Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina

Alberto Acosta y Decio Machado

Revista OSAL

La historia de la humanidad es la historia del dominio del hombre sobre la naturaleza. Durante siglos, la relación de las sociedades con el medio ambiente ha estado marcada por el utilitarismo y la explotación de recursos.Bajo el orden capitalista, los efectosde este tipo de relación, ampliamente respaldada por las ideas de progreso y desarrollo económico, están adquiriendo características preocupantes(contaminación, escasez de recursos,cambio climático) que apuntan hacia una terrible catástrofe ambiental. En este artículo, Alberto Acosta y Decio Machado, dan cuenta de la separación entre el hombre y la naturaleza a lo largo de la historia, así como de las posibilidades de reencuentro entre ambos, a partir del surgimiento del pensamiento ambientalista y de iniciativas orientadas hacia una nueva relación con el medio natural. De esta manera, los autores describen las circunstancias que marcaron el nacimiento de la ecología política y de la crítica al modelo desarrollista, e indagan cuáles son las implicaciones actuales delos distintos tipos de ambientalismo en América Latina.

“Cuando los ricos talaron sus bosques, construyeron fábricas que vomitan veneno y recorrieron el mundo en una búsqueda insaciable de recursos baratos, los pobres no dijeron nada. En realidad pagaron el desarrollo de los ricos. Ahora los ricos reclaman tener derecho a regular el desarrollo de los países pobres… Como colonias fuimos explotados. Ahora, como países independientes debemos ser igualmente explotados” ( Mohamad Mahathir – Discurso ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Junio 13, 1992) La Naturaleza tironeada entre la amenaza y la preocupación En la medida que el ser humano encontró formas sedentarias de organización social, su deseo y su necesidad por intervenir conscientemente en los espacios naturales fue creciendo. Con el surgimiento de la agricultura, la vegetación silvestre comenzó a ser domesticada. Con este paso civilizatorio importante se amplió el número de habitantes del planeta y paulatinamente comenzaron a incrementarse las presiones sobre la Naturaleza.

El ser humano mantenía una estrecha relación de temor y utilidad con la Naturaleza. El miedo a los impredecibles elementos de la Naturaleza estaba siempre presente en la vida cotidiana. Hasta que la ancestral y difícil lucha por sobrevivir se fue transformando en un desesperado esfuerzo por dominar la Naturaleza. Paulatinamente el ser humano, con sus formas de organización social antropocéntricas, se puso figurativamente hablando, por fuera de la Naturaleza. Se llegó a definir la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma. Y con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla.

Sir Francis Bacon (1561 – 1626), célebre filósofo renacentista, plasmó esta ansiedad en un mandato, cuyas consecuencias vivimos en la actualidad, al reclamar que “la ciencia torture a la Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la Inquisición con sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos…” (1). No fue solo Bacon. René Descartes (1596-1650), uno de los pilares del racionalismo europeo, consideraba que el universo es una gran máquina sometida a leyes. Todo quedaba reducido a materia (extensión) y movimiento. Con esta metáfora, él hacía referencias a Dios como el gran relojero del mundo, encargado no sólo de “construir” el universo, sino de mantenerlo en funcionamiento. Y al analizar el método de la incipiente ciencia moderna, decía que el ser humano debe convertirse en dueño y poseedor de la Naturaleza. De esta fuente cartesiana se han nutrido otros filósofos notables que han influido en el desarrollo de las ciencias, tecnología y técnicas.

Por cierto que esta visión de dominación tiene también profundas raíces judeocristianas. Recordemos aquel pasaje del Génesis en que se establece este mandato: “creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Génesis 1.26).Pero también la Biblia en varios otros pasajes establece relatos que conminan a los humanos a ser responsables con la Naturaleza.

A partir de 1492, cuando España invadió nuestra AbyaYala (América) con una estrategia de dominación para la explotación, Europa impuso su imaginario para legitimar la superioridad del europeo, el “civilizado”, y la inferioridad del otro, el “primitivo”. En este punto emergieron la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y colonialidad del ser. Dichas colonialidades, vigentes hasta nuestros días, no son solo un recuerdo del pasado. Explican la actual organización del mundo en su conjunto, en tanto punto fundamental en la agenda de la Modernidad. Ya a finales del siglo XIX, el pensador, político y periodista cubano José Martí, indicaba que la independencia política de “nuestra América mestiza” no conllevó la liquidación de la dependencia colonial ni en términos económicos ni culturales. Citándole textualmente: “la colonia continuó viviendo en la república”.

Para cristalizar este proceso expansivo, Europa consolidó aquella visión que puso al ser humano figurativamente hablando por fuera de la Naturaleza. Se definió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma. Con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla. Se sentaron las bases para la división del trabajo capitalista: unos países se especializaron en producir manufacturas y a otros se los especializó en producir materias primeras, sobre todo recursos naturales; los primeros importan Naturaleza para procesarla, los segundos la exportan. Así surgió el extractivismo que convirtió a Nuestra América en suministradora de recursos primarios para atender las demandas del capital, no era casualidad que Cristóbal Colón en su diario de viaje al continente mencionara 175 veces la palabra “oro”.

Por cierto se han registrado desde tiempo inmemoriales acciones de protección de la Naturaleza, inclusive en aquellas sociedades que se colocaron al margen de ella. El cuidado de la Naturaleza tiene mucha historia. No solo la destrucción de la misma. Sobran los registros sobre reservas naturales protegidas por diversos motivos. Pausanias historiador griego del siglo II, nos cuenta sobre la existencia de un bosque sagrado junto al templo de Apolo en Atenas. No faltaron procesos de conservación inspirados por los privilegiados; más de un monarca en Europa protegió sus territorios de caza y pesca, trasladando este concepto también a sus colonias. En muchos lugares, terratenientes marginaban para su uso exclusivo bosques y amplias áreas silvestres.

A finales del siglo XIX se desarrollan concepciones románticas sobre la Naturaleza, y es fácil encontrar literatura de viajeros al continente americano haciendo referencia a la sensualidad de sus paisajes e impulsando a protegerlos en razón estricta de su belleza. El parque nacional Yellowstone, creado en 1872, es considerado como el primero en su género. Jurídicamente quizás sea así. La realidad, empero, contradice esa afirmación. A lo largo de la historia de la humanidad, una y otra vez, en distintas regiones, diversas comunidades de seres humanos establecieron reservas naturales e inclusive espacios sagrados, y defendieron la Naturaleza. Pero será más adelante cuando esta preocupación cobre fuerza social.

