La tercera es la vencida? El caso maya ixil genocidio/Lucas García

por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

Esta semana dio inicio el proceso en un nuevo caso por genocidio y otros crímenes graves en el cual están acusados miembros del alto mando del ejército de Guatemala. Sin embargo, los acusados y los abogados de la defensa plantearon varios recursos que fueron aceptados por el juez a cargo de la etapa preliminar del proceso, y por tanto se suspendió dos veces la audiencia de primera declaración. Se ha programado una nueva audiencia para el lunes 4 de noviembre.

Los tres oficiales del ejército de mayor rango durante los últimos años del gobierno militar del General Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) enfrentan cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y desaparición forzada contra la población Maya Ixil. Dichos oficiales son el Coronel (retirado) César Octavio Noguera Argueta, que fue Jefe de Operaciones Militares, o G3, en esa época; el General (retirado) Manuel Callejas y Callejas, que fue Jefe de Inteligencia Militar (G2); y el General (retirado) Benedicto Lucas García, que fue Jefe de Estado Mayor del Ejército de Guatemala. De acuerdo con los fiscales, estos oficiales diseñaron y ejecutaron estrategias militares en la región Ixil con el objetivo de eliminar a la población civil, que consideraban estaba ayudando a la guerrilla.

Noguera Argueta fue arrestado el 24 de octubre y puesto en detención preventiva . Lucas García y Callejas y Callejas se encuentran cumpliendo sentencias de 58 años de prisión por crímenes contra la humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada en el caso Molina Theissen. Lucas García también espera juicio por el caso CREOMPAZ, que gira alrededor de la exhumación de 565 cuerpos de una antigua base militar en Cobán. Al final de la audiencia del martes, Lucas García se acercó a los abogados de las víctimas. Durante la conversación, negó haber ordenado que se bombardearan aldeas indígenas, pero admitió haber bombardeado “campamentos guerrilleros”.

Se Interrumpe la Audiencia de Primera Declaración

En la primera audiencia que se realiza después del arresto del o los acusado en un caso penal, y que se conoce como audiencia de “primera declaración”, el juez de la fase previa informa a éstos de los cargos en su contra, y luego les da la oportunidad de responder. Luego, el juez de la fase previa fija una fecha para la siguiente fase, en la que el Ministerio Público presenta una acusación formal, y las evidencias correspondientes. Luego de ello, el juez de la fase previa determina si hay suficiente evidencia para que el caso vaya a juicio.

La denuncia por este caso fue presentada por primera vez en el año 2000 por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que representa a 22 comunidades mayas en cinco regiones afectadas por la violencia del estado durante el conflicto armado interno. AJR también fue querellante en el caso por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez. El presente caso tiene que ver con 31 masacres en las que 1,128 personas fueron asesinadas, 23 aldeas destruidas, se dieron 97 ejecuciones selectivas, 117 muertes debidas a desplazamiento forzado; 26 casos de violencia sexual y 53 casos de desaparición forzada.

Durante la audiencia de primera declaración, el lunes 28 de octubre, el Juez Miguel Ángel Gálvez ordenó a los guardias penitenciarios que les quitaran las esposas a los acusados, a los que les permitió que se sentaran junto a sus abogados, en vez de en la celda especial que se encuentra en la sala de vistas para ese efecto. El juez justificó lo anterior debido a la avanzada edad de los acusados. Lucas García tiene 87 años, Callejas y Callejas 82, y Noguera Argueta 78.

Lucas García le informó al juez que su abogado e hijo, Jorge Lucas Cerna, no había sido notificado de los nuevos cargos, y que se le había asignado un defensor público. Pidió que el proceso fuera pospuesto para que su abogado de confianza pudiera estar presente. El juez estuvo de acuerdo y ordenó que se realizara una nueva audiencia el día siguiente. Antes que esa audiencia terminara, el Juez Gálvez resolvió algunas otras peticiones presentadas por la defensa. El juez concedió varias de éstas, incluyendo la solicitud de Lucas García de que se garantizaran mejores condiciones para sus traslados del Hospital Militar al tribunal, lo cual de preferencia debía hacerse a través de una ambulancia. También concedió la solicitud del abogado de Noguera Argueta de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizara un examen forense de su defendido. Noguera Argueta también solicitó que se aclare la situación del caso refiriendose si este se encontraba en reserva. El Juez Galvez respondió que una vez se ejecuta una orden de arresto el caso pasa a ser automáticamente de dominio público.

