Legalidades

Por: Jairo Alarcón Rodas

Desde que el ser humano se constituyó como tal, su condición social lo obligó a crear normas y reglas de comportamiento, lo que determinó el establecimiento de relaciones de poder, a través de un marco jurídico. Es más, la condición social de los seres humanos estableció por sí misma tales relaciones. Por ello, Aristóteles denominaba al ser humano, Zoonpolitikón, es decir, el animal que posee ineludiblemente una conducta social, tiene la necesidad de vivir con otras personas.

Como consecuencia, el marco de normas que les permite a los seres humanos vivir en sociedad, puede surgir de la experiencia o de un imperativo categórico, normas que se formulan inductivamente o deductivamente. Por otra parte, las leyes y normas que dan vida a los Estados, pueden ser suscritas por una autoridad gubernativa de tipo democrático o dictatorial. En consecuencia, que exista un marco de normas y leyes dentro de una sociedad, no significa que sean justas.

Cuando las normas se determinan apriorísticamente, se construyen a través de juicios apodícticos, criterios que tienen validez universal, que necesariamente tienen que ser así y no de otra forma, por ejemplo, Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. En cambio, las normas y leyes empíricas, lo hacen a través juicios asertóricos y en consecuencia, son contingentes. Es decir que pueden ser de cierta forma o de la contraria según un hecho que surge a partir de la experiencia y de una circunstancia específica.

De ahí que exista un ordenamiento jurídico en una sociedad o Estado, no significa ni garantiza que sus leyes sean probas o que obedezcan a un bien común. Acertadamente lo decía Marco Tulio Cicerón, si las leyes las hace un tirano serán tiránicas. ¿Quiénes entonces son los que crean las leyes de un Estado Nación, sino personas que ostentan una inclinación política que puede ser deshonesta o proba?

Que las leyes sean emitidas por una Asamblea Constituyente, electa democráticamente por la mayoría de la población, no significa que elijan a los hombres y mujeres más dignas, honradas e inteligentes que actúen con honestidad y justicia. En países donde impera la ignorancia, se elige a partir de juicios de valor y no de razón, como corolario de ello, se incurren en muchos errores que podrían circunscribirse en lo que Tocqueville llamaba dictadura de las mayorías.

En consecuencia, las leyes que se emitan y se promulguen dentro de un Estado no necesariamente significa que sea buenas y justas, mucho menos que represente los intereses generales; más bien, cabe resaltar, que obedecen a una circunstancia histórica y política y es en la práctica donde a través de su vigencia que pueden mostrar lo valiosas o perniciosas que pueden ser y en tal sentido, lo imperioso que sea su cambio o permanencia.

La creación y promulgación de las leyes, históricamente obedece más a los intereses de sectores hegemónicos vigentes dentro de un contexto político y no necesariamente a factores técnicamente jurídicos, que tienda a la justicia social. Sin embargo, mientras más se democraticen las sociedades y se democratice el conocimiento, mejores resultados se lograrán en la conformación del marco jurídico de los Estados y desde luego su fiel cumplimiento. Con el conocimiento surgirá el pensamiento crítico y con éste, la elección de mejores dirigentes.

El derecho no es lo mismo que legalidad, aunque unos sectores interesados así lo pretenden presentar. Cuando se habla de derecho, básicamente constituye un orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirada en la justicia y la certeza jurídica. Mientras que legalidad, es el marco donde existe todo un sistema de leyes cohesionadas que deben ser cumplidas. La legalidad debería inspirarse en el derecho pero, históricamente y en la práctica, no ha sido así, responde a los intereses de los sectores hegemónicos.

El marco jurídico de los Estados debe tender a la justicia para la cohesión de la sociedad pero, al entender la justicia como el poder que ejerce los más fuertes sobre los más débiles, las leyes que de ahí se inspiren no pueden tender al bien común, tenderán a los intereses de sectores que al imponerse por la fuerza, imponen también su criterio y desde luego las leyes.

