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Crónicas de la injusticia en la Guatemala del Siglo XXI: Crece repudio ante escalada represiva.

Por Lorena Medina

Diversas organizaciones sociales, de mujeres, feministas, campesinas, indígenas, ambientalistas, académicas, estudiantiles y de derechos humanos han unido y alzado sus voces recientemente, para denunciar públicamente y de manera frontal la agudización de la represión contra las comunidades y sus organizaciones, especialmente en contra del Movimiento Campesino. Muestra de ello, es que tan solo en un lapso de cuatro meses ya han sido asesinados varios hombres y una mujer, dirigentes de diversas organizaciones campesinas (CODECA, CCDA, CUC). En el caso de Juana Raymundo, la lideresa torturada y asesinada, se advierte la intención de las cúpulas y bloques detrás de la política tradicional por impedir el avance del naciente Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, instrumento político de las comunidades que hacen parte de CODECA, para el impulso de la Asamblea Constituyente Plurinacional Popular. Esto se infiere, debido a que Juana Raymundo había sido nombrada recientemente como parte de la dirección de dicho ente, que participará en la contienda electoral de 2019.

A continuación se presenta un breve recorrido histórico por la memoria histórica de la represión y persecución, incluyendo los asesinatos selectivos que se han perpetrado contra la dirigencia indígena y campesina en la historia reciente del país.

Entre los dirigentes campesinos asesinados este año, se cuentan: Mateo Chaman Paau; José Can Xol y Ramón Choc Sacrab del Comité Campesino del Altiplano -CCDA; Alejandro Hernández García; Florencio Pérez Nájera, Luis Marroquín, Francisco Munguía y Juana Raymundo todos del Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- y en el caso del Comité de Unidad Campesina –CUC- En el caso de Luis Marroquín, miembro de la Dirección Nacional de CODECA, coordinador para el área de Jalapa. Asimismo Juana Raymundo, lideresa de la juventud de CODECA, recientemente había asumido como parte del Comité Ejecutivo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos; accionaba en el departamento de El Quiché. El asesinato más reciente ocurrió contra el Alfredo Mazariegos Pinto, miembro del Comité de Unidad Campesina –CUC-, del departamento de San Marcos.

Estos asesinatos políticos de dirigentes campesinos e indígenas, se producen en un momento histórico en el que el Movimiento Campesino y los Pueblos Indígenas se han posicionado fuertemente contra la usurpación de los territorios ancestrales por parte de las empresas transnacionales tales como mineras, hidroeléctricas, de extracción de níquel y otros metales que abundan en el subsuelo nacional.

Lo que se ha puesto de manifiesto es que las empresas transnacionales con apoyo de empresarios nacionales y el gobierno están en contubernio para impulsar a toda costa un modelo extractivista que violenta los derechos de la población, especialmente los contenidos en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y específicos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT, que constituye un derecho humano de titularidad colectiva, con alcance específico para los Pueblos Indígenas que en Guatemala, pese a que dicho instrumento ya fue ratificado por el Estado, no se está aplicando y lejos de respetar a los Pueblos, se les está violentando y criminalizando para favorecer el expolio fraguado por sectores de poder económico doméstico ante las jugosas ganancias que obtienen por hacer negocios con las compañías extranjeras.

Esta situación constituye la violación sistemática de sus formas de vida, normas, usos y costumbres, sin que el Estado haga nada por protegerlas, más bien, se ha prestado al juego del despojo neocolonialista, pues su política rastrera y servil da sólo para eso, para nada más. Por su parte, las comunidades han mostrado históricamente y siguen mostrando fuerte resistencia a estas imposiciones, hasta entregar su vida, si es preciso, ya que la tierra, el agua, los bosques no son valorizadas como mercancías, sino más bien constituyen elementos esenciales en la vida y la cosmogonía de los pueblos y su cuidado y conservación han sido posibles hasta ahora, gracias al profundo respeto y a la relación vital de los Pueblos Indígenas con la Madre Tierra, lo que fortalece sus procesos de resistencia ante dicho modelo que se pretende imponer a base de violencia, acoso y de la mano del Gobierno y sectores paramilitares que mantienen el acoso a la población con lujo de fuerza, policías privadas y otro tipo de prácticas intimidatorias.

