¿Una alianza entre Álvaro Arzú y los militares detrás de Jimmy Morales?

por CMI-G

Un convenio aprobado recientemente por el Concejo Municipal capitalino, relacionado con patrullajes militares en zonas con altos índices delincuenciales, ha sido puesto en tela de juicio, no sólo por su base legal sino también por los oscuros intereses que prevalecerían tras bambalinas. Sabido es que el ex presidente de la República y actual alcalde capitalino, Álvaro Arzú, se sostiene en gran parte por la estructura militar y de inteligencia que estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial (EMP) de su gobierno, y que hoy ocupa importantes cargos en el llamado Palacio de La Loba. Esas relaciones llevan a los militares que se ha dicho están atrás de Jimmy Morales. Una oscura alianza castrense se estaría gestando.

Contradicciones entre Muni y Defensa

Fue el diario Prensa Libre, en su edición del 1 de diciembre, el que dio a conocer la noticia en relación con la aprobación de un convenio para implementar un “programa llamado Brigadas Militares de Seguridad”, que sería implementado por tropas de la “Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala”.

El convenio tendría que ser suscrito con el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), y busca involucrar al Ejército en patrullajes “para disminuir la criminalidad”, según reza el convenio que el medio de prensa dio a conocer. Las tropas se ubicarían “temporalmente en lugares estratégicos del municipio de Guatemala que registran altos índices delincuenciales”, y según el convenio, “el Mindef sería el encargado de integrar las brigadas militares con el personal y el equipo de trabajo necesarios.”

Según indica Prensa Libre, “El actuar de los elementos militares de las brigadas militares de seguridad estará bajo la coordinación y responsabilidad del Ministerio”. Mientras que las responsabilidades de la Municipalidad capitalina serían “conceder áreas ubicadas en fincas municipales para las instalación temporal de las brigadas militares de seguridad. En la medida de sus posibilidades, la municipalidad coadyuvará para el acondicionamiento y ornato del área a ocupar”, según lo establece el convenio.

El convenio sería firmado por el alcalde Arzú y el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, sin embargo Mansilla declaró a ese medio de prensa que “desconocía la solicitud de la Municipalidad de Guatemala para ampliar los patrullajes del Ejército en la capital… La orden del presidente es que ya no se establezca ningún destacamento militar y que vaya tomando su lugar la PNC. Hay en estudio un retiro progresivo del Ejército de las tareas de seguridad ciudadana…La idea…es disminuir la presencia militar y la municipalidad va al revés”. Mansilla también confirmó “que la petición de la Comuna debe ser aprobada por el Ministerio de Gobernación antes para ser atendida.”

Aprobar un convenio de esa naturaleza, conociendo la personalidad impositiva y autoritaria de Arzú, llama poderosamente la atención porque podría suponerse que ese convenio tendría el apoyo de fuerzas a lo interno del Ejecutivo. Se rumora que las “buenas relaciones” entre Arzú y el mandatario Jimmy Morales, podrían ser el origen. Pero la respuesta de Mansilla fue directa al señalar cuáles son las directrices que Morales ha ordenado en relación con la reducción de la presencia militar.
¿Qué hay detrás del convenio?

A menos que el presidente Jimmy Morales maneje un doble discurso, y Mansilla no esté enterado, la otra posibilidad es que el convenio tenga la venia del grupo militar tantas veces mencionado, que actúa como “poder detrás del trono” en el Ejecutivo.

Dados los discursos expuestos en Prensa Libre, de llegar a concretarse ese convenio, confrontaría a la llamada “juntita militar” con las autoridades castrenses, en función de los intereses de ese grupo de militares retirados, cuyos cabecillas están en el Congreso, y los de la estructura militar ligada a Arzú.

Nada extraña esas relaciones, ya que hay vasos comunicantes entre ambas estructuras, incluso con la Fundación contra el Terrorismo (FcT) para la que Mansilla es una especie de “traidor” por facilitar documentación militar al MP por los casos de genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos por militares del Alto Mando contrainsurgente.
De estructuras militares, inteligencia y violaciones a los derechos humanos

Los nexos entre esas tres estructuras militares, a modo de ejemplo, se arrastran desde la década de 1990, cuando gobernó Arzú (1996-1999). El general de aviación Marco Tulio Espinoza Contreras, quien ejerció tres cargos estratégicos en esa administración como jefe del EMP, del Estado Mayor de la Defensa y Ministro de la Defensa también estuvo a cargo del Comando Antisecuestros que se configuró dentro del EMP en su gestión.

