Desinformación, otra de las formas violentas de las operaciones mineras en Guatemala

Nelton Rivera
Historiador, investigador social y fotoperiodista en Guatemala

En Guatemala, una compañía transnacional ruso suiza desató una fuerte problemática social contra el pueblo q’eqchi en El Estor Izabal desde el 2011, la criminalización, control y represión de la oposición a la minería es grave, a tal punto que dos periodistas fueron perseguidos penalmente por denunciar la contaminación del lago y los procesos opacos de la minera, varios pescadores fueron encarcelados resultado de las acusaciones penales de la compañía de níquel contra 11 personas en 2017. Ahora los ataques y desinformación de la empresa buscan ocultar todas las violaciones a la ley de minería y derechos humanos desde el año 2005, especialmente las demandas del pueblo q’eqchi ante la Corte de Constitucionalidad que ordenó la suspensión de las operaciones mineras de uno de los cuatro proyectos que tiene la transnacional Solway.

Una de las compañías rusas que extraen níquel en el mundo está operando en Guatemala desde el año 2011, adquirió los “derechos” de varios proyectos mineros de la empresa canadiense Hudbay Minerals Inc. y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Hudbay desistió con seguir operando y se retiró, la canadiense fue señalada por violaciones a los derechos humanos cometidas en contra del pueblo q’eqchi en El Estor en el Caribe guatemalteco en 2009, actualmente enfrenta un juicio en las cortes de Canadá. Choc v. HudBay Minerals Inc. & Caal v. HudBay Minerals Inc.

El asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán en una operación paramilitar dirigida por el propio gerente de la seguridad de la empresa, desalojos a las comunidades de Lote 8 y Lote 9, la violación sexual de 11 mujeres q’eqchi durante estos desalojos son algunas de las acciones que la CGN utilizó para abrirse paso con las operaciones mineras desde 2007 frente a la oposición de las comunidades. La compañía tiene 60 años de haberse instalado en Izabal convirtiéndola en la más vieja en el país, surgió en el contexto de la contrarrevolución financiada por los Estados Unidos en 1954, siendo la empresa International Nickel Company (INCO) la primera en operar y apropiarse de la tierra.

La compañía ahora en propiedad de la transnacional ruso suiza Solway Investment Group usa la desinformación como una de las herramientas de violencia contra el pueblo q’eqchi que se opone a la minería especialmente contra la Gremial de Pescadores Artesanales que a partir de 2017 denunciaron la contaminación del lago de Izabal en dónde está ubicada la planta de procesamiento de níquel. La mancha roja en el lago que nadie quiso explicar

Actualmente con la desinformación Solway busca ocultar y tergiversar la realidad a su favor, manipulando voluntades, realizando sobornos, comprando firmas para memoriales, buscando que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) caigan en el juego de hacerles creer que en El Estor la compañía tiene apoyo, simpatía y respaldo de la gente. Las formas violentas se siguen utilizando por la CGN, la estrategia paso de buscar opacidad en sus operaciones a defender la ilegalidad con la que operaron todo este tiempo.

Desde la gerencia de relaciones comunitarias de la compañía Maynor Álvarez un ex militar contratado por la compañía son impulsadas estas acciones de desinformación. La compañía mantiene control de la población, vigilancia, criminalización, represión y censura de cualquier expresión de oposición o información sobre las actividades mineras.

En 2017 las autoridades indígenas q’eqchi de El Estor, y tres municipios de Alta Verapaz (Senahú, Panzos y Cahabon), acuerpados por la Gremial de Pescadores Artesanales recurrieron a la Corte Suprema de Justicia CSJ, demandaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) por autorizar en 2005 la licencia del proyecto minero Fénix, sin haber realizado la Consulta libre, previa e informada a las comunidades q’eqchi.

