mszurdo@hotmail.com

En los últimos días el sector empresarial anda somatando mesas y asustando con el petate del muerto, solo falta que llamen a quemar con leña verde a los terroristas de moda, o quienes demandan solución al conflicto agrario. Dicen a quien les quiera escuchar, que esta bien lo del estado de sitio en Barillas, que hace falta mas rigor en la actuación de las autoridades, que hay que darle chicote a las gentes que protestan, hacen consultas comunitarias o protestan en las calles o las carreteras, y como guinda del pastel, se dirigen altisonantes en grupo dizque representativo, a leerle la cartilla a la fiscal general. ¡¡Nada les pide el cuerpo a estos señores!!

Mientras, su presidente, de apellido Castillo, dice que hay que respetar el estado de derecho y otras chuladas del mismo tipo. Pero creo que hay que tomarle la palabra. Respeto al estado de derecho, de acuerdo y en esto coincido con los empresarios: que el cacif y todos sus afiliados paguen los salarios de ley que no se pagan en 75 por ciento de las fincas del país, y un montón de empresas y maquilas, como lo dice de manera reciente el Ministro de Trabajo.

Que se respete el derecho de locomoción, una vez mas de acuerdo y que junto con ello se respete, sin quitar una coma y sin desgano y malos modos, el convenio 169 de la OIT. Entonces podemos hablar y dejar de decir tanta babosada de la competitividad, del estado de derecho, de los pajaritos preñados. Si somos serios lo mínimo que debemos hacer es convocar a una huelga general en la costa sur y en todo el país para que se paguen los salarios de ley y las prestaciones a que tienen derecho todos los trabajadores; en ello hago desde ya un llamado a toras las organizaciones a fin de dejar de lado las diferentes agendas para poner como punto central este que es de cumplimiento elemental.

Que en aras de la responsabilidad social empresarial y el desarrollo nacional, el CACIF se comprometa a que las multinacionales paguen impuestos, así como una cantidad importante de empresarios nacionales en nuestro país, pues Guatemala es el único lugar en donde empresas como la Bimbo o la Colgate no pagan ni un clavo. Esto que estoy planteando es la necesidad de construir un Acuerdo Nacional, pues de lo contrario es la confrontación. Entonces, con estos requisitos elementales, que hable de estado de derecho.

Pero mientras tanto, me parece que es necesario iniciar un trabajo serio, meditado, eficaz, para organizar una gran huelga general por los salarios justos y el estado de derecho real. Eso es democracia, lo demás son babosadas.

www.albedrio.org

CONSEJO DE LOS PUEBLOS DEL OCCIDENTE

 ¡En Defensa de la Vida, el Territorio, la Madre Tierra y Derechos colectivos de los Pueblos!

“TODOS Y TODAS SOMOS BARILLAS”

No al sometimiento del Estado guatemalteco a empresas multinacionales. Sí a la vida.

A:

Pueblos Hermanos

Y a la opinión pública nacional e internacional:

Como Consejo de Pueblos de Occidente:

 ¡En Defensa de la Vida, el Territorio, la Madre Tierra y Derechos colectivos de los Pueblos!

ANDRES FRANCISCO MIGUEL

Héroe y mártir de la lucha de los pueblos por la defensa de la Madre tierra.

Chnab’jul, Huehuetenango, 09 de mayo de 2012

Por Crosby Girón

Cuando miré la fotografía que el diario el Periódico publica hoy lunes siete de mayo de 2012 en la portada, pensé que se trataba de una imagen tomada del documental de Allan Nairn y Jean-Marie Simon en los años 80. Estaba equivocado, la fotografía fue tomada por el reportero gráfico, Jesús Alfonso, en días recientes. Recordé entonces aquella frase de Borges: “A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos”.

Simetrías que, ante mis ojos, sugieren aberraciones y un lacerante insulto a la humanidad. Anacronismos que son como la paradoja enfermiza de un Déjà vu prehistórico, una maldición dictada por el atraso y la absoluta falta de creatividad que refleja el uso de la fuerza.

En la citada foto aparece un soldado (no se ve qué rango tiene) sosteniendo una hoja de papel en donde se puede observar la fotografía de una persona y un breve texto. Frente a él están de pie algunos hombres desarmados totalmente y entregan sus documentos de identificación. El soldado coteja la imagen de un DPI con “su lista”. Otro soldado está de pie frente a lo que parece un microbús, lo cual deja entrever que han detenido el vehículo para la requisa.

En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, el Estado de Sitio ha transformado de golpe a los soldados como referencia de autoridad violenta, no de seguridad. Si fuera seguridad Andrés Francisco Miguel no estaría muerto ni sus compañeros heridos de bala. Recordemos que la seguridad de un país se debe describir a partir del tipo de relación que tiene el Estado con sus ciudadanos.

¿Pero qué pasa cuando el Estado es dirigido por una persona que no es ni más ni menos que uno de los artífices más identificables de las acciones contrainsurgentes en el país?

Pues pasa que el Gobierno utiliza al ejército de Guatemala para garantizar negocios redondos, o sea que garantiza ganancias estratosféricas para privados y asume los riesgos como Estado (baste recordar el paso del cilindro para la mina Marlin durante el gobierno de Berger), lo cual no tiene nada que ver con desarrollo rural, creación de empleo y otras demagogias ofrecidas en su nombre.

También pasa que, como antaño, se criminaliza a la población y el Estado se relaciona con ella de forma violenta. También pasa que se inventa el “enemigo extranjero que azuza a la población”, es decir, el viejo póker anticomunista disfrazado de inocente Bancopoly (¡aquel jueguito de los años 80!). No cabe duda que la costumbre de usar la fuerza a cambio de dinero o bienes y privilegios atrofia los cerebros de los eternos gobernantes invisibles, del cual ya solo surgirán perversas creatividades violentas.

Mientras tanto… en la capital, el gobierno apenas necesitó tres meses para mostrar que la metástasis de la corrupción es irreversible (ver titular de hoy, elPeriódico 07/05/2012). Todo el quehacer parlamentario gira en torno a negocios, contrataciones de partidarios y familiares. La danza de los millones con total descaro ocurre flagrantemente y la única defensa que sostienen los acusados es la mentira y la negación.

En un libro hebreo que leí hace años decía “Por sus frutos los conoceréis”.

A esto se le llama democracia en Guatemala. Un ex militar, contrainsurgente, (devenido en político) es financiado por millonarios que le demandan delinquir al ocultar sus nombres. Él obedece porque es su carácter (un delito que no será perseguido). Ya en la presidencia es un rey desnudo que muchos insisten en ver con las más grandes galas. Uno esperaría que con la fiereza con la que se atacó a civiles desarmados en Santa Cruz se atacaran las profundas desigualdades con tino y creatividad, sin violencia… ¿los Olmos no dan peras?

Nadie habla más del pasado contrainsurgente del hoy presidente porque es políticamente incorrecto. Pero la realidad se superpone sobre cualquier anacronismo. En la foto que apareció hoy en el diario solo faltó aquel barbudo de boina roja, buscando “manuales” que hablen de justicia social en las humildes casas de mujeres indígenas desarmadas y asustadas.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN HUEHUETENANGO (ADH)  INFORMA:

Publicado por Con Nuestra América

« Pour nous, une goutte de pétrole a la valeur d’une   goutte de sang. » Clemenceau a Wilson, 1918.

El petróleo no es un « commodity », el petróleo no es una materia prima cualquiera. Basta considerar la complejidad de las técnicas para su extracción eficiente. El petróleo es un  producto estratégico que modela la política internacional. Desde finales del siglo XIX orienta la política exterior de las grandes potencias – mimetizado bajo retórica ideológica – porque el petróleo es esencial para la especulación financiera. La mezcla de finanzas y petróleo ya explotó en dos guerras  mundiales. En 1914 y en 1939 el 85% de la producción petrolera estaba controlada por empresas y bancos británicos y norteamericanos.

Este comentario viene al caso por el alboroto internacional armado por el retorno del gobierno argentino al timón de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una antigua empresa estatal argentina. La empresa Repsol, registrada en España, pero cuya mayoría de accionistas no son españoles, compró el control accionario de YPF durante la piñata privatizadora de Menem. YPF maneja el 32% del petróleo y el 23% del gas argentino. Otras compañias presentes son Chevron, Petrobrás y Occidental. El siguiente cuadro ilustra la obra de Repsol.

Repsol sacó millardos de YPF con las instalaciones existentes, sin invertir. Por eso la Argentina, durante la gestión Repsol de YPF, pasó de ser autosuficiente y exportadora a tener que importar combustibles al ritmo de US$ 10.000 millones, en 2011. Mas allá de la retórica del Sr. Rajoy, sobre propiedad e inversiones, los hechos son claros.

Repsol compró YPF por $15.000 millones, en 1999 y la producción de petróleo argentina cayó 38,3% y la de gas 25,4%, sin embargo, entre 1999 y 2011, Repsol tuvo ganancias por $15.728 millones; más de lo que había pagado por YPF. El futuro de la producción petrolera depende de esa actividad exploratoria, que es una inversión onerosa y arriesgada y que Repsol descuidó. Durante su gestión sólo perforó 8 pozos exploratorios, cuyo costo fue apenas del 0,2% de sus ingresos. Su política de explotar al máximo los pozos existentes, es una mala práctica porque desequilibra los flujos y baja la presión natural. Eso dificulta la extracción del petróleo remanente.

La expropiación argentina del 51% de las acciones de YPF tuvo el respaldo abrumador de la opinión pública y del entorno político. Es una decisión que encaja en la tradición legal del resto del mundo. Fuera de Estados Unidos, el subsuelo es propiedad pública. Una tradición que viene de la antigüedad. Roma, Bizancio, la España Imperial, el Celeste Imperio o la China Popular, Rusia, zarista o soviética, el Imperio Otomano; en la Europa, Asia, África o América Latina de hoy…

El ambiente internacional petrolero

Las circunstancias de la producción y el abastecimiento petrolero internacional hace que la medida del gobierno argentino sea oportuna y justificada, como lo comprende y apoya casi todo el Congreso argentino. En América Latina el apoyo fue casi unánime y al Presidente Calderón de México, lo regaño su congreso por inmiscuirse en un asunto bilateral.

El argumento del mal ejemplo argentino que aleja inversiones extranjeras está mal informado. Son el crecimiento económico y los recursos quienes atraen las inversiones y América del Sur reúne ambos requisitos. Hoy día es la región que más capitales recibe, tantos que Brasil ha tenido que poner límites.

