El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos y la impugnación del consenso internacional

Mandy Turner y Mahmud Muna
MERIP

Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.

Ya es hora de clasificar a Estados Unidos como parte del conflicto, particularmente por las acciones ilegales que sus gobiernos ejercen al apoyar los asentamientos israelíes, cuya existencia es un crimen de guerra.
–“Cuando utilizo una palabra”, dijo Humpty Dumpty con desdén,

“significa exactamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos”.

–“La cuestión es si usted puede hacer que las palabras signifiquen

tantas cosas diferentes”, dijo Alicia.

–“La cuestión es quién manda, eso es todo”, dijo Humpty Dumpty.

Lewis Carroll,

A través del espejo (1872)

El 6 de diciembre de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos reconocía Jerusalén como la capital de Israel y que trasladaría allí su embajada desde Tel Aviv en cumplimiento de la Ley de la Embajada de Jerusalén de 1995 (en adelante Ley de la Embajada). De un plumazo, Estados Unidos ha impugnado de manera temeraria 70 años de consenso internacional consagrado en el derecho internacional respecto al estatuto de la ciudad, y ha dado un giro radical a la hipotética solución de dos Estados (aunque como muchos otros analistas, hace tiempo que hemos mostrado nuestro escepticismo sobre esta solución). En línea con el desconcierto general que envuelve su presidencia, Trump y su administración hicieron posteriormente una serie de declaraciones contradictorias sobre esta decisión histórica. La primera insistió en que la decisión no afectaba a las negociaciones sobre el estatuto final de Jerusalén, una posición que confirmó pocos días después el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson. En un sorprendente despliegue de semántica al estilo de Humpty Dumpty, Trump había lanzado el equivalente diplomático de un cóctel Molotov a la inflamable cuestión del estatuto de Jerusalén aunque después lo negara argumentando que su decisión era ”nada más ni nada menos que el reconocimiento de la realidad”. [1] Posteriormente Trump se contradijo a sí mismo en un tweet del 3 de enero de 2018, donde afirmó: “Hemos sacado Jerusalén fuera de la mesa [de negociaciones] el asunto más arduo de la negociación”. [2] Como en la explicación de Humpty Dumpty a Alicia sobre la política de la semántica, descifrar los diferentes significados de las declaraciones y el lenguaje de Trump es menos relevante que las implicaciones que esta decisión tendrá para la política y la práctica diplomática futuras.

Las respuestas a la decisión del traslado de la embajada eran predecibles. Israel estaba encantado, los palestinos no, y aunque la comunidad internacional lo haya condenado, no tiene poder para evitar el traslado ni sus consecuencias.

Hay múltiples maneras de considerar esta decisión pero las más destacadas que aquí tratamos son: 1) los principales factores que han motivado la decisión de Trump; 2) cómo entenderla en el marco de la política de Estados Unidos; 3) su impacto en el consenso internacional y la influencia que pueda tener sobre el estatuto final de Jerusalén en cualquier futuro acuerdo de paz; y 4) la respuesta de la región.

¿Qué motivó la decisión?

Para abordar cualquier explicación seria del contexto político en el que se produjo la declaración de Trump sobre Jerusalén es imprescindible tener en cuenta el papel del cristianismo evangélico y del sionismo cristiano en Estados Unidos. Trump entiende a la perfección la importancia que tiene esta comunidad para su presidencia, no en vano se ha rodeado de asesores y consejeros ministeriales evangélicos y pro-israelíes, todos los cuales han expresado su respaldo a la decisión sobre Jerusalén y a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.

La más destacada de estas voces es la del vicepresidente Mike Pence, que es cristiano evangélico y sionista cristiano. Su papel en la decisión sobre Jerusalén fue crucial. Pence fue el primer vicepresidente estadounidense en inaugurar la convención anual de Cristianos Unidos por Israel (julio de 2017), la organización sionista cristiana más importante de Estados Unidos que cuenta con más de 3 millones de miembros. De hecho, mientras Trump firmaba la declaración, podía verse claramente a Pence al fondo, un guiño inteligente a las bases evangélicas que apoyan a Trump.

