El largo proceso penal contra el preso político Abelino Chub

Por Simón Antonio Ramón /prensa Comunitaria

Después de dos años y dos meses en prisión, este lunes 22 de abril, iniciará el juicio oral y público contra al profesor maya q´eqchi´, Abelino Chub Caal, preso político acusado por los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita, donde son querellantes las empresas Inversiones Cobra SA y CXI SA, por dos hechos ocurridos el 7 de agosto y 26 de octubre del 2016.

La comida con sabor a detención

Era la hora de almuerzo del sábado 4 de febrero de 2017, cuando Abelino Chub disfrutaba junto a su familia los alimentos correspondientes, cuando fue detenido en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona). Posteriormente llegaron agentes de la Policía Nacional Civil acompañados por la abogada Gilda Aguilar, abogado de las empresas y exfiscal del Ministerio Público.

El juez de Paz de Cobán, Alta Verapaz, le informó de los delitos que se le acusaba. Fue traslado inmediatamente al Centro Preventivo de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, gracias a la coordinación de la abogada Aguilar con agentes del Policía Nacional Civil. “Por las circunstancias en que fue aprehendido, al parecer estaba vigilado. La abogada de las empresas Gilda Aguilar que señala a Abelino iba acompañando a los agentes de la PNC”, ha denunciado varias veces la defensa de Abelino, integrada por la abogada Casilda Jovita Tzul, el abogado Juan Castro Simón, del Bufete para Pueblos Indígenas, y el abogado Sergio Belteton, del Comité de Unidad Campesina (CUC).

“Por las circunstancias en que fue detenido, creemos que le rastrearon su rutina, por eso lo agarraron ese día. Nos sorprende que Gilda Aguilar, apareció ahí”, dice la abogada Jovita Tzul.

Por el lugar donde ocurrieron los hechos de los que se acusa a Abelino Chub, el caso fue atendido por el Juzgado de Primer Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, del departamento de Izabal, que dirige el juez Édgar Aníbal Arteaga López, quien tiene varios señalamientos de corrupción y que en varias oportunidades ha favorecido a empresas vinculadas a acaparamientos de tierra y megaproyectos que operan en la región.

Los hechos y los delitos

En la audiencia de primera declaración, el 13 de febrero de 2017, nueve días después de la detención, la fiscalía del Ministerio Público indicó que los delitos que se atribuyen a Abelino Chub se dan por dos hechos. El primero sucedido el 7 de agosto de 2016, en el que “instigó a un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto, para que ingresaran a la finca Plan Grande, ubicada en el municipio de El Estor (…) Al momento de ingresar al bien inmueble se pudo observar que la acción era ejecutada por varias personas quienes de forma planificada se encontraban debidamente organizados para cometer delitos de usurpación agravada (…) provocando un incendio por medio de la cual se quemó palma africana”.

A lo que Jovita Tzul, defensora de Chub, responde: “ese día, como de costumbre, Abelino se encontraba con su familia en San Pedro Carchá, de donde es originaria su esposa. Él no estaba en el lugar y hubo hechos de los que se dice ahora que él provocó”.

El segundo hecho ocurrió cuando “el 26 de octubre, iba a realizarse el desalojo de las fincas El Murciélago y Plan Grande, pero no se pudo llevar a cabo tal orden porque la población organizada respondió de forma violenta contra los efectivos de la PNC [Policía nacional civil]. Las comunidades pidieron a las autoridades ese día, por medio de Abelino, tres horas para recoger sus pertenencias, a lo que sólo accedieron una hora, y cuando Abelino regresó a informar a las comunidades (…) lo siguió [siguieron] para desalojar a unas 100 personas”, dijo la abogada del Bufete para Pueblos Indígenas.

En esta audiencia, el Ministerio Público y las empresas querellantes pidieron que Abelino Chub fuera ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, asociación de gente armada, coacción, usurpación agravada e incendio. Sin embargo, la defensa técnica argumentó que no existen indicios para vincular a Abelino Chub a hechos que ocurrieron en la finca Esperanza, ni con la presunta usurpación de la finca El Murciélago.