En Guatemala, el 14 de de septiembre de 1878, fue promulgado por el Presidente del país, Justo Rufino Barrios, el Decreto número 222. Ley contra la vagancia. Tal decreto es un claro ejemplo de cómo un gobernante contribuyó a que, a través de una orden presidencial, los cafetaleros se proveyeran de mano de obra gratuita para la construcción de caminos y carreteras para sus productos, peones sub remunerados, muchas veces esclavizados a partir de una ley ilegítima.

Es por ello que muchas leyes constitutivas de una nación, requieren de su remozamiento, de una revisión periódica, de cambios sustanciales y desde luego, que su promulgación posea un lenguaje claro y preciso para que su interpretación sea la correcta y no dé lugar a equívocos. Gran parte de los errores jurídicos se debe a lo confuso e impreciso de la ley, que da lugar a ambigüedades, vacíos y tergiversaciones.

Sin duda, habrá sectores que se resistirán a cualquier cambio, pues verán afectados sus intereses y por ello defenderán determinado orden constitucional y particulares leyes, aunque éstas afecten los intereses sociales. Polarizarán toda interpretación de las leyes y pretenderán señalar que la defensa o repulsa de las mismas obedecen a luchas ideológicas de carácter espurio donde nuevamente las izquierdas y las derechas aparecen en el escenario.

El interés común prevalece sobre el particular, constituye una norma general que pocas veces se pone en práctica en sociedades donde no impera el derecho y en el cual, los sectores que ejercen el poder desvirtúa la justicia a través de legalidades espurias.

Siempre habrá sectores interesados que dirán que las leyes no deben tener carácter político, olvidando con ello que toda acción humana que se realice en sociedad, al igual que las normas que la regulan, son acciones políticas. Ya que al tener un impacto directo en la sociedad, regula las relaciones de poder entre los que lo ejercen y los que se subordina a él.

No obstante las leyes no deben tener un carácter sectario, es decir, que beneficien a determinado sector de la sociedad. Dentro del deber ser, las leyes tendrían que ser iguales para todos, en igualdad de condiciones para todos. Pero en sociedades donde imperan los privilegios, las cosas no son así y en muchos casos, las leyes protegen a los sectores dominantes, manteniendo con ello sus privilegios.

Es por ello que se hacen necesarias leyes transitorias que protejan a los sectores históricamente marginados y vulnerables. Normas que coadyuven a su incorporación dentro de los procesos sociales y desde luego, a su desarrollo. Dentro de un escenario, donde exista igualdad de oportunidades para todos, con el objetivo de alcanzar el bienestar común.

Las leyes se emiten para construir un Estado de derecho y éste tiene que sustentarse en la justicia social, de lo contrario, se constituiría un Estado perverso, donde sus instituciones serían igualmente perversas. Defender las instituciones por el simple hecho de serlas, contribuye a fortalecer aquellos Estados en los que lo importante es mantener el sistema y no la democracia, mucho menos la justicia.

Por el contrario, fortalecer la justicia, enfrentando a todo aquello que la vulnere, como es el caso de la miseria, la corrupción y la inequidad, contribuirá al establecimiento de instituciones sanas y a un verdadero Estado de derecho donde las leyes sean el reflejo de una sociedad en armonía.

El propósito de las leyes dentro de un sistema jurídico señala John Rawls es el de conformar un orden coercitivo de normas públicas dirigidas a personas racionales con el propósito de regular su conducta y asegurar el marco para la cooperación social. Cooperación que se logra a partir del imperio de la justicia. Se busca en palabras de Rawls, el derecho de estar protegido por la ley.

Lo legal no hace lo justo, mucho menos un Estado de legalidad refleja por sí mimo un Estado de derecho. La construcción de un verdadero Estado de derecho, donde impere la justicia, se logra con la participación activa de todos los miembros de la sociedad en un ambiente de libertad y criterio.

La participación política de todos y cada uno se hace necesaria, así como la vigilancia de las instituciones por parte de aquellos que, se someten al poder, por medio de su buen juicio.

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