Otra figura importante en el círculo de amigos de Trump que durante mucho tiempo ha presionado para que Estados Unidos aplicase la Ley de la Embajada es Sheldon Adelson, el multimillonario judío-estadounidense de los casinos que financió la campaña electoral de Trump con 35 millones de dólares y que según algunas informaciones, se ofreció a pagar la construcción o remodelación del edificio que alberga la nueva embajada.

También fue importante el apoyo de David Friedman, embajador de Estados Unidos en Israel. Friedman, judío ortodoxo, es probablemente el embajador más beligerante de Estados Unidos. Fue presidente de Amigos Estadounidenses de Beit El, una ONG estadounidense que financia un asentamiento judío ubicado en Cisjordania, cerca de Ramala (el mismo que recibió también una importante donación de Trump en 2003), y no oculta su admiración por el actual gobierno israelí y por Israel en general. En 2016 calificó la solución de dos Estados de “estafa” y se refirió a los judíos que la apoyan como “kapos”, un término muy despectivo que significa colaboracionista con el enemigo aunque designaba a los judíos que las SS alistaron durante el Holocausto para servir como administradores de los campos de concentración. Como era de esperar, las relaciones entre Friedman y la dirección palestina no son buenas y ambos suelen intercambiar insultos.

También respaldó el anuncio sobre Jerusalén el yerno de Trump, Jared Kushner, el principal asesor encargado de preparar el “acuerdo de paz del siglo”, también él judío ortodoxo; igualmente, su fundación familiar hace donaciones a asentamientos israelíes. El enviado estadounidense para el proceso de paz en Oriente Próximo, Jason Greenblatt, estudiante de Yeshiva en el asentamiento de Gush Etzion, en Cisjordania, ha declarado sin causar sorpresa que los asentamientos no son un obstáculo para la paz, y lo ha hecho a pesar de haber expresado su apoyo a la solución de dos Estados sobre la base de un acuerdo negociado.

La influencia de las voces pro-israelíes en la administración de Trump también incluye al asesor de seguridad nacional John Bolton y al secretario de Estado Mike Pompeo. Y, por supuesto, está Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU que cortejó el voto evangelista como gobernadora de Carolina del Sur y definió claramente sus credenciales pro-israelíes en la conferencia del AIPAC de marzo de 2018, tal y como suele hacer habitualmente en la ONU.

Por lo tanto, no cabe duda de que el anuncio de Jerusalén tiene una gran trascendencia para las bases republicanas, integradas en un 73% por cristianos blancos. [3] Aunque proclamase que simplemente estaba aplicando una tradicional política estadounidense, lo que ha hecho Trump es entregarse al Partido Republicano para apuntalar su apoyo.

¿Qué significado tiene en el marco de la política de Estados Unidos?

La aplicación de la Ley de la Embajada y el traslado de la embajada a Jerusalén significa a la vez una continuidad y una desviación de la política estadounidense hacia la ciudad. La continuidad estriba en que la posición de Estados Unidos sobre Jerusalén ha ido modificándose a medida que ha crecido su apoyo incondicional a Israel, aunque siempre lo ha hecho dentro de los parámetros del consenso internacional. La desviación se ha producido al quebrar la política de Estados Unidos el consenso internacional y violar el derecho internacional.

Pero esto no ha sido siempre así. Durante muchos años, la posición estadounidense coincidió con el Plan de Partición de Naciones Unidas para Palestina de 1947 (consagrado en la Resolución 181 de la Asamblea General), formulado después de que Gran Bretaña pusiera fin a su Mandato y remitiese la cuestión de Palestina a la ONU. Este plan propuso que aunque Palestina se dividiera en un Estado judío y un Estado árabe ninguno de los dos tendría soberanía sobre Jerusalén. La ciudad tendría un régimen propio internacional especial como un corpus separatum administrado por el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU, tendría su propio gobernador, un consejo legislativo elegido, estaría desmilitarizada y sería neutral.

