán. Su cadáver fue hallado al día siguiente con huellas de haber sufrido brutales torturas.

Arnulfo Gómez Segura, de STEGSA, fue secuestrado y asesinado en la misma época; su cadáver apareció con la lengua y los labios cortados y colocados en un bolsillo de su camisa. El 27 de mayo de 1980 fue asesinado por la espalda Marlon Rodolfo Mendizábal, de 22 años, en ese momento secretario general del sindicato, cargo en el que había sustituido a López Balán, muerto un año antes.

La UITA emitió entonces un comunicado denunciando el terrorismo contra STEGSA. El asesinato de Marlon se produjo después de estar aprobado el boicot internacional. El 21 de junio de 1980, guardias de la empresa e integrantes de la Policía Militar Ambulante capturaron y torturaron hasta la muerte a Edgard René Aldana Recareo. Fue colocado en el baúl de un automóvil propiedad de la empresa y desde ahí arrojaron su cadáver a proximidad de la fábrica.

El mismo día fue allanada la sede de la Central Nacional de Trabajadores y fueron secuestrados y desaparecidos 21 dirigentes, en su mayoría secretarios generales de sus respectivos sindicatos. La sede de la CNT se encontraba frente al cuartel de la Policía Judicial y a dos cuadras de la Policía Nacional, pero los asesinos actuaron a la luz del día con absoluta tranquilidad e impunidad. Florentino Gómez e Ismael Vázquez, trabajadores de Coca Cola, fueron asesinados en esa oportunidad.

En medio de este terror desatado, Trotter recibió una tremenda bofetada: la asociación solidarista fundada por él se disolvió y la totalidad de sus integrantes se afilió al sindicato.

Pero otro episodio vendría a enlutar al movimiento obrero guatemalteco: en agosto de 1980 varios dirigentes que se encontraban reunidos en el Centro de Retiros Espirituales de EMAUS fueron secuestrados y desaparecidos.

En varios países los trabajadores de Coca Cola realizaron paros, marchas y representaciones callejeras ilustrando la represión. Finalmente Trotter renunció como director de la empresa.

La UITA informó a sus organizaciones afiliadas que se había ganado el primer round, pero que la lucha debía continuar para ganar el siguiente. Poco después John Kirby manifestó su interés en adquirir la planta, y entre las condiciones que ponía estaban el desconocimiento del sindicato y del convenio colectivo.

La UITA no aceptó este planteo.

El hecho de que STEGSA no fuese un sindicato formalmente afiliado a la UITA –que gastó en este conflicto una gran cantidad de dinero, tanto que si estallaba otro problema de similar importancia no se podría haber atendido en las mismas condiciones– es una demostración de cuál era el espíritu que alentaba la acción de la Internacional: la verdadera solidaridad.

La VII Conferencia de la Rel UITA y el boicot a Coca Cola

Israel Márquez, exiliado en Costa Rica, viajó a la VII Conferencia de Porto Alegre (setiembre, 1979) en representación del STEGSA. Y fue en virtud de sus denuncias que se decidió el boicot a Coca Cola –que consistía en organizar paros en todas las plantas en que fuese posible– e impulsar un boicot al consumo a nivel mundial.

En aquel tiempo el eslogan que usaba la compañía era “La chispa de la vida“, frase que los sindicalistas transformaron en “Coca Cola: la chispa de la muerte“. Simultáneamente, la Conferencia decidió boicotear también el café guatemalteco, que en aquel momento era el segundo producto de exportación de Guatemala, así como el turismo hacia ese país.

El boicot al café resultó de muy difícil instrumentación porque una vez que el grano es procesado resulta imposible evitar que se mezcle con granos de otras procedencias.

Con respecto al turismo, nunca se pudo evaluar si el descenso en la actividad, que sí se sintió, se debió a la campaña de la UITA o a la propia imagen de país violento que tenía Guatemala en la prensa internacional.

“Casi finalizando la Conferencia –recuerda Enildo– vi que los periodistas que estaban aguardando afuera para la ronda diaria de entrevistas me hacían señas de que querían hablar conmigo.

Salí y me informaron que había ocurrido un golpe de Estado en Bolivia, y los dos delegados de ese país quedaron varios meses albergados en la sede de la Federación en Porto Alegre esperando que se estabilizara la situación interna”.

Las intensas negociaciones

Poco después del asesinato de Marlon, en mayo de 1980, se realizó una nueva reunión entre Coca Cola Company (CCC) y la UITA, en cuya delegación, además del secretario general figuraban dos trabajadores de la embotelladora de Coca Cola de México y Marta Torres, exiliada en Estados Unidos.

Allí surgieron algunos puntos de acuerdo: CCC se comprometía a vender las instalaciones, a reconocer el sindicato, a recontratar a los despedidos y a la firma de un convenio colectivo. Por su parte, la UITA se comprometió a no intensificar las acciones –o sea, continuarlas en la misma medida que hasta ese momento–, dando plazo hasta el 11 de junio cuando se reuniría su Comité Administrativo mundial.

En agosto de 1980 se conocieron los nuevos propietarios: Roberto Méndez, mexicano, y Anthony Zash, portorriqueño, quienes se comprometieron frente a la UITA a respetar los derechos sindicales y las condiciones resueltas previamente.

El convenio colectivo se firmó el 20 de diciembre de ese año después de 37 días de negociaciones. La UITA recién levantó su campaña de boicot el 2 de enero de 1981, cuando el convenio colectivo ya estaba siendo puesto en práctica en Coca Cola Guatemala.

