Análisis de la situación actual en Guatemala

Introducción

El presente documento analiza la coyuntura actual en Guatemala, fijando su atención en un elemento esencial de la democracia representativa (separación e independencia de lospoderes públicos) y en dos componentes fundamentales para el ejercicio de la democracia (la transparencia de las actividades gubernamentales y la libertad de expresión y de prensa).

La presente afectación de los elementos mencionados en Guatemala provoca que otros pilares del Estado de Derecho y de la Democracia, sean consecuentemente afectados. En la coyuntura actual, estos tres aspectos están siendo impactadospor los actos gubernamentales, desde que el Presidente de la República Jimmy Morales declarara persona non grata en agosto de 2017, al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Abogado Iván Velásquez[1].


La coyuntura actual socava las tres premisas básicas de la Carta Democrática. Es decir, que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de cualquier país; que debe existir una subordinación constitucional de las instituciones del Estado, a la autoridad civil legalmente constituida; y que el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad, son igualmente fundamentales para la democracia .

La coyuntura actual nos permite preveer graves efectos para la democracia guatemalteca si no se logran implementar a la mayor brevedad posible, diferentes medidas preventivas. El año 2019 será un año decisivo, ya que contempla la implementación de dos procesos electorales de enorme importancia para el Estado de Derecho en Guatemala.

Se requiere entonces, impulsar los siguientes procesos electorales, de forma tal que permitan acceder a las responsabilidades relevantes a las personas más idóneas y honestas: a) elecciones de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones (proceso que se inicia ya en enero de 2019); y b) celebración de elecciones generales para elegir Presidente, Vicepresidente, Diputados al Congreso de la República y Alcaldes (la convocatoria será en enero 2019, el inicio de campaña marzo de 2019 y la primera vuelta junio de 2019).

Además, debe observarse con particular atención un tercer proceso electoral que necesariamente gravitará en las elecciones al Poder Judicial: la elección de representantes del Colegio de Abogados para participar en la elección de altas cortes y elección de Presidente, Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (enero y febrero de 2019).[2]

Para que estos cruciales procesos tengan un buen desenlace, es imprescindible que la CICIG desarrolle sus funciones sin las interferencias que está experimentando hoy desde hace ya más de un año[3]. Para esto, se deben adoptar medidas preventivas y correctivas, dirigidas al fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. El siguiente análisis se ofrece para facilitar procesos de discusión orientados a fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, así como la discusión sobre un posible uso de la Carta Democrática Interamericana en la actual coyuntura. Efectivamente, la Carta ofrece la posibilidad de realizar una apreciación colectiva de la situación en Guatemala (artículos 18 y 19 de la Carta) y este mecanismo tiene a su vez, el potencial de redundar en importantes beneficios para el país y su gente.

La transparencia de las actividades gubernamentales

El establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), ha tenido en Guatemala un impacto muy positivo para el Estado de Derecho[4].

Su presencia en el país ha sido invaluable y así es reconocido por la opinión pública guatemalteca[5]. Para ilustrar su importancia, podemos citar, entre otros, tres efectos fundamentales de su trabajo: a) la CICIG inicia un proceso para desactivar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad enquistados en el Estado de Guatemala; b) detecta la grave situación de la corrupción e impunidad en Guatemala e informa al respecto a la ciudadanía[6]; y c) propone y lidera un proceso de reforma constitucional (que fue luego desactivado y archivado en el Congreso de la República[7]).7

La lucha por la transparencia en Guatemala avanzó considerablemente con la presencia de la CICIG. El alto impacto del Caso La Línea (2015), ha provocado un conocimiento preciso de los altos niveles de corrupción en el Estado. Como lo afirma la CICIG, “el caso la Línea es amplio en su alcance, además de paradigmático, en cuanto mostró la forma de operar de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) dentro del Estado, esto es, mediante la utilización de ventajas y privilegios politicos –del más alto nivel- como base para diseñar una estructura paralela que se hizo del control de la administración tributaria y generó ganancias millonarias para todos sus integrantes en varias escalas incluyendo a los entonces Presidente y Vice Presidenta de la República, bajo un esquema de recepción de sobornos provenientes de la defraudación de impuestos[8].”

