Criminales de guerra piden a gritos impunidad

Por Nelton Rivera

Los diputados del Congreso de Guatemala protagonizaron otra vergonzosa jornada legislativa, esta vez, con 83 votos a favor . El llamado Pacto de Corruptos aprobó modificar la “ley de Reconciliación Nacional: decreto 145-96”, una polémica ley con la que buscan los militares que no se les juzgue por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra. En su artículo 8 señala que “la extinción de responsabilidad penal no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada”.

Para retorcer las leyes delegaron la tarea en un grupo de diputados y diputadas, acusados de favorecer la impunidad, encabezados por Linares Beltranena, un veterano representante de la extrema derecha en el país. Beltranena ha insistido en beneficiar a los miliares que se encuentran en prisión preventiva actualmente, la propuesta de modificación podría ir más lejos aún y otorgarle una especie de perdón judicial a quienes ya fueron sentenciados en los tribunales de mayor riesgo, detener los procesos abiertos y cerrar toda causa judicial futura. Con lo que convertirían a Guatemala en el paraíso de la impunidad.

Casos abiertos, como el de la zona militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz “Coronel Antonio José de Irisarri”, ahora Creompaz, son de los procesos penales en la mira de los proimpunidad. El excoronel Edgar Justino Ovalle Maldonado (alias “Puñalito”), es uno de los acusados. Este diputado, prófugo de la justicia, era miembro de Avemilgua y una de las cabezas de la llamada “juntita” militar que gobierna detrás de Jimmy Morales. Ovalle Maldonado se encuentra prófugo desde marzo del 2017, probablemente muy lejos del país.

La tarde de ayer, los diputados rompieron el orden de la agenda legislativa para entrar a conocer en primera lectura la modificación del decreto 145-96. En el palco del Congreso se ubicó un grupo de militares con chalecos celestes y familiares de militares, quienes protagonizaron a gritos el bochornoso apoyo de los diputados durante la votación.

En esta porra de gritones, estuvo la señora María Elena Winter, esposa del general Benedicto Lucas García, condenado a 58 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y por la detención y violación sexual de Emma Molina Theissen en 1981.

Sentencias como el caso del genocidio contra el pueblo ixil, la quema de la embajada de España, Sepur Zarco, Dos Erres, Molina Theissen, entre otros, sentaron jurisprudencia sobre la responsabilidad y participación de los oficiales del Ejército, del Estado y de otros civiles en delitos de lesa humanidad que no prescriben y que forman parte de los delitos de derecho internacional más graves, ratificados por Guatemala y que actualmente forman parte de la legislación nacional.

Parece que la crisis política, el desacato a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, los antejuicios contra los magistrados de la CC, la presión de las mineras e hidroeléctricas, sumado a la expulsión a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) del país, alienta a los militares y sus organizaciones a promover más acciones inconstitucionales. Buscan, en su vejez, que el manto de la impunidad los siga protegiendo.

Fuente Prensa Comunitaria
http://www.prensacomunitaria.org/
Fotos Nelton Rivera

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