En ese contexto, los orígenes del ambientalismo, en tanto movimiento social, se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo sus raíces en la crítica naturalista (2) como respuesta a las agresiones producidas sobre el paisaje por el industrialismo y manifestándose en el marco de un proteccionismo aristocrático, que se expresó en asociaciones naturistas y conservacionistas.

Siglo XX: auge del capitalismo, mayor depredación de recursos y deterioro ambiental

Con la llegada de la fase inicial de la revolución industrial, a través del carbón y de la máquina de vapor, se provocaron efectos ambientales negativos aunque limitados al ámbito local sobre una población planetaria siete veces menor a la actual (3). Las transformaciones del capitalismo en sus ondas largas (determinadas inicialmente por el economista ruso Nikolai Kondratieff), en el ciclo que el economista belga Ernest Mandel definiría como “largo período de la segunda revolución tecnológica” (1894-1940) , forzaron aún más la explotación de la Naturaleza. Su creciente mercantilización fue la tónica dominante. Así, el paso a la producción y consumo en masa fundamentados sobre el taylorismo-fordismo y la generalización de los motores de combustión (uso especialmente de recursos fósiles como el carbón y luego petróleo como fuentes energéticas), que caracterizó al mencionado ciclo capitalista, determinó un uso acelerado de los recursos naturales.

Tras la segunda guerra mundial, el Plan Marshall (al menos 13.000 millones de dólares inyectados por los EEUU en la economía europea entre 1947 y 1952), aplicado en el período de postguerra para reconstruir los países devastados por el conflicto bélico y por el cual, a través de la apertura de los mercados y la demanda europea, la economía estadounidense obtuvo un superávit en su balanza comercial por valor de aproximadamente 12,5 billones de dólares, provocó otro notable esfuerzo por dominar los recursos naturales a nivel planetario, siempre bajo el paraguas del “progreso”. La vertiginosa transferencia de la industria bélica estadounidense hacia la producción industrial masiva para el consumo, vino a significar que la modernidad se identificase ineludiblemente con el concepto de desarrollo. Particularmente el petróleo fue la base energética de uno de los períodos de más acelerado crecimiento económico.

Al otro lado del “Telón de Acero”, aunque desde esquemas sociales diferentes, la URSS desarrolló una política de crecimiento basado en la aceleración sin precedentes del ritmo de industrialización, con base el autoabastecimiento energético (4) y la producción metalúrgica (5). La explotación de los inmensos recursos naturales de los que disponía la Unión Soviética, incluido petróleo, gas y minería, fue la base sobre la que se sustentó su política de crecimiento. Si bien en los países del “socialismo real” no se estimuló el consumo (no había interés por el aumento de la tasa de retorno del capital privado ni necesidad de utilizar mecanismos de ampliación de mercados), el centralismo burocrático ninguneó cualquier lógica enfocada a la sustentabilidad, basando sus objetivos en el desarrollo del crecimiento de la producción, en el marco de una competencia creciente con el mundo desarrollado capitalista. Dicha industrialización se desarrolló a costa del sector agrario, y por consiguiente se generó la imposibilidad de atender las necesidades biológicas de la población (6). El “socialismo real” optó por el Marx desarrollista inspirador de El Capital, para quien la futura sociedad se construye bajo la transformación de las relaciones sociales, con la finalidad de desarrollar el crecimiento de las fuerzas productivas; en decremento del joven Marx, para quien la finalidad de la historia es la desalienación del hombre, y no el desarrollismo productivo. Para Marx, “con su triunfo el proletariado no se erige en clase universal de la sociedad, puesto que no triunfa más que suprimiéndose él mismo y suprimiendo, a la vez, a la clase adversa” ; en la URSS el obrero y el campesino continuaron existiendo y la burocracia ocupó el lugar de la burguesía y su papel de control, convirtiéndose en el beneficiario de su plusvalía (Marx y Engels, 1974). El socialismo no vale más que el capitalismo si no cambia de herramientas (Gorz y Bosquet, 1975), y si no da paso a una gran transformación desde visiones antropocéntricas a visiones (socio)biocéntricas.

En el mal llamado Tercer Mundo, en esos años, se consolidó cual mandato universal la búsqueda del desarrollo.Los Estados Unidos y las otras naciones industrializadas estaban “en la cima de la escala social evolutiva” (Sachs, 1996). Y desde su visión, propuesta en enero de 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman, en el punto cuarto de su discurso, todas las sociedades tendrían que recorrer la misma senda y aspirarían a una sola meta: el desarrollo. Y, por cierto, se sentaron las bases conceptuales de otra forma de imperialismo.

Esta metáfora del desarrollo, tomada de la vida natural, cobró un vigor inusitado. Se transformó en una meta a ser alcanzada por toda la Humanidad. Se convirtió, esto es fundamental, en un mandato que implicaba la difusión del modelo de sociedad norteamericana, heredera de muchos valores europeos. Aunque Truman seguramente no estaba consciente de lo que hablaba, ésta llegaría a ser una propuesta con historia, por decir lo menos.

De todas maneras, sin negar los valiosos aportes de la ciencia, la voracidad por acumular el capital -el sistema capitalista- forzó a las sociedades humanas a subordinar a la Naturaleza. Con diversas ideologías, ciencias y técnicas se intentó separar brutalmente al ser humano de la Naturaleza. El capitalismo, en tanto “economía-mundo” (Wallerstein, 1988) , transformó a la Naturaleza en una fuente de recursos aparentemente inagotable (7). Los límites biofísicos, en algunos casos peligrosamente superados, están a la vista. Y sus consecuencias comienzan a ser funestas. De las cerca de 1,8 millones de especies –moneras, protistas, hongos, animales y vegetales- a las que se les ha asignado un nombre científico (se piensa que esto sólo corresponde a la mitad de las especies existentes en el planeta), se estiman como extinguidas 1.159 (datos Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2009). Si tenemos en cuenta que el 60% de las selvas húmedas tropicales del planeta ya se han perdido, es de considerar que el 25% de los mamíferos y 11% de las aves están amenazados (Mittermeier et al., 1997), llegándose a la cifra de 17.000 especies en peligro de extinción (8). Por otro lado, basta ver los efectos del mayor recalentamiento de la atmósfera o del deterioro de la capa de ozono, de la pérdida de fuentes de agua dulce, de la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, de la degradación de suelos o de la acelerada desaparición de espacios de vida de las comunidades locales para entender el nivel de gravedad por el que atraviesa el planeta. Los efectos del cambio climático, más allá de los efectos sobre la población mundial (migraciones, empobrecimiento, alimentación y transmisión de enfermedades) y la economía de los países, pueden afectar en breve al 30% de las aves no amenazadas, el 51% de los corales no amenazados y 41% de los anfibios no amenazados, dado que sus características los hacen susceptibles a ese fenómeno (8).