La CICIG ha demostrado con los diferentes casos judicializados, cómo se inicia el proceso de corrupción con sobornos individuales y cómo se alcanza a los partidos políticos – que hacen alianzas con el crimen organizado- , para controlar el presupuesto del Estado y de la obra pública. Los casos que la CICIG lleva a los tribunales, incluyen situaciones de financiamiento electoral ilícito. Es crucial aclarar estos casos para sanear y fortalecer los partidos y organizaciones políticas; dato esencial para la democracia.

Además, involucran al sector privado al más alto nivel; ponen de manifiesto la problemática de los altos costos de las campañas electorales y llaman la atención acerca de la necesidad de establecer un régimen equilibrado y transparente de financiación de las actividades de los partidos y organizaciones políticas.

El exhaustivo trabajo de la CICIG en este tema trajo como consecuencia que el Presidente Jimmy Morales, lanzara una campaña contra la CICIG y su comisionado Iván Velásquez. Ésta se inicia con la declaración de persona non grata a Iván Velásquez (agosto de 2017) y un año más tarde (agosto de 2018), se profundiza con el anuncio del Presidente de que su gobierno no renovará el mandato de la CICIG. Posteriormente se prohíbe el ingreso del comisionado Velásquez al país. Y a finales de 2018, se expulsa a 11 funcionarios clave de la CICIG. Ellos tienen relación con casos específicos, investigadores policiales, legales y financieros y algunos incluso con hijos y esposa o esposo guatemalteco.[9][10]

Ante las acciones penales por corrupción se esperaba una reacción violenta por parte de los funcionarios y otras personas investigadas[11].11 Así se suceden campañas de difamación en contra de jueces independientes, amenazas a los defensores de derechos humanos, asesinatos de dirigentes comunitarios, todo ello, dirigido a afectar la participación ciudadana. Paulatinamente, se presenta un deterioro en el respeto a los derechos humanos que se intensifica actualmente y posiblemente siga en aumento, si no se adoptan las medidas preventivas y correctivas necesarias.

Algunos analistas consideran que la gestión del Presidente Morales se desliza hacia un régimen autoritario[12]. Existe un irrespeto generalizado de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, que de persistir, podría acercarse al umbral de “ruptura del orden constitucional” que afecta el orden democrático.

La independencia judicial y la separación de los poderes públicos

La Independencia Judicial es quizá el principio democrático más afectado en los últimos años en Guatemala. Para llevar a cabo una lucha efectiva contra la impunidad y corrupción en Guatemala, es imprescindible contar con un Poder Judicial fuerte y con jueces imparciales e independientes. Desde la firma de la paz en Guatemala, se acordó que la independencia judicial debe ser promovida al más alto nivel, e incluso, se deben introducir las reformas constitucionales que garanticen a las y los jueces, un estatuto estable y confiable.

La Comisión Internacional de Juristas ha centrado parte de sus esfuerzos en la defensa de la independencia judicial en Centroamérica. En diferentes comunicados sobre Guatemala, ha asumido la defensa de las y los jueces de mayor riesgo como Miguel Ángel Gálvez, Yasmin Barrios, Ericka Aifán, Pablo Xitumul, Ángela Noemí Téllez Hernández, Carlos Giovanni Ruano Pineda, Haroldo Vásquez y Dinora Martínez, entre otros[13] , quienes han jugado un papel importante en la lucha contra la corrupcion y la impunidad. Las amenazas y campañas de difamación que han sufrido, las denuncias infundadas ante el Consejo de la Carrera Judicial, las solicitudes de antejuicio en su contra, han quedado registradas en los comunicados e informes de diferentes organizaciones no gubernamentales.[14][15]

La Corte de Constitucionalidad (CC) ha debido resolver múltiples recursos de amparo, relacionados con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), con la declaratoria de persona non grata del comisionado Velásquez, con la no prórroga del mandato de la CICIG, así como con la prohibición a dicho comisionado de ingresar al país. El 19 de septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Presidente Morales, a los Ministros de Gobernación y Defensa, así como al Director de la Policía Nacional Civil y a otras autoridades migratorias, que se abstengan de emitir y obedecer órdenes que impidan el ingreso a Guatemala del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.[16] El Presidente de la República ha expresado que no está obligado a acatar órdenes ilegales, oponiéndose a diferentes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.[17]

La Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones a favor del respeto del Estado de Derecho y se ha constituido en una de las pocas instituciones gubernamentales (junto al Procurador de los Derechos Humanos y las y los jueces independientes), que ponen límites al ejercicio del poder público. Consideramos que, con sus resoluciones, la CC está obligando a diferentes funcionarios a ejercer el poder público con sujeción al Estado de Derecho.

