Incremento con dignidad y autonomía presupuestaria

Fredy Gómez Mendoza
La autonomía universitaria surge de la participación y lucha universitaria en la gesta revolucionaria de 1944 y la cual fue plasmada en el Constitución de 1945 y ratificada en los Constituciones de 1956, 1965, 1985.
A partir de la contra revolución de 1954 los gobiernos militares, ante la posición crítica y deliberante de los universitarios, optaron por la amenaza, el asesinato, secuestro de valiosos profesionales, trabajadores y estudiantes universitarios, también ha sido una práctica constante el estrangulamiento financiero, entregando fuera de tiempo o de forma incompleta el aporte constitucional.

En marzo y abril de 1985, cuando se dio la discusión sobre el rol de la Universidad de San Carlos de Guatemala dentro de la Constitución Política de la Republica, después de la desarticulación del movimiento estudiantil a principios de los años 80, los universitarios hicieron acto de presencia dentro y en la afueras del Congreso de la República dentro de los líderes del movimiento figuraban Vladimir Amado Hernández, dirigente estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas (secuestrado posteriormente el 21 de junio de 1985) y Ovidio de Jesús Cartagena Cabrera, estudiante de Derecho (secuestrado el 24 de junio de 1985) exigiendo que del 3% de aporte constitucional se pasará a un 5% como mínimo, además que la Universidad de San Carlos de Guatemala no perdiera su función de ser Rectora de la Educación Superior en Guatemala.

La represión no se hizo esperar, el 2 de marzo de 1985 fueron desaparecidos los tres estudiantes del Centro Universitario de Occidente (CUNOC)—Joaquín Rodas Andrade, Rafael Galindo y Ricardo Gramajo—quienes habían participado en manifestaciones en Quetzaltenango contra una propuesta llevada ante la Asamblea Constituyente para limitar la autonomía universitaria (Amnesty International 1987a: 117).

Lamentablemente, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 82 limito a la Universidad de San Carlos de Guatemala a dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, es decir dejo se ser rectora de la educación superior, por lo tanto, se dio inicio a un proceso acelerado de la privatización de la educación universitaria, una de las exigencias del sector empresarial, ya que al incrementarse la oferta de profesionales, los honorarios y el valor de los sueldos se vendrían a la baja o en el peor de los casos una gran masa como sucede actualmente se encuentran sub empleados.
Sin embargo, lo rescatable de esa Constitución fue el respeto a la autonomía universitaria y el incremento presupuestario que se estableció en el artículo 84 dela Constitución Política de República de Guatemala que indica: “Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico.

De 1985 a la fecha el monto asignado a la Universidad de San Carlos ha sido cuestionada, pues se basa en cálculos a criterio e interpretación de cada Ministro de Finanzas de los gobiernos de turno, crisis como la vivida en 1988 donde la Universidad recibió bonos como parte del aporte constitucional marcan, el asedio que esta ha recibido, se debe recordar que en esos años se empieza a generar la discusión sobre el cese del conflicto armado interno y la Universidad es un actor cuyo liderazgo es reconocido por la sociedad civil, por lo tanto, ni estando en la presidencia un civil, egresado de la esta casa de estudios como lo fue el Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, fue capaz de trasladar oportuna y de forma correcta el aporte constitucional.

En el año 2010, nuevamente la universidad encuentra un desequilibrio financiero, se convoca a una marcha y da como resultado, no el cumplimiento del artículo 84 de la Constitución Política de la República de Guatemala sino como paliativo se recibe aporte adicional, cuya práctica se da en los años subsiguientes.
El año 2015 la Universidad de San Carlos tiene una participación significativa dentro de la lucha contra la corrupción, suceden grandes movilizaciones que dan como resultado la renuncia de la Vicepresidenta Roxana Baldetti y del Presidente Otto Pérez Molina, la CICIG pone al descubierto un secreto a voces, que el aparato estatal funcionaba a base de corrupción y salen a luz también los nombres de los corruptores que resultan ser los poderosos de este país.

Consolidado el pacto de corruptos, y ante una crisis financiera que se hace evidente en el año 2018, las autoridades universitarias realizan su petición de ampliación presupuestaria y son condicionadas a cumplir adherirse al sistema SICOIN, sin importar la resolución contenida en el expediente 1231-2014 de la Corte de Constitucionalidad con claridad manda a respetar la literal c del artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la autonomía presupuestaria que goza la Universidad de San Carlos de Guatemala.

No es posible que el aporte constitucional este a merced de la voluntad “Política” de los diputados del Congreso de la República, las y los universitarios debemos exigir que el mismo corresponda a lo que establece el precepto constitucional, es decir un incremento al 5%, justificado con en el incremento de la población estudiantil que de 48,283 estudiantes del año 1985 hoy en día es de 235,212, es decir un 487% más de cuando fue aprobado el mínimo del 5%.

El incremento de la población estudiantil ocurrido durante la última década se ha dado a nivel nacional, llevando la educación superior a los 22 departamentos del país, lo que implica mayor demanda de recursos financieros para estos centros universitarios, es una obligación de los diputados principalmente los departamentales apoyar sin condicionamientos el incremento al presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Es tarea de todos y todos los universitarios luchar por ese aumento a corto plazo, como también será el fiscalizar la ejecución del mismo al seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La lucha por la dignidad, el incremento del aporte constitucional y la autonomía presupuestaria es impostergable.

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