Felix Acajabon

Arturo Taracena Arriola / Especial para Con Nuestra América

Desde París, Francia.

Publicado por Con Nuestra América

Marcelo Colussi

mmcolussi@gmail.com

Reconciliación: un concepto problemático

Utilizado en el ámbito social, pocos términos están tan cargados como el de “reconciliación”. Cargado en todo sentido: política, emotiva, incluso filosóficamente. Por tanto, “reconciliación” no es una palabra inocente, neutra, aséptica. Mucho menos neutros son, por tanto, los complejos escenarios en que aparece ni los procesos político-sociales en que se desenvuelve, en que intenta cobrar cuerpo.

Un exhaustivo recorrido semántico en torno a su significado muestra que la nota distintiva que lo caracteriza, en cualquier definición que se presente, está en el hecho de retornar a un estado previo: el prefijo “re” implica retorno, regreso, hacer por segunda vez. “Re – conciliar”, de esta forma, sería “volver a un estado previo de conciliación”. Es decir: allí donde había armonía y equilibrio, y por algún motivo se rompió, volver a ese estado primero sería justamente la reconciliación. Según el Diccionario de la Real Academia Española, por tanto, reconciliar es “volver a las amistades, atraer y acordar los ánimos desunidos”.[1]

En general cualquier definición de la palabra que podamos buscar resalta siempre esa misma esencia. Sin ánimo de abundar innecesariamente en una exégesis etimológica, citemos –sólo a título ilustrativo– otra posible conceptualización (del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas): “restablecimiento de la amistad, el trato o la paz, después de desavenencia, ruptura o lucha”. En definitiva, y casi a modo de síntesis de un recorrido filológico que no viene a cuenta presentar aquí, queda claro que lo que prima en esta noción es el “restablecimiento de vínculos que se rompieron a causa de un conflicto”.[2]

En el ámbito interpersonal, en el espacio micro, doméstico, esto funciona con facilidad. Numerosos, casi cotidianos podría decirse, son los ejemplos que atestiguan estos procesos: desavenencias conyugales, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, etc., terminan amistosamente superándose el problema puntual con un retorno a la situación primera de equilibrio, de armonía. La cuestión se complica –se complica exponencialmente, diríamos, se torna casi un dilema, a veces insoluble– cuando se trata de la reconciliación en términos macros, en términos de un colectivo social, de un país.

¿Qué significa “reconciliar” cuando se trata de una sociedad? ¿Quién debe reconciliarse con quién? ¿Para qué reconciliarse?

Estas no son meras preguntas retóricas. Por el contrario, son los cimientos principales que deben considerarse en toda acción que involucra poblaciones golpeadas por conflictos armados, por guerras internas; poblaciones que, pese a la crueldad de lo vivido, necesitan seguir compartiendo un mismo espacio común en su existencia diaria.

Que dos amigos o dos cónyuges enemistados por alguna desavenencia de la vida cotidiana puedan reconciliarse, es algo frecuente, en modo alguno problemático. No surgen allí dudas filosóficas ni políticas sobre quiénes son los sujetos en juego en el proceso, ni por qué o para qué se reconcilian. Es esto casi un imperativo de la cotidianeidad: en el ámbito micro no se puede vivir en perpetuo estado de conflicto con los rodeantes. Una sana y racional “negociación con la realidad” impone deponer o moderar puntos de vista personales en pro de una convivencia tolerable, donde todos pueden perder algo para ganar la posibilidad de convivir con relativa armonía en el grupo. Vale aquí aquella máxima de “nadie está obligado a amar al otro, pero sí a respetarlo”, en el sentido de tolerar diferencias para asegurar un clima que permita seguir viviendo a todos en el día a día.

Luego de procesos bélicos, y más aún cuando se trata de guerras internas, es ya canónico hablar de reconciliación. Depuestas las armas –al menos es lo que suele decirse– hay que “pacificar los corazones”. Ello es cierto relativamente: sin dudas, terminadas las operaciones militares, hay que buscar los mecanismos que permitan bajar la agresividad desatada. Las guerras producen complejas modificaciones subjetivas (en lo individual) y éticas (en lo social): todo ser humano, puesto en esa circunstancia, puede matar a otro semejante en nombre del ideal que sea, al despersonificarlo y convertirlo en “el enemigo” a secas, lo cual justifica todo. Y cualquier sociedad puede avalar esas modificaciones, incluso premiándolas. De hecho, es un héroe quien más enemigos elimina; en vez de declararlo “asesino”, se le condecora. Los valores en juego en estos períodos se transforman dando lugar a complejas –y a veces enfermizas– culturas militarizadas. En el contexto de los post conflictos, “pacificados los corazones”, no es infrecuente que sujetos que hicieron parte de las fuerzas enfrentadas y fueron “enemigos”, una vez alcanzada la paz continúen con su vida cotidiana normal produciéndose entonces espontáneos procesos de reconciliación, de acercamiento. Pero ese es un nivel personal, subjetivo. Ello no alcanza para plantear un proceso social, infinitamente más complejo por cierto.

El entendimiento armónico entre dos sujetos no constituye la célula de las relaciones sociales; por el contrario, lo que define las relaciones sociales tiene que ver con el conflicto (diversos conflictos: económicos, interestatales, étnicos, de géneros, etc.) en tanto motor de los procesos históricos. Las guerras no son peleas entre dos individualidades llevadas a una expresión colectiva. Las dinámicas que ponen en marcha conflictos armados son entrecruzamientos de elementos mucho más complicados, de más alambicada textura que una desavenencia entre dos personas. Los enfrentamientos armados, justamente –más aún las guerras internas como la sufrida en Guatemala– rompen los tejidos sociales.[3] Y una guerra como la que aquí se padeció (laboratorio de lo que posteriormente se conocería como “guerra de cuarta generación”, según la moderna doctrina militar estadounidense)[4] busca, entre otras cosas, el enfrentamiento en el seno de la sociedad civil, el involucramiento de la población no-militar, la conmoción psicológica con secuelas ideológicas y políticas de largo plazo.

