El retorno de los fantasmas

Por Mariano González – magopsi@yahoo.com.mx

Parafraseando la célebre frase de Marx, un fantasma recorre Guatemala: es el fantasma del conflicto armado interno. Los juicios contra militares por crímenes de lesa humanidad, las recientes demandas penales contra militantes de la guerrilla (y otras personas que parecen ser objetivos políticos), así como el simbolismo que carga un nuevo gobierno encabezado por el general Otto Pérez Molina, muestran de manera evidente que las heridas del conflicto aún no han sanado y que diversas batallas por la memoria y la justicia aún están por librarse.

Miles de muertos y desaparecidos han dejado huellas en una sociedad que, agobiada por nuevas expresiones de violencia y viejos problemas irresueltos, no ha encontrado la reconciliación ni la paz. Desapariciones forzadas, tortura, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y masacres que se cuentan por cientos y miles permanecen impunes en su gran mayoría.

Aunque se pretenda un olvido del pasado y un “borrón y cuenta nueva”, la cuenta es demasiado larga para eliminar los efectos de un pasado que pesa y gravita de múltiples formas sobre el presente. Como lo señalaba Nietzsche: “somos el resultado de generaciones anteriores, somos […] el resultado de sus aberraciones, pasiones y errores y, también, sí, de sus delitos. No es posible liberarse por completo de esa cadena. Podemos condenar tales aberraciones y creernos libres de ellas, pero esto no cambia el hecho que somos sus herederos”.

Conviene, entonces, hacer algunas reflexiones sobre el paso de los fantasmas.

Efectos psicosociales

Sumado a las batallas legales existentes, ¿cuál es el significado de que llegue un gobierno encabezado por un militar en la Guatemala del 2012? Si los sectores conservadores y de derecha (incluyendo diversos medios de comunicación masiva) lo están celebrando entusiasta y acríticamente, mientras los sectores de izquierda todavía no organizan una reflexión más ordenada, es posible que uno de los significados más importantes no se encuentra en el hecho en sí, sino en los efectos simbólicos que tienen un verdadero impacto en la realidad psicosocial del país. Algunos que se pueden advertir son los siguientes:

Polarización: es evidente que la sociedad guatemalteca no es una sociedad homogénea. Hay divisiones reales que la buena voluntad no puede eliminar. Taras históricas como la injusticia, el racismo y el machismo, expresadas entre otras cosas por las desigualdades económicas, étnicas y de género han configurado profundamente a la sociedad guatemalteca. La expresión más álgida de estas diferencias se produjo durante el conflicto adquiriendo una resonancia político-ideológica que en su forma más cruda se planteó como comunismo-anticomunismo. En realidad, el enfrentamiento y la violencia política fue resultado de una serie de factores que incluyeron, efectivamente, la polarización ideológica y otros conflictos profundos como la injusticia existente.

Sin embargo, las posiciones que se advierten en la discusión pública muestran que la polarización sigue vigente. Hay expresiones que recuerdan los discursos emitidos durante el conflicto. De hecho, tal y como lo reconociera cínicamente en una entrevista Ricardo Méndez Ruiz Valdés, promotor de la primera demanda contra exmilitantes de la guerrilla, el objetivo de presentarla era la fiscal Dra. Paz y Paz.(i) En otras palabras, la denuncia no tenía como objetivo reclamar justicia, sino la remoción o debilitamiento de una figura que ha impulsado eficazmente juicios contra varios militares (incluyendo a los más altos mandos del ejército). La intención declarada es, por tanto, mantener la impunidad, con el añadido que se logra la revancha contra los anteriores enemigos. Esto es una muestra de que la guerra continúa, por lo menos en las acciones y mentes de ciertas personas y grupos.(ii)

Reconfiguración autoritaria: la nueva batalla legal por el conflicto así como un nuevo gobierno encabezado por un militar son una muestra y un reforzador del autoritarismo existente en el país. Esto no es un fenómeno nuevo. Se enraíza en una larga tradición política que se puede rastrear mucho tiempo atrás.

En lo local se advierte que hay una reconfiguración y un reaparecimiento de actores ligados al ejército (comisionados militares y PAC) que hablan de que “ahora sí les llegó su turno” y muestran un envalentonamiento poco sano para el ejercicio democrático.

Pero además, la llegada del Partido Patriota tiene que ver con su propuesta de mano dura contra la delincuencia que se vincula con las tendencias conservadoras y autoritarias que existen en el ejercicio político del país (a nivel nacional y local). La “advertencia” presidencial contra las maras se torna ominosa.