La nota nacional discordante es esa prensa argentina que no informa, sino que hace oposición. Es allí donde leemos -y resaltadas – las destempladas reacciones sea del gobierno del PP o de capos del PSOE, que es lo mismo. Es paradójico, pero si se quiere leer las airadas amenazas del Sr. Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea o de Karel de Gucht, Comisario Europea para Comercio, es mejor comprar diarios argentinos. La prensa y TV  europeas se ocupan del éxito de Marina Le Pen en Francia, las muecas de Sarkosy o las tribulaciones fiscales de España, porque al público europeo le tiene sin cuidado las ganancias de Repsol.

Los peligros del petróleo

Que el petróleo sea un tema internacional muy peligroso no es un secreto. Los gobiernos títeres de las empresas multinacionales buscan acaparar el suministro petrolero para frenar el desarrollo de los “países emergentes”. Por eso atacaron e invadieron, con pretextos ridículos, a Iraq y Libia: dos grandes productores con gobiernos laicos e independientes y … que vendían petróleo a China.

La invasión de Afganistán tampoco es ajena al tema. Fue para permitir un oleoducto que  transportase hasta puertos paquistaníes del petróleo turkmeno, uzbeco y tajik, ubicado al norte de Afganistán y cerca de China. Eso, además, avanzó el cerco de Irán, otro país que vende petróleo a China.

La guerra civil del Sudan tiene la misma matriz. Los chinos tenían acceso al petróleo de Chad y de Sudan. El petróleo del Sudan esta en el sur y por el sur, atravesando el Darfur, sale el petróleo del Chad. En 2003 comenzó en Darfur una rebelión armada que uso las diferencias religiosas y tribales hasta dividir el Sudan. El Sudan del Sur fue reconocido enseguida por las “democracias occidentales” como se decía o por la “comunidad internacional”, como se dice ahora.

En la América del Sur, la empresa estatal de Brasil, Petrobrás, descubrió en 2007 enormes yacimientos en Bacia de Santos, en su plataforma continental, a 200 y 300 kilómetros mar adentro.  El de Tupi ya está en producción y contiene reservas de unos 8 billones de barriles de crudo liviano, además de gas natural. Los otros campos están en fase exploratoria pero se sabe que tienen cantidades mayores de petróleo y sobre todo de gas. Como por caso, en 2008, Estados Unidos reactivó la IV Flota, creada en 1942 para vigilar el Atlántico Sur y disuelta en 1950, por falta de enemigo. El pretexto es el narcotráfico…dicen que reflotó el Graff Spee.

Un futuro petrolero incierto

Estados Unidos es, con mucho, la potencia de mayor poder destructivo. Israel es el país mejor armado del Medio Oriente; por eso, sólo agitando fantasmas pueden provocar la histeria sobre amenazas a su seguridad. Con fantasmas justifican agresiones para entregar a las empresas multinacionales petróleo y otros recursos.

Con el pretexto de impedir que Irán desarrolle una capacidad científica nuclear a la que tiene derecho, Estados Unidos prohibió de modo unilateral el comercio del petróleo iraní. El objetivo es debilitar a Irán antes de atacarlo para controlar su petróleo, como se hizo con Iraq. Ese embargo mundial al petróleo iraní parece algo planeado desde hace tiempo. No se puede sacar un quinto del suministro de petróleo mundial sin compensarlo con petróleo de otros lados. El plan  era ocupar a Libia, que vendía petróleo a China, para asegurar un suministro a Europa. El resto lo completaría un aumento del flujo saudita.

El, asunto se complicó porque Gaddafi no huyó, como anunció el canciller británico, William Hague, sino que escogió luchar. La guerra contra Libia sacó de la oferta 1,3 millones de barriles diarios, que Arabia Saudita prometió colmar, pero no pudo. Durante 10 meses, la NATO bombardeó y se gastaron millardos, para imponer el caos; todavía hoy día hay continuas fallas en el suministro.

Las democracias occidentales usan poca retórica ideológica cuando se trata de su alianza con Arabia Saudita, una monarquía absoluta y tan teocrática como Israel. Es que Arabia Saudita en 1973 ya era el primer productor mundial de petróleo, con unos ocho millones de barriles diarios. Una supremacía vulnerable, porque sus yacimientos son pocos pero enormes, están contiguos y todos sobre el Golfo Pérsico. Los siete más grandes son: Ghawar, Safaniya, Abqaiq, Berri, Marjan, Zuluf y Abu Sa’fah. Hay dos, Ghawar y Safaniya, que producen un 75% del total. Arabia Saudita es el comodín petrolero que aumenta su producción cuando Wall Street o Washington lo pide. Su tope llegó hasta a 12 millones de barriles diarios.

La gran explotación saudi comenzó en los 50 con la Arabian American Oil Company – Aramco, un consorcio de Chevron, Exxon, Mobil y Texaco. En 1974, el gobierno asumió el 60% de las acciones y pasó a llamarse Saudi Aramco. En 1980 fue totalmente nacionalizada.

Desde 1974, no hay mucho detalle técnico sobre los pozos sauditas. Se sabe, por una interpelación del Senado a los gerentes de Aramco, que ya en 1974 habían problemas. Los aumentos de producción “para salvar la economía mundial”, no provenían de nuevos pozos; se abría las válvulas de los existentes y basta. Eso aumentó la presencia de agua y gas en el petróleo y se tuvo que construir plantas para separarlos. También se debía inyectar grandes cantidades de agua, para aumentar la presión. Desde 1974 no hay nuevos yacimientos, por lo que se puede pensar que en los “salvamentos” posteriores el método sigue igual.

En los congresos petroleros, los trabajos de los ingenieros sauditas, prueban el uso de métodos sofisticados para recuperación. Esos éxitos técnicos y científicos son también indicio de problemas. La falla saudita en el caso de Libia y la reciente flexibilidad de Estados Unidos con Irán, indican que la producción  saudita no tiene como remplazar el petróleo iraní. Pero eso no es garantía de paz, porque la codicia de psicópatas poderosos aún persigue fantasmas.

Conclusión

La economía argentina crece entorno al 10% anual, pero perdió la autonomía energética y  justo cuando hay amenazas en el abastecimiento internacional. Es algo que puede suceder cuando algo vital se confía a empresas cuyo única meta gerencial es la ganancia. Argentina tomó la medida correcta y ahora puede corregir los objetivos errados y coordinar políticas, en toda la cadena de hidrocarburos, con Brasil y Venezuela, sus socios en Petrosur.

Es bueno recordar aquí lo dicho el Presidente de México, Lázaro Cárdenas, sobre la caída del ingreso petrolero después de su nacionalización: “Es mejor un ingreso modesto que beneficie al país y a los trabajadores que uno que enriquece al extranjero con ganancias fabulosas”

Por Jorge Murga Armas*

 Me parece necesario recordar el contexto en el cual se desenvolvía el movimiento social guatemalteco hace poco más de medio siglo, luego de que la United Fruit Company (UFCO), en confabulación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la oligarquía, la cúpula del ejército y de la Iglesia católica, depusieran en 1954 al presidente Jacobo Arbenz (1951-1954) acusándole de comunista. Se trataba del momento en que el movimiento sindical y campesino desarrollado fulgurantemente en los diez años de la Revolución democrática del 20 de octubre de 1944 (1944-1954), había sido desarticulado ferozmente por el régimen anticomunista de Carlos Castillo Armas (1954-1957); y del momento en que la Guerra Fría que entonces se expandía por el globo, empezaba a cobrar las primeras víctimas de un largo período de violencia política que en Guatemala no acabaría oficialmente sino hasta en 1996, luego de la firma de la paz entre el Gobierno de la República y las organizaciones guerrilleras reagrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Largo período que se tradujo en una guerra sangrienta de treinta y seis años cuyo saldo según cifras oficiales es espeluznante: 200,000 víctimas entre asesinados y desaparecidos; 1 millón de desplazados internos; 200,000 refugiados en el extranjero, principalmente en México; millares de viudas y huérfanos; y, como consecuencia, una sociedad fragmentada.

Ese largo período represivo fue el escenario de un importante movimiento popular que por su trascendencia debe ser recordado en cualquier análisis de la situación actual del movimiento social guatemalteco, pues fueron esos años de lucha y represión los que condicionaron modalidades de organización y lógicas de acción, los que favorecieron la emergencia de nuevas organizaciones sociales con nuevas reivindicaciones y los que, en pocas palabras, condicionaron la especificidad actual de los movimientos sociales guatemaltecos. Procedamos, pues, a hacer un breve recorrido por una parte de ese espinoso camino, sabidos de que un análisis completo de las lógicas y dinamismos de los movimientos sociales guatemaltecos sólo es posible en un estudio exhaustivo.

I. Contexto histórico de los movimientos sociales

Después de que el contexto político de la Revolución democrática favoreciera el desarrollo sorprendente de un movimiento sindical y campesino fuerte y dinámico (para 1949 se había reconocido la personería jurídica de 92 sindicatos), la toma del poder por un régimen anticomunista llevó al desmantelamiento casi total de las organizaciones que ya en 1954 habían logrado unificarse en dos grandes confederaciones.[1] En efecto, la política contrarrevolucionaria y anticomunista de Carlos Castillo Armas produjo una reducción ostensible e inmediata del movimiento social guatemalteco: en agosto de 1954, es decir, al mes siguiente de la toma del poder por los “liberacionistas”, fueron disueltas la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), la Federación Sindical de Guatemala (FSG), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), de Trabajadores de la UFCO, y el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF). Seis meses después, o sea, hacia marzo de 1955, existían solamente 35 sindicatos.

