Amigo del Tribunal

xccvdPor Kajkoj Maximo Ba Tiul –
ajpop2004@yahoo.es

 

Con mucha esperanza recibimos esta semana el documento del procurador de los Derechos Humanos, en donde se dirige a la Corte de Constitucional en calidad de Amicus Curiae, que quiere decir Amigo del Tribunal, en el que presenta algunas reflexiones sobre el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y las inconstitucionalidades del acuerdo gubernativo 145-2013, en el que el presidente de la República y el Consejo de Ministros declaran de “urgencia nacional y de necesidad pública la construcción de obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y las obras del Plan de Electrificación Rural”.

Después de un profundo análisis, el procurador llega a las siguientes conclusiones:

 

a) al emitir el acuerdo no se consultó a los pueblos indígenas; b) las dimensiones “urgencia nacional” y de “necesidad pública” no se debatió con los pueblos indígenas y tampoco se discutieron ni se consensuaron los costos-beneficios para los pueblos indígenas, tampoco fueron discutidos ni consensuados;

 

c) se les impone servidumbre, que les privan del uso y goce regular de la propiedad o posesión de los bienes inmuebles; d) omitir la consulta a los pueblos en base a los estándares internacionales fijados por la OIT y de resoluciones de la CC, tiene consecuencias en el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en virtud de los compromisos adquiridos en los tratados, se violan los derechos humanos de las poblaciones indígenas, particularmente el derecho a la propiedad, la cosmovisión, la cultura y la existencia de los pueblos; e) el Acuerdo viola el principio de legalidad y sujeción a ley de los actos del Poder Público. El presidente y el Consejo de Ministros no tienen facultades para formular declaratorias de urgencia nacional y necesidad pública. Porque el Organismo Ejecutivo solo puede emitir acuerdos que hagan cumplir las leyes sin alterarlas; f) viola el derecho a la autonomía municipal consagrado en los artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República; g) viola los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 44-46, 66-68, 149, 152-154 y 183 e), 253 y 254, además del Convenio 169 de la OIT.

 

El procurador reitera que “la violación a dichos preceptos constitucionales no solamente se traduce en incumplimiento por parte del Estado de Guatemala de las obligaciones que adquirió frente a la comunidad internacional, sino tiene como consecuencia que el Estado deje de cumplir las obligaciones de respetar, proteger y garantizar derechos específicos de los pueblos indígenas”.

 

En este sentido, el procurador de los Derechos Humanos, como defensor de los derechos del pueblo, asume las demandas de los pueblos indígenas de todo el país, por eso el máximo órgano constitucional debería tomar en consideración estas recomendaciones, como una herramienta para frenar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

 

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