Pasaron tres años de relativa calma, pero surgieron nuevos problemas porque Zash y Méndez se declararon en quiebra. A las 21:30 horas del 1 de febrero de 1984, Zash pidió una reunión con los directivos del sindicato y allí anunció textualmente: “Esta mierda está cerrada oficialmente desde ahorita“.

La histórica ocupación

Sin llegar a formalizar una tentativa de soborno, el empresario comentó a los sindicalistas presentes en esa reunión que tenía con él 60 mil dólares disponibles… En ese mismo momento, ocho trabajadores –cuatro dirigentes y cuatro funcionarios de vigilancia– se tomaron la planta. Esta ocupación duraría un año.

Lo que realmente sucedió fue que estos dos empresarios quisieron hacerse ricos demasiado rápidamente, porque enseguida dejaron de cumplir con sus acreedores, pensando que la presencia de la UITA inhibía a CCC de tomar medidas contra ellos.

En este nuevo conflicto la posición de los trabajadores se resumía en dos puntos: mantener ocupada la planta y resistir indefinidamente, rechazando la quiebra hasta la reanudación de las labores.

Cuando los trabajadores ocuparon la planta hacía un año y medio que el general Oscar Humberto Mejía Víctores había derrocado al gobierno de Efraín Ríos Montt.

Si bien Mejía finalmente convocó a elecciones generales generando una cierta apertura, sus primeros años de gobierno fueron de continuidad de la represión masiva, sobre todo en el medio rural donde había grupos guerrilleros en actividad. Durante años en el campo se aplicó la política de tierra arrasada, siendo asesinados decenas de miles de personas.

Entre agosto de 1983 y febrero de 1984 se produjeron 15 asesinatos de dirigentes y militantes sindicales. Cuadro que se completaba con el altísimo índice de desempleo, que a principio de 1984 era del 41 por ciento de la población económicamente activa.

En 1982 se habían cerrado 185 fábricas en el país. Fue en este marco que los 400 trabajadores de STEGSA ocuparon la planta asumiendo el desafío de correr todos los riesgos imaginables.

Durante ese tiempo la UITA estuvo apoyando económicamente esta lucha, pero también lo hizo el pueblo guatemalteco, y no sólo los trabajadores urbanos, también los campesinos hacían llegar su solidaridad.

“De todas las anécdotas que podría narrar elijo una para dejar constancia de la cantidad de vicisitudes que tuvieron que pasar los compañeros. Una noche llegaron tres jóvenes, dos hombres y una mujer, que pidieron hablar con la directiva.

Plantearon que pertenecían a un grupo guerrillero que quería colaborar con el conflicto y que ya tenían previsto dónde había que colocar las cargas explosivas para volar la planta, previo aviso para que ellos desalojaran el lugar. Los trabajadores preguntaron:

? Y después que pase eso, ¿qué harán ustedes? La represión posterior será grande.

? Tenemos ya todo arreglado para irnos del país con pasaportes falsos.

?Ah –dijeron los obreros con sarcasmo–, claro. Pero sabrán que después nos vendrán a buscar a nosotros, los de la directiva, así que sería bueno que tuvieran pasaportes para todos nosotros y nuestras familias.

Los visitantes quedaron en silencio, mirándose entre ellos.

?Así que todo esto volaría por el aire –agregaron los ocupantes–. Y bueno, seguramente sobre este terreno vacío construirán una nueva planta, más moderna, que dé trabajo a menos gente. Y entonces habrá que empezar de nuevo, luchar para crear otro sindicato…

?Está bien –dijeron los guerrilleros–, ya entendimos. Por supuesto que no hubo bombas ni nada de eso”, concluye Enildo.

Finalmente, en 1985 se llegó a un acuerdo entre el sindicato, la UITA y los nuevos propietarios, un grupo de guatemaltecos encabezado por Carlos Porras. La última prueba que el STEGSA debió pasar fue que la empresa declaró que en primera instancia sólo podía retomar a 265 de los 353 trabajadores-ocupantes, y que los 88 restantes los contrataría cuando se alcanzara determinado nivel de producción.

Los primeros en presentarse como voluntarios para quedar temporalmente afuera fueron los integrantes de la directiva, pero antes de un año el número de trabajadores de la fábrica se había duplicado.

Porras, que era un empresario con una mentalidad abierta, también se dio cuenta de que estaba trabajando con un grupo de gente valiosa, y eso lo supo cuando ingresó a la planta pensando que habría que invertir una cantidad importante de dinero en recuperar la maquinaria, pero para su sorpresa encontró todo en perfectas condiciones de mantenimiento gracias a la ética y la disciplina de los trabajadores.

Comprendió que un grupo así era capaz de producir un trabajo de primera calidad. “Fue un muy buen empleador –estima Enildo–, que construyó dentro de la fábrica un espacio llamado ‘Complejo de actividades múltiples’, que es usado por la empresa o el sindicato, que también alberga una cooperativa sindical de consumo y un gimnasio donde también se realizan las asambleas.

Con él habíamos establecido un sistema de ‘teléfono rojo’, que se usaba antes de que estallaran los problemas. Esto funcionó durante años. Además, creo que Porras fue el único empleador que participó en un congreso mundial de UITA.

Fue a propuesta de él, y lo explicó diciendo que quería dar la cara, presentarse como propietario de la embotelladora de Guatemala donde antes se asesinaba a la gente y ahora existían reglas de juego respetadas por todos. Se aceptó la iniciativa, a condición de que viajara con él un representante de los trabajadores”.

Tiempo después Coca Cola Company implementó una política de crear mega embotelladoras, y PANAMCO le compró la fábrica a Porras. Recientemente, la mexicana Femsa adquirió PANAMCO y, por consiguiente, también la embotelladora guatemalteca.

Fuente :www.rel-uita.org

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