La CSJ al revisar el expediente de la licencia minera resolvió que el MEM violó la ley de minería, la CGN no cuenta con la consulta, por lo tanto no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental EIA y en consecuencia no pudo obtener la licencia minera. Entonces resolvió que el MEM incumplió con la ley y que debe de consultar a las comunidades afectadas por la licencia, amparando a los q’eqchis como demandantes, frente a una licencia extractiva que es la más grande de Mesoamérica.

Los demandantes no conformes con esta resolución apelaron la resolución de la CSJ y elevaron el caso a la CC como máxima corte, aquí se resolvió la suspensión de las operaciones de esta licencia minera el 18 de julio de 2019 confirmando que el MEM violó la ley de minería, no realizó la consulta libre previa e informada a las comunidades q’eqchi, la corte ordena inmediatamente la suspensión y que se realice la consulta, la corte da un paso adelante en su resolución y coloca en el debate el daño ambiental que la compañía puede estar provocando.

La compañía desacató la resolución de la CC, continúan todas las operaciones de la minera.

Muchas son las acciones de la compañía de níquel para presionar a la CC, para que ésta los beneficie con la resolución ante la demanda de las comunidades, que va desde campos pagados en la prensa, desinformar públicamente sobre los impactos negativos de las operaciones mineras en Izabal hasta movilizar una gran cantidad de recursos económicos para tener presencia casi permanente frente a la corte en la ciudad capital y en los medios de comunicación corporativos. Desinformación Otra De Las Formas Violentas De Las Operaciones Mineras De Solway

Un ejemplo de la campaña de desinformación, fue la publicación en uno de los medios escritos tiene un costo de 50 mil quetzales, como este se publica uno semanal llegando a los 300 mil en mes y medio de rechazo a la resolución de la corte.

En la edición impresa del 21 de agosto de Prensa Libre la CGN publicó un campo pagado titulado: “Presentan desistimiento en caso mina Fénix”, en él aseguran que los querellantes desistieron continuar con la acción de amparo en contra del proyecto minero Fénix ante la CC.

En el impreso no especifican quienes son las personas que desisten, tampoco porque la compañía asume su representación. En otro párrafo del escrito, la CGN reafirmó su postura y respeto por la decisión de la CSJ, explicitando el desacato formal a la resolución emitida por la CC el 18 de julio de 2019 en el que ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Fénix.

Solway es una corporación transnacional ruso-suiza, CGN y Pronico son sus subsidiarias en Guatemala. Desde 2011 Solway adquirió los derechos del proyecto minero Fénix, Chichipate y Nabej, ubicadas en municipio de El Estor, Izabal; Alta Verapaz; y Niquegua Montufar Montufar en Los Amates, Izabal.

Sumado a la fuerte inversión de capital para la compra de campos pagados casi semanalmente, pauta en televisión o segmentos noticiosos, conferencias de prensa, la movilización y manutención de grupos de personas para permanecer y realizar manifestaciones en la ciudad o en las carreteras. Integrantes de la Gremial de Pescadores en El Estor bajo amenazas e intimidaciones

Finalmente las operaciones mineras continuaran siendo opacas, el Estado está ausente en los territorios afectados por las mineras e incluso actúan en colusión con la estrategia de las transnacionales mineras, como sucede con la compañía de níquel y Solway en El Estor.

En ese contexto adverso, los pescadores y las autoridades indígenas buscan a través de todos los mecanismos y recursos democráticos detener el abuso y los agravios que de manera permanente viven.

No hay una fecha para que los magistrados de la CC resuelvan de manera definitiva si suspenden las operaciones del proyecto minero Fénix, de hacerlo y si resuelve en igualdad de derechos para el pueblo q’eqchi como lo hizo con el pueblo Xinka al suspender las operaciones del proyecto minero El Escobal en Santa Rosa o con el proyecto minero El Tambor en San José del Golfo podría devolverles la garantía de protección de los bienes naturales, el derecho de la consulta a los pueblos originarios si no también la decisión de las comunidades a definir sus propias formas de desarrollo y autodeterminación.

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