Esta disolución formal de las organizaciones sindicales, campesinas y populares, iba acompañada de medidas represivas que además de saldarse con la vida de una enorme cantidad de trabajadores afiliados a los sindicatos,[2] instituían métodos y mecanismos de terror y de control social que alertaban sobre el futuro de los movimientos sociales. Ciertamente, el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo instituido para aplicar la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo a través de Tribunales de Instrucción en toda la república, sería sólo una especie de premonición de lo que sucedería algunos años más tarde: gracias a los mecanismos represivos instituidos en los primeros meses de la Contrarrevolución, en efecto, alrededor de 12,000 personas fueron arrestadas y aproximadamente 2,000 dirigentes políticos y sindicales tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas. La represión contra el movimiento social de esos años era tal, que la lista de “comunistas” que además de obreros, campesinos, dirigentes y activistas revolucionarios incluía a opositores y críticos del régimen, fue creciendo hasta alcanzar 72,000 personas el 21 de diciembre de 1954.[3]

Por otra parte, en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos que después de la intervención militar pretendía hacer de Guatemala una “vitrina anticomunista”, el Gobierno contrarrevolucionario con la asesoría de la AFL-CIO y la ORIT impulsa la creación de nuevas organizaciones susceptibles de reorganizar a los trabajadores y desplazar a los dirigentes simpatizantes de la Revolución. Así es como en 1954 se crea el Comité Nacional de Reorganización Sindical, la Asociación de Maestros Libres y, como componente esencial de un nuevo movimiento social de inspiración anticomunista, la Federación Sindical Autónoma (FAS) de orientación socialcristiana.

Sin embargo, la reacción de otros sectores del movimiento social frente a la embestida contrarrevolucionaria no se hizo esperar. En junio de 1956, en clara oposición al Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas que el 19 de marzo de 1952 en confabulación con la Asociación General de Agricultores (AGA) se había rebelado en Salamá, Baja Verapaz, contra la reforma agraria de Arbenz, los estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) manifiestan públicamente para conmemorar las jornadas cívicas que en junio de 1944 derrocaron al dictador Jorge Ubico. Pero este hecho se salda con la muerte de cuatro estudiantes y al menos doscientas personas detenidas en pleno centro de la ciudad.[4]

En realidad, la estrategia contrarrevolucionaria aplicaba una doble lógica: por un lado se reprimía a las organizaciones de herencia revolucionaria; por el otro se creaban organizaciones de tendencias moderadas. En otros términos, se trataba de crear un sindicalismo “sin extremismos” similar al estadounidense que en Guatemala promovía el Consejo Sindical de Guatemala (CSG). Es en ese contexto que la FAS se inscribe legalmente en 1957 con el nombre de Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), y es en ese ambiente, también, que algunos dirigentes sindicales miembros del proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) regresan a Guatemala para trabajar clandestinamente en la reorganización del movimiento obrero.[5]

1. Contrarrevolución y luchas sociales

La crisis política de los primeros años de la Contrarrevolución desemboca el 26 de julio de 1957 en el asesinato de Carlos Castillo Armas. Es Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) quien le sustituye a partir del 2 de marzo de 1958 luego de unas elecciones controversiales que hacían evidentes las pugnas por el poder dentro de la institución militar. Pero la corrupción extrema de su régimen, sumada a una política económica favorable a los empresarios y al capital estadounidense, provocarán nuevos conflictos laborales que justifican por parte del Gobierno mayor represión. El 20 de julio de 1960, en medio de los conflictos en varias instituciones públicas (seguro social, magisterio, municipalidades) y en el campo (donde los desalojos de fincas a campesinos no se detenían), y en medio de la rebaja salarial a los empleados públicos del 10% decretada por el Gobierno del nuevo hombre fuerte de Guatemala, se declara un estado de sitio que no logra contener el descontento popular. En agosto de ese año, efectivamente, la represión atroz de la policía y la Policía Militar Ambulante (PMA) a las protestas sociales deja cientos de heridos y detenidos en la capital.

Pero las luchas sociales habían alcanzado desde hacía varios meses dimensiones inesperadas. En respuesta a la represión, los estudiantes de posprimaria habían comenzado a desatar una serie de protestas contra el Gobierno y a coordinar su acción en la oposición. Luego de la fundación en 1959 del Frente Unido Guatemalteco Organizado (FUEGO), el cual reagrupaba a los estudiantes de secundaria de las más importantes escuelas e institutos del país, los jóvenes apoyados por los maestros declaran una huelga de alumnos que termina con la destitución de la Ministra de Educación y anuncia por lo demás las futuras luchas conjuntas de ambos movimientos. Se trataba en verdad de un momento candente cuya evolución no era difícil de prever: a pesar de que el presidente Ydígoras Fuentes había prometido reconciliación, la ausencia de soluciones a los problemas sociales, sumada a la represión de las protestas en una sociedad cada vez más militarizada, provocaba su radicalización. Ciertamente, después de que los jóvenes de FUEGO celebraran con aplausos el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959, explotaron varias bombas en dos de los lugares simbólicos de la Contrarrevolución: la Embajada de los Estados Unidos y el Palacio Arzobispal.

Pero el descontento nacional no se reducía a las organizaciones sociales. En el ejército, varios oficiales molestos por lo que sucedía en el país y al interior de la institución, comenzaban a conspirar. El 13 de noviembre de 1960, como resultado de una conspiración fraguada por ellos en el seno de los cuarteles, se da la sublevación militar que en el curso de algunos meses propicia el surgimiento de las primeras organizaciones guerrilleras. Desde entonces, el escenario en que se desarrollarán las luchas sociales tendrá como telón de fondo la lucha ejército-guerrilla. En efecto, pocos meses después de sofocada la rebelión militar, es decir, durante los primeros meses del segundo semestre de 1961, los partidarios del régimen presentan el proyecto de Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas para su aprobación en el Congreso de la República. Con él se pretendía establecer un registro de las personas vinculadas al clandestino PGT, pero también de todas aquellas personas que colaboraran directa o indirectamente con cualquier tipo de organización considerada comunista. La dedicatoria de tal iniciativa de ley era clara. Los sindicatos, salvo aquellos de tendencia moderada, así como las organizaciones sociales más radicales, quedaban en la mira de la represión. Acusadas de atentar a la institucionalidad “democrática” por considerarlas “comunistas”, debían moderar sus acciones o atenerse a las consecuencias en un contexto donde la Constitución de la República misma decretaba que toda acción comunista individual o asociada era punible.[6]

Ese contexto, agudizado por el supuesto fraude en las elecciones de la mitad de diputados al Congreso de la República en diciembre de 1961 (en las cuales salió victoriosa una coalición comandada por el presidente Ydígoras), fue el que antecedió la realización de las célebres “Jornadas de Marzo y Abril” que, en 1962, propiciaría la conjunción de las luchas sociales. En efecto, la corrupción, la crisis fiscal y el supuesto fraude electoral de diciembre, llevaron a una serie de protestas de la oposición en las ciudades de Guatemala y Quetzaltenango que se saldaron con la detención de varias personas y la detención ilegal de varios líderes políticos y sociales (entre ellas, Mario Méndez Montenegro y Manuel Colom Argueta). Esto hizo que la Asociación de Estudiantes de El Derecho (AED) convocara a una manifestación el 19 de diciembre para protestar por las detenciones ilegales y la consignación de personas civiles a juzgados militares. En enero de 1962, algunos días después de que el ex-presidente Juan José Arévalo aceptara postularse como candidato para las próximas elecciones, una serie de atentados con bombas de poco poder destructivo que la opinión popular atribuía al mismo Gobierno antecedería a una huelga de los estudiantes de la Escuela Rural de Totonicapán y de la Escuela Normal Central para Varones. El FUEGO, que ya entonces accionaba en buena parte de escuelas e institutos, se uniría al movimiento llevando consigo a un mayor número de estudiantes, mientras que los dirigentes liberacionistas responsabilizaban a Ydígoras Fuentes por el ambiente político cada vez más encendido que se vivía en Guatemala.

Así, y en medio de la represión brutal a las luchas sociales que hacían converger cada día más a estudiantes y trabajadores, la AEU propone una huelga general para exigir la renuncia del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Este acto de los universitarios constituía una amenaza real para el régimen, pues además de reclamar la renuncia del hombre que hasta ese momento lo sostenía, pedían la disolución del Congreso de la República, la derogatoria de la Constitución de 1956, la restitución de la de 1945 y, para dejar clara su posición, planteaban la aplicación de la reforma agraria  (acompañada de una reforma urbana) del Gobierno de Jacobo Arbenz. La situación para el régimen contrarrevolucionario era tanto más difícil cuanto que después de los hechos ocurridos el 26 de febrero (en los que la policía judicial asaltó la sede de FASGUA) y el 13 de marzo (fecha de protestas y enfrentamientos con la policía), los trabajadores que entonces decidieron apoyar al movimiento estudiantil constituyeron el Frente Obrero Nacional (FON) que reagrupaba a la FASGUA, el SAMF y el sindicato de la Empresa Eléctrica.

Aunque las protestas sociales bajaron de intensidad, las acciones de sabotaje de los estudiantes continuaban. El 12 de abril, sin embargo, el ametrallamiento desde un vehículo militar de un grupo de estudiantes de derecho que estaba en las puertas de la facultad, y que provocó el deceso de Armando Funes, Jorge Gálvez y Noé López Toledo, hizo que las protestas contra el régimen adquirieran más fuerza, aunque esta vez a través de la presión política que desde el Consejo Superior Universitario ejercía la Universidad de San Carlos de Guatemala. La posición de la universidad en contra del régimen no admitía ambigüedades: junto al pueblo, sus autoridades exigían la renuncia de Ydígoras. Mientras tanto, la huelga general se extendía a la municipalidad capitalina, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a otras instituciones del Estado. En Puerto Barrios, el 24 de abril el sindicato de los ferrocarrileros se unía a la huelga paralizando por esa vía al país. Así fue como organizaciones de estudiantes, sindicatos, periodistas y varias mujeres opuestas al régimen constituyeron el Frente Cívico Nacional, uno de los tantos “frentes” que en el futuro la sociedad civil organizada tendría que formar para enfrentar las numerosas crisis políticas provocadas por la represión.

La represión, ciertamente, afectaba también al campo. Luego de la conformación de un gabinete militar para reprimir las movilizaciones de los estudiantes organizados en la AEU y el FUEGO, el régimen movilizó a 7,000 trabajadores de las fincas nacionales con el propósito de mostrar que contaba con su apoyo. Se trataba, en realidad, de un acto de demostración de la fuerza del nuevo gabinete militar que no vaciló en despedir a los 200 trabajadores que se negaron a participar. Advirtamos que una parte de los empresarios, especialmente los de la Asociación General de Comerciantes de Guatemala que se veían afectados por la política económica del Gobierno y la corrupción, apoyaban inteligentemente las protestas sociales. Ellos, al igual que la Asociación Agrícola del País que en abril se había sumado al movimiento en contra del régimen, pedían la renuncia del presidente y la integración de un Gobierno militar. Este no era el caso de la Cámara de Comercio que veía riesgosa la caída del Gobierno ante la posible ascensión de los “comunistas” al poder.