En síntesis, la acumulación material mecanicista e interminable de bienes, apoltronada en el aprovechamiento indiscriminado y creciente de la Naturaleza, no tiene futuro (Gudynas, 2009). En la actualidad todo indica que el crecimiento material sin fin culminará en un suicidio colectivo.

A pesar de esta constatación, el capitalismo busca ampliar espacios de maniobra mercantilizando cada vez más la Naturaleza. Los mercados de carbono y de servicios ambientales asoman como la más reciente frontera de expansión para sostener la acumulación del capital. Se lleva la conservación de los bosques al terreno de los negocios. Se mercantiliza y privatiza el aire, los bosques y la Tierra misma. Al parecer no importa que la serpiente capitalista continúe devorando su propia cola, poniendo en riesgo su propia existencia y de la Humanidad misma.

El capitalismo, demostrando su asombroso y perverso ingenio para buscar y encontrar nuevos espacios de explotación, está colonizando el clima (Lohman, 2012). Este ejercicio neoliberal extremo, del cual no se libran los gobiernos “progresistas” de América Latina, convierte la capacidad de la Madre Tierra en un negocio para reciclar el carbono. Y lo que resulta preocupante, la atmósfera es transformada cada vez más en una nueva mercancía diseñada, regulada y administrada por los mismos actores que provocaron la crisis climática y que reciben ahora subsidios de los gobiernos con un complejo sistema financiero y político. Recordemos que este proceso de privatización del clima se inició en la época neoliberal impulsado por el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y otros tratados complementarios.

Estos instrumentos de la denominada “economía verde” no evitarán la destrucción ambiental. En el mejor de los casos, apenas posponen la solución de los problemas. Eso si garantizando al capital nuevos mecanismos de acumulación mientras el deterioro ambiental aumenta. Bajo esta realidad, el decrecimiento en los países desarrollados se ha convertido en un imperativo de supervivencia, mientras que para los países del Sur, el diseñar una salida postextractivista se convierte en una necesidad inmediata para detener el sesgo depredador del actual extractivismo. Esta modalidad de acumulación primario exportadora responde a las ideas contemporáneas de un modelo de desarrollo que se demuestra inviable ante los límites ecológicos del planeta y la catástrofe climática. En su conjunto, ambas condiciones, suponen otra economía, otro estilo de vida, otra civilización con otros valores y unas relaciones sociales notablemente diferentes a las que conocemos hoy en día.

Un complejo y hasta contradictorio proceso de concientización

A pesar de que el crecimiento económico ha dominado y domina aún el escenario de la política real, en esta época, desde la postguerra, paulatinamente se desarrollaron preocupaciones y acciones respecto a la protección del medioambiente, fruto a su vez de la transformación de las relaciones internacionales en su contexto global. Pero no será hasta la década de los sesenta cuando el ambientalismo asume como tema central la supervivencia de la especie humana, superando sus iniciales postulados estéticos y la conservación del entorno natural y de la vida salvaje. Igualmente empieza preocupar en el mundo la amenaza de una destructiva confrontación nuclear y los niveles de contaminación en los países más desarrollados, lo que provocaría diversas respuestas desde sociedades cada vez más conscientes de los riesgos globales.Entonces emerge la noción de catástrofe ecológica en el seno de la contra-cultura subversiva que critica el crecimiento económico, la sociedad de consumo, la crisis del productivismo tecnocrático y el agotamiento de los recursos naturales. Se llega incluso a pronosticar la crisis civilizatoria hoy en curso.

Sin embargo, el ambientalismo no se conforma como una corriente de pensamiento homogénea. En el ambientalismo existen diversas posturas ideológicas y lógicas de intervención política, lo cual genera diferentes tipos de ambientalismo o luchas ambientales. Básicamente podríamos resumir estas en dos grandes grupos: un ambientalismo “reformista” y otro “radical”. En el caso del ambientalismo “reformista” no se contempla una descripción actualizada de la sociedad, se carece de propuestas alternativas y agenda de intervención política (Dobson, 1997). A grandes rasgos, los objetivos de esta corriente podrían resumirse en el control de lo peor de la contaminación aérea, acuática y los usos ineficientes de suelos en los países industrializados, con el fin de salvar lo que queda de Naturaleza bajo criterios de «áreas designadas naturales» (Devall y Sessions, 1985). Por su parte, el ambientalismo “radical”, si contempla los elementos referenciados con anterioridad, bifurcándose a su interior entre antropocentristas -el interés humano es el eje sobre el que se articula la toma de decisiones y la acción política- y biocentristas -pasa a ser la vida, en sus diferentes expresiones quien define y determina- (Bellver Capella, 1997). Su diferencia fundamental con el ambientalismo “reformista” tiene que ver con sus métodos de acción y, fundamentalmente, con el hecho de que se busca una nueva visión del mundo que vuelva a integrar ser humano y Naturaleza. El ambientalismo “radical”, al contrario del “reformista”, no es un movimiento pragmático, todo lo contrario, cuestiona y desarrolla alternativas a las formas convencionales de pensamiento occidental moderno. Busca la transformación de valores y la organización social, planteándose de forma antagónica con respecto al capitalismo.

Estaría incompleta esta rápida revisión del surgimiento del movimiento ambientalista si no se deja constancia de que la defensa de la Naturaleza es inherente a muchas de las nacionalidades y pueblos ancestrales de nuestra región. Sin considerarse ambientalistas o ecologistas, inclusive sin necesidad de conocer y comprender su significado y alcances, estos grupos humanos han sido portadores permanentes de la defensa de la vida.

El final de la década de los sesenta marcará una ruptura en los ámbitos de la izquierda mundial. Las revueltas estudiantiles y sociales de 1968, que tendrán sus orígenes en París, pero que serán fuertemente reprimidas a “bala y sangre” en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en México y en la Primavera de Praga, generarán una nueva visión de la emancipación social. Se irá conformando un ámbito de acción en el cual convergerán nuevos movimientos sociales compuestos por ambientalistas, feministas, pacifistas, libertarios, autónomos y marxistas democráticos cuestionando el dogma del progreso ilimitado, el consumo desenfrenado, las sociedades jerárquicas y la opresión patriarcal. Vislumbrar otra economía con otros modos de producción, otras formas de relacionamiento social y otro modo de vida, diferenciado del capitalismo y del socialismo que hemos conocido, ha significado para los movimientos sociales precursores de tal idea la acusación, desde ambos lados de la política convencional y en el más benévolo de los casos, de “irrealistas” o “utópicos”.