Se ha dicho por años que Espinoza Contreras es actualmente el principal asesor en seguridad e inteligencia de Arzú, lo que por su pasado no parece descabellado.

En ese Comando Antisecuestros participó Edwin Sperissen como investigador, hoy purgando condena perpetua en Suiza, por los asesinatos en el Caso Pavón y de los prófugos del Infiernito ocurridos cuando fue director de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2007). Sperissen fue responsable directo de la contratación de Herbert Armando Melgar Padilla como su asesor y para ejercer el cargo de Jefe de Compras de Armamento de la PNC. Melgar Padilla fue el principal asesor de Jimmy Morales a inicios de su gobierno este año, pero tras develarse una supuesta estructura de espionaje que operaba desde la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (SAAS) al mando de Melgar Padilla, este pasó a ocupar la curul del diputado y militar Alsider Arias.

De esta manera Melgar Padilla adquirió una ansiada inmunidad, mientras duren las investigaciones por ese caso. En ese contexto, Melgar Padilla es mencionado repetidamente como el cabecilla de la “juntita militar”, grupo de militares retirados que serían el poder detrás del Ejecutivo.

En ese Comando Antisecuestros del EMP de Espinoza Contreras, conocido también como “La Oficinita”, participó activamente Luis Alberto Mendizábal Barrutia, hoy prófugo por el Caso Cooptación del Estado, por el cual se encuentran procesados, entre otros, el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Uno de los integrantes más destacados del EMP del gobierno de Arzú, dirigido inicialmente por Espinoza Contreras (1996) y luego por el coronel de aviación Rudy Vinicio Pozuelos Alegría (1997-1999), fue el capitán Byron Lima Oliva a quien tanto el gobierno de Arzú como las familias Novella y Botrán, le quedaron agradecidos por su participación clave en las investigaciones de los secuestros y posterior liberación de las señoras Isabel Bonifasi de Botrán y Olga Alvarado de Novella. Eso condujo a las capturas de Daniel Palacios Luna, responsable del primer secuestro, y de los comandantes de la ORPA, Mincho (asesinado después) e Isaías en el segundo caso.

Lima Oliva junto a Irlando García Toledo, participaron en las investigaciones de esos secuestros. Lima Oliva, una especie de brazo derecho de Arzú, fue posteriormente identificado como uno de los responsables directos del asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera, ocurrido en 1998. Hace pocos meses, Lima Oliva fue violentamente asesinado mientras purgaba condena de 20 años por ese caso. Mientras García Toledo se dedica al cultivo de tomate en una finca entre San Rafael Las Flores y Mataquescuintla, área de interés minero de Minera San Rafael y Tahoe Resources. Lima Oliva fue una de las fuentes de financiamiento de la Fundación contra el Terrorismo (FcT), dirigida por Ricardo Méndez Ruiz.

En el caso del otro jefe del EMP, Pozuelos Alegría, el caso Gerardi dejó abierta la investigación en su contra. Pozuelos había sido oficial S4 de la Dirección de Logística (D-4) conocida también como Control Poblacional, cuando siendo coronel Otto Pérez Molina se desempeñó como jefe del EMP, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-1996).

En 1989, Espinoza Contreras dirigió la D-4, y contrató al varias veces candidato y rector de la Universidad Galileo, Eduardo Suger Cofiño, para modernizar el centro de cómputo de la D-4. Uno de los hijos de Pozuelos Alegría, José André Pozuelos Echeverría, tiene como madrina a Roxana Baldetti, y durante el gobierno de Pérez Molina (2012-2015) a Pozuelos Alegría se le vinculó a esa administración.