Estas facetas de la guerra que buscan desgarrar culturalmente a una población, tuvieron en Guatemala –al igual que en otros países latinoamericanos: Nicaragua, El Salvador, Colombia– un terreno expedito para desarrollarse. “Involucrar a la población civil en las tácticas contrainsurgentes, crear las patrullas de autodefensa civil, establecer diversos mecanismos de control social además de darles entrenamiento militar y cívico a la población”, son los principios que nos orientan por dónde anduvieron las estrategias desplegadas aquí, según un Manual del Ejército citado por Jennifer Schimmer.[5] Si se trataba de destruir los tejidos sociales, sin ningún lugar a dudas ello se consiguió a la perfección.

La magnitud de la tragedia humana en juego en estas estrategias es inconmensurable. Ello no es azaroso; responde a un maquiavélico plan fríamente trazado que buscó esa descomposición social y ante la cual los mecanismos de afrontamiento que disponen los seres que la sufren nunca son suficientes. Todas las sociedades cuentan con alternativas para hacer frente al sufrimiento psicológico y para sobrellevar medianamente bien situaciones duras: diferentes y variadísimos rituales ante el dolor de las tragedias, ante la muerte, ante conmociones que rompen la cotidianeidad; de ahí las religiones, los psicofármacos que reducen la ansiedad, evasivos varios como las bebidas alcohólicas o ciertos narcóticos. De todos modos, lo que se buscó –y se logró– con las estrategias de guerra sucia contrainsurgente supera todo tipo de respuesta: ni los rituales mayas tradicionales ni los abordajes psicológicos para atención en casos de desastres pueden extinguir el miedo que dejaron todas aquellas intervenciones. Sin dudas, las estrategias de descomposición del tejido social tuvieron, y siguen teniendo, el valor de una catástrofe no-natural imperecedera, tanto por lo sufrido propiamente dicho (la masacre, la violación, la tortura) como por las condiciones en que se hizo. ¿Qué sujeto individual o qué sociedad pueden salir indemnes, perdonar fácilmente, olvidar, creer en las instituciones del Estado o seguir una vida “normal” después de la catástrofe padecida? Y más aún si consideramos que en buena medida un alto porcentaje de esa catástrofe se sufrió a manos de los iguales, de los propios vecinos, de miembros de la propia familia. ¿Cómo un campesino maya pobre e históricamente excluido puede lograr perdonar y reconciliarse con un igual, con otro campesino tan maya, tan pobre y tan históricamente excluido que le perpetró atrocidades inimaginables? Vale citar al respecto lo dicho en una charla privada por un general de ejército –cuyo nombre preferimos reservarnos–, más que elocuente por cierto: “los mismos indios nos hicieron el trabajo”.

Los traumas psíquicos dejan marcas, y aunque se atiendan, muchas veces esas secuelas persisten de por vida. En términos individuales, pensemos en la pesadillas repetitivas de aquellos que estuvieron al borde de la muerte (en la guerra, en accidentes, en naufragios, mujeres violadas sexualmente); la magnitud resultante del ataque externo fue tan grande que nunca terminan de procesarlo. Lo mismo puede verse en términos colectivos: ¿acaso los judíos masacrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial pudieron reconciliarse con sus verdugos, o fue necesario ahí un tremendo trabajo post guerra –incluyendo los famosos juicios de Nüremberg, juicios que en Guatemala tímidamente se comenzaron a hacer ahora con el general Ríos Montt, y cuya sentencia condenatoria fue rápidamente anulada por los “poderes fácticos”– para, no digamos reconciliarse, sino haber obtenido una mínima armonía social que permite seguir existiendo al tejido social alemán, con un continuado, constante, diario trabajo de recuperación de su memoria histórica? “La culpa no se hereda”, pudo decir en ese contexto el canciller Willy Brandt, “pero se heredan responsabilidades, misiones”.[6] “Olvidar es repetir”, reza un cartel en la entrada del museo del horror de Auschwitz, y pese a que hoy por hoy no pareciera posible repetirse un holocausto con similares características, no dejan de surgir grupos neonazis. Más que reconciliación, allí hubo justicia, lo cual no es lo mismo. Atender las heridas de estos desgarradores conflictos no es buscar simplemente el perdón: es buscar inexorablemente la justicia y la reparación de lo sufrido. Si algo significa reconciliación es eso. Si no, no pasamos de la declaración pomposa sin efectos reales.

Algo similar podemos ver en España: más allá del “destape” post franquista con la masiva incorporación de esa sociedad a la modernidad europea, socialdemocrática y favorecida en términos económicos, los fantasmas no reconciliados de la Guerra Civil aún perduran cinco décadas después del holocausto vivido (allí no hubo un Nüremberg, y recién quizá ahora se plantea la posibilidad de hacer algo al respecto. Y se logrará algo efectivo si algún juicio que se lleve adelante no es luego anulado por una decisión política, tal como sucedió en Guatemala).