Pero los acontecimientos superaron ese consenso internacional. Al final de la primera guerra árabe-israelí en 1948, Jordania se hizo con la parte oriental de la ciudad y el recién establecido Estado de Israel ocupó la parte occidental dividiendo de facto Jerusalén, situación que fue reconocida en el Acuerdo de Armisticio de 1949. Israel declaró muy tempranamente Jerusalén como su capital. A pesar de reconocer inmediatamente al nuevo Estado, Estados Unidos, sin embargo, en línea con la política de la ONU y con la mayoría de los otros Estados, no reconoció la soberanía de jure de Jordania ni de Israel en ninguna parte de la ciudad.

Después de la guerra árabe-israelí de 1967 Israel capturó y ocupó el resto del territorio del Mandato de Palestina. Casi de inmediato, extendió los límites del municipio de Jerusalén mediante la anexión unilateral de 70 kilómetros cuadrados, con lo que una Jerusalén Oriental ampliada quedó bajo el control, la legislación, la jurisdicción y la administración de facto de Israel. [4] Es a partir de ese momento cuando se aprecian cambios graduales en la práctica y en los pronunciamientos de Estados Unidos. Y ello por el resultado de cuatro factores: el impacto de los “hechos sobre el terreno” (es decir, cuando Israel ha impuesto más control sobre la ciudad, Estados Unidos ha modificado su posición); la importancia creciente de Israel para la política exterior estadounidense en la región (en el contexto de la Guerra Fría y de los regímenes nacionalistas árabes, se convirtió en un aliado esencial); cambios en la administración de Estados Unidos; y el surgimiento de Israel como una importante cuestión política interna para Estados Unidos (con niveles de apoyo en el Congreso que no podían ser ignorados).

No obstante estos factores, Estados Unidos no reconoció Jerusalén como la capital de Israel ni de jure ni de facto ni tampoco su anexión del territorio confiscado en 1967, y por lo tanto, su posición se manrtuvo dentro del consenso internacional y del derecho internacional. Los grupos pro-israelíes estadounidenses, sin embargo, estaban determinados a forzar que la administración trasladara la Embajada y ejercieron presión de lobby ante el Congreso para favorecer este objetivo. Esta presión dio frutos en forma de:

1. La Enmienda Helms de 1988, que refrendó la apertura de dos “sedes diplomáticas” (una en Tel Aviv y otra en Jerusalén) 2. Un contrato de arrendamiento en 1989 entre Estados Unidos e Israel sobre una parcela de tierra en Jerusalén Occidental (cuya propiedad fue posteriormente impugnada por haber sido confiscada a sus propietarios, refugiados palestinos, y por formar parte de un waqf islámico [donación religiosa inalienable] [5]) 3. La Ley de la Embajada de Jerusalén de 1995, que instaba a Estados Unidos a reconocer Jerusalén como la capital de Israel y a trasladar su embajada de Tel Aviv.

La aprobación de la Ley de 1995 fue trascendental, pues reconocía a Jerusalén como la capital “indivisible” y “unida” de Israel en el derecho público de Estados Unidos. La Ley también contenía una cláusula punitiva por la que, en caso de no trasladarse la sede diplomática (originalmente con fecha límite del 31 de mayo de 1999), el presupuesto anual del Departamento de Estado para el mantenimiento y la construcción de la embajada se reduciría a la mitad. Sin embargo, se otorgaba al Presidente la autoridad de exención por períodos de seis meses si se consideraba que era en “interés de la seguridad nacional de Estados Unidos” no trasladarla. Todos los presidentes han utilizado esta autoridad de exención –incluido inicialmente Trump– a pesar de haber expresado su apoyo a la aplicación de la Ley durante sus campañas electorales. Pero aunque la decisión de Trump esté completamente en línea con la política nacional y con la legislación actual de Estados Unidos hacia Jerusalén, supone romper abiertamente con el consenso internacional y con el derecho internacional.

