Qué pasa en Izabal y Alta Verapaz

Por: Miguel Ángel Sandoval

En 2011 publiqué “Residencia en el infierno”, libro que tenía como material básico, los conflictos agrarios en el Polochic y otros lugares del país, pero el peso principal lo tenían los problemas alrededor de la finca Chabil Utzaj o el ingenio Guadalupe, entre otros. Poco ha cambiado desde entonces. En el cuerpo del libro aparecían con nitidez los manejos de la niquelera, cuyo estudio de impacto ambiental lo había recibido de la empresa Marlin, que opera en Sipacapa. Copia y pega descarado, pero aceptado por las autoridades del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Lo de la tierra y sus conflictos es aún más dramático. El ‘Diario de Centro América’ había publicado en 2001 que los datos registrales de la región del Polochic habían desaparecido. Lo denunció tiempo después CICIG. Eso habría sido maniobra de algún finquero de esos que se esconden en siglas corporativas. No me extiendo en este tema que fue omitido por los medios de comunicación y por los comentaristas.

De acuerdo con datos de la PDH o la oficina presidencial de diálogo, publicados hace años, había unos 1,500 casos de conflictos al menos. La cifra se maneja desde entonces y en lugar de disminuir aumenta de forma permanente y sostenida. No hay descanso en la conflictividad. Todo por la indolencia de las instituciones de gobierno asignadas a atender esto. Y por la visión finquera dominante.

Pero lo real del caso es que no existe una idea clara de este fenómeno que no se atiende de manera real por las instituciones de gobierno. En 2017 la SAA por medio de su director daba cuenta de un aumento de ¡43 por ciento en los casos! Mientras que en nuevos conflictos por la tierra, se deslizaba el dato de ¡¡¡¡1,656 por ciento!!! La verdad es que estos datos no son creíbles, pero lo que sí se puede considerar como cierto, es que con estos datos o con otros parecidos, no se hace absolutamente nada.

A estos fenómenos estructurales se agrega como hecho reciente, el floreciente negocio del narcotráfico. Sea como plantaciones de amapola o mariguana, pistas clandestinas o laboratorios en fincas a su servicio, autoridades civiles o militares cooptadas, y por supuesto, el hambre y la miseria junto a ausencia del Estado, que no puede llegar solo a reprimir por una u otra razón.

Es por razones como esta que parecen patéticas las declaraciones de la Cámara del Agro o de instituciones como Cececon dispuestas a impulsar medidas de corte represivo en la región de la Verapaz o de Izabal, en donde los temas agrarios están a la orden del día. Los datos que se exponen deberían ser suficientes para abordar el tema de esta región del país con una visión de desarrollo rural, de justicia agraria, antes que con llamados a la violencia desde el Estado.

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