Una vez más la pregunta entonces: ¿qué reconciliar en los procesos de post conflicto? “Ahora está por salir la Ley de Verdad y Reconciliación”, decía una víctima en Sudáfrica. “Eso está muy bien, pero de todos modos yo no me reconcilio. A mí me llevaron catorce horas en tren de Ciudad del Cabo a Johannesburgo, a un tribunal. Pero me llevaron en un vagón de ganado y con cabras, y por esa humillación no hay ley que haga que me reconcilie”.[7] ¿Es acaso un “provocador” antidemocrático quien declaraba esto, un “enfermo” mental desadaptado? En Chile, sistemáticamente cada 11 de septiembre, una parte de la población manifiesta contra la dictadura del ahora ya fallecido general Augusto Pinochet, no faltando las pancartas que rezan: “¡Ni olvido ni perdón. No a la reconciliación!” ¿Son unos boicoteadores del estado de derecho chileno quienes así se expresan? En cualquiera de los casos citados la respuesta es “no”. La reconciliación de una sociedad que sale de un profundo conflicto interno plantea estos interrogantes, al igual que los plantea en Guatemala: ¿puede haber reconciliación a partir de una ley?

La reconciliación entre los miembros otrora enfrentados de una sociedad puede darse, por supuesto que sí. En las comunidades mayas, los lugares más golpeados por la guerra interna (82% de las víctimas son mayas, según datos de Naciones Unidas), la dinámica cotidiana puede llevar a eso quizá en forma espontánea. “Pisamos la misma tierra, compartimos el aire”,[8] decía una víctima del conflicto armado. Los hijos de víctimas y victimarios del área rural juegan juntos, ajenos en cierta forma a las historias de sus padres. Sus vidas cotidianas no los enfrentan; por el contrario, la convivencia pacífica es la matriz en la que crecen, más allá del pasado. Y sus progenitores, enfrentados algunos años antes, ahora continúan con sus labores normales, con su cotidianeidad no marcada por un escenario bélico. En cierta forma, entonces, la vida de todos los días impone una forma de coexistencia sin enfrentamientos, sin hostilidades a muerte. Pero no son las leyes quienes logran la reconciliación; los instrumentos jurídicos crean las condiciones para poder procesar las pesadas cargas de dolor que dejan los conflictos. La reconciliación es otra cosa.

Un genuino proceso de reconciliación, de acercamiento con el otro que fue mi enemigo en el pasado, puede darse. Los tejidos que desgarraron estas guerras asimétricas –guerras marcadas por las estrategias psicológicas que toman como objetivo militar la población no combatiente para crear la desorganización y la desestructuración social–, sin dudas de modo disfuncional, inconveniente, no pertinente, ya comenzaron a recomponerse. No de la manera más adecuada, por cierto, pero –utilizando una metáfora que puede ser elocuente–, al igual que la piel que es rasgada por un cuchillo, desde el momento mismo en que comienza a ser herida por la hoja del arma, de esa misma manera, los mecanismos de cicatrización comienzan a trabajar para recomponer el tejido roto. Si la herida provocada por el puñal sobre la piel, al igual que la herida provocada sobre el tejido social por el conflicto interno, no es adecuadamente atendida, presentará problemas. Tiende a cicatrizar, a recomponerse, de ese no hay dudas. Pero mal. Las marcas quedan, y se pueden tornar horribles.

Una cicatriz mal tratada –la de la piel o la de las relaciones que hacen el todo social– es siempre fea, impresentable, vergonzante. Las heridas de la guerra, con el paso del tiempo, van cerrando. Pero la reconciliación implica mucho más que un manto de olvido y un dar vuelta la página confiando en que “el tiempo y la perentoria necesidad de seguir viviendo juntos en una comunidad” logrará el acercamiento entre las partes antes enfrentadas. Implica un proceso que redefine las relaciones sociales en una sociedad fragmentada de tal forma que los antiguos enemigos puedan coexistir aceptablemente uno a la par del otro. Ese proceso, entendido como un fenómeno social que trasciende historias puntuales de un determinado victimario junto a una determinada víctima, necesita de mecanismos legales que creen las condiciones a partir de decisiones políticas consensuadas y de instrumentos específicos que posibilitan la vida con dignidad de todos y todas por igual, superando las heridas dejadas por el pasado enfrentamiento. Pero hay que insistir: los mecanismos legales no reconcilian. Ayudan a crear condiciones políticas en todo caso; el proceso mismo de la reconciliación tiene mucho más de psicológico, de complejo encadenamiento de reacciones subjetivas. Y esto, lo sabemos, no se decreta. Los procesos subjetivos, en definitiva (la alegría, el enamoramiento, el miedo, el odio, la esperanza…) no funcionan por decreto.

La reconciliación lleva dos elementos implícitos como mecanismos fundamentales que la definen: por una lado, el reconocimiento de lo que pasó, la recuperación de la verdad, y por otro, el mecanismo en virtud del cual las partes encontradas deben: a) arrepentirse (una de las partes), y b) perdonar (la otra parte). Es decir: verdad, arrepentimiento y perdón. Retomando la idea ya expuesta: en un nivel micro es posible –sucede a diario– que se cumpla ese ciclo. La reconciliación implica la voluntad de ambas partes a querer seguir una relación empática, arrepintiéndose y perdonando, sobre la base de no negar lo que pasó, de lo que las enfrentó. El problema se plantea cuando ese esquema se traslada a la sociedad como un todo. Como lo que define un todo social no son las buenas intenciones individuales sino las relaciones de poder, en ese complejo tejido y a nivel macro, es mucho más difícil encontrar arrepentimiento y la voluntad de pedir perdón. Es más confuso ver ahí el mecanismo, y más difícil que pueda realizarse: si es un grupo de poder, en nombre de sus intereses, el que victimizó a otro grupo, ¿podemos creer que honestamente estará dispuesto a pedir perdón? Es por eso que, en términos sociales, la historia siempre está contada a medias, desde la lógica del grupo dominante (la historia la escriben los que ganan).