La expansión por doquier del capitalismo así como su poder en todos los planos de la sociedad a escala planetaria, se debe al control sobre la producción y el consumo, ejercido a lo largo de todo el pasado siglo y lo que llevamos de este. Se comenzó despojando a los manufactureros de sus medios de trabajo y por lo tanto de sus productos, asegurándose el capital el monopolio de los medios de producción y el control del mercado laboral. La especialización de la producción convirtió en un imposible la reapropiación de los medios de producción por parte de los productores. Neutralizando el poder de los productores sobre la Naturaleza y el destino de sus productos, el capital se aseguró el control de la oferta, enfocando la producción y el consumo bajo criterios estrictamente de rentabilidad económica. El control de la comunicación en su vertiente publicitaria permitió de igual manera transformar los gustos, moldear los deseos de los consumidores y generar falsas necesidades, haciendo que los productos que dejaran de aparecer como simples mercancías para asumir cualidades inmateriales (se pierde el patrón para el establecimiento de una relación de equivalencia). La innovación deja de crear valor, pierde su lógica de proporcionalidad con respecto al trabajo que contenían y su utilidad, transformando la competencia empresarial sobre la base de incentivar nuevos deseos, con mercancías de valor simbólico, asociadas a la “cultura del consumo”. Todo ello se articula en decremento de la autonomía de los individuos y su capacidad de reflexión colectiva. El capitalismo abstrae de las diferencias cualitativas entre las necesidades reduciéndolas todas a necesidades económicas, es decir, a necesidades socialmente formadas de la existencia biopsicológica (Heller, 1983).

Sin embargo, a inicios de la segunda mitad del siglo XX el mundo enfrentó un mensaje de advertencia. La Naturaleza tiene límites. En 1972 se publica el informe “Los límites del crecimiento” (10) que fue encargado por el Club de Roma en 1970 al Massachusetts Institute of Technology (MIT), el cual aparece poco antes de la primera crisis del petróleo y dará pie en Estocolmo a la primera conferencia mundial sobre medio ambiente (11).

La realidad de los límites del crecimiento, escamoteada por la voracidad de las demandas de acumulación del capital, no logra consolidarse por la firme y dogmática creencia en el imperio todo poderoso de la ciencia. Así, el informe Meadows, que desató diversas lecturas y suposiciones, aunque no trascendió mayormente en la práctica, dejó plantado en el mundo por un lado una señal de alerta, por otro, una demanda: no podemos seguir por la misma senda, al tiempo que requerimos análisis y respuestas globales.

A pesar de las resistencias en las corrientes políticas de la izquierda tradicional, la sensibilidad sobre el tema ecológico se reforzará tras la primera crisis del petróleo de 1973.Cuando los países árabes dentro de la OPEP emplean el petróleo como arma estratégica seevidencia la brutal dependencia de los países “desarrollados” al oro negro. Por vez primera, se ponen en marcha planes energéticos para ahorrar energía y diversificar sus fuentes, medidas en gran medida archivadas una vez superada la crisis.

En 1984 el thinktank ultraconservador The Heritage Foundation auspiciará la publicación “La Tierra repleta de recursos” (Simon y Kahn, 1984) donde se niega la existencia de límites en la utilización de los recursos naturales necesarios para la expansión económica y el crecimiento progresivo de las economías del planeta. Sin embargo, accidentes como el de Seveso en 1976, Three Miles Island 1979, Bhopal en diciembre de 1984, Chernobyl en abril de 1986 o el hundimiento del Exxon Valdez en marzo de 1989 entre otros, evidenciaron ante el conjunto de la sociedad planetaria la degradación ambiental y la emergencia de los nuevos movimientos sociales ambientalistas.

Algunas organizaciones ambientalistas se hicieron tan molestas que incluso los departamentos de espionaje y seguridad de los Estados más poderosos emprendieron acciones contra éstas. Uno de los incidentes más sonados fue el hundimiento del Rainbow Warrior (12) (buque insignia del Greenpeace) por parte de agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa en 1985 para impedir sus acciones de protesta ante las pruebas nucleares que periódicamente realizaba Francia en el atolón de Mururoa, en el sur del Océano Pacífico.

Enmarcando el análisis en lo estrictamente ambiental, podríamos decir que el metabolismo del capitalismo global no es comprensible sin el consumo creciente de recursos de todo tipo (inputs biofísicos), en concreto materiales y energía que son obtenidos de la Naturaleza. Estos materiales y recursos son procesados masivamente por un sistema tecnológico y organizativo -capital productivo-, con la participación del trabajo humano -asalariado o dependiente-, que provoca una producción que en parte es acumulada -infraestructuras-, al tiempo que produce también una diversidad de mercancías que son destinadas al consumo (Fernández Durán, 2009). Este sistema hace que en ambos procesos se generen a su vez importantes residuos o emisiones de muy diversa naturaleza (outputs biofísicos) que son devueltos al medio natural (Murray et al., 2005). Todo esto genera notables impactos sobre el entorno. Algo por lo demás propio del capitalismo, un sistema en esencia depredador y explotador. Un sistema que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida” (Echeverría, 2010).

El sistema mundo capitalista ha vivido hasta hace muy poco negando un hecho incuestionable, la creciente degradación ambiental planetaria. En gran medida todavía lo sigue haciendo a través de las herramientas de control del pensamiento que el propio sistema genera. Sin embargo, ha sido la cruda realidad la que ha obligado a asumir, tanto a gobernantes como corporaciones, los límites biofísicos al modelo de desarrollo, una de las causas principales de la actual crisis global multifacética (13) (Tortosa, 2011). Sin embargo, las soluciones propuestas, como veremos más adelante, se enmarcan en la lógica de mercado, es decir dentro del mismo capitalismo.