Como reacción contra las acciones de la CC en defensa del Estado de Derecho, la Procuraduría General de la Nación presentó querella en contra de los tres magistrados de la CC que firmaron estas resoluciones. Si bien estos tres jueces son ampliamente reconocidos por su independencia e imparcialidad, se les ataca por medio de una querella judicial que transgrede normas del orden constitucional, así como los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura. Las presiones contra dichos magistrados han generado expresiones de preocupación de la comunidad internacional.[18]

Lamentablemente, las últimas resoluciones relacionadas con la CICIG, no han sido respetadas por el Presidente de la República y otros funcionarios y de esta forma, se está socavando el Estado de Derecho y la autoridad del Tribunal Constitucional.[19] El Presidente Morales ha calificado dichas resoluciones como ilegales y aducido que, por lo tanto, no está obligado a cumplirlas. De esta forma, ignora que dichas resoluciones vienen de un órgano jurisdiccional e irrespeta el principio de la División de Poderes. Además, vale la pena recordar que el principio que protege a funcionarios de no cumplir órdenes que resulten ilegales, es de carácter administrativo y en este caso, se trata de una resolución judicial, resoluciones que sólo pueden ser cuestionadas mediante la interposición de los recursos respectivos.

Al mismo tiempo, si bien diferentes asociaciones de jueces, ONGs y otros, se han pronunciado a favor del respeto a las y los jueces independientes, la situación es muy compleja y se debe reconocer que algunos jueces también son cómplices en sus resoluciones y cometen el delito de prevaricato. Algunos han sido considerados por la CICIG, como “jueces de la impunidad”[20] y utilizados por el poder público, para lograr impulsar acciones a favor de la impunidad y alcanzar beneficios personales. Ante este fenómeno, la CICIG ha iniciado un proceso de depuración del Sistema de Justicia.

Por ejemplo, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieron que apartarse de dicha corte y dos de ellos fueron ligados a proceso y se les dictó prisión preventiva. Una magistrada está siendo procesada y actualmente goza de medida sustitutiva, después de estar detenida por un año y ocho meses aproximadamente. No se permitió el acceso a la prensa en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, en el que se desarrolló la audiencia de revisión de medida. La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas, lo cual es totalmente ilegal y contraviene el principio de “publicidad de los procesos penales”. El otro, fue beneficiado con arresto domiciliario.[21] Y el tercero aún no ha prestado su primera declaración.

De esta forma, podemos notar que la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector judicial es un fenómeno dual: por un lado, existen jueces

independientes e imparciales que actúan con independencia e imparcialidad y emiten resoluciones para hacer avanzar la lucha contra dichos fenómenos criminales; sin embargo, por el otro, el Poder Judicial sigue actuando con muy poca independencia e influenciado por los intereses personales de funcionarios públicos acusados de actos graves de corrupción. El caso mencionado con anterioridad de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, es uno de ellos; otros dos magistrados tuvieron que separarse de la Corte Suprema de Justicia, para enfrentar a la Justicia, por hechos relacionados con corrupción. Finalmente, la CICIG ha informado acerca de otros casos penales en contra de jueces y juezas.[22]

La Libertad de Expresión y de Prensa

La libertad de expresión y de prensa son fundamentales en el ejercicio de la democracia. Estos derechos han sido afectados en Guatemala desde antes que se iniciara la actual crisis institucional en el país. Ello se traduce en los ataques que sufren muchos periodistas en el país, ataques que no han sido esclarecidos, a pesar de que dos periodistas han sido asesinados. La crisis actual ha deteriorado aún más la situación del derecho de libertad de expresión.[23]

Después de la crisis de 2015, que finalizó con la dimisión, detención y proceso penal en contra del Presidente y Vice Presidenta de la República y que inició una lucha contra la corrupción sin precedentes en el país, la libertad de expresión y de prensa se convirtió en el centro de ataques de diferente índole.[24]

El Diario escrito vespertino La Hora, asumió la defensa de la lucha contra la corrupción y la impunidad como parte de su quehacer diario. De esta forma, la lucha contra la corrupción y la impunidad dio un salto cualitativo y sin precedentes en el país.[25] Por primera vez en la historia reciente de Guatemala, un diario escrito asumió en forma decidida, la lucha contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El Diario La Hora inició desde antes del año 2015, la “Campaña Cívica Anticorrupción”, que destina una página completa diariamente en dicho periódico, para promover y apoyar la lucha contra la corrupción e impunidad. Además, intensificó y abrió más espacios para la Sociedad Civil, que lucha en contra de la corrupción e impunidad. De esta forma, el diario La Hora también está promoviendo la participación ciudadana, que es tan necesaria para desarrollar más la Democracia.[26]