En términos de una sociedad, reconciliación no es olvido, no es borrón y cuenta nueva con un llamado a deponer odios del pasado. La basura escondida debajo de la alfombra no se ve; pero ahí está, y siempre es posible que pueda reaparecer. Hay un axioma de la ciencia psicológica que dice “lo reprimido siempre retorna, de manera deformada, como síntoma, pero no desaparece: se reactualiza”. Si lo reprimido es una historia no contada, una historia de abusos y violaciones, eso sigue estando presente en los imaginarios sociales, en la memoria colectiva de los pueblos que los sufrieron, reapareciendo de distintas maneras como síntomas; o para decirlo con terminología clínica: con malestares diversos, con nuevas manifestaciones de violencia, con gran dolor. E incluso se transpasa a las nuevas generaciones.

No sólo en Guatemala, sino en cualquier sociedad que sale de una guerra interna, la palabra reconciliación es equívoca, llama a ambigüedades, produce contradicciones. En muchos casos hace alusión velada al olvido de lo ocurrido, a la amnistía de los victimarios; es decir: fomenta la impunidad. Ello va de la mano de un llamado al entendimiento, a la buena voluntad, al amor y la concordia. Pero en términos de grupos sociales –la experiencia de numerosos casos en distintas sociedades de post guerra lo enseña con patetismo–, ese “estallido de paz y armonía” no surge nunca espontáneamente. Esas cosas tan loables por sí mismas pero siempre tan lejos de las buenas voluntades –la historia no se hace con buenas voluntades sino, lamentablemente, con violencias–, y la reconciliación en especial, más allá que puedan circunscribirse a un papel firmado que las legaliza, no se decretan. Pueden ser legales, pero no legítimas. En todo caso, gracias a lineamientos que se fijan en legislaciones pero que se edifican en las relaciones concretas entre los miembros del colectivo, son construcciones que tienen que ver con los juegos de poder que se dan en la sociedad.

Que el concepto de reconciliación es equívoco, que está muy cargado y no es nada inocente nos lo puede mostrar, entre otras cosas, el hecho que la derecha política en la actual República Bolivariana de Venezuela llamara a “reconciliarse” al ahora extinto presidente Hugo Chávez, líder de una revolución con tintes socialistas. ¿Por qué ese llamado? ¿Qué significa en ese contexto “reconciliación”: un pedido de no seguir profundizando medidas populares que podrían desbancar a los tradicionales sectores de poder? Si podemos tener cierto recelo en el uso de esta palabra, todo lo dicho hasta aquí es suficiente prueba para ver que constituye uno de los términos menos ingenuos del vocabulario político. Si la vida política es, inexorablemente, la expresión de conflictos, la cara visible de la relación de poderes asimétricos con que se constituyen las sociedades, los llamados a la reconciliación pueden ser la forma velada de pedir no cambiar nada, no revisar ni pretender remover las estructuras establecidas.

En otros términos, y en el contexto de los procesos post bélicos: si es posible acercar partes enfrentadas buscando una aceptable forma de relacionamiento en que se procesen sanamente historias desgarradoras, ello necesita no sólo las declaraciones políticas sino, antes que nada, cambios reales en la distribución de los poderes, acciones concretas que dignifiquen a las víctimas y castiguen a los victimarios, hechos constatables que permitan superar las secuelas y posibiliten seguir viviendo con mayor calidad de vida. Para todo ello son precisos elementos mínimos: 1) conocer y apropiarse la verdad histórica y 2) reparar las injusticias. Pero queda claro que para ello son imprescindibles modificaciones a las estructuras de poder que llevaron a la guerra. Sin esos reacomodos concretos, tanto la paz como la reconciliación no pueden pasar de buenas intenciones sin efectos tangibles en la realidad.

La reconciliación en Guatemala

“La historia la escriben los ganadores”, suele decirse. ¿Quién ganó la guerra en Guatemala?

Formalmente el conflicto armado interno finalizó hace ya casi 18 años, cuando se firmó la Paz Firme y Duradera en aquel ya lejano domingo 29 de diciembre del 2006. En la dinámica del post conflicto viene usándose con regularidad el término reconciliación, aunque no haya unanimidad en su significado. Comienza a aparecer en el contexto del Acuerdo de Paz de Esquipulas II, en el año 1987, con la Comisión Nacional de Reconciliación presidida por Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, con lo que se buscaba crear un ambiente de diálogo entre el gobierno y el movimiento revolucionario armado. En ese entonces, y en ese contexto determinado, hablar de “reconciliación” era un guiño político destinado a buscar el fin de los enfrentamientos armados que desgarraban Centroamérica; es decir: no había tanto un llamado a la contrición cristiana y a la promesa de no volver a pecar –tal como incluye la idea religiosa de reconciliación– sino una perspectiva política de buscar salida a las guerras en curso (lo cual muestra que la Iglesia, además de un poder moral, es un poder con definidos intereses políticos). Desde ese entonces ha estado siempre presente en la agenda nacional, si bien no hay consenso sobre qué se quiere decir exactamente con ello. En 1996, dos meses antes de la firma definitiva de la paz, se aprueba la Ley de Reconciliación Nacional preparando las condiciones para la incorporación de desmovilizados de ambos bandos enfrentados en la estructura social. Pero si bien hace ya años que se utiliza la palabra con mucha naturalidad, no hay una elaboración profunda sobre el asunto. Y menos aún, una política orgánica de Estado, sostenible más allá de cada administración. En todo caso, mucho de lo que se ha venido haciendo al respecto tiene una buena dosis de reactivo, de coyuntural.

Retorna la pregunta que se hacía más arriba. ¿Qué reconciliar en Guatemala?: ¿ejército y movimiento guerrillero?, ¿ex patrulleros de autodefensa civil y sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos en las comunidades mayas del área rural?, ¿finqueros y mozos de finca?, ¿militares y civiles?, ¿indígenas y ladinos?