El juez, finalmente, ligó a Abelino Chub a proceso por los delitos de usurpación agravada e incendio. Lo envió a prisión preventiva durante los tres meses que duró la investigación, en el Centro Preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

La prisión preventiva como castigo ejemplar y mecanismo de desmovilización

Abelino Chub, maya q’eqchi’ originario de Livingston, Izabal, maestro de educación primaria, trabajaba como promotor social de la Fundación Guillermo Toriello, donde acompañaba a las comunidades a documentar las tierras para buscar obtener la certeza jurídica de las mismas. Apoyaba también en los procesos de establecimientos de agua potable.

La ley faculta a los abogados de la defensa de Chub, para solicitar las veces que sea posible la revisión de medidas de coerción, para que los acusados sigan con el proceso penal pero en libertad condicional.

En el caso de Abelino, se solicitó en dos ocasiones antes de la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público, el 13 de marzo y 19 de abril; el juez Edgar Aníbal Arteaga no concedió la libertad condicional y las resoluciones fueron apeladas en la sala de apelaciones de Izabal, las mismas fueron declaradas sin lugar.

Para la abogada Jovita Tzul, la prisión preventiva “es un mecanismo para desmovilizar a las comunidades, estigmatizando a sus líderes, porque prima la idea de que quien está en la cárcel es un delincuente”.

Una etapa intermedia que dura casi un año

En los actos conclusivos, el Ministerio Público pidió que se cerrara provisionalmente el caso por un año, ante la falta de medios de investigación.

En la audiencia que se realizó el 3 de junio, donde se discutió el conclusivo, la defensa de Chub alegó que se cerrara el caso y se ordenara la libertad inmediata de Abelino Chub. En esta audiencia el juez ordenó que la fiscalía acusara a Abelino Chub.

Si bien la ley faculta al juez a ordenar a la fiscalía a acusar a una persona, a criterio del abogado Juan Castro “no se llenaron los presupuestos, lo que evidencia que el juez (Édgar Arteaga) tiene intereses en criminalizar”.

En la audiencia de la etapa intermedia del 31 de julio, la defensa presentó por escrito una recusación contra el juez, misma fue rechazada. También se solicitó la suspensión de la audiencia, a la que accedió el juez.

Antes de que se terminara la audiencia, el juez Arteaga López notificó a las partes que la Sala de Apelaciones de Izabal aceptó la apelación de las empresas querellantes sobre el delito de asociación ilícita.

El Ministerio Público, interpuso un recurso de apelación en la Sala de Apelaciones de Izabal contra el juez, por haber obligado una acusación contra Abelino Chub sin pruebas, lo que le fue otorgado. Ante la resolución de la Sala, el Ministerio Público solicitó a la Cámara Penal que sea trasladado el caso a un juzgado de Mayor Riesgo. La solicitud fue conocida el 17 de noviembre, a lo que el querellante se opuso, la defensa técnica argumentó que con el traslado del caso al juzgado de Mayor Riesgo se muestra la falta de confianza en los juzgados de los departamentos.

“La defensa apoyó la petición del MP porque nuestro defendido había sido sometido a tratos infrahumanos en el traslado a veces pasaba cuatro días sin bañarse (…)” indicó la abogada Tzul.

La Cámara Penal nombró al juzgado de Mayor Riesgo A, bajo la responsabilidad de la jueza Claudette Domínguez. Ya en el juzgado en la Ciudad de Guatemala, se suspendió en dos ocasiones la audiencia de actos conclusivos (el 28 de marzo, el sistema penitenciario no trasladó a Abelino Chub, y El 29 de abril, la representante legal de las empresas, no se presentó).

Al fin, el martes 8 de mayo,a las 2 de la tarde, se llevó a cabo la audiencia de actos conclusivos, por los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. En esta audiencia el abogado Carlos Manuel Ovalle de las empresas querellantes, desató su furia contra Abelino Chub al pedir a la jueza que sea enviado a juicio. En el caso del Ministerio Público, a pesar de que un año antes había solicitado que se cerrara el caso por delitos de usurpación agravada e incendio, en esta audiencia manifestó lo contrario. La jueza Claudette Domínguez, envió ese día a juicio a Abelino Chub.

Ese mismo día se discutió la revisión de medidas de coerción de Abelino, la cual fue negada por la jueza Domínguez, tras una intervención agresiva de Manuel Ovalle.

