Vericuetos del Archivo Histórico de la Policía Nacional

Por Silveria Miranda

El ministro de Gobernación Enrique Degenhart se resiste a intercambiar cartas de entendimiento con el ministerio de Cultura y Deportes para la prórroga del plazo del convenio mediante el cual el Archivo funciona en las instalaciones en que fue localizado. La razón: detener los aportes que el trabajo con los fondos documentales del AHPN ha significado en distintos procesos penales por la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra en el país.

Distintos tribunales nacionales han dado valor probatorio a documentos del AHPN que fueron producidos y archivados por diferentes estructuras de la extinta Policía Nacional. Entre otros, el más reciente es el , en el que el Tribunal encontró culpables a cuatro oficiales del Ejército de Guatemala –tres de ellos fueron parte del alto mando del ejército durante los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt–.

En este caso, además de testimonios y peritajes, los documentos del AHPN sirvieron como medios de prueba de la comisión de tortura, violación sexual y desaparición forzada –todos crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles de acuerdo a los convenios internacionales a los que el Estado de Guatemala se ha adherido–. Pareciera que esta fue “la gota que derramó el vaso”.

Desde la perspectiva de sectores poderosos e interesados en que en Guatemala la impunidad reine –tanto por crímenes del pasado como del presente–, el Archivo debía ser

Pero en este artículo no me quiero referir a la importancia y el valor del AHPN desde la óptica de los procesos de justicia o memoria histórica; ni de lo que ha significado como guía para la archivística y el tratamiento de documentos de archivo en el país y tampoco a su potencial para la investigación en ciencia social –en cuanto abordar la comprensión de tan cruento período de la historia reciente del país desde la perspectiva institucional de uno de los actores más tangentes en la cotidianeidad de las y los guatemaltecos: la Policía–. Sobre esto algo se ha escrito,[2] y falta mucho por escribir.

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El Ceppas, en apoyo a la Asociación de Amigos de la UNESCO, compiló 37 documentos pertinentes para comprender la evolución histórica del AHPN. Entre estos hay cuerpos normativos –como la Ley de Acceso a la Información Pública (Dto. Núm. 57-2008) y la del Archivo General de Centro América (Dto. Núm. 1768)–, acuerdos interministeriales –como el que está por vencerse entre el ministerio de Gobernación (MINGOB) y ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE)–; amparos, apelaciones y resoluciones judiciales –desde tribunales ordinarios, cortes de apelación, hasta la Corte de Constitucionalidad–; convenios internacionales de financiamiento para institucionalizar el AHPN –entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el MICUDE– y otros. Estos documentos nos permiten, en un primer momento, argumentar lo siguiente:

Con base en una Ley Nacional (1768), el AHPN fue formalmente trasladado del MINGOB al MICUDE, participando expresamente autoridades de ambos ministerios. El traslado contó con apoyo y soporte económico de agencias del sistema de Naciones Unidas.
En materia del sistema de justicia, distintas entidades que lo conforman –CC, OJ, MP, PDH– han hecho uso frecuente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, propia del AHPN, es decir, sin hacer el desvío por otras oficinas del MICUDE, otorgándole así un reconocimiento de hecho de su institucionalidad.
El AHPN ha sido objeto de acuerdos internacionales refrendados por el Estado de Guatemala; por ejemplo, para resguardar una copia digital de la documentación trabajada archivísticamente.
Han existido acuerdos interinstitucionales para la institucionalización del AHPN con participación propia y la de otras entidades gubernamentales e internacionales.
El trabajo del AHPN ha sido reconocido nacional e internacionalmente en tanto sitio de memoria y como un referente de archivos históricos. Se le han entregado premios por su labor en la defensa de Derechos Humanos. Existen libros, artículos, documentales, cartas de colaboración con otros sitios de memoria y convenios con universidades en el extranjero.
Aunque el Estado de Guatemala no haya aportado nada al financiamiento de la operación del AHPN, a través de mecanismos oficiales de cooperación internacional se han hecho aportes de más de US$14 millones. Estos mecanismos han incluido, entre otras instancias del Estado, el aval de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la entidad “beneficiaria” ha sido el MICUDE.
El AHPN ha sido consultado por académicos, periodistas, familiares de víctimas de violencia política, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil de Guatemala para la realización de investigaciones con documentos oficiales de archivo.
El Estado de Guatemala negó la existencia de documentos de archivo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico; sin embargo, el AHPN existe. Bajo la dirección del MINGOB, los documentos fueron tratados como basura por décadas. En los últimos 14 años el Archivo ha sido objeto de trabajo dedicado y pertinaz y su documentación ha servido a la sociedad en la recuperación de su memoria histórica.

Estos son argumentos fácticos que permiten visualizar algunos aspectos relacionados con el reconocimiento –tácito o explícito–, de parte de distintos entes en el ámbito nacional e internacional de la existencia como institución y la importancia del trabajo realizado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Además, evidencian la importancia del AHPN como actor –a través de los documentos- en el quehacer nacional jurídico, administrativo, histórico, de buenas prácticas y para la memoria.

Desde el Ceppas, acompañaremos el devenir de este proceso y seremos críticos con el actuar de las instituciones involucradas –MINGOB, MICUDE, PNUD–.

Pretendemos que las autoridades enderecen la ruta que están tomando y que el AHPN no sea, como lo fue Marco Antonio Molina Theissen, desaparecido por autoridades del Estado a sus catorce años de edad.

N. de R.: En el ínterin, Degenhart aceptó prorrogar el convenio por seis meses, no más. Y la Corte Suprema de Justicia otorgó amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos en el sentido de que se garantice el acceso al AHPN y la consulta de sus documentos, especialmente en temas de verdad y justicia, con lo que queda en entredicho la anuencia del MINGOB para los seis meses.

[1] elPeriódico, 27/05/2019, https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/05/27/enrique-degenhart-cambiara-los-estatus-para-acceder-al-archivo-historico-de-la-policia-nacional/

[2] Weld K, 2014, “Paper Cadavers: The Archives of Dictatorship in Guatemala (American Encounters/Global Interactions)”, Duke University Press Books. Dirección de los Archivos de la Paz, 2011, “La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional, SEPAZ. Archivo Histórico de la Policía Nacional, 2011, “Del silencio a la memoria; revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”.

Fuente: https://ceppas.org.gt/vericuetos-del-archivo-historico-de-la-policia-nacional/