La ignominia contra un defensor de derechos

Por Mario Sosa

Abelino Chub Caal contó los días de su privación de libertad.

Ciento ochenta y dos días fueron los que estuvo encarcelado por una política de criminalización y judicialización que se aplica contra luchadores sociales que, en este período de la historia oprobiosa de nuestro país, han asumido el compromiso de defender el territorio y la tierra y han buscado mantener vigentes los derechos que finalmente les permitan a los campesinos y a los pueblos originarios vivir dignamente.

Finalmente, valerosos jueces sentenciaron absolución a favor de Abelino, un hombre joven, de origen humilde, de raíces q’eqchi’, que había sido acusado de los delitos de asociación ilícita, usurpación agravada e incendio. En la resolución judicial quedó demostrado que no existieron elementos objetivos que fundamenten siquiera la acusación y que hubo una invención de hechos que nunca ocurrieron.

Con coherencia, jueces probos resolvieron la libertad inmediata de Abelino. Y no solamente. El tribunal le ordenó al Ministerio Público investigar las irregularidades de quienes interpusieron y fundamentaron la denuncia, pues se sospecha que hubo comisión de delitos en ella. Es decir, las partes acusadoras deberán ser investigadas y podrían ser procesadas por haber gestado perjuicios contra Abelino y contra la credibilidad de un sistema de justicia que —nuevamente— resulta cuestionado. Esto, pese a resoluciones como esta, a favor de Abelino, que son la excepción en una política ignominiosa contra defensores de derechos.

Al respecto, resultan señaladas no solo las empresas que promovieron y activaron el proceso de persecución y enjuiciamiento de Abelino, sino también los operadores de justicia del Ministerio Publico y del Organismo Judicial que acusaron a Abelino, lo mantuvieron detenido, abrieron un juicio sin la existencia de pruebas objetivas e hicieron avanzar un proceso con delitos inventados.

El caso de Abelino es apenas uno entre centenas de órdenes de captura, encarcelamiento, desalojo y detención de hombres y mujeres que han venido resistiendo la imposición de proyectos que despojan a comunidades de sus bienes comunes y criminalizan la protesta y las acciones de comunidades y de líderes sociales desesperados ante la falta de solución del Estado a sus problemas de miseria y despojo.

Sin duda, el proceso contra Abelino constituyó un hecho de persecución y apresamiento fraudulento.

Resulta claro que el objetivo de fondo de este proceso fue reprimir un proceso de organización campesina que Abelino Chub acompañaba. Evidencia una acción concertada entre empresas y organismos de seguridad y de justicia que en el ámbito regional actúan para criminalizar y judicializar la resistencia y la protesta social de quienes reivindican derechos colectivos, la satisfacción de necesidades sociales y la solución de sus problemas históricos, que en este momento se exacerban a partir de un modelo de acumulación que le da continuidad histórica al despojo por medios legales o ilegales.

Seguro que las palabras de Abelino después de escuchar la sentencia absolutoria provocaron alguna lágrima de alegría en muchas personas de buena fe. Además de reivindicar que no es ningún delincuente o criminal, Abelino confirmó su compromiso al denunciar la injusticia de la cual fue objeto, al reivindicar a otros presos políticos como Andrés Patzán y Bernardo Caal y al ratificar que su lucha consiste en la defensa de derechos.

Sin duda, el proceso contra Abelino constituyó un hecho de persecución y apresamiento fraudulento. Esto es lo que se evidencia, asimismo, en la resolución absolutoria a favor de Eduardo Bin, acusado de usurpación de tierras y cuyo procesamiento también careció de elementos probatorios que lo incriminaran. Ambos casos, como muchos otros, evidencian un sistema de justicia que opera como un dispositivo de coacción en contra de los oprimidos y en favor de los poderosos. Este es su carácter predominante.

Aun cuando estas resoluciones devuelven la esperanza en lograr un poco de justicia, lo cierto es que quedan en evidencia —nuevamente— una política de criminalización y de judicialización de la protesta y de la defensa de derechos colectivos y un sistema de justicia proclive a ser controlado y orientado como instrumento de los poderosos.

fuente: Plaza Pública

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