A esto hemos de añadir que los impactos ambientales propiciados por el sistema mundo capitalista se recrudecen en las áreas periféricas, mientras su impacto suele ser relativamente menor en las áreas centrales, fruto de las relaciones de poder existentes. Es de esta manera, que los países centrales se especializan en las actividades de mayor valor añadido, tercerizando progresivamente sus economías, mientras que los países periféricos perpetúan su rol tradicional respecto a los procesos industriales, de manera especial en aquellos de menor valor añadido, y fundamentalmente en actividades extractivas (Fernández Durán, 2009), incrementándose así la ya existente e incuestionable asimetría mundial. Además, cada vez se trasladan más actividades contaminantes e incluso desechos tóxicos desde el Norte global al Sur global.

A finales del siglo XX es evidente que el capitalismo global estaba modificando nocivamente el clima planetario. Este “mérito” cuya responsabilidad recae de manera principal sobre países industrializados del Norte global, encuentra en la actualidad nuevos aliados, como son los grandes Estados emergentes, liderados por China, que avanza de forma acelerada a su propio desastre ecológico.

Es por ello que el informe “Nuestro Futuro Común”, mas conocido como informe Brundtland (14), introdujo en 1987 la noción de desarrollo sustentable, bajo el criterio de que “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), buscando “amortiguar” el cuestionamiento creciente al esquema clásico de desarrollo basado sobre el crecimiento permanente. El objetivo del informe era acercar y tejer alianzas entre ambientalistas y agentes del crecimiento económico.

En ese contexto tendría lugar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la cual se da poco después de la primera Guerra del Golfo y del derrumbe soviético. Uno de sus resultados fue dar pie al proceso que daría lugar en 1997 al frustrante y frustrado Protocolo de Kyoto (15). En Río se aprobó la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, ambas impregnadas del nuevo discurso sobre desarrollo sostenible el cual pocas novedades ofrecía, dado que planteaba resolver la pobreza mundial y la problemática ambiental nuevamente a través del crecimiento económico. En 1994 se aprobarán los Convenios de la Biodiversidad y el de la Lucha contra la Desertificación. El primero de ellos terminó por abrir el camino hacia el acceso comercial a los recursos provenientes de la biodiversidad que en principio decían defenderse; mientras el segundo no ha tenido aplicación real habiendo quedado como letra muerta.

Desde entonces hasta hoy apenas ha cambiado el panorama internacional de las Cumbres Ambientales al respecto. Mientras se agudiza la degradación planetaria, el desarrollo sostenible (concepto híbrido fruto de una combinación entre economía neoclásica, desarrollo, con una idea vinculada a la modernización, predominio de la técnica y la tecnología sobre la Naturaleza) no deja de ser un posicionamiento ideológico que implica que la única vía civilizatoria para sociedades en desarrollo es el capitalismo, en algunos casos con un rostro algo más humano, y por lo tanto el desarrollo-progreso no puede ser otra cosa que crecimiento económico (16).

Desde la mitad del siglo XX empezaron a aparecer varias instancias preocupadas por la Tierra: la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 1948; la Conferencia para la Conservación y Utilización de los Recursos, en 1949; el Convenio de Ginebra sobre el Derecho del Mar, en 1958; o, el Tratado Antártico en 1959, para citar algunas de las organizaciones más destacadas. Como se puede apreciar, la toma de conciencia a nivel mundial sobre los problemas ambientales globales (o la simple constatación de que estos problemas son cada vez más frecuentes y costosos) tiene historia.

Es en ese contexto en donde una parte de los movimientos ambientalistas, devenidos ecologistas, se radicalizan planteando nuevas lógicas de vida y alternativas globales a la sociedad industrial, presentándose como un paradigma ideológico autónomo respecto a la vieja izquierda tradicional. Estos procesos de radicalización se acentúan y plantean un nuevo pensamiento crítico, global y transformador: la ecología política. Y es partiendo de la crítica del capitalismo como se llega inevitablemente a la ecología política que, con su crítica indispensable de las necesidades, lleva a radicalizar una vez más la crítica del capitalismo (Gorz, 2008). Si queremos y necesitamos pasar del “producir y consumir cada día más” al “producir mejor y con menos”, estaremos hablando de otro modelo civilizatorio antagónico sin dudas respecto al capitalismo. A nivel mundial y con sus limitaciones, la ecología política se ha ido afirmando como un planteamiento capaz de generar confluencias entre la mayoría de movimientos sociales y políticos que luchan por la transformación social y económica del planeta, haciendo vigente la consigna alterglobalización de “piensa global, actúa local”.

En la base del ecologismo actual hay una comprensión científica de la Naturaleza y al mismo tiempo una admiración, una reverencia, una identidad con la Naturaleza, muy lejos de sentimientos de posesión y dominación, muy cerca de la curiosidad y del amor.

Desarrollismo, deterioro ambiental y contradicciones

En América Latina algunas organizaciones ambientalistas surgieron a partir de la década del cincuenta, y la mayoría de ellas enfocaron su eje de acción hacia la conservación de la Naturaleza. En la década de los setenta, dichos movimientos tuvieron fuerte implantación en países como Brasil, México y Venezuela. Su desarrollo ha sido constante y en la actualidad podríamos cartografiar la existencia de dicho movimiento en cada uno de los países latinoamericanos aunque con diferentes formas organizativas.

El ambientalismo latinoamericano, en la actualidad, se caracteriza por preocuparse del medio ambiente y el ser humano inserto en él. Sobre todo considera la articulación ambiente-desarrollo, la generación de alternativas productivas a escala ecológica, la armonía del ser humano con la Naturaleza, la vinculación de problemas sociales con los ambientales. Particularmente reniega del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico. Este movimiento tiene un aceptable dinamismo organizativo y en el ámbito académico, al tiempo que reniega de la neutralidad ética para situarse en el compromiso por la vida (Gudynas, 1992).

La reducción del Estado a su mínima expresión durante la etapa neoliberal hace que estos se abandonen muchas de sus funciones históricas, lo que originó la intensificación de conflictos entre grandes empresas versus comunidades y movimientos sociales. La privatización -en muchos casos vergonzosa- de las empresas de servicios públicos, se da de forma paralela a la disminución de la importancia relativa de la industria productora de bienes de consumo durables, reforzándose las industrias productoras de bienes cuya demanda no depende directamente de la capacidad de consumo de grandes masas de la población. El empobrecimiento de la población latinoamericana conllevó el agotamiento de la “sociedad de consumo”, lo que se compaginó con un marcado deterioro de la situación ambiental, lo que se convirtió en muchos casos en un círculo perverso por el cual la primera genera efectos negativos en el ambiente y, a la par, la pérdida de la calidad del ambiente genera pobreza. Esta situación alcanzó en diversos lugares niveles de degradación social y ambiental que se creían superados desde el siglo XIX.