El saldo de esta crisis se estima en 100 muertos, cerca de 1,000 heridos y aproximadamente 3,000 detenidos.[7] Fue también el escenario en que surgió la primera organización paramilitar, el Frente Secreto Anticomunista, del tipo de los “escuadrones de la muerte” que desde entonces operarían en contra de cualquier persona sospechosa de antipatía al régimen.

2. Institucionalización del proyecto militar contrainsurgente

La represión de las luchas sociales no se detuvo allí. Militarización de las instituciones del Estado (después de la crisis, por ejemplo, Ydígoras nombra como Ministro de Trabajo al subjefe de la policía judicial, el coronel José Luis Aguilar de León), despidos a trabajadores (especialmente los de la SAMF que participaron en las protestas), prohibiciones (ya no se permitió la celebración del 1 de mayo), etc., fueron las acciones represivas inmediatas del régimen hacia los trabajadores. Pero las organizaciones sociales continuaban en aumento. A sólo unos cuantos días de la crisis, efectivamente, surge el Comité de Unidad Sindical que reagrupa a trece organizaciones obreras entre las cuales destacan el STIGSS, el SAMF, la FASGUA y la ATGR. En mayo mismo, en la línea socialcristiana, surge el Frente Cristiano de los Trabajadores de Guatemala que en vano intenta organizar a los 1,200 trabajadores de la Gran Industria de Neumáticos, GINSA.

En el campo, en medio de la contrarreforma agraria que desposeía a los campesinos de sus propiedades para entregárselas a antiguos o nuevos propietarios, los movimientos campesinos un tanto disgregados luchaban por mejores salarios: a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había declarado en 1962 que el salario mínimo en Guatemala debía alcanzar los Q2.75, las fincas sólo pagaban Q0.80. Esto, además de los desalojos provocados por la contrarreforma,[8] creaba condiciones para que las incipientes guerrillas encontrasen apoyo en el seno del movimiento social. Pero la estrategia guerrillera centrada en el “foquismo” guevariano no se planteaba todavía la participación de las “masas” en lo que a partir de los años setenta sería la Guerra Popular Revolucionaria (GPR). Sin embargo, numerosos estudiantes, obreros y campesinos empezaban a engrosar las filas de la guerrilla.

Ciertamente, las incipientes guerrillas guatemaltecas comandadas en sus inicios por algunos de los oficiales del ejército sublevados el 13 de noviembre de 1960 (teniente coronel Augusto Loarca, teniente Marco Antonio Yon Sosa, subtenientes Luis Augusto Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel), habían pasado a la acción armada el 24 de enero en la capital,[9] pero no se había propiciado todavía el encuentro definitivo con el movimiento social. En efecto, fundado el 6 de febrero de 1962 e integrado principalmente por jóvenes ex-oficiales, ex-sargentos y ex soldados, el Frente Insurreccional Alejandro de León Aragón-13 de Noviembre, no se había propuesto todavía incorporar a sus filas a elementos del movimiento social puesto que la lucha era sobre todo entre los militares sublevados y el ejército. Fue en realidad hasta después de las primeras experiencias del Frente Insurreccional Alejandro de León Aragón en la capital y en el oriente del país (Zacapa e Izabal) que las tres columnas guerrilleras comandadas por los ex-oficiales del ejército Yon Sosa, Trejo Esquivel y el ex-teniente Julio Bolaños San Juan se acercan al movimiento social. Obligados a regresar a la capital para reorganizarse, y en medio de las protestas de marzo y abril, crean el comando Marco Antonio Gutiérrez al mando de Luis Augusto Turcios Lima y en honor del estudiante de economía caído en los sucesos del 13 de marzo. Ahora bien, la recuperación del nombre del estudiante de la Facultad de Economía por los oficiales del ejército alzados el 13 de noviembre, era en realidad una forma simbólica de representar la naciente unidad en la lucha armada de los primeros guerrilleros y los elementos más radicales del movimiento social.

Desde antes de la conspiración del 13 de noviembre, en efecto, fue surgiendo entre varios guatemaltecos la idea de imitar la lucha guerrillera que había encabezado Fidel Castro en Cuba. La idea de la guerrilla estaba en el ambiente y, el 11 de marzo de 1962, un grupo de aproximadamente 23 combatientes dirigido por el coronel Carlos Paz Tejada tomó el camino de las armas. Pero las acciones del 14 de marzo en Concúa, Baja Verapaz, se saldaron con un fiasco: allí murieron trece de los veintitrés hombres que integraban el grupo[10] y fueron capturados además varios de sus elementos,[11] entre ellos el joven Rodrigo Asturias Amado, futuro comandante Gaspar Ilom de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que, entre las décadas de 1970 a 1990, desarrollaría la Guerra Popular Revolucionaria junto con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).

Era en verdad un momento de proliferación de grupos guerrilleros en el país. Pero el que merece la atención en este momento es el que empiezan a organizar un grupo de estudiantes universitarios y de posprimaria: el Movimiento Revolucionario 12 de Abril, que tomaba su nombre de la fecha en que habían asesinado a los tres estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual daría origen a las primeras FAR. En efecto, a iniciativa del PGT que había enviado a tres de sus militantes a Cuba a recibir entrenamiento militar, y gracias a las becas otorgadas por el Gobierno cubano a una veintena de jóvenes de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), un grupo selecto de estudiantes guatemaltecos se había trasladado a la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Pero al poco tiempo de residir en la isla la mayoría de los jóvenes decidieron abandonar la idea de los estudios universitarios y dedicarse al entrenamiento militar que les ofrecía el Gobierno cubano para convertirse en guerrilleros. Cualesquiera que hayan sido las razones que llevaron a los estudiantes guatemaltecos a tomar esa decisión,[12] lo que deseamos destacar es que con ella una parte cada vez más numerosa de estudiantes, obreros y campesinos se radicalizaría tomando muchas veces el camino de las armas.

Después de que en enero de 1963 el ministro de la defensa Enrique Peralta Azurdia frustrara la participación en las próximas elecciones del ex-presidente Juan José Arévalo, y después de que el golpe de Estado del 31 de marzo le llevara a ocupar el cargo de Presidente de la República entre 1963 y 1965, el ejército asume plenamente el control del Gobierno. Así, y con el respaldo de los empresarios y terratenientes reagrupados en la Cámara de Comercio, la Gremial de Exportadores de Café (ANACAFE) y la Asociación Nacional de Cañeros, el nuevo régimen militar emite la Carta Fundamental de Gobierno que sustituirá a la Constitución de 1956. Suspendidas todas las garantías constitucionales, el nuevo régimen militar emite entre otros “decretos ley” el Decreto 9 denominado de “Defensa de las Instituciones Democráticas” que en realidad servía para consolidar el poder del ejército en el Estado y la sociedad. En efecto, además de instituir tribunales militares para juzgar los delitos que atentaban contra la seguridad del Estado, dicho decreto penalizaba con dos años de prisión la posesión de “literatura comunista”, con diez años cualquier forma de participación en el proscrito partido comunista, pero también legalizaba la persecución tanto de los organizadores de los trabajadores como de los miembros de los sindicatos.

Fue entonces cuando la sede de la FASGUA fue cateada y utilizada de cuartel durante varios meses, y fue en ese momento cuando su principal asesor, el respetado y valiente dirigente Víctor Manuel Gutiérrez, fue detenido por las fuerzas de seguridad. El anticomunismo que ya entonces había alcanzado el nivel de ideología de Estado, justificaba cualquier acción de los aparatos represivos en contra del movimiento social. Así, a mediados de abril la policía encarceló a tres miembros del SAMF por “medidas de seguridad” y, aunque en ese mismo mes se emitiera la Carta de Trabajo que fijaba salarios mínimos y establecía la obligación patronal de pagar el aguinaldo, los trabajadores y campesinos seguían viviendo las consecuencias de la Contrarrevolución.[13] Tanto más cuanto que la AGA y el recién estrenado Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se negaba a aceptar el pago de los salarios mínimos y el aguinaldo así como el del impuesto sobre la renta que se aplicaba ya en todos los países de América Latina.

No obstante que el Gobierno anunciara una política contra la corrupción y pese a que la política económica del nuevo régimen se sustentaba en el modelo de industrialización del Mercado Común Centroamericano (Mercomún), así como en la política desarrollista que contemplaba la colonización agraria masiva de tierras nacionales,[14] tanto las políticas agraria y laboral del régimen de Peralta Azurdia se caracterizaban por aplicar la doble lógica que hemos mencionado: por un lado se reprimía a los trabajadores y campesinos que luchaban por sus derechos; por el otro se implementaban medidas paliativas que sólo servían para contener la explosión social en ciernes. Ese es el caso, precisamente, de lo que hemos señalado anteriormente, pero también de lo que sucedía en esos mismos momentos en el campo.

En efecto, paralelo a la quema por soldados de las casas y cultivos de doscientas familias campesinas que se negaban a desalojar la finca que trabajaban, y paralelo al momento en que el azucarero Walter Withman despedía a cientos de familias por organizar un sindicato,[15] el Gobierno militar impulsaba proyectos de ampliación de la frontera agrícola en la Franja Transversal del Norte (FTN) y El Petén que, algunos años más tarde, luego de que militares, terratenientes y funcionarios del Gobierno se adjudican legalmente las tierras de las zonas de colonización que habían sido otorgadas previamente a los campesinos, serían el escenario de nuevos conflictos agrarios que llevarían a la radicalización de buena parte de ellos del lado de la guerrilla.

La situación de campesinos y sindicalistas era complicada puesto que además de los despidos de la UFCO[16] y la INDAUCO[17] el aparato represivo del Estado ligado a los partidos Institucional Democrático (PID) y Movimiento de Liberación Nacional (MLN), sostenidos ambos por los más sangrientos militares, terratenientes y empresarios, fortalecía las estructuras de contención de las luchas sociales: en 1964, ciertamente, se estrenaron los grupos paramilitares Juventud Nacionalista y Resistencia Popular Secreta que, al lado de las estructuras militar y policial, reprimían con toda impunidad a sindicalistas, campesinos y dirigentes políticos de la oposición.