Las organizaciones campesinas e indígenas han denunciado reiteradamente los abusos y atropellos, así como la represión selectiva de la que han sido objeto, ante las autoridades nacionales, la opinión pública nacional e internacional y especialmente, llevando pruebas y casos concretos ante el sistema interamericano de justicia, entre otros espacios internacionales de Derechos Humanos y de Justicia, que velan por el avance en esa materia. Sin embargo, la escalada represiva no solo se ha mantenido como una constante macabra que irrumpe en la vida de las comunidades, sino que se ha incrementado de manera abrupta desde que en el mercado internacional se demanda en mayores cantidades la palma africana y otros productos que nutren los agronegocios a nivel global. Aún en estas condiciones adversas, las comunidades luchan por la sobrevivencia, sembrando y cosechando a duras penas para el autoconsumo, ya que hace falta de tierras adecuadas, pues el despojo de sus territorios y la reconcentración de tierras en manos de los mismos oligopolios de antaño, las presiones, amenazas y la represión es constante. También son acosados por el narcotráfico cuyas rutas pasan por sus comunidades, por grupos paramilitares y por las industrias interesadas en la riqueza del subsuelo, en la fuerza del agua de los ríos, que dejan cada vez menos posibilidades a la sobrevivencia de los Pueblos.

Lo que se ha hecho evidente cada vez más es que entretanto aumenta la invasión de los territorios por parte de las transnacionales, vía concesiones o por otro tipo de negocios, apañados por la inútil intervención de los entes estatales para proteger los derechos de las comunidades, también aumentan los hechos represivos contra los defensores del agua, de la tierra, de la vida. Se les imponen órdenes de captura y en muchos casos se les encarcela. Esto denota que un elemento primordial para que el modelo extractivista funcione tiene que ver con la parte jurídica, pero también se ha impuesto con total alevosía y por la fuerza bruta, con el apoyo del gobierno y sus fuerzas represivas, así como por medio de grupos paramilitares que se encargan de amedrentar a los comunitarios, con prácticas de corte militar y guerra sucia que se acostumbraba utilizar por la dictadura en los 80’s. De esa cuentan también se están dando sendos desalojos violentos, especialmente en la región Q’eqchí.

Actualmente hay varios casos de defensores que están con este tipo de persecución penal o ya se encuentran en prisión. Los defensores encarcelados se constituyen en presos políticos, porque en realidad los delitos de los que se les acusa no tienen fundamento o no son lo suficientemente investigados, no tienen las posibilidades económicas de costearse una adecuada defensa penal, etc. Tal es el caso de Bernardo Caal Xol, quien se ha enfrentado junto a las comunidades a la empresa española RENACE, ya que ésta ha estado apropiándose de los ríos Oxec y Cahabón, ubicados en Alta Verapaz, para construir una represa, lo cual afecta la vida y derecho al agua de varias comunidades del Pueblo Q’eqchí.

Otro defensor de derechos quien lleva más de un año privado de libertad es el profesor Abelino Chub Caal. Así han actuado también en el caso de las “Voces del Lago”, caso en el que Eduardo Bin Poou, pescador y dirigente comunitario, de las comunidades alrededor del Lago de Izabal ha sido criminalizado y detenido de manera arbitraria el 29 de junio de 2018 por defender y denunciar la contaminación en el Lago de Izabal y Río Dulce, provocada por la empresa minera CGN- PRONICO, que extrae níquel. La justicia se retrasa una y otra vez, se suspenden audiencias, hay mucho desgaste y también un manejo tergiversado por los medios corporativos, siendo la constante el estigma, las imágenes de líderes esposados de pies y manos, tal como si se tratase de grandes terroristas. Llama la atención que contradictoriamente, personajes ligados a proceso por diversos delitos, reciben todas las prebendas y ventajas del sistema de justicia, incluso quedan en libertad ya sea pagando cientos de miles de quetzales, millones, incluso, para gozar de las medidas sustitutivas, permisos para viajar al extranjero (siendo convictos, como en el caso del hermano y el hijo del presidente Morales); abandono de las prisiones para pasarla tranquilamente con arrestos domiciliares, o si son apresados como en el caso de Luis Rabbé ni se escucha alguna noticia al respecto. En otros casos del pacto de corruptos y sus protegidos se ha llegado a la desfachatez de aducir que “son pobres y no tienen para pagar si fianza”, por lo que el sistema “generosamente” les ha dejado en libertad sin siquiera pagar fianza. (Véase caso Jueza Blanca Stalling, por ejemplo).