En la década de los noventa, tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992, varias constituciones latinoamericanas se modifican con la ligera inclusión de la garantía de los derechos ambientales. La aprobación de la Agenda 21 en dicha cumbre significó también que ingresaran a la política institucional algunas temáticas ambientales, acordándose al menos desde el ámbito formal, una metodología para actuar frente a los conflictos ambientales.

En América Latina la propuesta de desarrollo sustentable, sobre todo en los últimos años, ha sido un factor permanente de discrepancias. Varias son las explicaciones. Por un lado la creciente degradación ambiental, que ha ocasionado y ocasiona cada vez más respuestas y resistencias sociales. Por otro la indefinición o incluso manipulación de tal concepto, lo que explica que este tema ni siquiera se plasma en las políticas de integración que se están desarrollando actualmente en la región, a pesar del discurso ambientalista de los dirigentes latinoamericanos en general, y el especial énfasis realizado en este aspecto por los mandatarios “supuestamente” más radicales de la región territorio andino.

Los medios de comunicación latinoamericanos por su parte, a pesar del ferviente debate social existente en la actualidad, se limitan a enumerar las consecuencias de los impactos ambientales en la actual etapa desarrollista. Ignorando las causas de tales políticas y el porqué de la existencia de la crisis global multifacética, hecho que sin duda tiene relación con el criterio mercantilista que domina en dichos medios de comunicación, los cuales responden a intereses empresariales con conexiones a grandes grupos de capital nacional y en diversos casos internacional.

En la actualidad nuestra América se enmarca en un contexto sociopolítico en el cual el desarrollo económico pretende encaminarse hacia sociedades modernas constituidas sobre criterios de eficacia, eficiencia, capacidad productiva, modernización tecnológica e interconexión de diversa índole. Todo ello articulado bajo el falso criterio de sociedad moderna igual a racionalidad. De hecho, el cambio político acontecido en gran parte de los países sudamericanos, a pesar de los avances existentes en materia de erradicación de la pobreza (17), no está significando la transformación del modelo de acumulación heredado de etapa anterior , ni tampoco la eliminación del amplio esquema de exclusión social existente, a pesar de los actuales discursos acentuadamente populistas en la región (18).

Desde esa perspectiva, la creciente demanda de bienestar por parte de las sociedades latinoamericanas pretende ser paliada a base de productividad, competitividad, sustitución de las personas por máquinas y el control social en todas sus vertientes. Esto implica, entre otras cuestiones, mayor depredación de recursos naturales y fuerte impacto ambiental en el territorio consecuencia de la puesta en marcha de numerosos megaproyectos. En este sentido cabe destacar también el hecho de que gran parte de estos megaproyectos tienen financiamiento chino, la dirección de la obra y las empresas ejecutantes suelen ser chinas lo que genera un fuerte deterioro en el ámbito de los derechos laborales para los trabajadores locales contratados en dichas obras. El conjunto de estas situaciones se da bajo el argumento de la necesidad de mayor generación de recursos económicos con la finalidad de paliar demandas sociales y construcción de infraestructuras.

Se posiciona así el progreso tecnológico como un elemento al servicio de la Humanidad, ignorándose las contradicciones que se generan en el ámbito de la inequidad social, la degradación ambiental, el desempleo y subempleo, y otros elementos que ponen en peligro la continuidad de la vida en el planeta. En ese sentido cabe recordar la célebre frase de uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza, quien nos indicaría hace ya más de trescientos años y en contraposición al actual teórica sobre la racionalidad, que “cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.

Los gobiernos progresistas no han sido en este sentido una excepción. Mientras articulan una retórica antimperialista, nacionalista y populista, enfocada hacia el consumo interno de sus respectivas sociedades, fomentan la expansión del capital extractivo internacional a través de iniciativas conjuntas con los nuevos Estados rearticulados tras dos décadas y media de neoliberalismo, así como con una nueva burguesía creciente a nivel nacional (Petras, 2012). Mientras nuevos y poderosos aparatos de propaganda estatales en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador o Uruguay hacen apología del socialismo -en algunos casos del llamado socialismo del siglo XXI-, sus realidades prácticas es que fomentan políticas de desarrollo vinculadas a la concentración de capitales en decremento de la participación social y la democracia directa, manteniendo fuertes conflictos con las comunidades afectadas y las organizaciones ambientales, indígenas y políticas que ejercen su resistencia ante las lógicas políticas en curso.

Es en este sentido en el que a pesar del discurso emancipador que en la actualidad se articula desde muchos gobiernos del subcontinente, la región sigue siendo un territorio estratégico para la economía capitalista global, incrementándose su potencial como proveedora de recursos hacia los países centrales. Esto tiene afectación también en el ámbito de las infraestructuras donde se desarrollan importantes inversiones cuyo objetivo es reducir costos y tiempos de transporte de las materias primas, particularmente.

El motor de crecimiento para el conjunto de gobiernos “progresistas” latinoamericanos es la apuesta por el extractivismo en todas sus vertientes –minería, petróleo y productos para la industria agropecuaria-, sin hacer ascos a los biocombustibles (soja, caña de azúcar y otros) especialmente por parte de los dos gigantes sudamericanos (19).

Desde una perspectiva ideológica podríamos afirmar que las políticas neoextractivistas (20) que desarrollan los gobiernos latinoamericanos están en línea con la lógica de la globalización, donde la exportación de naturaleza extractivista es un medio privilegiado para el crecimiento económico y que la premisa del crecimiento material no está en cuestión.

En paralelo, la situación ambiental en América Latina empeora a ritmos acelerados consecuencia de un acelerado proceso de apropiación de recursos naturales. En la investigación realizada por Bradshaw y colaboradores (2010), se elaboró un ranking de impacto ambiental entre 228 países. Dicho estudio Brasil ocupa el puesto N°1 por sus impactos ambientales absolutos -por delante de EEUU y China-, debido a su alta tasa de pérdida de bosques, deterioro de hábitats naturales, al índice de especies amenazadas y un exagerado uso intensivo de fertilizantes. Entre los primeros veinticinco países con los más altos niveles de impacto ambiental a nivel global, también se encuentran Perú (puesto 10), Argentina (puesto 11), Colombia (puesto 20), Ecuador (puesto 21) o Venezuela (puesto 22); y una situación similar se repite si consideramos los impactos ambientales relativos a la extensión de áreas silvestres y recursos disponibles dentro de cada país, donde el país sudamericano con el más alto nivel de impacto relativo es Ecuador (en el puesto 22), seguido por Perú (puesto 25).

