A propósito de derechos

Adrián Chávez García

Hace algunos días, entre la algarabía, el apeñuzcamiento y otros males, el gobierno de Guatemala publicó un comunicado donde reafirmó y actualizó su compromiso con la paz y los derechos humanos, aboliendo a las instituciones responsables de promoverlos y anunciando el surgimiento de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, Copadeh.

Veintitrés años después, los Acuerdos de Paz siguen siendo para el Estado guatemalteco una asignatura pendiente. La actualización y la evolución de la institucionalidad de la paz a una comisión presidencial más, resulta poco alentadora para quienes hemos visto como distintas administraciones gubernamentales han creado comisiones sin cumplir los objetivos esperados.

La Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica y la Reforma Policial son dos ejemplos de comisiones ya implementadas sin mayores resultados. Mientras que, en el contexto actual, se puede mencionar a la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19, Coprecovid; que, por cierto, está siendo fuertemente cuestionada por solapar las infortunadas decisiones gubernamentales tomadas durante la pandemia.

Algo que resulta significativo es que el compromiso gubernamental con la paz y los derechos humanos se manifieste a pocos días de que el propio presidente de la república arremetiera contra dos funcionarias de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH; entidad que está trabajando por proteger los derechos individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos, comprendidos en la Constitución Política de la República y en los tratados o convenciones internacionales firmados y ratificados por Guatemala.

Por lo que es imperativo que la Copadeh cumpla con sus funciones y establezca una comunicación seria y respetuosa con la PDH; ya que es importante que se enteren, sobre cómo en plena pandemia, es el propio gobierno el que, de manera sistemática, está violando ciertos derechos.

En este sentido, recordemos que el Estado guatemalteco está obligado a respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de toda la población; pero contrario a esto, se sigue limitando a:
• Privilegiar los intereses económicos sobre la salud de la población, al promover la reapertura de la actividad comercial justamente cuando la pandemia y el sistema de salud guatemalteco están atravesando sus momentos más críticos.
• Eludir su responsabilidad de buscar un consenso científico donde se desarrolle una normativa nacional y de cumplimiento obligatorio ante la pandemia; dejando expuesta a la población a métodos diagnósticos y terapéuticos costosos y de dudosa eficacia.
• Establecer servicios temporales que replican los vicios en la gestión y carecen del uso adecuado y transparente de los recursos, reflejados en el desabastecimiento de medicamentos, el retrasos en los pagos, la falta de equipo de protección personal para las y los trabajadores de salud y la escasa capacidad de atención, lo que termina saturando el resto de la red hospitalaria; mientras que el hospital militar, que también se mantiene con fondos públicos, sigue reservado para un selecto y privilegiado grupo de personas allegadas al sector militar.
La pandemia del COVID-19 es un mal que vino para quedarse y mientras el gobierno, la Copadeh y todas las instituciones que lo conforman, no demuestren un genuino interés por corregir los errores y por respetar, proteger y garantizar nuestros derechos; tocará aprender a cuidarnos entre nosotros, quedándonos en casa, procurando la seguridad de nuestro prójimo, compartiendo con el que no tiene y entendiendo que la salud, la seguridad social y la vida, son derechos no negociables, que tendremos que aprender a defender.

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