Pozuelos Alegría es hermano de la esposa de Espinoza Contreras, Victoria Haydee Pozuelos Alegría. Cabe señalar que el diario elPeriódico ha informado en repetidas ocasiones que Espinoza Contreras dirige una oficina de espionaje telefónico que opera en los sótanos de la municipalidad capitalina.

En 1997, elPeriódico divulgó que Pozuelos Alegría estaba vinculado al tráfico de drogas (elPeriódico, 31 de marzo de 1997. Al oído de Arzú). Pozuelos Alegría fue candidato a diputado por el partido de Arzú, el Unionista (PU), en el proceso electoral de 2007.

Por el caso Gerardi también se investigó al coronel Juan Francisco Escobar Blas, subjefe del EMP cuando ocurrió el asesinato. Escobar Blas es actualmente un miembro importante de la Fundación contra el Terrorismo.
Arzú y el caso Gerardi

Otro de los investigados por ese caso fue el coronel Fernando Waldemar Reyes Palencia, entonces jefe de la Guardia Presidencial. Hoy Reyes Palencia se desempeña como director de la Policía Municipal, un brazo represivo de la municipalidad capitalina que mostró ese carácter en los desalojos de vendedores ocurridos recientemente en la Sexta Avenida de la zona 1 capitalina.

Reyes Palencia está casado con Susan Carolina Batres Reyes, quien fue nombrada recientemente como subcoordinadora ejecutiva de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). Durante todo el gobierno de Pérez Molina, Batres Reyes fue asesora de la Secretaría Privada de la Presidencia, del Ministerio de Gobernación (Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, dirigida por el ex comandante guerrillero Pedro Palma Lau) y del Sistema Nacional de Diálogo.

Reyes Palencia también fue jefe del Comando Antisecuestros en el EMP durante el gobierno de Arzú. Eso explica en gran parte sus cargos en la municipalidad, particularmente en la Dirección de la Policía Municipal, que opera desde los sótanos de la municipalidad capitalina, que es donde se ha denunciado que funciona el centro de espionaje y escuchas telefónicas al mando de Espinoza Contreras. A Reyes Palencia se le señaló junto a otros militares de integrar una banda de roba carros, que operaba a principios de 1990 (elPeriódico, 5/7/2000).

Se ha establecido que Reyes Palencia trabaja para la empresa de seguridad privada Protección Integral, S.A. (PRISA), cuyo gerente es el taiwanés nacionalizado guatemalteco Howard Yang Luke (Director General de EMETRA), quien por su estrecha cercanía con el ex mandatario y alcalde capitalino Álvaro Arzú desempeñó la jefatura de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) durante ese gobierno.

Antes de asumir ese cargo, Yang dirigió la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), siempre con ese gobierno. Yang ocupa hoy el cargo de Director de la Empresa Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA) de la municipalidad capitalina.

De acuerdo con el Registro Mercantil, el mandato de la empresa PRISA lo tiene María Arzú García Granados de Noltenius, hija de Arzú. Yang dejó la SAE en marzo de 1999, en medio de presiones por las amenazas que habría vertido contra el entonces juez a cargo del caso Gerardi, Henry Monroy, quien luego se fue al exilio.

Con el gobierno de Alfonso Portillo, quien asumió el cargo en la SAE (posteriormente SIE) fue el analista Edgar Gutiérrez, quien de entrada denunció la desaparición de varios expedientes relacionados con investigaciones, en particular de los asesinatos de Gerardi y Myrna Mack. Gutiérrez responsabilizó a Yang quien tras su salida de la SAE había dejado a cargo a militares del EMP.

En ese contexto se recuerda información publicada por Siglo Veintiuno (2/5/09) cuando el Ministerio Público (MP) informó que un cadáver encontrado el 22 de abril de ese año, en los barrancos de la colonia La Limonada, zona 5 de la capital, había sido identificado como el coronel retirado Roberto Antonio de la Cruz Prado. De acuerdo con lo declarado por el fiscal especial del caso Gerardi de ese entonces, Jorge García, a De la Cruz Prado “lo estábamos investigando y le perdimos la pista unos días antes de que le acertaran dos balazos en el cráneo y uno en el pecho. Sólo estamos esperando un informe forense más completo, porque no hay seguridad de que lo hayan matado en el lugar donde apareció.”