Miedo: El correlato del autoritarismo es el miedo. Hay sectores de izquierda y sectores de derechos humanos que ven con desconfianza el gobierno de Otto Pérez Molina dada la historia previa que tuvo el ejército guatemalteco y sus miembros en las masivas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto. Quizás esta desconfianza no esté cabalmente justificada. Las condiciones del país son muy distintas a las del pasado, incluyendo que no hay una amenaza de la magnitud presentada por la guerrilla y la insubordinación indígena ocurrida en el altiplano densamente poblado (G. Porras). Por tanto, parte de la lógica represiva no encuentra justificación para retornar.(iii)

Lo cierto es que sectores ven con recelo y miedo este gobierno. Recelo y miedo que vienen de la experiencia padecida: la represión que se vivió. De hecho, la dinámica del conflicto tuvo como uno de sus efectos más importantes que la sociedad viviera en un estado de inhibición y miedo (M. Garavito). Este estado se prolonga por mucho más tiempo que el propio conflicto y ha sido alimentado por otras condiciones, incluyendo la violencia delincuencial. La figura de un militar en la presidencia y la presencia de figuras autoritarias en lo local reactivan dicho miedo.

La lucha por la memoria: finalmente, está en juego la verdad y la justicia en torno al conflicto armado interno y sus efectos en el presente. Por un lado, existen muchos libros e informes, entre ellos Guatemala Memoria del Silencio de la CEH o Guatemala Nunca Más del proyecto REMHI, que mostraron una de las facetas menos atendidas: el sufrimiento y el dolor de las víctimas.

Por el otro, desde diversas posiciones se han cuestionado dichos informes, criticándolos por un objetado “respaldo y promoción” de la visión de la guerrilla. Militares como Mario Mérida, Gustavo Díaz, Miguel Escribá, desde libros y/o periódicos han ofrecido la perspectiva militar del conflicto (que por supuesto es una postura que niega su responsabilidad en el conflicto). Otro ejemplo, desde la ideología de derecha, es el libro Guatemala, la historia silenciada de Carlos Sabino que fue promocionado en su momento.

Lo importante, sin embargo, es que cada versión de lo sucedido busca posicionarse e incidir en un aspecto de la realidad actual. La historia reciente está sujeta a interpretaciones que, aunque pretendan objetividad, se hacen desde supuestos teóricos y metodológicos que no son neutrales y que tienen como efecto pragmático el reforzar/ debilitar la posición de los participantes en el conflicto y, en última instancia, la interpretación política del presente, que es el sentido crucial de esta lucha por la memoria

La justicia… pendiente

Con todos los problemas que trae el retorno de los fantasmas, también hay que considerarlo como un tiempo grávido de oportunidades que trae el pasado al presente. Una de las posibilidades más importantes se encuentra en algo que, por lo menos en las demandas planeadas por militares no aparece: la posibilidad de reparar lo sufrido por las víctimas. Es decir, la cuestión de buscar justicia para las miles de personas que fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y violadas durante el conflicto. No es poca cosa.

El debate actual presenta la oportunidad de profundizar en nuestra historia y de buscar la reparación de las heridas que aún quedan. Las demandas planteadas pueden hacer que se vayan conociendo aspectos todavía poco conocidos del conflicto, incluyendo la participación y responsabilidad que tuvieron otros sectores (como empresarios, finqueros o diplomáticos). Una discusión seria sobre los hechos y motivos de los principales actores abriría la posibilidad de precisar responsabilidades y conocer el destino de miles de víctimas. Esto podría traer alguna paz a los familiares y se abriría la puerta para verdaderos procesos de perdón y reconciliación que se encuentran pendientes. Aunque ya existe un trabajo previo importante de recopilación de información y peritajes antropológicos o psicosociales, es un momento adecuado para retomarlos y difundirlos, buscando contribuir a la realización de una justicia que ya tardó demasiado en llegar.

Sin embargo, hay una pregunta que queda en pie. En un sentido profundo, ¿qué justicia se puede hacer para quien fue víctima de dichas violaciones? ¿Qué justicia se puede hacer a los familiares que siguen con las heridas abiertas y vivieron una vida dañada por las pérdidas y humillaciones sufridas? En ese sentido la respuesta deja atónito: no hay justicia que sea capaz de restituir esas profundas heridas y curar de injusticia tan grave.

No obstante, y esto es lo paradójico del asunto, no es posible quedar indiferente frente al dolor y el reclamo de justicia. Aunque las capacidades para responder y hacer justicia sean tan escasas frente a la tragedia que marcó con sangre al país, el olvido y la indiferencia son cómplices de la injusticia. Por tanto, pese a la debilidad e insuficiencia del esfuerzo, se necesita trabajar para liberar el pasado y el presente de los fantasmas que siguen atravesando el país.


(i) De hecho, públicamente sigue insistiendo en ello. ¿Qué pasará por su cabeza? Me parece que tal actitud es contraproducente.

(ii) La postura de P. Trujillo en sus columnas de Prensa Libre, y debatida por A. Velásquez en Siglo Veintiuno, es una muestra de la posición de derecha. La respuesta de Trujillo a Velásquez parece ejemplar respecto a la soberbia y la confusión conceptual e ideológica que tiene esta posición política.

(ii) Lo cual no significa que pueda hacerlo. Lo torna más difícil y con menos posibilidad de expresión masiva y abierta

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