23 años de paz y nuevo presidente

Marcelo Colussi

Guatemala acaba de cumplir 23 años de haber terminado su guerra interna. Se firmó la paz, pero realmente la paz social nunca llegó. Las causas estructurales que pusieron en marcha la guerra en la década de los 60 del siglo pasado se mantienen inalterables. El país sigue siendo uno de los más desiguales del mundo, con un gran producto interno (producción agrícola en lo fundamental), pero con enormes asimetrías socioeconómicas. El 60 % de su población se mantiene bajo los límites de la pobreza (2 dólares diarios de ingreso); aunque el país produce alimentos, la mitad de su niñez está desnutrida (primer lugar en desnutrición en Latinoamérica y sexto en el mundo). Hay casi 20 % de analfabetismo. Para mucha gente la única salida es marchare en forma irregular para trabajar en Estados Unidos, y desde allí enviar remesas a sus familiares. Por otro lado, la situación de violencia delincuencial sigue siendo un grave problema, así como la corrupción generalizada. Todo ello acompañado de un enorme racismo, donde los pueblos originarios (paradójicamente la mayoría de la población) siguen siendo los más excluidos. Hace más de 30 años que se vive en democracia (más formal que otra cosa), pero los grandes problemas no se resuelven.

Nada indica que la nueva administración que asume el 14 de enero pueda resolver realmente esta situación. En realidad, su propuesta de gobierno no ofrece nada verdaderamente nuevo. El futuro presidente es un personaje ligado a los sectores más conservadores, y la elección de su futuro gabinete ministerial muestra por dónde podrán ir las cosas: propuestas neoliberales en lo económico-social y «mano dura» para los temas de seguridad. Su ideología de derecha no es garantía de ningún cambio para los sectores populares. Como se ha dicho: más de lo mismo. O lo que es peor: lo mismo… ¡con más!

La pobreza crónica e histórica es un problema estructural que difícilmente un presidente pueda cambiar con su programa de gobierno. Cambiar realmente esa dinámica, ese perfil de sociedad, implica una profunda transformación que este presidente está muy lejos de impulsar. Por otro lado, si intentara tocar en profundidad los fundamentales resortes económico-sociales (una reforma agraria, por ejemplo, o elevar impuestos para los sectores más ricos), los verdaderos factores de poder (el alto empresariado tradicional y la embajada de Estados Unidos) no se lo permitirían La pobreza crónica, a su vez, es el caldo de cultivo de muchos otros problemas, como la violencia cotidiana, la desnutrición crónica que impide un desarrollo sostenido, las migraciones masivas, la falta de proyectos a mediano y largo plazo que facilita el auge de la narcoactividad (hasta un 10 % del producto interno bruto). También la corrupción histórica es un gran problema, pero ya se vio con el gobierno saliente que es muy difícil, casi imposible, tratar de modificar esa cultura: el gobierno de Jimmy Morales y todos los sectores corruptos del poder (empresariado, clase política, militares de alto rango) se blindaron fuertemente para evitar cualquier investigación ulterior al respecto. No deja de ser también un problema el desastre del medioambiente, con empresas extractivas (mineras, hidroeléctricas, monocultivos para agroexportación) que hacen impunemente lo que quieren. Tal vez no hay «un» problema en particular que atacar por separado, sino que todo lo anterior va de la mano, articulado. El problema, en realidad, es el modelo de país que recibe Giammattei: pobre, subdesarrollado, con enormes asimetrías económico-sociales, y totalmente dependiente de Washington.

El nuevo presidente ha mantenido durante toda su actuación pública como candidato presidencial (esta era la cuarta vez que se postulaba) una posición abiertamente conservadora, siempre contraria al aborto y al matrimonio homosexual, estando a favor de la pena de muerte y del uso militar en el control y manejo de la seguridad ciudadana ante el alto índice de violencia, crimen organizado y descontento social que existe en el país. Su próximo gabinete es de extrema derecha. Durante su campaña proselitista amenazó que demandaría por difamación al comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, por haber difundido información de un caso en el que se vio involucrado hace algún tiempo (entre 2005 y 2007 cuando fue director de Presidios, período en el que se protagonizó un caso de «limpieza social» donde siete reos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. Giammattei fue procesado y absuelto finalmente). Todo indica que se va hacia un gobierno ultraconservador.

Desde el campo popular no hay claramente una reacción ante esto. Por el contrario, y curiosamente, el presidente fue electo por mayoría de votos. De todos modos, hay descontento. Los sectores que más alzan la voz en este momento son movimientos campesinos organizados, en general de ascendencia maya. Ese constituye el fermento de mayor reacción a la situación política que se vive, manteniendo una continua protesta en defensa de sus territorios ancestrales, los cuales son violados por la industria extractiva, de capitales nacionales y extranjeros. Esos sectores son criminalizados por el gobierno saliente, y de hecho son víctimas de una represión silenciosa, con muchos líderes campesinos asesinados, asesinatos que quedan todos en la impunidad.

Como vienen las cosas, está difícil tener esperanzas de cambio. ¿Beneficio de la duda? No parece.

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