En el campo y la ciudad, sin embargo, comenzaban a producirse fenómenos inesperados. En efecto, después de que la Iglesia católica guatemalteca encabezada por el arzobispo Mariano Rossell y Arellano librara una dura batalla contra los Gobiernos revolucionarios de Arévalo y Arbenz acusándolos de comunistas, las evoluciones ideológicas de la Iglesia contenidas en el Concilio Vaticano II celebrado entre 1962 y 1965, llevaron a una parte de religiosos principalmente extranjeros a comprometerse con la lucha por los pobres. En Guatemala, ciertamente, incluso antes de que Gustavo Gutiérrez proclamara la existencia de la nueva teología, los religiosos Marian Peter (Marjorie Melville) y Thomas Melville de la orden Maryknoll, concientizaban ya a algunos indígenas sobre su realidad, a la luz de las Escrituras y recurriendo al marxismo como instrumento de análisis.

Así fue como se produjo el encuentro entre el grupo de indígenas de Huehuetenango y Quetzaltenango que participaban en el proyecto Cráter y el comandante guerrillero Luis Augusto Turcios Lima. Este encuentro, que habría de darse gracias a los estudiantes de los colegios burgueses de la capital (Monte María, Liceo Javier, Liceo Guatemala) vinculados al proyecto Cráter, anunciaría el futuro giro ideológico de la Acción Católica Rural y la radicalización de buena parte de sus dirigentes y bases sociales indígenas. Pero el encuentro entre los precursores de la teología de la liberación en Guatemala y los guerrilleros que ya en esos años luchaban por hacer la revolución socialista, sería en realidad un episodio que prefiguraría lo que iba a ocurrir, aunque en otra escala, algunos años después. El proyecto cráter que había puesto en contacto a indígenas, estudiantes burgueses de la capital, religiosos y marxistas, a través de los cursos de capacitación social, desembocaría, luego de la denuncia del arzobispo Mario Casariegos al Gobierno de la república, en la represión del movimiento y la radicalización de los primeros sacerdotes.

Era en ese ambiente que se debatía el contenido de la nueva Constitución. Los empresarios, como de costumbre, mantenían posiciones sectoriales alejadas por completo de los intereses sociales: CACIF, por ejemplo, se oponía ardientemente a la obligación de reparto de utilidades de las empresas entre los trabajadores, no aceptaba la reinstalación forzosa de los despedidos sin razón y no admitía la indemnización universal ni el aumento de los días de vacaciones. Por su parte, el Consejo Agrícola Nacional advertía que cualquier intento de expropiación y distribución de tierras privadas a campesinos provocaría nuevos trastornos políticos. Aparte del hecho de que todas las peticiones de CACIF fueron atendidas favorablemente por la Asamblea Constituyente, el Gobierno de Peralta Azurdia pasó también a la historia por haber aprobado el nuevo Código de Minería preparado por asesores de la empresa estadounidense Exmibal, el cual le otorgaba todas las ventajas posibles para la explotación del níquel en el departamento de Izabal.

1965 es el año en que se aprueba la nueva Constitución. En ella se retoman varias de las garantías de la Constitución de 1945 pero se deja abierta la posibilidad de suspenderlas en caso de estado de sitio o de alarma. Aunque se limita la competencia de los tribunales militares (excepto en los casos de hechos armados en contra del orden establecido) también se limitan las garantías constitucionales. De hecho, el artículo 49 de la nueva Constitución insistía en que “Toda acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia, es punible.”

Ese fue el contexto legal y político que favoreció la militarización de los conflictos laborales en el campo. En efecto, luego de que los sindicatos de las fincas fueron considerados una amenaza comunista y que muchos de sus dirigentes fueron encarcelados bajo el argumento de que se trataba de una “medida preventiva”, el Gobierno de Peralta Azurdia introdujo policías secretos que se hacían pasar como trabajadores de las fincas con el fin evidente de identificar y capturar a los líderes campesinos. Sin embargo, y ante las dificultades encontradas por la policía para llevar a cabo su misión, el Jefe de Estado proclamó el decreto 30 por medio del cual ordenaba al ejército asumir las funciones de policía nacional en las fincas. Todo favorecía a los finqueros puesto que cualquier ayuda solicitada por ellos les era proporcionada sin contratiempos, mientras que la suerte de los “agitadores” del campesinado quedaba en manos del ejército. La crisis sindical llegó a tal extremo, que en 1965 la Organización Internacional del Trabajo registraba apenas 16 sindicatos campesinos en todo el país. Mientras tanto, el ejército reestablecía el reclutamiento forzoso de campesinos indígenas en varios departamentos del altiplano, con el fin de satisfacer los requerimientos de los propietarios de las plantaciones algodoneras de la costa sur que se quejaban de escasez de mano de obra para la cosecha.[18]

Se trataba de un retroceso total en las relaciones de producción en las fincas, puesto que el decreto 900 de la administración Arbenz, además de redistribuir la tierra entre los campesinos, había abolido definitivamente toda forma de trabajo forzado en el campo. Quedaba claro que el propósito de quienes decían defender la democracia no era tal, pues tanto el ejército como las otras instituciones del Estado estaban al servicio de los intereses de los grupos dominantes, fueran estos los terratenientes o grandes empresarios nacionales o extranjeros que operaban con toda impunidad en el país. Por otra parte, los métodos y prácticas represivas contra cualquier forma de organización popular hacían evidente el carácter sangriento del régimen militar. Ciertamente, el “caso de los 28” sucedido en la ciudad de Guatemala el 3, 4 y 5 de marzo de 1966, pocos días antes de las elecciones presidenciales y en un momento en que las FAR habían adoptado un cese al fuego unilateral para favorecer la realización de las reformas democráticas que anunciaba el régimen, confirmó que para el ejército ninguna negociación era posible. En efecto, aprovechando el relajamiento de la guerrilla, aquél monta una redada que termina con la captura, tortura y posterior asesinato de varios dirigentes y miembros del PGT, las FAR y el MR-13.[19]

La llegada al poder del abogado y profesor universitario Julio César Méndez Montenegro (1966-1970)[20] no cambió nada en realidad. Todo lo contrario. Luego del pacto con el ejército que le permitió acceder al poder,[21] el único presidente civil de la era de dictaduras militares que se extenderá hasta 1986 daría autonomía a las fuerzas armadas para ejecutar un plan militar contra la guerrilla. De hecho, cuando el Congreso de la República decide la elección de Méndez Montenegro en las “elecciones secundarias” que establecía la Constitución en caso de que el ganador de las elecciones no tuviera mayoría absoluta, el compromiso del “tercer Gobierno de la revolución” con el ejército ya estaba sellado. Aunque existieron diversas versiones de dicho pacto, todas coinciden en los puntos esenciales: el ejército de Guatemala garantizaba la entrega del poder público a los abogados Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas garantizando su permanencia en el ejercicio de sus cargos durante el período constitucional. A cambio, ellos se comprometían a cumplir con los artículos 27, 49 (párrafo segundo) y 64 de la Constitución, los cuales señalaban que “toda acción comunista y contra la actual democracia es punible”; a garantizar todos los bienes de los funcionarios civiles y militares del Gobierno de Peralta Azurdia y la garantía total de la autonomía del ejército.

Así fue como las políticas de Estado que ya entonces comenzaban a girar alrededor de la contrainsurgencia se institucionalizaron en un nuevo aparato militar. Si hasta ahora los métodos represivos se habían mantenido en lo tradicional (la violencia institucional se expresaba por medio de la acción represiva regular de los cuerpos de seguridad del Estado), con el Gobierno “civil” se hicieron evidentes varios cambios en la estructura del ejército —con Peralta Azurdia la colaboración del ejército con los planes contrainsurgentes de los Estados Unidos no se había dado como lo esperaban los empresarios guatemaltecos ni como lo deseaba Washington: se duplicó el número de efectivos del ejército; se crearon unidades especiales de contrainsurgencia dentro del esquema regular; se creó la Policía Militar Ambulante (PMA) para operar especialmente en las áreas rurales; la policía nacional y el ejército se integraron en una estructura militar de comando. Por otra parte, se organizó una red de comunicación moderna que cubría toda Centroamérica (con el apoyo de los Estados Unidos se creó el Consejo de Defensa Centroamericana, CONDECA, para coordinar las operaciones militares y policiales contra el comunismo y unificar el sistema de inteligencia de la región) y se instituyó la agencia presidencial de seguridad (Oficina Gubernamental de Telecomunicaciones) que coordinaría los recursos del órgano de inteligencia militar y policial.[22]

Con transformaciones importantes al nivel de la organización del ejército, 8,000 elementos adicionales en las filas regulares de las fuerzas armadas, más de 1,000 miembros formando la PMA y 9,000 comisionados militares (entre los cuales se encontraban finqueros, empresarios, guardaespaldas e incluso universitarios) regados en todo el país, el ejército ahora estructurado con fines netamente contrainsurgentes estuvo en capacidad de montar un aparato de inteligencia y de control rural para llevar a cabo la guerra contrainsurgente que desembocaría en la carnicería de los años siguientes.

En efecto, con el apoyo de las estructuras paramilitares del tipo de la Mano Blanca, la Nueva Organización Anticomunista (NOA) y el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), entre 1967 y 1968 el ejército lanza una campaña sangrienta en la capital y en el nororiente del país contra los supuestos integrantes, colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Así comenzaba una nueva ola de violencia que en el término de unos cuantos días dejaría cifras espeluznantes: en la semana del 27 de marzo al 1 de abril de 1967 fueron reportados 43 secuestros de los cuales se encontraron en un solo día 13 cadáveres diseminados por las calles. Por lo demás, 5 secuestros y 12 cuerpos torturados fueron el saldo del 12 de abril de ese fatídico año. Aunque se desconoce la cifra exacta de víctimas de esta terrible época de represión, hay quienes estiman que entre 1966 y 1968 murieron 8,000 personas,[23] mientras otros calculan en 20,000 el número de muertos hasta 1973. Cualquiera que haya sido la cifra real de víctimas, lo cierto es que en esos años las organizaciones sindicales, campesinas y populares sufrieron una de las peores embestidas de su historia.

La contrainsurgencia, sin embargo, no liquidaba totalmente al movimiento guerrillero. Operaciones relevantes de las FAR, como el secuestro del canciller Alberto Fuentes Mohr, del asesor laboral de la embajada de los Estados Unidos o del embajador alemán Karl Von Spretti,[24] a cambio de la liberación de guerrilleros capturados por las fuerzas de seguridad, anunciaban la persistencia de la insurgencia. Por lo demás, a principios de 1970 nuevas generaciones de guerrilleros salían del Instituto Rafael Aqueche, de la Escuela Normal Central para Varones y del Instituto Nacional Central de Varones. Esto estimularía la “acción pacificadora” del ejército.