El consenso internacional sobre Jerusalén

La posición de la ONU y de la mayoría de sus Estados miembros ha sido coherente: Israel y Palestina deben determinar el futuro de Jerusalén mediante negociaciones basadas en las resoluciones pertinentes de la ONU. El Consejo de Seguridad considera que la anexión de Jerusalén Oriental por Israel es ilegal y que está sujeta al derecho internacional humanitario y a las leyes de ocupación, al igual que el resto del territorio ocupado en 1967, como consagra la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU. [6] Según la Resolución del Consejo 2334, todos los Estados deben “distinguir, en sus relaciones relevantes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”. Y la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue adoptada el 20 de agosto de 1980 como respuesta a la Ley de Jerusalén de Israel (que declaraba Jerusalén como la “capital indivisible” de Israel), reclamó a todos los Estados que retirasen sus misiones diplomáticas de Jerusalén. La Resolución 478 del Consejo de Seguridad es una de las siete resoluciones de este organismo de la ONU que condena la anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel.

El control de facto que Israel ejerce sobre Jerusalén Occidental, sin embargo, ha sido aceptado por la mayoría de los Estados. Por lo tanto, el derecho internacional se ha aplicado de manera contradictoria. Tanto Jerusalén Oriental como la parte Occidental fueron obtenidas por Israel a través de la fuerza militar, pero la primera se considera ocupada, mientras que la segunda no. [7]

Sin embargo, el derecho internacional es claro en lo que respecta al territorio ocupado desde 1967, que incluye Jerusalén Oriental. La ONU y la mayoría de los países se han tomado muy en serio el anuncio de Trump, como lo indican la resolución aprobada en la Asamblea General el 21 de diciembre de 2017 y los intentos de resoluciones en el Consejo de Seguridad diseñados para desaprobar a Estados Unidos. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nikolay Mladenov, reiteró la posición del organismo internacional de que el estatuto de Jerusalén solo podría decidirse mediante negociaciones basadas en las resoluciones de la ONU.

La cuestión más trascendental para la comunidad internacional y para los palestinos, según Michael Lynk, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos Palestinos, es que Estados Unidos ya no reconoce la anexión de Jerusalén Oriental como ilegal o que Cisjordania y Gaza sean territorio ocupado. [8] Así quedó patente cuando el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de 2017 eliminó los términos “ocupado” y “ocupación” en referencia a los territorios ocupados por Israel en 1967.

Es decir, lo que se ha puesto en cuestión es la norma jurídica internacional que no admite la adquisición de territorios mediante la fuerza, como lo ha afirmado innumerables veces el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Corte Internacional de Justicia, explica Ardi Imseis, jefa del equipo legal de la UNRWA en Cisjordania entre 2007 y 2014. A pesar de que Trump se empeñe en que simplemente está aplicando la legislación de Estados Unidos, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno en tales asuntos. [9] Tanto Lynk como Imseis insisten en que el traslado de la embajada supone claramente decidir [unilateralmente] sobre una cuestión que afecta al estatuto final y que ha dado lugar a que otros Estados hayan trasladado sus embajadas a Jerusalén. A pesar de ello, la tormenta pronosticada en el mundo árabe e islámico ha sido, sin embargo, bastante silenciosa, lo que ilustra cómo ha retrocedido la importancia de la cuestión de Palestina en los asuntos internacionales por mucho que Estados Unidos esté legal y diplomáticamente aislado en su posición.

Respuesta regional y en los Territorios Palestinos Ocupados

Marginada frente a la atención que recibieron las revoluciones y contrarrevoluciones árabes, y víctima de intensas rivalidades regionales, la autodeterminación palestina ya no es la gloriosa causa que corearon los regímenes árabes vecinos, consumidos como están por la agitación política y por las rivalidades regionales, y a pesar del sentimiento popular de identificación que todavía despierta entre los pueblos árabes la causa palestina. Por supuesto, los líderes árabes han criticado públicamente la decisión, han propuesto activamente y participado en las resoluciones de la ONU que la condenan, han declarado que es una “violación peligrosa del derecho internacional” e insistido en que presionarán a la ONU para que reconozca un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital. [10] Pero lo cierto es que varias fuentes han revelado que el anuncio del traslado de la embajada se coordinó estrechamente con varios Estados árabes, particularmente con Egipto y Arabia Saudí –que dependen del apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad–, preocupados por su propia estabilidad interna y por las rivalidades regionales, e impacientes por consolidar sus propias alianzas estratégicas con Israel. [11] Así que, además de conseguir reforzar sus apoyos internos, Trump ha elegido un momento extremadamente propicio para aplicar la Ley de la Embajada en relación con la situación política de Oriente Próximo.