Se debe reconocer que este esfuerzo vino a dar un nuevo impulso a las acciones de la Sociedad Civil en contra de la corrupción e impunidad. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar: pronto el Estado dedidió afectar la economía de dicho medio de comunicación. El Congreso de la República aprobó una ley por medio de la cual los avisos notariales vinculados a la tarea de Notarios Públicos, ya no se deben llevar a cabo en un diario de mayor circulación, como se daba en el pasado, sino que por medios digitales en el Diario Oficial.[27]27 La intención real de dicha medida, es otra: afectar económicamente al diario La Hora, debido a la función que cumple en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

A manera de conclusión

La coyuntura actual demanda que se adopten medidas urgentes de carácter preventivo y correctivo y someter el caso de Guatemala a una apreciación colectiva. La Carta Democrática Interamericana constituye un instrumento regional de

trascendencia para la defensa del Estado de Derecho. Contiene en su capítulo IV diferentes normas para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Estas normas podrían constituir un camino o vía jurídica, que contribuyera a encontrar una salida de la crisis que atraviesa Guatemala.

En Guatemala, la coyuntura actual demuestra que se está presentando una “alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático”. Esta coyuntura indica que si persiste la crisis, podría llegar a darse el supuesto de la “ruptura del orden democrático”, lo cual traería consecuencias graves para el respeto de los derechos humanos. En relación con los últimos procesos electorales del año que se inicia, los mismos podrían llegar a implementarse con muy bajos estándares de transparencia, lo cual debilitaría aún más el Estado de Derecho.

El artículo 18 desarrolla los mecanismos que pueden ser utilizados para hacer un “análisis de la situación” (disponer visitas y otras gestiones). La Carta estableció mecanismos bastante amplios, precisamente para permitir que situaciones complejas como la que se presenta en Guatemala, pueda ser analizada de “manera colectiva”, de llegar al Consejo Permanente.

La situación compleja y polarizada que se presenta en Guatemala, demanda que se lleve a cabo este esfuerzo. El Grupo de los 13 (principales países donantes que se reúnen periódicamente, con una Presidencia rotativa), después del anuncio del Presidente de no prorrogar el mandato de la CICIG, ofreció sus buenos oficios para mediar en el asunto.[28] En este contexto el recurso de la “valoración colectiva” que la Carta ofrece, bien podría ser aprovechado para rescatar el Estado de Derecho.

Guatemala, 29 de diciembre de 2018

[1] La CIJ ha sostenido que en la coyuntura actual, también se afecta seriamente el ejercicio de la abogacía, a la luz de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, sobre la Función de los Abogados y de las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales.

[2] Según el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala, primer párrafo “los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiseis candidato propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de Rectores de las Universidades del país, quien la preside; los Decanos de las facultades de Derechos o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.”

[3] Ver https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/
todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo/?utm_source=nomada_ux “En este artículo se explica porqué se firmó el último contrato que busca desgastar la imagen de la CICIG en Washington, con financiamiento de grandes empresarios. Si no es garantizarse la impunidad, ¿Qué es lo que buscan con estos lobby? ¿Por qué odian a la CICIG?…” Medio digital Nomada.

[4] No podemos incluir en el presente documento todas las apreciaciones y logros de la CICIG. Se trata de una experiencia, de las más exitosas y única en el mundo, para la lucha contra la corrupción e impunidad. Es muy importante entonces consultar sus informes (hasta el momento se han emitido once informes.) El Informe Undécimo, corresponde al año 2018. Todos los informes contienen datos, análisis y explicación de casos relacionados con el fenómeno de la corrupción, en los que la CICIG ha actuado como querellante adhesivo, cuya lectura resulta obligatoria para comprender a cabalidad la coyuntura actual. Ver www.cicig.org

[5] Ver encuesta propia realizada por Luis von Ahn. Según el jurista guatemalteco Francisco Villagrán de León, “Luis von Ahn es el guatemalteco más reconocido y valorado en el mundo. Sus opiniones sobre CICIG son un referente creíble sobre Guatemala.