De acuerdo con el fiscal García, la noche en que fue asesinado Gerardi, De la Cruz Prado sustituyó al también coronel Fernando Waldemar Reyes Palencia, quien era el jefe de la Guardia Presidencial en ese momento, “y por causas inciertas había pedido su cambio”. García agregó que “tenemos algunas pistas de que el fallecido también participó en el crimen. Creemos que murió en circunstancias sospechosas, luego de informaciones que se vertieron en una radio local. Nos parece demasiada coincidencia; es una muerte misteriosa que debe ser investigada, pues lo preliminar no señala delincuencia común.”

Con la muerte de De la Cruz Prado, sumaron más de 13 los muertos o desparecidos vinculados al caso Gerardi. En el contexto del décimo aniversario del asesinato de Gerardi, el fiscal García declaró “Lo curioso es que al menos tres de los muertos tenían relación comercial con Byron Lima” (Prensa Libre, 22/4/08).

Según el Registro Mercantil, De la Cruz Prado era propietario de la empresa Asesorías, Servicios y Contactos, S.A., cuya actividad es “brindar servicios en las áreas de estudios estratégicos de seguridad, telecomunicaciones, informática…”. De la Cruz Prado pertenecía a la Promoción 83 de 1972, y junto con Carlos Gilberto Chavarría Hernández y Roberto Argueta Álvarez, militares de la misma promoción, dirigían otra empresa denominada Servicios y Comunicaciones, S.A., dedicada a lo mismo. Chavarría Hernández fue miembro del Tribunal de Honor del Partido Patriota (PP), y agente de inteligencia militar cuando Pérez Molina dirigió la D2 a principios de la década de 1990, al igual que Argueta Álvarez.

El nombre de De la Cruz Prado, también fue público durante el juicio al coronel Juan Valencia Osorio, en 2002, por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack ocurrido en 1990. En este caso, se presentó un documento con la firma De la Cruz Prado y del coronel de aviación Rudy Pozuelos Alegría, que certificaba desde el EMP que Noel de Jesús Beteta (el asesino de Mack y quien hoy día guarda prisión) estaba de baja cuando ocurrió el asesinato.

De la Cruz Prado era miembro del Departamento de Seguridad del EMP (inteligencia militar o El Archivo). A la fecha, Valencia Osorio, a quien se encontró culpable de la muerte de Mack, está prófugo. Uno de los hijos de Valencia Osorio, el subteniente alférez de navío del Ejército, Carlos Antonio Valencia Girón, fue asesinado el 22 de diciembre de 2005.

Otro castrense que se menciona a cargo de la “juntita militar”, es el general Edgar Ricardo Bustamante Figueroa, quien fue el encargado de la Secretaría Técnica de Seguridad del gobierno de Pérez Molina. Bustamante Figueroa fue jefe de Negociado de Contrainteligencia cuando el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar fue Pérez Molina (1992) y jefe del Centro Regional de Telecomunicaciones del EMP (Archivo o La Regional) en 1993, cuando Pérez Molina comenzó como jefe del EMP en el gobierno de Ramiro de León Carpio.

La figura militar de más alto relieve en el gobierno de Jimmy Morales, es Herbert Armando Melgar Padilla, con quien Bustamante Figueroa tendría fuertes lazos debido a la influencia que la Promoción 103, de Melgar Padilla, ejerce en las instancias de seguridad e inteligencia del Estado: Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCNS), la SAAS y en la Dirección de Inteligencia Militar. Además, el jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) del actual gobierno, Mario Andrés Duarte García, está casado con Brenda Marycruz Zaldaña Bustamante quien es sobrina de Bustamante Figueroa. Ella es hija del coronel Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, procesado actualmente junto a otros militares por el Caso Molina Theissen.

Pareciera entonces, estarse gestando una alianza de militares ligados a los gobiernos de Arzú, Pérez Molina y Jimmy Morales, para fortalecer una línea militar golpeada con las últimas acciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), amarrada a viejas estructuras de crimen organizado que aún permanecen en la impunidad.

Facebook Comments Box
Comparte, si te gusto