3. La “acción pacificadora” de Arana Osorio

La represión de las organizaciones sociales que tenía lugar en el contexto de los enfrentamientos del ejército y la guerrilla no terminó allí. Con el coronel Carlos Manuel Arana Osorio en el poder (1970-1974), la “acción pacificadora” de su Gobierno cobraría nuevas víctimas en los centros urbanos, especialmente en la capital, donde las fuerzas represivas del ejército libraban una ofensiva contra la guerrilla. En medio de un estado de sitio casi permanente, el cual por otra parte tuvo que ser ajustado al estado de guerra civil para franquear el problema de tiempo que la renovación cada 30 días del estado de sitio le planteaba al Gobierno,[25] se profundiza la autonomía del ejército y la ola de terror que ya entonces golpeaba despiadadamente a la sociedad.

Pero el movimiento sindical no se detenía. Si es cierto que las organizaciones sindicales cercanas al Gobierno de Méndez Montenegro o ligadas a la Democracia Cristiana contaban con mayores posibilidades de organizar a los trabajadores, también es verdad que su trabajo le daba vida al movimiento social. Ciertamente, en enero de 1970, en medio de la transición de dos regímenes caracterizados por su alto nivel de represión, se constituye la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, la Central de Trabajadores Federados y la Federación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas y, en agosto de ese mismo año, se celebra el IV Congreso del Movimiento Campesino Organizado a instancias de los sindicatos cristianos.

Aunque la violencia tenía como propósito destruir la infraestructura de la guerrilla en la capital, la represión selectiva contra dirigentes políticos y sociales demostraba que se trataba en realidad de una estrategia represiva mucho más generalizada. Fue entonces cuando los escuadrones de la muerte asesinaron a dos miembros de la comisión investigadora formada para revisar la concesión otorgada por el Estado a la Empresa de Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal (EXMIBAL): el 26 de noviembre de 1970 fue ametrallado el profesor universitario Julio Camey Herrera, cuatro días después sufre un atentado que le deja gravemente herido el abogado y profesor universitario Alfonso Bauer Paiz y, el 13 de enero de 1971, es asesinado el diputado demócrata cristiano Adolfo Mijangos López. Ahora bien, el asesinato en octubre de 1971 del líder estudiantil Manuel Cordero Quezada motivará una enorme denuncia por parte del Frente Contra la Violencia.

La historia de esos años tiene registradas varias protestas y manifestaciones públicas en demanda de aumento salarial. En 1970, por ejemplo, una huelga de médicos y empleados administrativos del IGSS y otra de la Dirección General de Bienestar Infantil y de la Familia hacen evidente el crecimiento de la organización social. A tal punto que la huelga del seguro social adquiere dimensión nacional y cuenta con la solidaridad activa de otros sindicatos. Pero el anuncio de nuevos paros laborales hace que el Gobierno declare el primer estado de sitio de la década y aumente la represión.[26] Por lo demás, el asesinato del dirigente campesino Tereso de Jesús Oliva, secretario general del Movimiento Campesino Independiente, el 20 de enero de 1971, anunciaba la ola de terror y represión que se fraguaba en las filas del ejército contra los dirigentes del movimiento social.

Por otra parte, la formación de diversos sindicatos a principios de los años setenta motivaría una serie de despidos en la pasteurizadora La Pradera y en los laboratorios Bayer, pero la actividad sindical seguía creciendo casi de la misma manera como lo hacía la represión. Ciertamente, junio de 1972 registra el fin exitoso de la huelga de la empresa Autobuses Alianza Capitalina, pero también la desaparición dos meses después de su dirigente Vicente Mérida Mendoza. No obstante el fracaso de la huelga de 77 días de los trabajadores de la Compañía Industrial del Atlántico, S. A. (CIDASA), César Enrique Morataya, su secretario general, muere en un accidente de tránsito nunca esclarecido una semana después.[27]

Fue en ese contexto de auge y represión del movimiento social que se produce, en abril de 1973, la huelga del Frente Nacional Magisterial y de la Coordinadora Nacional de Claustros de Catedráticos de Educación Media, en demanda de aumento salarial. Efectivamente, empezando con paros progresivos que contaban cada vez más con el apoyo de otros sindicatos, los maestros llegan a declarar en julio una huelga general en diecinueve de los veintidós departamentos de la república. La amplitud de la huelga, su duración y la solidaridad que ella despierta en la sociedad la convierten en una de las acciones laborales más importantes de la década. Pero la represión del movimiento no se hace esperar: el 21 de julio, un escuadrón de la muerte amenaza a los principales dirigentes del Frente Nacional Magisterial[28] y, el 25, un grupo de maestros que se dirigen a la capital sufren otro extraño accidente.

Así, después de que la concentración de maestros del 27 de julio es disuelta por la policía, el 3 de agosto la administración Arana cede ante las exigencias del movimiento: aunque sólo otorga la mitad de lo reivindicado, el 25% de aumento salarial concedido establece una especie de record nacional puesto que superaba en mucho a lo logrado por otro sindicato desde 1954. Pero esta conquista, nuevamente, aumentó la violencia contra las organizaciones sociales. En el campo, ciertamente, en mayo de 1973 varios comuneros de Santa María Xalapán fueron asesinados (incluido su abogado Gregorio Fuentes) y un número importante de campesinos de las comunidades indígenas de Sansirisay fueron masacrados. Es en ese contexto que se crea en 1973 la Confederación Nacional Campesina, la Federación Nacional de Obreros del Transporte (FENOT), el Consejo Nacional de Consulta Sindical integrado por la FASGUA, la CNT (la cual comienza a distanciarse de la corriente institucional de la DC), el Frente Cristiano de Trabajadores de Guatemala (FTC) y la Federación de Sindicatos de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS),[29] todos de orientación socialcristiana. Se trataba, en verdad, de un fenómeno que hacía evidente el crecimiento del movimiento social.

4. Desarrollo del movimiento social

Aunque son muchas las razones que explican el sorprendente desarrollo del movimiento social de esos años, en esta ocasión sólo queremos subrayar que después del terremoto del 4 de febrero de 1976 que dejó alrededor de 27 mil muertos, más de 77 mil heridos y un millón de personas sin casa, los efectos socioeconómicos y políticos de esa catástrofe sumados a los problemas estructurales de la sociedad (alta concentración de la propiedad de la tierra, altos niveles de explotación de los trabajadores, existencia de una oligarquía que concentra el poder y la riqueza, pobreza, etc.) sirvieron de factor movilizador de las organizaciones sociales que protagonizaron las más grandes y sangrientas jornadas de la historia del movimiento social guatemalteco. Pero, ¿cómo se explica el surgimiento de nuevas organizaciones, la recomposición de las ya existentes y la progresiva radicalización del movimiento social de finales de la década del setenta?

La Iglesia Católica y la Democracia Cristiana, decíamos, venían impulsando desde los años sesenta la organización campesina y sindical desde una perspectiva socialcristiana. Ella se había traducido en la conformación de cooperativas y ligas campesina hasta en los lugares más recónditos del país donde sólo la estructura eclesial a través de sus más progresistas elementos podía llegar, dando como resultado la conformación de un movimiento indígena-campesino con objetivos meramente desarrollistas, pero con una estructura organizativa susceptible de articular a las diversas Comunidades de Acción Católica en un único movimiento. Algo distinto pero con el mismo impulso socialcristiano sucedía en las áreas urbanas, donde los principales sindicatos del país se reagrupaban en federaciones o confederaciones que les permitían persistir en la lucha por mejores condiciones de vida no obstante la represión.

A pesar de la debacle de la guerrilla de los años sesenta, a principios de los setenta comienza a configurarse un nuevo movimiento guerrillero. En efecto, marcados por la experiencia anterior pero con la voluntad de construir organizaciones guerrilleras susceptibles de superar el foquismo guevariano de sus predecesoras e involucrar a las “masas” en la Guerra Popular Revolucionaria, un grupo de guerrilleros salidos de las antiguas FAR, deciden fundar lo que en el futuro será el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, con el propósito de incorporar a la población indígena hasta entonces excluida del proyecto revolucionario, el cual se libraba fundamentalmente en la capital y el oriente del país, con población predominantemente mestiza, ladina y criolla.

Ahora bien, este proyecto que en la práctica produjo la incorporación de muchos elementos indígenas del lado de las guerrillas, no puede ser comprendido si no se analiza el proceso de radicalización política vivido en el seno de la Iglesia Católica por muchos religiosos simpatizantes de la Teología de la Liberación. En efecto, las evoluciones ideológicas en el seno de la Iglesia latinoamericana luego de los planteamientos novedosos del Concilio Vaticano II y la reunión de Medellín (1968), habían favorecido que un grupo pionero de religiosos de la orden Maryknoll decidiera concientizar a un grupo de indígenas sobre su realidad, a la luz de las Escrituras y utilizando el marxismo como instrumento de análisis. Esto había dado lugar al primer encuentro entre guerrilleros e indígenas, a la represión del movimiento por parte del ejército y a la radicalización de los primeros religiosos del lado de la guerrilla.

Pero este primer encuentro sería en realidad el preludio de lo que sucedería diez años después. Gracias a las evoluciones ideológicas de la Iglesia en favor de los pobres, una cantidad importante de sacerdotes y religiosas de diversas órdenes se comprometen en la lucha revolucionaria que entonces libraba el EGP, la ORPA y las FAR. Esto facilitó evidentemente la incorporación de muchos elementos indígenas a las organizaciones guerrilleras, al extremo de que en 1978, luego de varios años de trabajo clandestino, surge el Comité de Unidad Campesina (CUC) impulsado por religiosos afines al EGP, cuya acción abarcará el corredor de las migraciones temporales y de la principal zona reclutadora de mano de obra campesina, y que intentará hacer converger a los campesinos de temporada (cuadrilleros) provenientes de las comunidades indígenas, con los obreros agrícolas mestizos y ladinos, permanentes (rancheros) o jornaleros (voluntarios), de las grandes plantaciones.