https://twitter.com/FVillagran4/status/1079086167621099529?s=08 Según Luis von Ahn, un 75.3% de la población aprueba el trabajo de la CICIG y un 85.6% desaprueba la forma en que Jimmy Morales está gobernando. https://twitter.com/LuisvonAhn/status/1079413437476806656?s=08

[6] Ver entrevista al comisionado Iván Velásquez, El País, España. Ver elpais.com y https://elpais.com/internacional/2018/12/16/
mexico/1544917421_544663.html En ella, el comisionado Iván Velásquez, reconoce que enfrenta una red corrupta formada por ex militares, diputados y empresarios. Los niveles de corrupción en Guatemala alcanzan un nivel de apoderamiento del Estado que según él, nunca imaginó. Con esta entrevista, queda al descubierto cuál es la verdadera intención de las autoridades del gobierno de Guatemala, detrás de los ataques a la CICIG y al comisionado Iván Velásquez.

[7] La necesidad de una Reforma Constitucional en materia de justicia, fue establecida desde hace más de 20 años en los acuerdos de paz. Sin embargo, a partir de dichos acuerdos, se han presentado diferentes propuestas en tres ocasiones distintas; lamentablemente, éstas han sufrido serios obstáculos y ha sido imposible que el Congreso de la República las apruebe. El último intento (2016-2017) lo lideró el Comisionado Iván Velásquez, quien como representante de la CICIG estableció que era vital llevar a cabo este proceso de reforma, para lograr el fortalecimiento de la independencia judicial, tan necesaria para la construcción del Estado de Derecho en Guatemala. Mucho se ha escrito con respecto a esta propuesta de reforma constitucional. Para más información consultar Alianza por las Reformas en twitter @AlianzaRgt

[8] Ver Noveno Informe de Labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Pág. 12

[9] Las reacciones de apoyo a la CICIG ante estas decisiones del Presidente de la República, han sido múltiples. Diferentes organizaciones no gubernamentales, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos, autoridades ancestrales, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y otras, han expresado su apoyo a la CICIG, a su comisionado Iván Velásquez y han rechazado las acciones gubernamentales. Además, existen múltiples acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ha defendido el Estado de Derecho y por ello, hoy día sufre diferentes presiones, amenazas y acciones penales en su contra. La acción de amparo presentada por la CIJ desarrolla entre otros conceptos el de “fraude de ley”, en las acciones del Presidente de las República y de otros funcionarios públicos. Dicha acción está pendiente de resolverse por la Corte de Constitucionalidad. En el Congreso de la República se constituyó el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, que ha condenado en diferentes oportunidades, las acciones gubernamentales para afectar a la CICIG. Está compuesto por diferentes bancadas y partidos políticos y, aunque sea minoritario, es muy importante por la fuerza moral y ética que tienen sus posiciones en torno a esta coyuntura.

[10] Ante este último acto gubernamental, un grupo de diversas organizaciones no gubernamentales, se pronunciaron el 20 de diciembre de 2018 y pidieron que los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos y Sobre la Independencia de magistrados y abogados, Michel Forst y Diego García-Sayán, respectivamente, emitan “medidas urgentes” a favor de los 11 funcionarios de la CICIG. Ver El Periódico de fecha 21 de diciembre de 2018. www.elperiodico.com.gt

[11] El propio Presidente de la República ha tenido que enfrentar solicitudes de antejuicio por el delito de financiamiento electoral ilícito. Estas solicitudes han sido rechazadas por el Congreso de la República, dentro de los procesos de antejuicio. Se ha hecho evidente cómo se protegen entre sí, diferentes funcionarios públicos, pertenecientes a los tres poderes del Estado.

[12] Ver The New York Times, “Constitutional Standoff Pushes Guatemala Toward Authoritarianism”, artículo de Azam Ahmed y Elisabeth Malkin. 10 de Septiembre de 2018; Ver Jimmy Morales, ¿Con síntomas de dictador? https://cnnespanol.cnn.com/video/
guatemala-cicig-jimmy-morales-funcionarios-expulsados-pedro-pablo-marroquin-intv-conclusiones-fernando-rincon/

[13] Uno de los casos recientes de ataques a jueces que más conmovió a la ciudadanía en general, está relacionado con el caso del Ministerio Público-CICIG denominado #CasoMigración (también consultar @emisorasunidas) y específicamente la acusación a un ciudadano ruso que utilizó la red de corrupción. La jueza Ericka Aifán sufrió acusaciones infundadas y tuvo que defenderse de las mismas. Finalmente, el ciudadano ruso fue condenado a siete años de prisión por el Tribunal D de Mayor Riesgo.