En este contexto, la respuesta de la dirección palestina en Ramala al anuncio se ha mantenido dentro de lo que es factible habida cuenta de que sus intrincados intereses impiden un cambio radical de estrategia. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) han declarado que boicotearán a la administración estadounidense y se han negado a retomar las negociaciones hasta que no se reemplace a Estados Unidos como único garante y mediador de las conversaciones de paz por una mediación multilateral. Han presionado a otros actores, en particular a la UE y la ONU, para que condenen la decisión de Estados Unidos y asuman un papel más determinante en el proceso de paz. Y han iniciado acciones a nivel internacional para que se revoque la decisión; incluso han solicitado a la Corte Penal Internacional que abra una investigación contra Israel, a lo que Estados Unidos ha respondido restringiendo de inmediato las actividades de la OLP en el país y amenazando con cerrar las oficinas de su delegación en Washington DC. Sin embargo, la dirección de Ramala no ha abandonado las obligaciones que le estipulan los Acuerdos de Oslo, que incluiría suspender la coordinación de seguridad con Israel, retractarse de su reconocimiento de Israel y posiblemente disolver la Autoridad Palestina. A pesar de amenazar con llevarlo a cabo, es poco probable que la OLP/AP avance en esa dirección. Y, desgraciadamente, además, la decisión de Trump no ha servido para reconciliar a Fatah y Hamas, lo que acercaría Cisjordania y Gaza administrativamente divididas desde 2007.

A nivel popular, se organizaron varias protestas en todo el mundo pero han sido efímeras. Lo mismo que en Jerusalén Oriental, donde durante varias semanas los palestinos intentaron organizar concentraciones frente a la Puerta de Damasco que Israel respondió de manera agresiva y que finalmente se desvanecieron. Durante el mes que siguió al anuncio, soldados israelíes asesinaron a 16 palestinos cuando protestaban en los territorios ocupados, pero las manifestaciones de cada viernes han sido limitadas en alcance y participación. Las manifestaciones del 14 de mayo, el día de la inauguración de la embajada, han sido las más concurridas de momento.

Sin embargo, la denuncia popular del anuncio de Estados Unidos ha puesto de relieve tres cuestiones clave: primero, que Jerusalén sigue siendo el epicentro de los palestinos , por lo que la cuestión del estatuto de la Ciudad Vieja y, en particular, de los Lugares Sagrados, seguirá provocando protestas; segundo, que a pesar de que Israel ha intentado durante décadas separar Jerusalén Oriental del resto de los territorios palestinos ocupados y “judaizar” la ciudad e integrar a sus habitantes palestinos en el sistema israelí, los palestinos de Jerusalén siguen negándose a aceptar la ocupación y la anexión por parte de Israel; y tercero, que cualquier forma de acción colectiva de los palestinos en Jerusalén está destinada al fracaso a menos que emerja un liderazgo comprometido y representativo dentro de sus filas. Las acciones de los imames de al Aqsa en el verano de 2017, cuando las manifestaciones populares obligaron a retirar los equipos de vigilancia que Israel había instalado fuera del recinto de Haram al Sharif, demostraron lo que se puede conseguir con una dirección que cuente con respaldo popular.