Algo similar aunque a través de formas y mecanismos distintos sucederá con los dirigentes y organizaciones sindicales que durante la segunda mitad de los años setenta toman partido del lado de la guerrilla. En efecto, y aunque todavía está por hacerse un estudio profundo que analice los métodos y mecanismos de incorporación de no pocos dirigentes sindicales a las organizaciones revolucionarias, es evidente que conforme algunas de las federaciones y confederaciones de trabajadores toman distancia de la orientación socialcristiana original, empieza a darse el encuentro con las posiciones más radicales del movimiento guerrillero. Así, y en medio de la represión del régimen del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) que también empujaba a muchos sindicalistas del lado de las guerrillas, comienza a darse un proceso de radicalización política de un número indeterminado de dirigentes y trabajadores.

La represión, la pobreza, la certeza de transformar las estructuras injustas de la sociedad por la vía de la revolución, pero también la actitud de buena parte de patronos que se negaban a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, hicieron que muchos de éstos se comprometieran desde sus espacios y trabajando a distintos niveles de la acción social y política (organización, movilización, etc.) en el proceso revolucionario que comandaban militarmente las organizaciones guerrilleras. Pero este movimiento social que por lo demás hizo temblar las bases mismas del Estado, no dimensionó la crueldad de que eran capaces las fuerzas represivas. De hecho, en la medida en que las protestas sociales aumentaban, el terror contrainsurgente se hacía cada vez más masivo y despiadado.

En 1976, año en que se sucedieron el mayor número de huelgas urbanas y rurales en la historia de Guatemala, el ejército responde ejecutando diversas acciones represivas indiscriminadas contra la población sospechosa de apoyar a la guerrilla. Esto sucedió tanto en el campo como en la ciudad: En El Quiché, por ejemplo, el 19 de marzo de 1976 el ejército secuestró al presidente de Acción Católica de Nebaj, a todos los dirigentes de Acción Católica de Cotzal y a los directivos juveniles y adultos de Acción Católica de Chajul.[30] Según la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE), por lo demás, entre febrero de 1976 y noviembre de 1977, el ejército asesinó a 68 líderes de cooperativas en Ixcán, 40 en Chajul, 28 en Cotzal y 32 en Nebaj.[31] Por otra parte, entre 1976 y 1980, después del despido de 154 sindicalistas de la Coca-Cola (Embotelladora Guatemalteca S. A.) y luego de la creación del Comité de Unidad Sindical (CNUS) el 31 de marzo de 1976, las fuerzas represivas asesinan y desaparecen a 12 dirigentes o miembros de base del sindicato, entre ellos los secretarios generales Pedro Quevedo y Quevedo, Manuel Francisco López Balam y Marlon Rodolfo Mendizábal.[32]

Sin embargo, el crecimiento del movimiento social era fulgurante: en diciembre de 1976 se constituyó el Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado (CETE). Se formó igualmente la Coordinadora Nacional de Pobladores (CDP) y, por iniciativa de la DC, el Movimiento Nacional de Pobladores (MONAP) que representaba a los barrios más pobres y marginados de la ciudad. Adicionalmente, la Asociación de Estudiantes Universitarios se unifica con diversos grupos de estudiantes de secundaria en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media y el Frente Estudiantil Robin García.[33] Por otra parte, en marzo de 1977 se produjo la ruptura ya prevista de la CNT con la CLAT; en abril se creó el Frente Organizado de Sindicatos de Amatitlán (FOSA) y, en diciembre, el Comité de Emergencia de Trabajadores del Estado (CETE).

Tal proceso de organización y movilización popular hacía temblar las estructuras mismas del poder. Ciertamente, la historia registra entre otras huelgas y movilizaciones sociales la del ingenio Pantaleón en la costa sur y, en noviembre de 1977, la marcha de los mineros de Ixtahuacán, Huehuetenango, la cual, por lo demás, anunciaba la convergencia en la lucha social del campo y la ciudad, es decir, de campesinos, obreros, estudiantes y pobladores. Desde el año anterior, con la asesoría de la CNT, los indígenas mames de San Ildefonso Ixtahuacán (municipio cercano a la frontera con México) se habían organizado en sindicato y el anuncio del cierre de la mina de tungsteno y antimonio por parte de la compañía Minas de Guatemala, hizo que el 11 de noviembre de 1977 setenta de ellos emprendieran una larga caminata de protesta hacia la capital, la cual contó en su recorrido con el apoyo de cientos de personas de las comunidades vecinas a la carretera panamericana que se sumaron a la protesta. La marcha, según estimaciones de la prensa, reagrupó a 150 mil personas entre sindicalistas (incluidos los trabajadores del ingenio Pantaleón), estudiantes y pobladores, lo cual obligó al Gobierno a reaccionar prudentemente.

Si duda para evitar el riesgo que significaba que esta enorme masa de manifestantes llegara al Palacio Nacional, el Gobierno de Laugerud García acepta las demandas del sindicato antes de que aquéllos entren a la ciudad, forzando a la empresa a reabrir la mina, pagar los sueldos atrasados y negociar un contrato de trabajo. Esta marcha, que puso de manifiesto las duras condiciones de vida de los trabajadores del campo, se convirtió en un hito en la historia de las luchas del pueblo. La creciente unidad entre campesinos y obreros, buscada por las fuerzas revolucionarias que planteaban la “alianza obrero, campesina y popular”, fue evidente al año siguiente: el 1 de mayo de 1978, miles de campesinos y sindicalistas celebraron el día del trabajo con una marcha sin parangón, la cual sirvió de escenario para la presentación pública del Comité de Unidad Campesina (CUC), el cual cohesionaría de ahora en adelante a la mayor parte de movimientos rurales del país, incluyendo a las cooperativas y ligas campesinas.

Pero la represión del ejército ante el sensible crecimiento del movimiento sindical y campesino cobraría nuevas víctimas entre los líderes sociales y políticos: el 8 de junio de 1977, Mario López Larrave, abogado laboral, ex decano de la Facultad de Derecho y miembro del Consejo Superior Universitario, es asesinado; y, el 30 de junio de 1978, Hermógenes López Coarchita, párroco de San José Pinula, correría la misma suerte. La “masacre de Panzós” de mayo de 1978 en Alta Verapaz, en la cual murieron 53 campesinos q’eqchi’ que demandaban tierras y denunciaban los abusos de finqueros y autoridades locales y militares de la zona, inauguraría el comienzo de una espantosa serie de masacres contra las comunidades indígenas del altiplano occidental y noroccidental supuestamente vinculadas a las guerrillas.

Señalemos además que durante el régimen de Laugerud García también el movimiento social urbano tuvo un enorme crecimiento. “119 huelgas y paros en los que se involucraron más de 100,000 obreros” dejando un saldo desfavorable para los capitalistas de “más de un millón de días no trabajados”,[34] dan cuenta de ello. Ahora bien, aunque la radicalización del movimiento social parecía explicarse únicamente por el resultado adverso de la mayoría de sus luchas, y aunque los informes de recuperación de la memoria histórica sean bastante discretos al señalar la influencia de las guerrillas sobre aquél,[35] era evidente que la convergencia con las organizaciones revolucionarias influenciaba su accionar. A tal punto que para los años más sangrientos de la represión sectores importantes del movimiento social llegaron a plantear la transformación del sistema por la vía de la revolución.

Es difícil precisar con exactitud qué significa hoy ser de izquierda. Después de los terribles golpes sufridos con la caída del campo socialista hacia los 90 del siglo pasado, con la imposición de las políticas neoliberales que hicieron retroceder enormemente muchas conquistas sociales, con el fin de la Guerra Fría, hoy por hoy es complicado entender exactamente qué es “la izquierda”. De todos modos, aunque hay una variación enorme y pueden entrar ahí planteos incluso antitéticos, está claro que es lo que se enfrenta a las posiciones conservadoras que buscan mantener la regularidad del sistema. Lo que se opone a esto, es la izquierda (izquierda parlamentaria, movimientos armados, organizaciones campesinas, sindicatos combativos, partidos que vienen del estalinismo histórico, nuevos movimientos urbanos como los desocupados, estudiantes movilizados, intelectuales y artistas críticos, etc., etc. La lista es larga). Por el contrario, lo que defiende al sistema, es la derecha.

En ese amplio e impreciso campo de “la derecha” también puede entrar de todo, desde el actual pensamiento neoconservador de los grandes capitales globales al Opus Dei, de los medios de comunicación comerciales a los empresariados nacionalistas del Tercer Mundo, etc., etc. Pero cuando le suenan señales de alarma, la derecha –siempre y en cualquier parte del mundo– cierra inmediatamente sus filas y actúa como bloque monolítico. En definitiva, cuando vive un ataque está en juego su supervivencia como sector privilegiado; y eso, por lo que se ve, no admite dudas: o se une o la expropian, o depone diferencias y actúa como bloque o desaparece. La experiencia nos enseña que siempre, a cara de perro, opta sin titubeos por la primera opción.

Pero no sucede lo mismo en la izquierda. ¿Por qué? La derecha tiene mucho que perder (sus privilegios de clase justamente), por eso sabe unirse. La izquierda, en tanto expresión de los sectores explotados y excluidos, “no tiene nada que perder, más que sus cadenas”, para expresarlo con una frase épica.

Como se ha dicho con cierta malicia, pero no sin una cuota de verdad: si algo define a las izquierdas políticas es su “manía” de estar siempre dividiéndose, peleándose por minucias, fragmentándose. Ese es un mal presente siempre y en cualquier parte del mundo, al igual que en la derecha su intuición de clase para unirse.

La cuestión es ¿por qué?, pero más importante aún: ¿qué hacer al respecto?

Sabido es que la izquierda política es siempre un sector bastante marginal en las sociedades; implica una toma de posición que, si bien tiene algo, o mucho, de afectiva, es ante todo intelectual. Ser de izquierda significa ir contra la corriente. Para decirlo descriptivamente: es más fácil no “complicarse la vida” y no pensar en forma contestataria, lo cual sirve, antes que nada, “para meterse en problemas”. Quien decide incorporar esas categorías de pensamiento en su vida da un salto racional nada desdeñable: se tiene que desembarazar de todos los valores que el peso de la tradición le confiere. Ello implica un profundo paso racional. Luego –no siempre, pero sí en muchas ocasiones– puede venir un cambio sustantivo en la vida cotidiana, en la práctica concreta: un pensamiento “de izquierda” no implica necesariamente una actuación revolucionaria; pero es ya un gran paso.

Dado ese paso, es muy probable que se abran nuevos horizontes conceptuales: al empezar a ver el mundo con nuevas categorías, al comenzar la “crítica implacable de todo lo existente” –tal como reclamaba el fundador del marxismo– se descubren cantidad de mentiras sociales coaguladas, normalizadas, aceptadas desde siempre como naturales. No hay dudas que un pensamiento de izquierda es progresista y no se escandaliza ante ningún cambio positivo; se supone que es abierto, tolerante, no racista, no sexista, no discriminatorio, no enfermizamente consumista.