[14] Por ejemplo, se puede consultar el sitio web de la Comisión Internacional de Juristas (www.icj.org), el de la Fundación Mack (www.fmack.org), o el del Instituto de Estudio Comparados en Ciencias Penales (www.iccpg.org); de la Asociación de Jueces por la Integridad (AGJI) en twitter @asoc_juecesAGJI y Facebook AGJI o la Alianza por las Reformas en twitter @AlianzaRgt; comunicados del Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC en twitter o en FB), también ver la fundación meimportaguate en twitter y FB, entre otros.

[15] Ver https://twitter.com/NormaJTorres/status/1078293191
072366593?s=08. Congresista de EUA Norma Torres ve la necesidad de que la CICIG continúe en Guatemala. También ver CNN @soyfdelrincon, quien ha llevado a cabo entrevistas muy importantes relacionadas con este tema. Y https://www.cejil.org

[16] Ver expediente 4207-2018 de la Corte de Constitucionalidad. Recurso Extraordinario de Amparo en contra del Presidente de la República y otros funcionarios.

[17] Ver https://elpais.com/internacional/2018/11/23/
actualidad/1543001773_561144.html “Guatemala desobedece al Constitucional y anuncia que impedirá el retorno de Iván Velásquez”

[18] Ver Prensa Libre de Guatemala del 20 de septiembre de 2018 “Relator de la ONU pide que se respete la independencia judicial”. Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU para laIndependencia de Magistrados y Abogados, expresa su preocupación por los últimos ataques e intimidaciones contra magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/relator-
de-la-onu-pide-que-se-respete-la-independencia-judicial Y comunicados de la Comisión Internacional de Juristas www.icj.org y de múltiples organizaciones no gubernamentales. Y https://es.insightcrime.org/investigaciones/el-pecado-original-del-presidente-jimmy-morales-y-de-guatemala/

[19] Esta situación presenta indicios de una ruptura del orden constitucional; la ex Fiscal General, Dra. Thelma Aldana ha calificado la situación como un “golpe de estado de facto” o “golpe de estado técnico”. La CIJ lo califica como una “alteración al orden constitucional”. El acto que viene a confirmar esta “alteración del orden constitucional” o “golpe de estado técnico” es la denuncia presentada por la Procuraduría General de la Nación, en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Boanerges Mejía). Lamentablemente las autoridades del Estado de Guatemala, implementan políticas y acciones para beneficio propio y no para alcanzar el bien común. Para mayor información sobre la “alteración del orden constitucional” ver diario La Hora en internet www.lahora.com.gt “Colectivos Urbanos” en Diario La Hora del 19 de diciembre de 2018, califica la situación como un “golpe de estado técnico”

[20] Ver Informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) “Los Jueces de la Impunidad” que señala a 18 jueces de dictar resoluciones a favor de estructuras criminales. Ver https://publinews.gt 25 febrero de 2018.

[21] Ver https://republica.gt/2018/09/25/e
xmagistrado-douglas-charchal-es-beneficiado-con-arresto-domiciliario/

[22] La CICIG, en su Noveno informe de Labores correspondiente a noviembre de 2016, informa sobre otros casos. Por ejemplo, una jueza fue condenada en 1ª Instancia a 11 años de prisión y multa a favor del Estado por la suma cercana a los Q. 400,000.oo Se detectó que su perfil patrimonial era inconsistente con los ingresos que devengaba como jueza. El Juez Undécimo de Instancia Penal, resolvió ligarla a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos e incumplimiento al deber de presentar declaración jurada patrimonial, enviándola a prisión preventiva y suspendiéndola de su cargo. La jueza condenada interpuso recurso de apelación, mientras que la CICIG interpuso recurso de apelación por la absolución proferida a favor de la jueza por el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Por otro lado, en el caso “Bufete de la Impunidad”, se detectaron las gestiones ilegales realizadas por un grupo de abogados y particulares para lograr, a cambio de soborno, que la jueza del caso favoreciera a tres de los implicados en dicha estructura con medidas sustitutivas. Se imputó y ligó a proceso a los abogados que gestionaron el acuerdo ilegal por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. A la jueza se le ligó a proceso, después de que se declarara con lugar el antejuicio solicitado por la CICIG y el Ministerio Público, por la posible comisión de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. El caso se encuentra pendiente en los tribunales de justicia. Igualmente fue ligado a proceso un magistrado de Sala de Apelaciones del Ramo Civil, por el delito de cohecho pasivo y en relación con otra jueza de Mayor Riesgo, se detectó que su perfil patrimonial era inconsistente con los ingresos de devengaba como jueza. Finalmente, uno de los casos de más impacto en la opinión pública es el llamado Caso Comisiones Paralelas. En este caso, un magistrado de Sala de Apelaciones es señalado de recibir por parte de un abogado, a quien se le conoce por la influencia que llegó a tener en el nombramiento de jueces y magistrados, un inmueble en la ciudad capital, a cambio de favorecer sus intereses en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de comisiones de postulación de 2014, en el cual el magistrado de Sala actuó como comisionado, al resultar electo por las y los magistrados de Salas de Apelaciones. Este caso se encuentra pendiente. www.cicig.org