Los efectos del cambio climático, que en la actualidad se producen en América Latina, encuentran al subcontinente en condiciones de total desamparo. El aumento de fenómenos naturales extremos como huracanes, inundaciones, sequías, así como los cambios en la temperatura transformarán drásticamente las condiciones de vida y las condiciones económicas de una región con unos gobiernos que demuestran escasa capacidad de reacción hasta el momento. Según un informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), estamos abocados a que la frecuencia de extremos del tiempo aumente (tormentas de viento, tornados, granizo, olas de calor, precipitaciones intensas, temperaturas extremas); que la frecuencia e intensidad de huracanes en el Caribe también aumente; que el aumento del nivel del mar y (más huracanes) afecte notablemente a las zonas costeras; que suframos un fuerte extinción de especies en muchas partes de América tropical (ejemplo en bosques nebulosos por cambio en la altura de nubes); que desde 2020 el número neto de personas sufriendo estrés por falta de agua probablemente aumente entre 7 a 77 millones (desde 2050 entre 60 a 150 millones); tengamos una reducción significativa de nuestros glaciares; y suframos puntos de inflexión (“tippingpoint”) transformándose el bosque lluvioso Amazónico: áreas extensas podrían cambiar a otro estado permanente.

Esta realidad tendría notables impactos. En el caso de las mujeres, su impacto sería mayor dada la vulnerabilidad de estas (el 67% de la población pobre son mujeres, tienen mayores condiciones de exclusión social, mayor grado de desnutrición, poco acceso a títulos de tierra, mayor endeudamiento en caso de falla de la cosecha y menor acceso a la educación), a pesar de ser las responsables del aprovisionamiento de recursos vulnerables (agua y combustible). Bajo el efecto de las migraciones, las mujeres tienen mayor responsabilidad y mayor peligro.

El IPCC nos alerta de que sufrimos el riesgo de una notable reducción de disponibilidad de agua (incremento de la evapotranspiración, pérdida de glaciares y disminución de la cobertura de nieve, así como agudización de conflictos entre formas de uso del agua -agua potable, riego, industria, etc.-). De igual manera, los cambios de temperatura conllevarán que la producción de carne y leche disminuya ostensiblemente. El aumento de riesgos de incendios en la región vendrá de la mano del sumatorio entre calentamiento y cambios de uso de la tierra, que es la causa de la mayor emisión de gases de efecto invernadero en América Latina. Sufriremos mayor riesgo de salinización y desertificación de tierras hoy agrícolas que pasaran a ser tierras secas, y se reducirá el rendimiento de los cultivos que están al borde de su tolerancia al calor.

No deja de ser curioso que varios de nuestros gobiernos mantengan planteamientos estratégicos por los cuales identifican como una fase transitoria al actual momento de desarrollismo y neoextractivismo, entendiéndola como una primera etapa para posteriormente llegar al postextractivismo. Por poner un ejemplo, en la actualidad Ecuador fomenta la megaminería y estima su potencial -con cifras proporcionadas por las propias empresas mineras- en “más de 50 millones de toneladas en cobre fino, más de 100 millones de onzas de oro y más de 300.000 toneladas de plata fina” (21), los cuales pretende explotar de la mano de grandes transnacionales del sector, fundamentalmente de capital chino y canadiense. Recursos que serán exportados en forma de materia prima.

De igual manera, Ecuador exporta en la actualidad unos 500.000 barriles de crudo diario lo cual financia el 35% del presupuesto estatal. Una vez puesta en marcha las explotaciones de la onceava ronda petrolera, la cual tendrá afectación sobre 3,8 millones de hectáreas de bosque primario y varias nacionalidades indígenas (22), se estima que dicha producción pudiera incrementarse. En resumen, es tan difícil de entender como a través de multiplicar la extracción de recursos naturales se pretende llegar al postextractivismo, como difícil es imaginar que el socialismo en América Latina se construye alimentando el sistema mundo capitalista de sus principales necesidades, sobre todo de acumulación especulativa.

Citando a Marx, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (Marx, 2003).

En este sentido es destacable el hecho de que lejos de los postulados de Mariátegui (1928) – “no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. (…).Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano»-, el conjunto de gobiernos progresistas latinoamericanos no ha roto desde la crítica la visión eurocéntrica y el modelo heredado de la modernidad, mostrándose incapaces de generar una nueva matriz civilizatoria que conlleve a la necesaria transformación el mundo. Progreso, crecimiento y desarrollo, son los pilares en los cuales incluso los gobiernos considerados más radicales en la región basan sus esquemas de futuro.

Momento actual del ecologismo en América Latina

Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales, donde confluyen causas estructurales en el orden político, económico, jurídico, ambiental, social, cultural, etc. Estas circunstancias encuentran como características comunes la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales -dado el tipo de relación impuesta entre empresa versus comunidad-, la marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, los problemas y daños ambientales que se ocasionan en dichos territorios y que han de sufrir sus poblaciones.

Los conflictos socio-ambientales involucran a diferentes tipos de actores: las compañías extractivas, el Estado y las comunidades, en donde aparecen los actores sociales organizados (organizaciones vinculadas a la comunidad -en muchas ocasiones indígenas- y organizaciones sociales).

El concepto de desarrollo sustentable en estos casos es objeto de interpretaciones contradictorias entre las partes en conflicto. Para las comunidades y organizaciones sociales el desarrollo se interpreta desde la perspectiva de que debe estar subordinado a la voluntad de las poblaciones locales; mientras que para el Estado, el desarrollo está basado en el ámbito de políticas enfocadas en la lucha contra la pobreza, con el fin de satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales, careciendo de importancia si hay víctimas locales en dicha estrategia nacional.

Así, en muchas ocasiones las comunidades indígenas involucradas en un conflicto ambiental más allá de defender su entorno, defienden su práctica cotidiana, sus formas de organización y de vida articuladas en una lógica de relación comunidad y ambiente (Folchi, 2001), mientras las organizaciones ambientalistas defienden una apuesta de carácter ético-político, la empresa su inversión y beneficio, y en el caso del Estado esto se expresa en supuestos términos de orden, control y racionalidad cuyo objetivo final es hacer factible su proyecto económico nacional.