Antes que concluyera la audiencia del lunes, un grupo de oficiales retirados que se encontraba presente en la galería agredió verbalmente a los miembros de AJR, sus acompañantes y miembros de la prensa que se hallaban ahí, y trataron de evitar que entraran a la sala de audiencias.

El segundo intento por sostener la audiencia de primera declaración, realizado el martes, también fue suspendido. El Juez Gálvez acordó suspender la audiencia como respuesta a un recurso presentado por el abogado defensor de Callejas y Callejas, José Antonio Anaya Cardona, que solicitó la suspensión hasta la semana siguiente debido a un conflicto en su calendario de audiencias, y por el abogado de Noguera Argueta, que pidió más tiempo para analizar el expediente.

El Juez Gálvez programó una nueva audiencia para el lunes 4 de noviembre, a las 9;00 am, hora local.

Lucas García: “Nunca Bombardeé Aldeas, Campamentos Guerrilleros Sí”.

Al final de la audiencia del martes, Lucas García atravesó la sala de audiencias para estrecharles la mano a los querellantes. Saludó de esta manera al abogado Santiago Choc y cruzó algunas palabras con él en Kekchí, un idioma maya común en Alta Verapáz, Quiché y otros departamentos del altiplano. Choc le contó al general que provenía de la región del Ixcán y que tuvo que huir cuando era niño porque su aldea fue arrasada. El general respondió: “Yo nunca bombardeé ahí. Nunca ordené bombardeos, por lo menos las aldeas, pero campamentos guerrilleros sí.” Choc replicó, “Muchas aldeas fueron arrasadas.”

“No en mi tiempo,” respondió Lucas García, “no en mi tiempo.”

Luego, Lucas García saludó a Mynor Melgar, que también representa a AJR. Lucas García le dijo a Melgar, experimentado abogado de derechos humanos, que lo recordaba de los años 1990s, cuando éste investigaba la masacre de Las Dos Erres. Esta masacre, una de las 626 documentadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, ocurrió en diciembre de 1982. El ejército asesinó a un estimado de 200 personas, de las cuales un gran numero eran mujeres, niños y ancianos.

Durante los 1990s, Melgar trabajó en el departamento legal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). En 1997, reemplazó al fiscal de la masacre de las Dos Erres. En una audaz jugada, Melgar llamó a declarar en el caso al alto mando militar, y luego anunció sus planes de acusar directamente a Ríos Montt y a otros altos mandos del ejército. Poco después, fue removido del caso. Un informe de Amnistía Internacional indica que esto fue ampliamente visto como una represalia ante el intento de Melgar por enjuiciar a altos oficiales del ejército en relación con el caso. Melgar se vio obligado a abandonar el país debido a numerosas amenazas.

Años más tarde, Melgar fue Secretario General del Ministerio Público durante el período de la Fiscal General Claudia Paz y Paz (2010-2014), que llevó a juicio a Ríos Montt en el primer caso de genocidio Maya Ixil y lo acusó por el caso de la masacre de Las Dos Erres. En 2017, un tribunal determinó que había suficiente evidencia para juzgar a Ríos Montt por el caso de la masacre de las Dos Erres, pero este murió antes que el juicio comenzara.

Los tribunales guatemaltecos han condenado a seis oficiales del ejército por la masacre de Las Dos Erres, cuatro en 2011, uno en 2012 y uno en 2018, sentenciándolos a más de 5,000 años en prisión.

Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es miembro Senior de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología y querellante adhesivo en el caso del Diario Militar. Esta nota fue publicado en inglés en Monitor de Justicia Internacional.

Centro de Medios Independientes.

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