Responsabilizan al gobierno de Guatemala por la seguridad de un centenar de miembros de la CICIG

Mientras que por razones de seguridad, los miembros extranjeros deben acatar la ilegal medida y abandonar el país, la Fundación Right Livelihood Award compromete al gobierno con la integridad de un centenar de trabajadores que permanecen en Guatemala.

A través de un decreto publicado ayer –y anunciado en conferencia de prensa- el presidente Jimmy Morales dio por terminado el acuerdo que regula el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).


En noviembre pasado, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y la ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, recibieron el ‘Premio Nobel Alternativo’ en Estocolmo. La Fundación Right Livelihood Award les concedió el premio honorario “por su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, reconstruyendo así la confianza de las personas en las instituciones públicas”.

Tras el anuncio del presidente guatemalteco de finalizar de forma unilateral, anticipada e inmediata el mandato de la CICIG, la organización sueca sumó su voz a la comunidad internacional preocupada por el accionar del ejecutivo local.

“Responsabilizamos al Estado de Guatemala por la integridad del personal de la CICIG y la seguridad de las instalaciones donde este organismo ha funcionado. Ratificamos nuestro apoyo a la CICIG y a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y bregamos por la continuidad de un sistema de justicia independiente e inmune a las presiones de sectores interesados en acabar con la lucha anticorrupción. Apoyamos a las instituciones públicas comprometidas con la población, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía involucrada en poner fin a la impunidad”, expresó Ole von Uexkull, director ejecutivo de la Fundación Right Livelihood Award.

Mientras que los integrantes internacionales de la CICIG se encuentran por estas horas organizando su salida del país por cuestiones de seguridad, aproximadamente un centenar de miembros locales permanecerá en Guatemala.

“El acuerdo que dio origen a la CICIG no puede rescindirse unilateralmente, mucho menos por medio de un decreto del ejecutivo, cuando el acuerdo con la ONU para el establecimiento del organismo anticorrupción fue votado por el Congreso de la República”, destacó Fabiana Leibl, responsable del programa protección de laureados de la Fundación.

“Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente de la república, debería estar por encima del máximo órgano de justicia del país. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó en reiteradas oportunidades la legalidad de la CICIG. Pese a ello, el gobierno desoye y cuestiona sus dictámenes, obstaculizando el normal funcionamiento de la CICIG, amedrentando a sus miembros y a la población”, agregó Uexkull.

La Fundación Right Livelihood Award observa con preocupación las errantes decisiones del ejecutivo local y el consecuente debilitamiento de la calidad democrática en Guatemala, al tiempo que reitera su apoyo y solidaridad con los galardonados guatemaltecos que trabajan en el fortalecimiento del estado de derecho y el acceso a la justicia.

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