Si puede ser equívoco decidir con claridad los actores del proceso, más equívoco aún puede resultar cómo llevar adelante ese proceso. El país cuenta con una Ley Nacional de Reconciliación, y en cumplimiento de los Acuerdos de Paz ambas fuerzas otrora beligerantes cesaron las hostilidades, desarmándose la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG– y reduciéndose ostensiblemente el ejército. Algo importante en el proceso de paz guatemalteco, y que lo diferencia de otras experiencias similares en otras latitudes, es que luego de producido el acto formal de la firma nunca más volvió a haber combates entre las partes que suscribieron los acuerdos. En términos estrictos, el conflicto armado concluyó el día 29 de diciembre del 1996 y desde entonces nunca fue violado el cese al fuego. Si bien eso podría implicar que el país ya no sufre la violencia armada de la guerra, que ya se vive “en paz”, la realidad cotidiana enseña otra cosa: la sociedad guatemalteca sufre hoy una epidemia de violencia(s) fenomenal, con índices que igualan los registrados durante la época del pasado conflicto armado. Hoy, mediados del 2013, hay 13 muertes violentas diarias promedio, (y 18 muertos por inanición, ¡no olvidar!, segundo país en desnutrición en Latinoamérica y sexto en el mundo, según datos de UNICEF). De mantenerse esta tendencia, en los primeros 25 años luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el número de muertos superaría al registrado en esas casi cuatro décadas de enfrentamiento armado, período en el que el promedio de muertes diarias era de 10. Por otro lado hay, en términos absolutos y relativos, más armas de fuego portátiles y más población armada hoy día que durante los años de la guerra interna. Si la reconciliación la entendemos como llave para la pacificación, evidentemente algo ahí no está funcionando bien. O, si profundizamos el análisis, esa situación nos da una pista para seguir indagando: con la firma de la paz, ¿cambiaron efectivamente las relaciones de poder de la sociedad guatemalteca?

Esto nos permite ver que aún queda por definirse con precisión cómo entender la reconciliación. Lo primero que salta a la vista es que se trata de algo equívoco; si la tomamos como sinónimo de entendimiento y armonía, eso no parece marcar la situación actual de la sociedad guatemalteca.

Para ver cómo se teje ese concepto, podemos recorrer algunos ejercicios de investigación realizados en el país algunos años atrás con distintos grupos poblacionales. Al menos dos de estas investigaciones pueden sernos de utilidad: una realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– entre el 2000 y el 2001 con la participación de más de 50 instituciones de sociedad civil y del Estado,[9] y otra realizada en el ámbito académico por las investigadoras Amanda Rodas, Mariel Aguilar y Rosa Wantland en el año 2002, donde confluyeron los más diversos sectores que conforman la sociedad guatemalteca.[10] En ambas experiencias quedó claro que hay visiones antagónicas sobre la reconciliación, pudiendo presentarse argumentos exactamente opuestos entre sí refiriéndose a lo mismo. Para algunos sectores sociales (los identificados con los poderes tradicionales: la cúpula económica y el ejército, los mismos que lograron revertir ahora la sentencia en el caso Ríos Montt), el conocimiento de la verdad histórica del conflicto armado a través de los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas o del Proyecto REMHI de la Iglesia Católica son los verdaderos obstáculos para la reconciliación, en tanto que para todos los otros sectores entrevistados –desde víctimas directas de la guerra a grupos de derechos humanos, desde movimiento campesino a intelectuales– lo que impide un genuino proceso de reconciliación es, justamente, el escamotear esa verdad histórica. En otros términos: la impunidad. Puede verse entonces que el término sigue siendo controvertido.

Pero la controversia no se plantea sólo en el campo discursivo, académico; no se trata de una diferencia doctrinaria producto de un ejercicio intelectual. Es una diferencia política derivada de proyectos antitéticos, es la expresión de poderes que se relacionan asimétricamente y que tienen una larga data. El conflicto armado interno que duró 36 años y ocasionó 200.000 muertos y alrededor de 45.000 desaparecidos, con un millón de desplazados internos, con más de 600 aldeas masacradas y estrategias terroríficas de militarización de toda la sociedad, fue expresión de un proceso histórico que ya lleva siglos. El ejecutor de esas enormes violaciones a los derechos humanos fue básicamente el ejército, y en buena medida esa virtual fuerza de ocupación interna que constituyeron las patrullas de autodefensa civil (campesinos mayas pobres que se vieron obligados a controlar, y en muchos casos masacrar, a otros campesinos mayas pobres). Pero lo que estalló con la guerra que comienza en 1960 (con unos jóvenes militares díscolos, nacionalistas, que se levantaron contra las injusticias históricas sin ser un planteo marxista en sentido estricto) no es sino la expresión de algo que hoy sigue presente, y que hace a la estructura más profunda de esta sociedad. La situación actual de Guatemala, 2013, con su imparable epidemia de violencia y esa historia de 245.000 muertos en la guerra interna en estos últimos años más todo el dolor que eso trae como secuela, va más allá de ese conflicto puntual que tuvo como protagonistas al ejército y al movimiento insurgente, y que golpeó especialmente al campesinado maya, base social de la guerrilla según la lógica contrainsurgente. “La historia inmediata no es suficiente para explicar el enfrentamiento armado”, concluye la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. “La concentración del poder económico y político, el carácter racista y discriminatorio de la sociedad frente a la mayoría de la población que es indígena, y la exclusión económica y social de grandes sectores empobrecidos –mayas y ladinos– se han expresado en el analfabetismo y la consolidación de comunidades locales aisladas y excluidas de la nación”.[11]