En años anteriores, Rubén Herrera, defensor de derechos de los pueblos en Huehuetenango fue apresado (2013) por denuncias presentadas por la empresa española Hidro Santa Cruz. Posteriormente quedó en libertad, luego de varias campañas de denuncia y tras largos meses, que deterioraron su salud considerablemente. Después de ese caso, un grupo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Maya Q’anjob’al, también de Santa Eulalia, Huehuetenango fue apresado por oponerse a las acciones implantadas por la misma empresa española. Expresaron que la detención se dio por denunciar y resistir al despojo y prepotencia de dicha empresa, como bien lo expresó en su momento Rigoberto Juárez Mateo, Autoridad Ancestral, se les acusó por el “delito más sublime, como lo es defender la VIDA”. El señor Juárez vivió la prisión política varios años y hasta hace poco tiempo, fue liberado, junto a otros dirigentes ancestrales, sin embargo aún ahora todavía están ligados a proceso, producto de las acciones legales promovidas por la mencionada empresa transnacional y de la discriminación y racismo que emana del sistema de “in-justicia” nacional.

Estos hechos de represión constante y su incremento en contra del movimiento campesino e indígena, han motivado a las organizaciones sociales y de derechos humanos para elevar una voz enérgica y contundente contra la escalada represiva que se vive al estilo de los 80’s, pero pleno siglo XXI; en tiempos de pseudodemocracia, mercado libre y globalización. Un paso importante para encarar de manera colectiva la agenda represiva y antipopular del gobierno y la dictadura militar que se continúa expresando en la figura cada vez más cuestionada del presidente Jimmy Morales y otros entes que operan al amparo del poder real económico y político en el país.

Esta muestra de búsqueda de sumar de esfuerzos para expresar el hartazgo y la indignación de la ciudadanía, constituye un paso importantísimo que deja un mensaje esperanzador a toda la sociedad, de que en medio de la muerte y la dictadura siempre habrá voces que defiendan los derechos humanos, que a pesar de todas las dificultades se están tejiendo unidad en la diversidad para frenar el avance del sistema dictatorial y fascista que trata de imponer a toda costa en Guatemala, por los mismos de siempre. El pacto de corruptos impulsa su agenda de leyes regresivas de derechos humanos y pro impunidad, en medio de este contexto de represión y censura para tratar de acallar a la población, pero no lo han logrado y no lo lograrán porque la historia no se equivoca. Aunque los sectores ultraconservadores, se siguen beneficiando de este juego político, todo tiene un límite. Ya existe mucho descontento social y eso será el detonante de los cambios, irrevocablemente. Esa es la esperanza.

A pesar de que los grupos oscuros del pasado siguen maniobrando para que no se conozca la verdad y tenemos cada vez más claro de que no hemos salido de la dictadura y se empeñen en darle por todos los medios sustento al sistema neoliberal, la resistencia de los Pueblos continúa, como una casa abierta a la solidaridad humana y hacia el planeta, porque le siguen dando vida a la Tierra, alimentándola inclusive con su sangre humana, coherente y generosa para defender los ríos, la tierra, los bosques, las semillas, la vida misma. Los derechos que hoy pretenden arrebatarnos, de la mano del Tío Sam, no nos fueron otorgadas por la venia de las élites y sus expresiones de poder, sino más bien fueron ganadas a pulso en las calles, en los barrios, en las selvas, en las comunidades donde no llega el cemento, pero que tejen un desarrollo más allá de lo que pueden entender los economistas y teóricos del norte.

Las organizaciones han planteado el cese inmediato de la represión, los asesinatos, el control contra la población y el cese de la persecución contra quienes defienden la vida y derechos humanos en el campo y en la ciudad. La solidaridad humana, el amor a la vida y la defensa de la tierra, el agua, los territorios nos compete a todos y todas quienes hacemos parte de esta sociedad, por lo que nuestras voces seguirán estando alzadas, entretanto no se respete lo más esencial para el ser humano: LA VIDA y la libertad de expresar sus ideas y pensamientos, para unirnos en un abrazo a otros pueblos que de igual manera luchan por su liberación en todo el planeta.

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PublicoGT es una publicación del Consejo de Investigaciones en Desarrollo, una entidad de investigación que desarrolla proyectos de comunicación social y análisis sociopolítico.

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