El papel de las municipalidades en la gestión ambiental del país.

Danilo Ovando

En nuestro país, la división político administrativa le otorga a las municipalidades las facultades para ejercer plenamente el gobierno en sus territorios debidamente delimitados, la integración de este cuerpo colegiado es por una corporación edil conformada por el Alcalde o Alcaldesa, síndicos y concejales.

Como tal, el gobierno municipal, tiene toda la obligación y potestades en ley para la deliberación y toma de decisiones al respecto de la ejecución presupuestaria y el pleno mejoramiento o implementación de todas aquellas políticas públicas locales que se consideren necesarias para invertir ecuánimemente los recursos con que se cuente, y que toda la población tenga acceso al mejoramiento constante de la calidad de vida, entre estos temas el ambiental debe ser prioridad.

La legislación de sustento

Al Código municipal Decreto Legislativo 12-2002 y sus modificaciones subsecuentes, se le puede considerar la ley rectora en materia de gobernanza y gobernabilidad que facilita los principios fundamentales de su ejercicio, ratificando la autonomía establecida en la Constitución Política de la República. El Ministerio de Finanzas Públicas es un ente clave para la ejecución del presupuesto y también la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, asimismo, SEGEPLAN que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, facilita la programación de obras mediante la aplicación al sistema nacional de inversión pública SNIP.

Por otra parte, los alcances de la autonomía tienen incidencia directa en la administración y disposición de los recursos que se cuenten y adquieran, sean estos provenientes del presupuesto anual de ingresos y egresos del estado o los captados localmente conocidos comúnmente como ingresos propios y se derivan de las tasas, arbitrios y otras denominaciones como contribuciones por mejoras, el impuesto único sobre inmuebles IUSI, donaciones, etc.

Los egresos de toda municipalidad están contemplados en dos formas: funcionamiento e inversión, el funcionamiento agrupa a todas las erogaciones que hacen posible que la entidad funcione como tal, es decir incluye entre otros gastos al personal e insumos, por citar dos ejemplos. Por su parte la inversión se refiere al aporte en infraestructura y otros que permiten la ejecución de proyectos con el afán de mejorar la calidad de vida de los vecinos beneficiarios directos o indirectos.

En este orden de ideas, el Sistema de Consejos de Desarrollo SISCODE por medio de la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto Legislativo 11-2002, facilita la integración de las organizaciones sociales a sus planes de desarrollo promoviendo plenamente la participación ciudadana en la toma de decisiones.

El SISCODE tiene cinco niveles, y el primer nivel lo tiene el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Y Rural –CONADUR- y seguidamente el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural -COREDUR- en ambos los alcaldes tienen representación por medio de sus delegados electos debidamente para tales efectos.
En el tercer nivel que es el Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, el alcalde tiene la potestad plena de la gestión directa en el ámbito de sus requerimientos correspondientes los cuales van relacionados directamente con la planificación y priorización de la inversión ligado al cuarto nivel que es el Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE presidido por dicho funcionario que es el reflejo de los requerimientos de los vecinos a través del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE que es la quinta instancia en donde las comunidades representadas bajo este sistema deben ordenar sus prioridades y requerimientos de inversión local.

De acuerdo a lo anterior, las municipalidades tienen suficiente legislación al respecto de su actuar, en donde la gestión ambiental debe considerarse un tema transversal y prioritario dadas las condiciones en que actualmente nos encontramos y de esa forma contribuir de manera directa al desarrollo integral de los vecinos, dado que el eje de Protección ambiental es también una prioridad dentro del sistema de programación del Ministerio de Finanzas Públicas según lo establece el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala.

Acerca de la incidencia ambiental municipal
La articulación de políticas públicas relacionadas con la gestión ambiental local no supone un asunto complicado, por lo contrario, cada municipalidad tiene dentro de su estructura legal los suficientes insumos para realizar interacciones y establecer inversiones al respecto, es decir que no se requiere de mayor esfuerzo pero si muy importante la consideración de la magnitud del problema ambiental.

A continuación se presentan cinco alternativas en donde la municipalidad tiene la potestad de incidir adecuadamente al respecto de la gestión ambiental local:

Las comisiones de trabajo
Según el Código Municipal (artículo 36), en la primera sesión ordinaria de cada año, el concejo edil tiene que conformar las comisiones de trabajo que considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, para ello existen nueve comisiones obligatorias en donde se encuentra la denominada: Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales; por lo que se tiene el argumento y fundamento legal correspondiente. Asimismo, el mismo artículo indica que cada municipalidad tiene la potestad de organizar otras comisiones además de las obligatorias, ello implica que aún puede interiorizarse en el tema ambiental si así fuese el caso.