El espacio político abierto por la crisis ambiental genera la necesidad de que los Estados se doten de ordenamientos jurídicos que permitan la expresión y concertación de estos actores sociales emergentes, propiciando la resolución pacífica de los conflictos a través de la democracia participativa con sostén en procedimientos legales adecuados (Demirovic, 1989).

La cuestión ambiental no concierne solamente a los órganos administrativos del Estado y a sus aparatos ideológicos -escuela, universidad, sistema jurídico y medios de comunicación-, ésta transciende hacia una amplia participación de la sociedad civil en la configuración de nuevos estilos de vida, relaciones de poder y modos de producción (Leff, 1986). A la vez que ha ido emergiendo una nueva conciencia social al respecto, los problemas ambientales van apareciendo en toda su dimensión: deforestación devastadora, pérdida de fertilidad de los suelos, congestión urbana, efectos sobre el ser humano de diversas formas de contaminación, y el más reciente de todos, los efectos del cambio climático, lo que llama irremisiblemente a un nuevo orden social planetario. En el ámbito de los conflictos socio-ambientales podríamos utilizar la clasificación hecha por Bebbington y Humphreys Bebbington (2009) para clasificar a los ambientalismos en torno a los conflictos mineros en Perú. Esto sirve para posicionar los diferentes tipos de organizaciones y las lógicas de conflicto que se dan en el entorno ambiental latinoamericano. Así encontraríamos:

Un primer ambientalismo de carácter conservacionista, cuyo enfoque tiende hacia las necesidades de proteger los ecosistemas existentes. Este ambientalismo tiene tendencia a la resolución de conflictos en base a la negociación con los actores (empresas y organizaciones sociales) generadores de estos, llegando incluso, al término de la negociación, a generarse marcos de colaboración en el ámbito de asesoramiento para una adecuada gestión del proyecto.

Una segunda categoría de ambientalismos englobaría lo que podríamos llamar organizaciones de perfil nacional-populista, las cuales buscan un mayor control nacional sobre los recursos naturales y su rentabilidad económica, con el fin de destinarlo a proyectos populares y subsidios sociales dirigidos a los sectores sociales históricamente excluidos en nuestras sociedades. La resolución en torno a los conflictos que se generan con este tipo de ambientalismos tienden a la solución negociada, habitualmente sobre sistemas impositivos más rigurosos para las compañías o través de medidas de nacionalización con correspondencia para las transnacionales articuladas sobre justiprecios.

En tercer lugar estaría el ambientalismo que se identifica con el “ecologismo de los pobres” (Martínez Alier, 2005), el cual se encuentra fuertemente enraizado en las formas de vida de poblaciones humildes donde prima el deseo de mantener dichas formas de vida y sostener los medios con los que dichas comunidades han subsistido históricamente ante las amenazas e impacto generados por el desarrollismo neoextractivista. En estos casos la envergadura del conflicto toma mayor cariz dado que la población afectada requiere acceso al mismo recurso sobre el cual se aplica la explotación intensiva, lo cual genera un “pulso” de difícil salida negociada.

La cuarta categoría reconocible es definida por los Bebbington como «ambientalismo de justicia socio-ambiental» y tiene su eje fundamental en la desigualdad y enfocando su interés sobre quienes quedan más expuestos a los riesgos, costos y beneficios de la actividad relacionadas con el neo-extractivismo. Este tipo de ambientalismo prioriza la defensa de los Derechos Humanos y reivindica prácticas de consentimiento previo libre e informado, zonificación ecológica socioeconómica, participación de las comunidades en la toma de decisiones que le son de interés y endurecimiento de la regulación aplicable a corporaciones y Estados con el fin de garantizar los derechos de las poblaciones afectadas. Estos sectores suelen ser calificados desde gobiernos y empresas transnacionales como extremistas o más recientemente como “ecologistas infantiles”.

La quinta y última categoría es definida como «ecologismo profundo», el cual se articula a grandes rasgos sobre la tesis de que la Naturaleza tiene el mismo derecho a la existencia que los seres humanos. En la medida que el extractivismo desarrollista, en cualquiera de sus vertientes y formas, destruye Naturaleza, el conflicto se convierte en irreversible y sin vías para la solución.

Cabe indicar a este respecto que clasificación no tiene un carácter estanco, y a pesar que unas apunten al conservacionismo y otras a los temas ambientales ampliados a sus dimensiones sociales, estas tendencias en la práctica, están superpuestas sobre la base de como entienden la sustentabilidad. En resumen, si estas se articulan sobre conceptos de reforma del actual sistema capitalista y el orden social que este genera, o si lo cuestionan desde la perspectiva de que las soluciones pasan por cambios transformadores del actual orden constituido y por ende de la vida. Sin embargo y en parte por el conjunto de diferencias descritas con anterioridad, se hace difícil hablar de un movimiento social ambientalista coordinado y estructurado orgánicamente en los diferentes países del subcontinente, a pesar de la conflictividad socioambiental cada vez es más relevante a nivel regional.

Los diversos gobiernos nacionales de la región, empezando por los considerados “progresistas”, han ido desarrollando en los últimos años estrategias encaminadas a doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política no es lejana a su historia. De igual manera se han construido, desde los diferentes gobiernos, políticas de criminalización que tienen como objetivo el resquebrajamiento al interior de las resistencias al proyecto neoextractivista a escala regional, lo que habitualmente suele coincidir con territorios de identidad indígena.

Y es aquí, como anotamos brevemente con anterioridad, donde el movimiento indígena sin ser organizaciones estrictamente socio-ambientales, ejercen un papel predominante en la defensa de la Naturaleza, el control de los territorios frente a la embestida transnacional y la resistencia frente a las política desarrollistas impulsadas por los actuales gobiernos. Es por ello que se convierten en un referente a ser batido desde los poderes institucionales, tengan estos el perfil político que tengan.

Apenas por citar un par de casos puntuales y actuales de estas tensiones auspiciadas desde los gobiernos en contra las organizaciones indígenas y las resistencias locales a los proyectos de expansión desarrollista, cabe recordar que: en mayo del año 2012 el gobierno de Evo Morales en Bolivia auspició la convocatoria a una reunión no orgánica de presidentes de organizaciones regionales afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz con el fin de desarticular y debilitar tanto a la confederación indígena como a la IX marcha que estos protagonizan en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), los cuales han sido definidos por el gobierno boliviano como movimientos que responden a lógicas desestabilizadoras y golpistas. De forma paralela en el tiempo, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, quien mantiene una política fuertemente agresiva contra el movimiento indígena, al que considera junto al ecologismo e izquierdismo infantil como “los

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