Ahora bien, sin pretenderlo, la decisión de Trump ha provocado el debate político entre los palestinos de Jerusalén Oriental sobre su futuro. El primero de estos debates pone en cuestión la viabilidad de la solución de dos Estados y aborda la validez de una solución de un solo Estado. Una encuesta de opinión llevada a cabo entre enero y febrero de 2018 recoge un cambio importante en las posiciones de la opinión pública palestina en comparación con encuestas anteriores sobre la solución de dos Estados y el proceso de paz. [12] Aunque las respuestas no se desglosaron por áreas, Jerusalén Oriental se incluyó en la muestra. La encuesta reveló que la mayoría de los encuestados (96.1%) rechaza el establecimiento de un Estado palestino sin Jerusalén Oriental como su capital. Además se constata que ha disminuido el apoyo a la solución de dos Estados al 35.8% desde el 49.6% de enero de 2017. Ello no se traduce en mayor apoyo a un único Estado (o un Estado binacional), que solo ha aumentado del 18.1% en febrero de 2017 al 23.9% actual. No obstante, como el apoyo a una solución de un solo Estado es mayor entre los ciudadanos palestinos de Israel, pudiera ser que en el futuro se produzcan cambios similares en las opiniones de los palestinos de Jerusalén Oriental.

El segundo debate tiene que ver con la posibilidad de que de los palestinos de Jerusalén Oriental vuelvan a alinearse políticamente con los palestinos del interior de Israel porque ambos grupos comparten las mismas condiciones de sometimiento a la legislación y la soberanía israelíes. De hecho, en ausencia de representación política de la OLP/AP en la ciudad, los partidos políticos árabes palestinos de Israel y sus miembros de la Kneset han emergido como impulsores de los asuntos relativos a Jerusalén Oriental; la Lista Árabe Conjunta cuenta incluso con un “Comité de Jerusalén”. Algo que no pasa desapercibido ni es ajeno a lo que se habla en las calles y cafés de Jerusalén Oriental. Esta re-alineamiento potencial, sin embargo, no implica que para identificarse con el resto de los palestinos de los territorios ocupados (y por lo tanto con la lucha por un Estado separado) o para unirse a los palestinos de Israel y así asumir la lucha por la igualdad de derechos dentro del Estado de Israel, los palestinos de Jerusalén Oriental tengan que dar un giro de 180 grados. Quizá, como vienen haciendo los palestinos del interior de Israel aunque con diferente énfasis, podrían adherirse a ambas luchas en reconocimiento de las posiciones contradictorias en las que se les obliga a vivir.

Aunque el debate aún está en sus inicios, esta tendencia explica por qué aumentan los residentes palestinos de Jerusalén Oriental que solicitan pasaportes israelíes. Hace solo diez años, para los palestinos de Jerusalén Oriental era tabú solicitar la ciudadanía israelí pero en la actualidad hay alrededor de mil solicitudes al año. [13] Representa una cifra limitada si se tiene en cuenta que la población palestina de Jerusalén oscila entre los 300.000 y 350.000 habitantes. Pero en el contexto del aumento de las derogaciones de documentos de identidad de palestinos jerusalemíes por parte de Israel y de las injusticias que les inflige la política israelí de Jerusalén como “centro de vida”*, no es de extrañar que los palestinos de Jerusalén Oriental quieran asegurar su estatuto; el aumento de solicitudes demuestra además que están practicando una forma muy inteligente de sumud (firmeza) sin que suponga cambiar en modo alguno su posición política. Las autoridades israelíes se han dado cuenta de ello y, así como han aumentado las solicitudes palestinas de pasaportes, Israel ha incrementado también las denegaciones. [14]

El tercer debate tiene que ver con las actitudes de los palestinos hacia las próximas elecciones municipales de Jerusalén. Los palestinos con documentos de identidad de Jerusalén no tienen derecho a votar en las elecciones al parlamento nacional israelí (Knesset); sin embargo, sí tienen derecho a votar en las elecciones municipales de Jerusalén. Hasta ahora son muy pocos los que han ejercido ese derecho (entre un 1% ó 2%); más bien han optado por boicotear las elecciones como signo de protesta y porque temen que su participación se interprete como aceptación y normalización de la ocupación de Israel. Las primeras elecciones municipales en cinco años están programadas para octubre de 2018. Se han producido debates entre los palestinos de Jerusalén Oriental sobre si participar o mantener el boicot. Algunos palestinos (no muchos) también han anunciado su candidatura a través de partidos propios o formando parte de una lista conjunta palestino-israelí.