El juicio, a casi un año de espera

Dos semanas después se realizó la audiencia de aceptación de pruebas donde se indicó la apertura del juicio el 26 de junio de 2018, posteriormente se notificó a las partes que se trasladó la apertura al lunes 22 de abril de 2019.

Este lunes 22 de abril, Abelino Chub llegará ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por la jueza presidente, Jazmín Barrios, la jueza Patricia Bustamante y el juez Gerber Sical. Chub testificará su inocencia y su defensa lo probará. También se escuchará la situación de las comunidades de Izabal afectadas por la usurpación de tierras por terratenientes.

Abelino Chub Caal: juicio y castigo a un promotor q´eqchí

por CMI-G

La Jueza A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez Guerrero, decidió enviar a debate oral y público a Abelino Chub Caal, en una resolución tomada durante la audiencia judicial del 8 de mayo de 2018. El controversial caso, en el que finqueros bananeros en El Estor han individualizado en su persona un conflicto histórico de tierras, tiene la intención de aplacar los derechos reclamados por comunidades q´eqchí en una de las zonas con más conflictos agrarios del país, y donde se han asentado grandes fincas bananeras y de palma africana.
Los bemoles de un caso y de una jueza controversial

La resolución de la jueza Claudette Domínguez Guerrero no fue del agrado de los abogados de la defensa del promotor social Abelino Chub Caal. Se había solicitado medida sustitutiva, pero la parte demandante, a cargo del abogado Carlos Manuel Ovalle Leranoz, se opuso. En consecuencia, Chub Caal deberá enfrentar juicio. Ligado a proceso, Chub Caal deberá esperar hasta el 29 de mayo, cuando será la audiencia de presentación u ofrecimiento de pruebas, y allí fijará la audiencia para inicio de debate por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita e incendio.

Chub Caal es un promotor social y comunitario de la Fundación Guillermo Toriello (FGT) que viene acompañando desde hace más de una década a las comunidades asentadas en las sierras cercanas al Lago Izabal y en la cuenca del Río Polochic en el municipio de El Estor, Izabal, de acuerdo con la FGT. Trabaja en el equipo territorial de la FGT como técnico y promotor social.

Chub Caal fue detenido el 4 de febrero de 2017, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por orden del juez Edgar Aníbal Arteaga López. Fue acusado de haber cometido los delitos de “usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupación ilegal de gente armada”. Cinco cargos absurdos, dice la FGT, “sin fundamento ni prueba alguna, construidos por finqueros de la zona, obviamente con la intención de impedir su actividad de acompañamiento y defensa de las comunidades que luchan por el derecho a la tierra y los derechos del Pueblo Maya Q’eqchi. Tiene 33 años; es padre de dos niños y estudiante universitario próximo a graduarse.”

En aquel momento, la parte acusadora era representada por la abogada Gilda Aguilar, quien en ese momento era parte del bufete de Moisés Galindo, abogado que guarda prisión preventiva por lavado de dinero en el caso Caja de Pandora, que investiga el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según datos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) la dirección de ese bufete también es la misma de la Fundación contra el Terrorismo, que dirige Ricardo Méndez-Ruiz y de la cual forma parte Moisés Galindo.

Un artículo del medio digital Plaza Pública, indicó que la de Abelino Chub “es una acusación menguante pero que le mantiene en la cárcel. Cuando lo arrestaron, le cargaban con cinco delitos: usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupaciones ilegales de gente armada.” En la audiencia de primera declaración, el juez Arteaga López le retiró los tres últimos. “Lo que se esconde detrás de letras tan gruesas es una imputación por “instigar” una ocupación de tierras y un incendio en la finca Plan Grande, en el municipio del Estor. Es decir, que el marco de toda esta operación es un conflicto por territorio, como otros tantos en los que Chub ha intervenido en sus acompañamientos a las comunidades en el Polochic.”

“Los finqueros acusan a los campesinos de tomar lo que no era suyo. Por si acaso, todavía no se han presentado los peritajes sobre el historial de registro de la propiedad de las tierras. Tampoco las empresas Inversiones Cobra S.A., CXI Sociedad Anónima, Agrícola Industrial Sociedad Anónima y Bananera Izabal Sociedad Anónima, que aparecen como damnificadas, el correspondiente certificado histórico de inscripción en el registro mercantil.”