Pero sigue estando en juego el tema del poder. No es ninguna novedad que dentro del campo de las izquierdas políticas (que no es lo mismo que las protestas de los pueblos: las movilizaciones espontáneas, las reacciones ante injusticias, la pasión por no dejarse doblegar), los miembros que la componen viven muchas veces peleando entre sí, discutiendo y fragmentándose. En las fuerzas de la derecha esto no sorprende, porque para nada hay ahí un ideario de solidaridad, de igualdad. Allí, claramente, se trata de la supremacía del más fuerte. En la izquierda no: el ideal es la equidad. Pero la experiencia enseña otra cosa: grupos pequeños, de cincuenta militantes quizá, con frecuencia se separan, se fragmentan. Las asambleas políticas, los intercambios teóricos, los debates a veces pueden ser patéticos, con discusiones interminables –y bizantinas– que no llevan a ningún lado, donde lo que está en juego es, en definitiva, ver “quién es más revolucionario”, en tanto las transformaciones reales siguen esperando.

¿Cómo entenderlo? ¿Luchas de poder? También se da en la izquierda, por supuesto. Lo preocupante es la fragmentación interminable que pareciera ser su cáncer; en vez de unirse, vive dividiéndose. La consigna pareciera consistir en “quién lo dice mejor”, “quién es más de izquierda”. Y en esa dinámica, en ese principismo… se van no pocas energías que debilitan la lucha política.

Entendiendo que estas luchas de reconocimiento son humanas, o “humanas” tal como ha sido entendido esto hasta ahora en la historia de las sociedades basadas en la división de clases y patriarcales donde uno “triunfa” y otro “pierde”, entendiendo que, hoy por hoy, esa es una matriz dominante, también en los que pretenden un cambio están presentes estas estructuras. También en la izquierda estamos llenos eso, que no son precisamente “vicios”. ¿Por qué no iba a ser así? ¿No se es también machista o racista en la izquierda muchas veces? Cuando se discute por la “pureza teórica”, ¿realmente se discute por eso, o hay más en juego? ¿No hay figuraciones y pavoneos también ahí?

Ante esta situación, la cuestión básica es ver si existe “vacuna preventiva”. ¿Por qué vivimos peleándonos por pequeñeces que terminan distrayéndonos? Más allá de ser ridículo (ni más ni menos que aquel que se pavonea con un automóvil de lujo o con una joya), la cuestión es que todo ello nos paraliza como propuesta de cambio real. Pelearse por una palabra en la declaración, por ejemplo, es un puro ejercicio intelectual, académico, no muy distinto de las discusiones de los teólogos medievales que debatían sobre el sexo de los ángeles. “Izquierdismo” lo llamó Lenin; “enfermedad infantil del comunismo”. Quizá no es una enfermedad en sentido estricto; es una condición humana, o una condición de lo que hoy es el ser humano (a veces ridículo espécimen guiado por el fantasma de la lucha de reconocimiento, por imponerse al otro; cuestión que remite finalmente al sentido último del ejercicio del poder: es una aspiración a superar los límites, a la perduración, un desafío a la finitud. El poder nos transforma en dioses).

Es más fácil dividir que sumar, más cómodo criticar (al modo destructivo, casi como sinónimo de “chisme”) que construir. Infinidad de ejemplos ratifican que la izquierda –no siempre, claro, pero sí en muchas ocasiones– cuando tiene que sumar, se fragmenta, cuando tiene que estar con las masas en un momento de calor revolucionario, se queda discutiendo sobre un concepto.

Tragicómica condición: pensar en forma crítica es buenísimo, es un paso adelante en el progreso humano. Pero a veces puede dar lugar a payasadas inconducentes: el sexo de los ángeles o la palabra “correcta” en la declaración. Tal vez si de vacuna contra todo ello se trata, podríamos decir que… no hay vacuna específica (quizá no es una “patología” como decía Lenin). Lo que debemos abrir es una crítica sobre el poder, y buscarle los antídotos a eso. ¿Por qué es tan fácil que nos fascine? Algunos se pavonean con el automóvil de lujo o la joya de oro; otros, quizá, con un principismo que por tan puro puede llevar a lo inconducente.

En definitiva, la producción intelectual es así: no tiene garantías. De miles de libros que se publican, alguno trascenderá, y la inmensa mayoría está condenada a ser regalada por compromiso entre los amigos. Pero ese es el desafío: de entre tantos intrascendentes, alguno vale. De entre tantas y tantas discusiones bizantinas e intrascendentes, alguna dará luz. Eso es la verdadera democracia, genuina, de base. La izquierda muchas veces se agota en estas discusiones, y eso no es malo. La cuestión es no perder de vista que muchas veces es el puro espejismo del poder el que nos guía –manifestado aquí no con la joya lujosa sino en la posición más “principista”, más “revolucionaria”–. Pero en definitiva, motorizados también por la recurrente cuestión de la imposición sobre el otro.

La derecha es pragmática. Cuando tiene que unirse no se equivoca: se une y le pasa por encima a los intentos de cambio que buscan sacarla de su sitial de privilegio. La izquierda no. Sin caer en un ciego pragmatismo donde el fin justifica los medios, y siendo realistas, si tomamos en serio eso de construir una nueva sociedad, debe partirse por abrir una crítica implacable de nuestra condición y apuntar a poder reírnos sana y productivamente de nuestros propios límites. ¿Interesa cambiar algo o interesa quién lo dice “mejor”?

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Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

Publicado por Con Nuestra América

El sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, desde hace años, nos está diciendo que a mediados del siglo XXI el capitalismo tal como lo conocemos ahora entrará en una crisis terminal. Pero esto no necesariamente implicará un mundo poscapitalista más humano y justo. Puede ser sustituido por otro sistema aun peor. Exactamente el que nos retrata “Los juegos del hambre”.

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

Desde hace algunos meses he visto a Camila y Sebastián, mis hijos adolescentes, hablar de la trilogía de la novelista Suzanne Collins que lleva por título “Los Juegos del hambre”. Llamó poderosamente mi atención el que hoy cuando adolescentes y adultos tienden a no leer debido al internet y otras distracciones, mis dos hijos menores estuvieran devorando esos libros y me dijeran con orgullo que terminaron los tres volúmenes de la misma. La trilogía ha sido tan exitosa que en estos días se está estrenando la primera de las películas que se basarán en las novelas. “Los juegos del hambre” es un fenómeno literario y comercial al igual que lo ha sido la zaga de Harry Potter de J.K. Rowling y la de “Crepúsculo” de Stephenie Meyer. Confieso que no me ha llamado la atención leer estas novelas que mis hijos leen con fruición hasta que me di cuenta que tenía que hacerlo para poder agregar puentes con ellos y estimularlos en la lectura.

Así, tomé el primer volumen de “Los juegos del hambre” y quedé verdaderamente sorprendido. La trilogía versa sobre un mundo futuro que ha sufrido un apocalipsis ambiental, económico y político. Las aguas de los océanos han devorado buena parte del territorio de los Estados Unidos de América y uno puede suponer que el calentamiento global ha sido la causa. Lo que fuera el país más poderoso del mundo esta reducido a doce distritos que por la escasez viven en medio de grandes privaciones, hambre, con ancianos desprotegidos enfermedades, medicinas inalcanzables y sometidos a un trabajo semi esclavo en beneficio de una clase dominante asentada en un lugar llamado Capitolio. Anualmente los doce distritos proporcionan a un muchacho y muchacha (niños o adolescentes) para que se maten entre sí en “los juegos del hambre”. Habrá un vencedor y el premio será que su distrito tendrá comida asegurada por un año.

Es esta una visión terrible del futuro que se une en la literatura a “Un mundo feliz” de Aldous Huxley o “1984” de George Orwell y en el cine a “Blade Runner” de Riddley Scott (1982). Al leer la novela de Suzanne Collins me sucedió lo mismo que a mis hijos. Terminé devorándola. Probablemente mis motivos fueron otros. No pude sino leer la novela como sociólogo y concluir con angustia renovada que se han empezado a sentar las premisas de ese mundo. El sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, desde hace años, nos está diciendo que a mediados del siglo XXI el capitalismo tal como lo conocemos ahora entrará en una crisis terminal. Pero esto no necesariamente implicará un mundo poscapitalista más humano y justo. Puede ser sustituido por otro sistema aun peor. Exactamente el que nos retrata “Los juegos del hambre”.

Vivimos a partir de 2008 no solamente la crisis económica más severa desde 1929 sino también una crisis alimentaria. En marzo de 2011, el Parlamento Europeo nos informaba que entre 2010 y 2011 las cifras de los precios alimenticios habían batido record de alzas siete veces y que eran factores causales de las revueltas en Argelia, Túnez y Egipto. En febrero de 2011, la cifra de gente que se moría de hambre ascendía a mil millones de los 7 mil que constituyen a la humanidad. En 2010 el desempleo ya alcanzaba un record histórico de 211 millones de personas mientras se estima que en los diez años siguientes se tendrían que crear 470 millones de nuevos empleos lo cual es difícil dada la crisis mundial. Europa mediterránea se acerca cada vez más al tercer mundo. Las cifras de desempleo en países como Portugal, Grecia, Italia, y España oscilan entre un 11 y un 23%. Y es sabido que las mismas son maquilladas pues se excluye de esta situación a la economía informal y a los que ya no están buscando empleo. Debido a que los países más ricos del mundo producen el 80% de la contaminación por dióxido de carbono (Estados Unidos produce el 20%) y no parecen muy interesados en disminuir tales cifras, a fines del siglo XXI la temperatura del planeta ascenderá a 6º. Cada año la contaminación por gases invernadero sube un 3% y la voracidad de ganancias propia del capitalismo hace difícil pensar en una reversión.

Si usted lee la novela o mira la película “Los juegos del hambre” haría bien en pensar que lo que allí se retrata podría no ser producto de la imaginación de una novelista pesimista. Cada día los grandes poderes mundiales labran un futuro parecido al que allí se retrata. Y todos los que felizmente creen que la globalización neoliberal está produciendo el mejor de los mundos, están contribuyendo consciente o inconscientemente al que un día nuestros tataranietos estén jugando los juegos del hambre.

Publicado por Con Nuestra América