A pesar de ciertas críticas a los candidatos y de que se cuestione la utilidad de postularse para las elecciones, una encuesta realizada por el Centro Israel-Palestine Center for Resarch and Information y la Universidad Hebrea indica que casi el 60% de los residentes de Jerusalén Oriental creen que deberían participar en las elecciones frente a un 13% se opone, aunque esas cifras contradicen la creencia general sobre este tema. [15] Los palestinos constituyen entre el 35% y el 40% de la población del interior de las fronteras municipales de Jerusalén, lo que los convierte en un importante grupo electoral. De producirse un cambio de política como al aplicado por el Sinn Fein en Irlanda del Norte en la década de 1980 (donde se desarrolló una estrategia electoral similar), los palestinos de Jerusalén Oriental podrían hacer una demostración de fuerza política yendo a las urnas de manera unitaria. Sin embargo, la influencia de la OLP sigue siendo primordial, y no es probable que los jerusalemíes participen en las elecciones si la OLP y las facciones políticas no lo aprueban.

En el lado israelí, el impacto político de la aplicación de la Ley de la Embajada ha sido casi inmediato: se ha anunciado un incremento en la construcción de asentamientos, incluso en Jerusalén Oriental; avanzan rápido los planes para modificar los límites municipales de la ciudad para así alterar su demografía y poder manipular la circunscripción electoral; y han aumentado los debates y las mociones en la Kneset reclamando la anexión de grandes extensiones de Cisjordania. Aunque no cabe imaginar que ningún otro actor se hubiera atrevido siquiera a detener estos planes más allá de la retórica habitual, sin duda la decisión de Trump (y el fin de la pretensión estadounidense de desaprobar los asentamientos) ha envalentonado los planes de Israel para garantizar una mayoría judía y su control sobre toda la ciudad, y ha dado alas a quienes apoyan la anexión de los asentamientos de Cisjordania y a los que pretenden cambiar el status quo sobre el recinto de al Aqsa.

Conclusiones

La ceremonia oficial de inauguración de la Embajada de Estados Unidos tuvo lugar en su sede temporal en la calle David Flusser, 14, en Arnona, Jerusalén Occidental, el 14 de mayo de 2018. Inicialmente, este lugar albergará la residencia del embajador y a un reducido personal hasta que se construyan más oficinas y se edifique el recinto de la nueva embajada en una extensión de 25 dunam (algo más de 25 mil metros cuadrados). Aunque el edificio actual se ubica en la mitad occidental de la ciudad, parte del nuevo edificio se extenderá en lo que fue entre 1948 y 1967 la llamada “tierra de nadie” entre Israel y Jordania, lo que ha generado cierta controversia. La ceremonia de inauguración, organizada por Friedman y a la que asistieron Kushner, Ivanka Trump, Greenblatt, miembros seleccionados del Congreso y políticos israelíes, pareció más una fiesta familiar que un evento diplomático. El hecho de que el discurso final corriera a cargo de John Hagee, fundador y presidente de Cristianos Unidos por Israel, lo dice todo. Asimismo, la fecha se eligió cuidadosamente para hacerlo coincidir con el 70 aniversario de la declaración del Estado de Israel según el calendario gregoriano (aunque los israelíes lo celebran según el calendario judío, o sea, a mediados de abril). Fue un día antes del 70 aniversario de la Nakba por la que tres cuartas partes de la población palestina se convirtieron en refugiados y los restantes pasaron a ser “presentes ausentes”, es decir, se les negó el derecho a regresar a sus casas y a sus pueblos aunque se les permitió permanecer en el interior de las fronteras del nuevo Estado. Para conmemorar este aniversario y llamar la atención sobre el aislamiento de Gaza y sobre su cada vez más mísera situación, los palestinos han participado en una “Gran Marcha por el Retorno” semanal a lo largo de la “frontera” de Gaza con Israel todos los viernes desde el 30 de marzo, que culminó en una gran manifestación el 14 de mayo. En las seis marchas el ejército de Israel ha asesinado a un centenar de palestinos y herido a decenas de miles.

