El aparato paramilitar y de seguridad privada de Cementos Progreso

por CMI-G

Hace no más de tres semanas se llevó a cabo el 5º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, donde Guatemala tuvo una fuerte presencia. Una de las empresas que llegó fue Cementos Progreso, que buscó realzar su trabajo en el manejo del conflictivo caso de San Juan Sacatépequez. El CMI recibió producto de esa conferencia un documento anónimo que detalla información no conocida hasta ahora sobre el jefe de seguridad de Cementos Progreso, Torivio Acevedo Ramírez, que fue mencionado en múltiples ocasiones por las comunidades productoras de flores de San Juan Sacatepéquez durante el conflicto con la cementera. El CMI verificó que la información fuera correcta, y a continuación publica el documento dividido en dos partes. Esta es la segunda parte.

El caso de Cementos Progreso

Ginebra es un espacio estratégico para el CACIF. Ahí se cabildea dentro del mundo diplomático internacional, al igual que se estrechan relaciones con la elite empresarial mundial. Desde ahí se produce el ansiado respaldo y las presiones hacia los gobiernos. También se influye a funcionarios de la ONU, como relatores y grupos de trabajo vinculados al monitoreo de los derechos humanos y las empresas. Por eso, las delegaciones del CACIF han insistido a esos funcionarios “a trabajar y conocer de cerca a las empresas y sectores, para que puedan conocer y tener opiniones basadas en la realidad de manera objetiva e imparcial.” Significa entonces, que también se distorsionan realidades y la criminalización de movimientos en resistencia se eleva a un nivel “diplomático”.

Una punta de lanza en ese espacio, es la Embajada de Guatemala en Ginebra. Las relaciones de los empresarios con el diplomático o diplomática que esté a cargo, siempre ha sido público. Este año no fue la excepción. Esa embajada ha estado al servicio de los intereses empresariales. La actual embajadora Carla María Rodríguez Mancia, una diplomática de carrera con amplia experiencia en el sistema de la ONU y en Europa, pero con estrechos nexos con la elite diplomática guatemalteca: la familia Skinner- Klee, particularmente el actual embajador de Guatemala ante la ONU, Jorge Skinner-Klee Arenales.

De los grupos empresariales, el que ha llevado la batuta en la defensa de sus intereses y del gremio de la industria extractiva y agronegocios, en ese espacio de Ginebra, es Cementos Progreso (Cempro). Primero, por medio de la Asociación para la Libertad y Promoción del Desarrollo Sostenible (ALDS) fundada y dirigida por el abogado Luis Chacón Torrebiarte, miembro de una las familias que controlan el Grupo Cempro, que aglutina a lo más granado de la industria extractiva con pleno respaldo de la Cámara de Industria. Y luego, con la presencia y presentaciones de los principales gerentes de Cempro: Enrique Eduardo Aguirre Cantero, gerente de Relaciones Interinstitucionales y el diplomático Alfonso José Quiñónez Lemus, gerente de Asuntos Públicos.

Aguirre Cantero es quien más actividad ha tenido en ese escenario, en gran parte encargado de limpiarle la imagen a Cempro por el caso de la planta cementera en la finca San Gabriel, San Juan Sacatepéquez, impuesta a “sangre y fuego” con el contubernio de los gobiernos de Óscar Berger, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.

Aguirre Cantero ha sido Gerente de la Presidencia y vicepresidencia de la República bajo el gobierno de Óscar Berger. Fue Gerente de la Reconstrucción durante ese gobierno, al igual que titular de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y subsecretario de la Secretaría de la Paz. Se ha desempeñado como Coordinador nacional del programa municipal de desarrollo local, Cooperación Alemana (GTZ), en su componente de reconstrucción y gestión de riesgo y subsecretario de la Secretaría de la Paz.

Por eso no extraña que en los últimos años, en los distintos eventos en Ginebra, promueva el caso de la planta cementera como un caso exitoso de responsabilidad empresarial. Enfatiza en “la buena relación entre pueblos indígena y Cempro…desarrollar sus operaciones en alianza con las comunidades”. Aunque aduce que al principio de ese proyecto no había apoyo comunitario a las actividades extractivas, después “se logró obtener no sólo el perdón por el uso de la tierra sino también el permiso”. El diálogo con las comunidades lo ve como un aprendizaje en el contexto del Convenio 169.

En marzo de este año, en el contexto de la presentación del libro Resiliencia y construcción de paz: Marcos de análisis para la resiliencia en Guatemala, por Interpeace, Aguirre “expresó también que como sector se han visto en la necesidad de cambiar la cultura empresarial y aprender a pedir perdón cuando ha sido necesario, pero también rescatar el valor que tiene pedir permiso, ya que esto redibujó la situación de sus inversiones.”

Foto. Interpeace.

Por supuesto, ni la ALDS ni los gerentes de Cempro explicarán qué comunidades y quiénes dieron ese perdón y permiso. Es hartamente conocido que las comunidades de San Juan Sacatepéquez fueron divididas por ese proyecto cementero, y que hubo un accionar paramilitar con un escuadrón de la muerte que se encargó de infiltrar al movimiento de resistencia. Ese cuerpo clandestino y sus víctimas es un caso plenamente documentado, pero que permanece en la impunidad.
Del aparato paramilitar y de seguridad privada de Cempro

La implantación del proyecto cementero en San Juan Sacatepéquez no hubiera tenido lugar, sin el pleno uso de un andamiaje que incluyó no sólo autoridades de gobierno, sino sobre todo sus fuerzas de seguridad y la seguridad privada de la cementera.

En el contexto de la alianza que se gestó entre Cempro y la cementera suiza Holcim, cuando la cementera suiza adquirió el 20% de las acciones, se generó una reestructuración que condujo a cambios en la seguridad privada del grupo familiar que controla Cempro. Esa responsabilidad, que estaba a cargo del abogado con experiencia militar, Toribio Acevedo Ramírez, le fue trasladada a una compañía inglesa que opera en el país, y que se supone es Yantarni.

Mientras tanto, la seguridad privada interna de la empresa quedó en manos de un amplio grupo de empresas privadas que operan conjuntamente, bajo el mando de Acevedo Ramírez. En 2013, mientras el caso de San Juan Sacatepéquez era ampliamente conocido internacionalmente y las presiones arreciaban hacia Holcim, la transnacional cementera vendió su participación al Grupo Cemcal Progreso, es decir, Cempro retomó pleno control del 100% de las acciones.

Fuente CMI-G

El aparato paramilitar y de seguridad privada de Cementos Progreso

Facebook Comments Box
Comparte, si te gusto