La USAC es una institución desigual, inequitativa y excluyente

Luis Alfredo Tobar

El entorno de país en el que funciona la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, ha sido el escenario en que ha escrito su historia. Guatemala uno de los países más desiguales y excluyentes de América, ha tallado y modelado a una institución que desafortunadamente refleja esos males de ese entorno, lo cual es totalmente contraproducente en virtud que su “deber ser”, la debiera de presentar con pertinencia e inclusión.

La USAC como la única institución en Guatemala de educación superior de carácter público, tiene la obligación constitucional de formar a los guatemaltecos, se supone, sin distingo de posición económica, de pertenencia étnica, de credo, sexo o pensamiento. Lejos de cumplir con ese mandato, las corrientes del pensamiento liberales, en general, las corrientes tradicionales que protegen a pequeños grupos, han marcado y obligado a las autoridades a tomar decisiones que marcan rutas por donde no es factible ser incluyentes, pertinentes y equitativos.

Empecemos por señalar que dentro de la institución rectora la educación superior estatal, se vuelven como naturales y a veces imperceptibles para las mayorías, las prácticas de discriminación y exclusión valiéndose de la excusa de ausencia de recursos suficientes para cumplir con su misión. De hecho, derivado de ese argumento, se empiezan a adoptar medidas de corte empresarial tales como la aprobación de diversas cuotas para ciertos servicios que dentro de lo público debieran ser de acceso universal, tales como los recursos para hacer determinadas prácticas o para recibir determinados servicios en su formación; la planificación se piensa en términos de gestión por resultados; en el manejo de los programas formadores, se adopta el curriculum por competencias; se piensa en la selección de los aspirantes, pisoteando su derecho a la educación; las modificaciones al sistema de investigación que ahora sus principales decisiones quedaron en manos de pocas gentes, discriminan a todos los Centros de Investigación existentes, todos ejemplos de visiones concordantes con las características de un estilo empresarial.

Lo señalado tampoco quiere decir que se menos precie que algunas acciones del ámbito de lo privado no tengan cabida en lo público. Al contrario, es menester aplicar ciertos criterios que dejarán beneficios en lo público, pero debidamente construidos dentro del marco filosófico del bien común. No se está en contra, por ejemplo, que la USAC deba diseñar su propia gestión de la calidad y sobre esa base diseñar su sistema de indicadores, que permitan ser una institución que brinde oportunidades a los guatemaltecos sin ningún distingo, aún de su calidad de formación precedente que es responsabilidad del Ministerio de Educación.

Lo anterior no es aceptado por la comunidad universitaria y se constituye en una de las principales causas por las que se genera el movimiento de toma de las instalaciones de la USAC a nivel nacional. No obstante, fue un hecho con anuncios anticipados que no quisieron ser escuchados, o de repente no encontraron el canal de comunicación apropiado como para haber sido negociado antes, sin entrar a las medidas de hecho. Ahora, se sufren las consecuencias y causan inconvenientes en todos los sectores: estudiantes, docentes, administrativos, población en general beneficiaria de los servicios universitarios, más los que realizan actividad comercial al interior de los campus universitarios. Los argumentos sirven de base para sostener un movimiento que ahora abre una agenda de peticiones que realmente aparece como una muestra del desborde de las desesperanzas de toda la comunidad universitaria que ya no se muestra tan tolerante. Este es el caso de los Centros Universitarios y Escuelas No Facultativas. Lo cierto es que el debate en torno a la privatización ha subido de tono, por no saber comunicar determinadas disposiciones y por no escuchar a las unidades académicas que no tienen representación en el Consejo Superior Universitario, que suman 32.

El debate de los grandes temas, de agendas de mediano y largo plazo, de grandes ideas –académicas, filosóficas, ideológicas, programáticas – equivalente a visiones de estadistas pero para el ambiente universitario- hace mucho tiempo que se ausentaron de la USAC, aún en el seno del Consejo Superior Universitario que por antonomasia, debiera ser realmente un organismo de debate y discusión, más bien es una mesa de negociaciones que básicamente tranza influencias y beneficios de pequeños grupos y/o personales, o en la mayoría de los casos, dedica tiempo y esfuerzo en decisiones administrativas que debieran descentralizarse hacia instancias de menor jerarquía.

El verdadero debate de los problemas estructurales de la institución y de la sociedad, no aparece dentro del seno de la máxima autoridad de nuestra casa de estudios, que por cierto, paradójicamente no es representativa de todos los sectores universitarios. De las 42 unidades académicas vigentes al año 2019, sólo 10 pueden integrar al Consejo Superior Universitario, que se constituye en la máxima autoridad de la institución. El resto, las 32 unidades académicas, compuestas por las Escuelas no Facultativas y los Centro Universitarios, ahora departamentales, no pueden elegir representantes ante ese organismo. Eso deja afuera a un 40% de los estudiante y profesores, sin posibilidades de contar con representantes. Esta es la base de la ilegítima representación del máximo órgano de decisión institucional y deja al descubierto que la USAC no es solo el campus de la zona 12, sino que la integran muchas más dependencias que funcionan fuera de ese territorio. Esto explica mejor la actual situación de coyuntura de la USAC, aunque apenas es una pequeña introducción a la compleja situación institucional que trasciende lo interno y se involucra muy influyentemente en todo el escenario nacional. Sigo creyendo que la verdadera salida de la crisis institucional, podrá ser cuando abordemos con mucha altura y sin intereses sectarios, la REFORMA UNIVERSITARIA, concebida como la refundación de la institución sobre el horizonte de país que queremos. La Educación es un derecho del ser humano y es el único camino para la construcción social del futuro que garantice una convivencia armoniosa con el planeta y que asegure el cultivo del humanismo para el logro del bien común.

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PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

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