Tras aquella resolución, el Juez Arteaga López trasladó el caso a Tribunal A de Mayor Riesgo, a cargo de Domínguez Guerrero. Controversial por resoluciones que involucran casos de militares, a Domínguez Guerrero se le separó del caso del general Erick Fernando Melgar Padilla, luego del amparo presentado por el MP y la CICIG, por retirarle la orden de captura por el caso que se investiga en relación con la muerte de su padre, donde los sospechosos principales son precisamente los hermanos Melgar Padilla, incluido el diputado Herber Melgar Padilla.

Previamente, Domínguez Guerrero había retirado el arraigo al hoy prófugo coronel y diputado (sin derecho a antejuicio) Edgar Justino Ovalle Maldonado, acusado de desapariciones forzadas en el caso Creompaz. La jueza también es conocida por tener como hermana a la Mayor Asimilada del Ejército, Klelia Xiomara Domínguez Guerrero.
Las empresas acusadoras

Dos son las empresas que acusan a Abelino Chub Caal: Inversiones Cobra, S.A. y CXI, S.A.. El abogado de la parte acusadora es Carlos Manuel Ovalle Leranoz. Ambas empresas pertenecen al Grupo Sion, una corporación de empresas bananeras, ganaderas, de palma africana y cañeras ubicadas en los departamentos de Izabal y Escuintla.

Las dos empresas están conectadas con la finca bananera El Murciélago (conocida también como Finca Cobra), en las orillas del Lago Izabal, en los límites municipales de El Estor y Livingston, en la que está asociado el terrateniente Miguel Ángel Arriaza Migoya, quien también aparece como Gerente General de la Bananera del Atlántico S.A., que tiene sede en la Finca San Juan La Selva, en La Gomera, Escuintla, de su propiedad. Bananera del Atlántico también pertenece al Grupo Sión.

Del Grupo Sion se ha identificado las siguientes empresas: Agro Atlantic, S.A.; Basan, S.A.; Bananera Izabal, S.A., Bananera del Atlántico, S.A., Mig, S.A.; Corporación Primavera, Banabat, S.A. … S.A., Agropecuaria Tunico (ya disuelta); Aloha, S.A.; Banabat, S.A.; Bananera del Norte, S.A.; Inmobiliaria Platino, S.A.; Agrícola Industrial, S.A.; Transportes Toto, S.A.; Finca San Juan La Selva; Agrícola Rax, S.A.; IAN, S.A.; y El Real, S.A.

De acuerdo con la página de Guatecompras, muchas de esas empresas tienen en común compartir direcciones, números de teléfono o tienen la representación legal o el haber sido constituidas por los mismos abogados: Erick Orlando Ovalle Martínez, cuyo bufete Ovalle y Ovalle y Procesos Legales, S.A., son dirigidos junto a su hijo Erick Alfonso Ovalle Lenaroz, hermano del abogado acusador de Chub Caal, Carlos Manuerl Ovalle Leranoz, quien integra otro bufete: Cordón, Ovalle & Asociados, pero quien estuvo asociado al bufete de su padre, en el Edificio Géminis 10, años atrás.

El nombre del terrateniente Miguel Ángel Arriaza Migoya, el de su esposa Patricia María Esquivel Font y de su hijo Alejandro Arriaza Esquivel, Consultor del Grupo Sion, son quienes aparecen detrás de esas empresas. Los hermanos del empresario también tienen importantes conexiones con poderosos agroexportadores e industriales, y empresarios inmobiliarios.

El terrateniente es reconocido dentro del sector bananero, y el mundo terrateniente de la costa sur. El apellido Arriaza Migoya aparece asociado a financieras y a poderosos empresarios industriales. Igualmente, a propiedades y fincas en El Estor.

En el caso de la esposa Esquivel Font, costarricense, preside la Asociación por el Derecho a Vivir, una organización religiosa de donde se presume surge la conexión del nombre Grupo Sion.

Los esposos Arriaza Migoya y Esquivel Font, arrastran un fuerte caso de estafa, donde el demandante fue el Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

Los artículos fueron publicados originalmente en Prensa Comunitaria Y CMI

Comparte, si te gusto