Las dependencias municipales afines a la gestión ambiental
Dentro de las dependencias existentes y comunes que tienen relación directa con la gestión ambiental se pueden mencionar a la Dirección Municipal de Planificación DMP, La Dirección Municipal de la Mujer, La Unidad de Gestión Ambiental UGAM e inclusive algunas específicas en determinados municipios. Su función también tiene el alcance de constituirse en el brazo operativo de las políticas públicas locales y realizar acciones de trascendencia a todo nivel. Es importante aclarar que el código municipal establece que cada municipalidad puede contratar otros funcionarios dependiendo de los volúmenes de trabajo que se tengan y desde luego de la disponibilidad de recursos con que se cuente, ello es una alternativa en el caso que la gestión ambiental pueda requerirlo.

El plan de ordenamiento territorial POT
Esta herramienta permite instituir un modelo de desarrollo equitativo para la sostenibilidad social, económica y por supuesto ambiental en donde se establezcan áreas de acuerdo a cada componente y por lo consiguiente se busque el equilibrio en lo que concierne a la calidad de vida de los vecinos.

El plan de ordenamiento territorial tiene incidencia en la gestión del riesgo y dadas las características de nuestro país con sus altas vulnerabilidades al respecto, hay que considerar que existe una población que vive en zonas de riesgo constante y que cuya área de incidencia puede ampliarse de no actuar como debe ser. Fundamentalmente el POT facilita procesos que vayan también en la dirección de la gestión ambiental local en muchos de los ámbitos de la interacción de la sociedad y su implementación debe considerarse imprescindible e impostergable.

El agua
El suministro de agua potable es una obligación legal de la municipalidad, cuya trascendencia hacia los proyectos de construcción de viviendas implica que para que estos sean autorizados deben contar con los servicios básicos correspondientes. La administración del agua vecinal requiere de un mejoramiento constante dado el crecimiento poblacional que es inversamente proporcional a la disponibilidad del vital líquido lo que tiene relación directa con el deterioro ambiental y el cuidado de las fuentes de recarga hídrica, lo que en las condiciones actuales supone un proceso irreversible por lo que no se pueden postergar acciones al respecto, incluyendo lo concerniente a los mantos freáticos que cada día incrementa la distancia de captación de este recurso.

Las aguas residuales
Acerca de este tema, existe suficiente legislación al respecto, sin embargo para nadie es un secreto que algunos lineamientos vienen postergándose de tal manera que la voluntad política parece no ir en dirección de la necesidad de mantener el equilibrio ambiental, prueba de ello es que en la actualidad no existe mayor inversión al respecto de las plantas de tratamiento de aguas residuales y se sigue contaminando cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos en la mayoría de los municipios. Ante este escenario, debe prevalecer la conciencia ambiental y el legado que debemos de dejar para nuestras próximas generaciones en espera que de aquí en adelante ninguna instancia o poder del estado promuevan postergar nuevamente lo establecido en ley, especialmente en este año electoral.

Los manuales y reglamentos municipales
El Código Municipal también menciona que para el ejercicio pleno de sus funciones, la municipalidad puede crear los manuales y reglamentos que considere convenientes, ello también va en la dirección de modificar los ya existentes y por supuesto incidir de manera directa en la gestión ambiental local mediante la adición de artículos y ordenanzas que promuevan el equilibrio al respecto.

Conclusiones
• Existe una legislación abundante al respecto de la incidencia positiva para procurar el equilibrio ambiental a nivel local.
• El gobierno municipal tiene la potestad de establecer sus prioridades y estructurar cada presupuesto para priorizar lo concerniente a la gestión ambiental.
• Es imprescindible que las acciones sean concretas y adecuadas evitando los paliativos que solamente contribuyen a incrementar los daños al ambiente.
• Es necesario que cada administración municipal ejerza su mandato como corresponde, en donde debe prevalecer la visión de desarrollo integral sin discriminación alguna haciendo énfasis en que le bien común debe prevalecer sobre el particular.
• Se debe considerar a toda la República como un sistema global en donde lo que se realice en un municipio puede afectar a otro, especialmente en el tema ambiental con la contaminación de los mantos freáticos superficiales y otros aspectos afines.