En ese contexto se torna difícil, cuando no imposible, reconciliar las partes. Porque –insistimos una vez más con lo mismo– ni siquiera está claro quiénes deben ser los actores de esa reconciliación. Si la pobreza crónica, si la exclusión sistemática de las grandes mayorías y su marginación en el edificio social, si el racismo y la cultura de la impunidad han sido la constante de una historia que ya lleva varios siglos, todo lo cual pudo expresarse monstruosamente en el recién pasado conflicto interno, si todo ese entrecruzamiento de causas posibilitó que en un momento dado, al encontrarse todas las puertas cerradas para los cambios políticos que esas mayorías reclamaban se generara una guerra interna con las características ya conocidas, es casi imposible pensar que ahora, firmada la paz entre los insurgentes y el Estado al que se quería transformar, se pueda caminar hacia el entendimiento. En ese sentido es problemático hablar de reconciliación, porque la misma muy difícilmente será posible si la entendemos como el haber llegado a una concordia social. Las causas históricas y estructurales que pudieron posibilitar la pasada guerra interna no han desaparecido, por lo que no termina de quedar claro qué reconciliar entonces. Y la reciente movida política de anular la sentencia a quien es un símbolo de esa guerra, el general José Efraín Ríos Montt (pues durante su presidencia de facto tuvo lugar la mayor cantidad de masacres), en modo alguno puede ayudar a la reconciliación. Por el contrario, prácticamente la sepulta.

Ahora bien: si reconciliación intenta significar –como lo quieren algunos sectores– olvidar el pasado reciente, olvidar la guerra sucia, olvidar la violación sistemática de derechos humanos en que vivió el país por largos años, eso significa también, en forma indirecta, olvidar las causas estructurales que encendieron esa guerra. La posición contraria, aquella que intenta recuperar la memoria histórica para no olvidar lo ocurrido en el conflicto armado buscando justicia y reparación de los daños sufridos, aproxima más a la idea de reconciliación. Pero quizá, extremando las cosas, podría preguntarse si es posible realmente alcanzar una sociedad reconciliada, o el objetivo deseable –quizá el único posible– no es sino seguir trabajando por una sociedad con más cuotas de justicia. Reconciliación, como en alguna medida se plantea con estas iniciativas que se están llevando a cabo hoy día aunque sin decirlo así expresamente, sería en todo caso búsqueda de mayor justicia. Pero no solo para castigar a los culpables del genocidio vivido (algún militar como símbolo, para el caso el general Ríos Montt) y para reparar las secuelas que el mismo dejó, sino como transformación de las matrices sociales con que el país ha venido desarrollándose, con un Estado que no está al servicio del colectivo sino que funcionó sólo como instrumento de los poderes intocables que marcan la historia nacional.

Ello lleva a plantearse entonces cómo entender una “sociedad reconciliada”: ¿una sociedad donde se terminaron los conflictos?, ¿una sociedad guiada por el amor fraterno?, ¿una sociedad donde no hay diferencias? Eso, simplemente, no existe, por lo que ni siquiera es realista planteárnoslo. En todo caso, si a algo podemos aspirar, es a profundizar la búsqueda de mayor justicia social. La reparación de los daños del conflicto armado interno puede ser una importante llave en esa tarea. Un proceso de reconciliación que no toca esto, que no busca mayores cuotas de justicia social, para decirlo con una expresión de un ex funcionario del Programa Nacional de Resarcimiento, “es una casa con techo de vidrio”.[12]

El rol del Estado en el proceso de reconciliación de Guatemala

Las experiencias de procesos post bélicos en distintas partes del mundo así como lo manifestado por todos los sectores consultados en las investigaciones sobre reconciliación antes citados realizadas en Guatemala, encuentran que el Estado debe ser el eje en torno al cual construir la consolidación de la paz y todas las tareas que impone el fin de una guerra interna. La reconciliación, por tanto, es un proceso que trasciende a las víctimas y a los victimarios por lo que, en consecuencia, debe ser impulsada por la sociedad en su conjunto, necesitando el concurso de una instancia superior que hace de garantía. Esa instancia es el Estado, en tanto ente que garantiza el buen funcionamiento, armónico y justo, de las distintas partes que componen el tejido social. Pero justamente ahí se plantea el problema en la realidad guatemalteca: ¿de qué Estado se habla?

La historia del país nos confronta con un Estado que ha jugado siempre desequilibradamente a favor de grupos de poder económico y no como ente armonizador entre los distintos sectores que componen la sociedad. El hecho de que en muchos aspectos fundamentales de la vida nacional el Estado haya sido históricamente muy débil, o incluso ausente, es una forma de evidenciar la política que los grandes grupos económicos han mantenido: diferencias enormes con los sectores más oprimidos, que constituyen la mano de obra no calificada, barata y sin mayor organización sindical que les permitió acumular grandes fortunas a partir de economías de exportación (el añil en su momento, luego el café, el banano o la caña de azúcar, hoy la palma africana). Como se ha dicho en más de una ocasión: un Estado-finquero, es decir, un aparato estatal puesto al servicio de la agroexportación manejado por unas pocas familias. Estado, por tanto, que se edificó sobre la base de una exclusión estructural y con una posición siempre racista, discriminatoria. La mala calidad o inexistencia de ámbitos básicos (salud, educación, política habitacional, seguridad) evidencia la historia misma del país. La recaudación tributaria con que se alimenta el presupuesto nacional (que al día de hoy no supera el 12% del Producto Bruto Interno) muestra fehacientemente esta historia. Dicho en otros términos: el Estado no ha resuelto los grandes problemas básicos de la sociedad guatemalteca, y como van las cosas, al menos con esa recaudación impositiva, no pareciera muy posible lograrlo. La situación de debilidad estructural del Estado se acentúa dramáticamente en las áreas rurales, dado el racismo imperante que segrega desde hace siglos a las grandes poblaciones mayas. No es exagerado decir que, viendo la diferencia entre la capital y el interior del país donde habitan los pueblos mayas, se está ante dos mundos distintos, incomunicados muchas veces.

