San Juan Sacatepéquez: el despojo de la tierra va de la mano de la cementera

Por Nelton Rivera

El problema que Cementos Progreso instaló en San Juan Sacatepéquez lleva catorece años. La resistencia de su pueblo es la más larga en Guatemala frente a un proyecto minero. Actualmente 22 familias han sido afectadas por las recientes ocupaciones ilegales que realiza la empresa, la familia Chajón es testiga de cómo operan para despojar la tierra y desde agosto de 2019 lo denunció al Ministerio Público (MP). El grupo de seguridad de la cementera un día llegaron a Pilar II, ocuparon la tierra y ahora no se quieren ir.

La familia Chajón forma parte de la comunidad Maya Kaqchikel de Pilar II, denunciaron otra ocupación ilegal de la empresa cementera. Un grupo de hombres vestidos con uniforme azul, suéteres de uso militar, lentes oscuros y gorros pasamontañas llegaron el 13 de agosto y levantaron sus propias carpas. Para ingresar al terreno rompieron el alambrado, botando los cultivos de flores que la familia de don Socorro Chajón tienen sembradas.

Ese mismo día la familia acudió a la sede del centro de San Juan Sacatepéquez, esta no es la primera denuncia que los comunitarios hacen contra la empresa. Varios días después las autoridades comunitarias fueron a preguntar sobre el avance de la investigación, para su sorpresa les dijeron que el caso había sido enviado a la central, en el Barrio Gerona en la zona 1 de la capital.

Las mujeres Kaqchikel mantienen un campamento de resistencia en la propiedad de esta familia, enfrente de ellas, a escasos metros, siguen los cementeros como ellas les llaman. En este lugar permanecen las 24 horas del día para evitar que se apropien completamente del terreno, las apoyan otras personas de las comunidades en oposición a la cementera. El campamento permance bajo duras condiciones, las lluvias de los últimos dos meses han sido intensas, tambien las temperaturas son bajas al amanecer.

Durante 19 días la empresa ha ocupado el terreno de esta familia en la comunidad Pilar II, para las autoridades comunitarias es incomprensible cómo la empresa cementera puede argumentar que tienen títulos de propiedad, siendo esta finca tierra comunal, es decir que el pueblo Kaqchikel de Pilar II cuenta con el título, y ninguna persona puede vender o desmembrarla sin el consentimiento de toda la comunidad.

Los legítimos dueños, como lo menciona una de las autoridades Kaqchikel, afirman que nadie quiere venderle la tierra a esta empresa, por eso denunciaron la ocupación ilegal de la misma. Las 12 comunidades desde el año 2005 se declararon en resistencia y en oposición de la planta minera San Gabriel, este es uno de los negocios de la familia Novela Torrebiarte.

El MP asistió el día 17 de septiembre a la comunidad Pilar II para realizar una inspección en el terreno comunal a partir de la denuncia de la familia afectada.

Violencia e impunidad

El grupo de agentes de seguridad se dedican a intimidar a las personas, les toman fotografías y les graban video constantemente, hay agresiones verbales o acoso contra las mujeres y autoridades comunitarias. Para una de las autoridades ese material lo usan para identificar a sus líderes, posteriormente la empresa promueve denuncias penales en su contra, de esa cuenta surgen las órdenes de detención en los juzgados.

La familia Novela fue beneficiada desde el gobierno del presidente Álvaro Colom (2008-2012) con una parte de la inversión de la carretera Anillo Regional, una vía privada para las operaciones de la Planta San Gabriel, un proyecto minero de los más grandes de la región mesoamericana. La inversión de la carretera es público privada, pero el uso es privado.

Colom frente a la oposición del pueblo Kaqchikel impuso un estado de sitio que golpeó duramente a la organización, lo mismo se repitió con el presidente Otto Pérez Molina (2012-2015). La ocupación y despojo de las tierras se ha vuelto una dinámica de las operaciones de la cementera para que la carretera avance, un proyecto que continúa inconcluso.

De todas las violaciones a los derechos humanos que la fuerza publica cometió, no hay procesos penales en contra de funcionarios públicos, empresarios o agentes de seguridad del ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) o paramilitares. Dinámicas del despojo, lucha y resistencia en Guatemala.

Fuente Prensa Comunitaria
Fotografía Nelton Rivera

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