[23] Según el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos correspondiente al año 2017, tanto medios de comunicación independientes comoperiodistas, “siguieron siendo objeto de ataques y amenazas, incluso desde cuentas falsas en redes sociales.” Afirma dicho informe que esto incluye “ataques a periodistas que cubrían temas de corrupción e impunidad. A nivel local, el crimen organizado y autoridades locales presuntamente involucradas en casos de corrupción han intentado silenciar el trabajo de periodistas.” pág. 15.

[24] En su Noveno Informe, correspondiente al año 2016, la CICIG cita el caso “Periodistas Mazatenango”, que se relaciona con dos periodistas asesinados (el corresponsal del Diario Prensa Libre y el de la Radio Nuevo Mundo). Según la CICIG, a partir de la captura de uno de los sicarios se logró identificar una estructura criminal, que organizó y planificó los crímenes. La investigación permitió identificar a seis autores materiales de los asesinatos, siendo los mismos acusados formalmente el 30 de octubre de 2015, por la Fiscalía de Derechos Humanos. La CICIG prestó apoyo analítico en esta fase de la investigación y el caso está pendiente.

[25] Para una mejor comprensión de la coyuntura actual es necesario consultar el Diario La Hora en internet www.lahora.com.gt en Facebook fb.com/lahoraguatemala en twitter twitter.com/lahoragt y en google gplus.to/lahoraguatemala Por medio de su trabajo, se haregistrado en forma objetiva e independiente, la evolución de la lucha contra la impunidad y corrupción que se ha lleva en Guatemala en los últimos años.

[26] Como la misma Carta Democrática Interamericana indica (artículo 6), la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo “es un derecho y una responsabilidad”. Es también una condición necesaria para el “pleno y efectivo ejercicio de la democracia”. Sin lugar a dudas, una situación de corrupción tan grave como la que se da en Guatemala, no puede gestarse y desarrollarse en una democracia. Por ello, derechos como el de participación de la ciudadanía deben anularse; únicamente de esa forma, se puede desarrollar el fenómeno de la impunidad y corrupción en forma tan intensa y sin mayores obstáculos, como la que se presenta en Guatemala. En este campo, es importante reconocer que la Convención Interamericana contra la Corrupción es un instrumento regional de mucha trascendencia, que busca prevenir y sancionar el fenómeno de la corrupción. Debemos señalar que Guatemala ha ratificado dicha convención y por lo tanto, es un Estado Parte de la misma y debe cumplir con sus enunciados

[27] Ver Decreto del Congreso 24-2018 Ley de Avisos Electrónicos en la cual se establece que “a partir de la creación del Portal Electrónico del Diario de Centro América se suprime la obligación contenida en cualquier ley, reglamento o disposición que ordene una publicación en el “Diario Oficial”, “Diario de Centro América” o “diario de mayor circulación”, la que se sustituirá por la obligación de publicar en el Portal Electrónico del Diario de Centro América.” (articulo 3 de la Ley de Avisos Electrónicos)

[28] Ver Comunicado respectivo del G-13 emitido en septiembre de 2018, en el que el Grupo G-13 ofrece sus “buenos oficios”, para encontrar una salida constructiva a la crisis creada por la decisión del Presidente de la República de no prorrogar el mandato de la CICIG y posteriormente prohibir el ingreso del Sr. Iván Velásquez al país (nótese que no fue avalado por los EUA). https://twitter.com/FranciaenGuate/status/103739726
5198055426?s=08

Comisión Internacional de Juristas

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