La televisión de Al Jazeera , que cubrió los acontecimientos del 14 de mayo, ofreció una transmisión en directo a través de una pantalla dividida que mostraba la ceremonia de la Embajada de Estados Unidos por un lado, y la manifestación en la “frontera” de Gaza por otro, a la vez que iba actualizando en una línea horizontal inferior las cifras de los muertos palestinos. Esta presentación visual y la declaración oficial de Estados Unidos de que las muertes en Gaza fueron responsabilidad de Hamas dejan clara la única conclusión posible: que con sus acciones, Estados Unidos ha recompensado a Israel por crear “hechos sobre el terreno”, que ha establecido un peligroso precedente en términos del derecho internacional al reconocer la soberanía israelí sobre un territorio ocupado por la fuerza, que ha quebrado el consenso internacional con respecto a Jerusalén y que ha marginado los derechos de un pueblo bajo ocupación. En este contexto, ya es hora de admitir que Estados Unidos no es un “tercer” actor sino que forma parte del conflicto, particularmente por las acciones ilegales que los agentes de su gobierno ejercen al apoyar los asentamientos israelíes, cuya existencia es un crimen de guerra.

Notas:

(*)La normativa relativa a Jerusalén como “centro de la vida” es una de las políticas que más perjudican a los habitantes palestinos de Jerusalén Oriental y por la que muchos se convierten en apátridas pues regula arbitrariamente el mantenimiento de su estatuto (y de su derogación de los carnets de identidad) como habitantes de Jerusalén. Es una doctrina creada judicialmente por Israel y sujeta a la absoluta discreción y manipulación del Ministerio del Interior israelí. Véase: Danielle C. Jefferis, The “Center of Life” Policy: Institutionalizing Statelessness in East Jerusalem . [N. de la T.]

La Casa Blanca, “Declaración del presidente Trump sobre Jerusalén”, 6 de diciembre de 2017

Donald Trump, twitter, 3 de enero de 2018

Robert P. Jones and Daniel Cox, “ America’s Changing Religious Identity” PRRI, 2017

Rami Nasrallah, “Planning the Divide: Israel’s 2020 Master Plan and its Impact on East Jerusalem,” en Mandy Turner and Omar Shweiki, eds. Decolonizing Palestinian Political Economy: De-development and Beyond (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014), p.163

Walid Khalidi, “The Ownership of the US Embassy Site in Jerusalem,” Journal of Palestine Studies 29/4 (2000)

La versión en inglés de la Resolución 242 del CS de la ONU no incluye el artículo definido que sí aparece en la versión francesa, lo que ha llevado a disputas legales sobre la extensión de territorio del cual cabría esperar que Israel se retire

Diakonia “Distinctions with Differences: Jerusalem as Corpus Separatum and its Legal Implications, Diakonia , Julio, 2017, p. 10

Michael Lynk, entrevista con el autor vía skype, 20 de marzo de 2018

Ardi Imseis, I entrevista con el autor vía skype, 20 de marzo de 20183

Reuters, “Trump Jerusalem Move ‘A Dangerous Violation of International Law,’ says Arab League,” The Guardian , 10 de diciembre de 2017

David P. Kirkpatrick, “ Tapes Reveal Egyptian Leader’s Tacit Acceptance of Jerusalem Move,” The N ew York Times , 6 de enero de 2018; Rosie Perper, “Saudi Arabia’s Crown Prince Reportedly Said Palestinians Should Accept Peace or ‘Shut Up and Stop Complaining’,” Business Insider , 29 de abril de 2018

Jerusalem Media and Communications Centre, “Poll No.91: Trump’s Jerusalem Decision and Freedom of Expression,” 24 de febrero de 2018

Karin Laub and Mohammed Daraghmeh, “More East Jerusalem Palestinians Seek Israeli Citizenship ” The Times of Israel, 22 de marzo de 2017

Ibid

Nir Hassan, “’People Are Ready’: Breaking Taboo, Palestinian Parties to Run in Israeli Election in Jerusalem,” Haaretz , 8 de marzo de 2018

Fuente: https://www.merip.org/mero/mero051618