Para muchos sectores en el interior del territorio nacional, fundamentalmente en el área de Occidente donde asientan las poblaciones mayas, el Estado se hizo evidente con fuerza recién para la década de los 70 del siglo pasado; pero no de modo constructivo, sino a través de un conflicto armado. El Estado por primera vez tuvo una presencia fuerte, contundente –y por cierto muy eficiente en la tarea planteada– a través de la guerra interna. Con la estrategia contrainsurgente que marcó la totalidad de la vida nacional, la militarización barrió el interior. Allí donde nunca había habido ni caminos de penetración, escuelas públicas ni puestos de salud, allí donde nunca llegaba una campaña de vacunación o la luz eléctrica, proyectos de agua entubada o créditos para la producción agropecuaria, allí llegó el Estado por medio del ejército. Y no para vacunar o para promover proyectos productivos precisamente.

Es importante recalcar el papel del ejército en toda esta dinámica. Hoy día, luego de la firma de la paz, existe la tendencia a verlo como el responsable del genocidio vivido en las pasadas décadas. En cierta forma, lo es; aunque hay que entender eso en la dinámica político-social que lo posibilitó en un contexto histórico determinado. “Dicen que el ejército tiene que pedir perdón. ¿Perdón de qué? todo lo que el ejército hizo fue cumplir órdenes, de acuerdo al mandato constitucional. Ahora los que hicieron muchas cosas se hacen las blancas palomas. ¿Acaso uno no sabe de las responsabilidades de varias personas, instituciones y sectores?”, se preguntaba una de las personas entrevistadas en el citado estudio del PNUD.[13]

El país se vio envuelto en un brutal conflicto interno en el marco de la Guerra Fría que marcó largas décadas del siglo XX, enfrentamiento entre dos bloques de poder, entre dos ideologías y proyectos de sociedad irreconciliables que nunca llevó a disparar un misil nuclear entre Washington y Moscú pero que se trasuntó en mortíferas guerras internas a lo largo de buena parte de la geografía del mundo. En la región centroamericana, las guerras de Nicaragua, El Salvador y Guatemala lo patentizaron de modo elocuente. Y en Guatemala en particular, luego del triunfo sandinista en 1979 en la vecina Nicaragua y ante el auge del movimiento armado y la organización de base que se venía dando en el país, la respuesta anticomunista –ya presente desde 1954 luego de la decapitación de la “primavera democrática”– fue contundente. Los grupos de poder, aquellos en cuyo beneficio el Estado-finquero tenía el perfil que lo caracterizó por largos años con su carácter racista y excluyente, en el medio de esa hiper caliente Guerra Fría que marcaba la dinámica internacional, reaccionaron. El ejército, tal como lo dice el testimonio citado, no hizo sino cumplir su mandato. Las tácticas contrainsurgentes fueron la respuesta orgánica de un modelo de sociedad –la que representa ese Estado-finquero justamente– ante la posibilidad real de un cambio, de una transformación en las estructuras que comenzaba a tomar cuerpo. La respuesta del ejército –sin dudas enorme, enérgica, sin miramientos– fue, en definitiva, aquello para lo que todas las fuerzas armadas del continente habían sido preparadas por años en la doctrina de Seguridad Nacional impulsada por la geopolítica estadounidense. Por cierto que como institución no está exento de responsabilidad en las masacres, torturas, desaparición de personas y toda técnica de guerra sucia que utilizó (¿acaso los niños masacrados a patadas o golpeados contra las rocas eran combatientes?, ¿eran guerrilleros los fetos arrancados de los vientres maternos?, ¿lo eran los ancianos muertos a machetazos?, ¿era necesario incendiar casas y sembradíos de los campesinos indígenas para combatir a la guerrilla?), pero ello no es sino la puesta en práctica de lo aprendido. ¿Para qué, si no, la escuela de las Américas, la Academia de West Point y los cursos de contrainsurgencia diseñados por Washington? ¿Para qué, si no, el anticomunismo visceral en que se formaron los oficiales latinoamericanos por largos años? Ríos Montt no es sino la expresión de todo ello, como lo fueron Pinochet en Chile, Videla en Argentina o cuanto militar latinoamericano participó en alguna de estas guerras sucias.

Aunque sin dudas tiene un grado de responsabilidad en el conflicto vivido (por cierto lo tiene, y grande), el ejército no debe quedar como “el malo de la película”, porque ello sería escamotear la verdad histórica. Fue el Estado en su conjunto quien reaccionó, el tradicional Estado-finquero, siendo el ejército su brazo ejecutor. Eso no hay que perderlo de vista. En esa estrategia surgieron, como mecanismo paraestatal, las patrullas de autodefensa civil. Todos esos mecanismos de control social no fueron “excesos”, “errores” o “desviaciones psicopatológicas en la aplicación de órdenes recibidas”; fueron parte de una estrategia de dominación fríamente pensada.

“Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el ejército y la insurgencia, la investigación realizada por la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos y los diversos sectores de la sociedad civil. El Estado entero con todos sus recursos ha estado involucrado. Reducir el enfrentamiento a una lógica de dos actores no explicaría la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia, ni la constante movilización y diversa participación sociales que buscaban reivindicaciones sociales, económicas y políticas”, pudo concluir la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.[14]

Durante la guerra interna fue ese Estado el que reprimió fenomenalmente a la población, militarizando todos los espacios de la vida nacional, promoviendo el terrorismo y la violación sistemática de los derechos humanos como práctica cotidiana en su actuar, sin ninguna instancia superior que pudiera fiscalizarlo. Habiéndose llegado a la firma de la paz –más por una coyuntura internacional desfavorable al movimiento insurgente que llevó a esa salida concertada (caída del campo socialista) que por un proceso de negociación en igualdad de condiciones con el gobierno de turno–, es ese mismo Estado que por décadas se había constituido en violador a los derechos de la población quien debe encargarse de impulsar las correspondientes políticas de pacificación y reconciliación.

Finalizada la guerra interna desde el Estado –y al mismo tiempo también desde la sociedad civil– se emprendieron numerosas iniciativas para reparar y transformar las secuelas del enfrentamiento y la cultura violenta que dejaron 36 años de militarización. Se habló insistentemente de reconciliación. Pero luego de más de una década y media de firmados los Acuerdos de Paz, la violencia en términos generales no decrece y las heridas del conflicto armado interno no terminan de cerrar. La demostración de impunidad recientemente sufrida con la anulación de la sentencia contra el general Ríos Montt prácticamente alejan esa posibilidad para siempre. Olvidar las secuelas, obviamente, no es cerrarlas. Incluso la violencia ha tomado otras formas con la aparición de nuevas expresiones; ahí están la “epidemia” de criminalidad inundando todo, el crecimiento imparable de pandillas juveniles (las maras), los linchamientos, la mal llamada limpieza social, el feminicidio en curso con cantidad de mujeres asesinadas diariamente y en algunos casos desmembradas, expresiones todas que sirven para recordar que la guerra terminó…, pero no tanto. Como se mostraba anteriormente, en términos epidemiológicos de salud pública la situación en relación a la violencia no solo no mejora sino que empeora. ¿Por qué? ¿Algo se está haciendo mal en los programas que intentan sembrar la reconciliación en la sociedad y una nueva cultura de paz? ¿Es más difícil de lo que se pensaba transformar pautas de comportamiento social? ¿Acaso la sociedad guatemalteca está fatalmente condenada a vivir en un clima de violencia aceptado como la cruda normalidad? ¿O existen sectores que favorecen la perpetuación de este clima de violencia? ¿Qué se busca desde el Estado cuando se habla de “reconciliación”?

Si bien se han dado pasos formales desde el aparato de Estado para desmontar los mecanismos de la guerra interna y se cumplieron cabalmente algunos de los acuerdos establecidos (por ejemplo los de desmovilización del movimiento guerrillero y reducción del ejército), la experiencia de estos años muestra que todo ese proceso ha ido muy lento, mucho más de lo necesario para lograr efectos importantes. Al día de hoy hay un atraso muy grande en la implementación de esos acuerdos y la institucionalidad de la paz luce bastante débil. Buena parte de lo hecho en el campo de la post guerra en relación a la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas –elementos que hacen al corazón de una política de reconciliación– han sido impulsado por el movimiento social, por ONG’s de derechos humanos, por organizaciones mayas. Ante una presión constante y en ocasiones decisivas de esos sectores, el Estado se limitó a ignorar u obstruir muchos de esos procesos, o en todo caso, a tener políticas reactivas, pero rara vez tomó la iniciativa. Eso se repitió en las distintas administraciones que vinieron ocupando el aparato estatal desde la firma de la paz en adelante, no siendo patrimonio del actual gobierno, encabezado justamente por un ex militar.

Es muy importante destacar al respecto que buena parte de esas acciones han venido siendo financiadas por la cooperación internacional, lo cual muestra, por un lado, la escasa voluntad del Estado para estar a la altura de las circunstancias requeridas, y por otro, la poca sostenibilidad en el tiempo de las mismas.

Pasadas cinco administraciones desde la firma de la paz (Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Oscar Berger, Álvaro Colom y la actual de Otto Pérez Molina), el Estado no ha jugado hasta ahora un papel decisivo en la implementación de soluciones a los problemas derivados de la post guerra. La reconciliación, en términos generales, sigue siendo una asignatura pendiente. En el momento de su presentación en 1998, el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico sorprendió incluso a los grupos defensores de derechos humanos abriendo grandes expectativas. Por el contrario, el gobierno de Álvaro Arzú, el mismo que puso la firma al acuerdo de paz firme y duradera en 1996, rechazó públicamente gran parte de las recomendaciones allí indicadas considerándolas ya cumplidas o fuera de la competencia de la comisión de Naciones Unidas.[15]

Hace años que se viene diciendo insistentemente que sólo conociendo la verdad de lo ocurrido se puede enfrentar, procesar y superar un pasado luctuoso, evitando que se repita, pero al día de hoy la historia recuperada por el Informe “Guatemala. Memoria del silencio” de la CEH (así como el esfuerzo similar de la Iglesia Católica a través del estudio “Guatemala: nunca más”) sigue siendo muy poco difundida. A nivel oficial el Estado no tiene una clara política de enseñar sobre el tema (por ejemplo a través de su inclusión en los programas de estudio del Ministerio de Educación) ni de apoyar procesos de búsqueda de la verdad o del paradero de los desaparecidos durante el reciente enfrentamiento. De alrededor de 1,000 procesos de exhumaciones de cementerios clandestinos desarrollados a la fecha, no hay prácticamente ningún caso llevado a los tribunales de justicia. Está claro que la mayor parte, por no decir prácticamente todo el esfuerzo de recuperación de la memoria histórica de lo vivido en el conflicto armado interno lo ha venido impulsando la sociedad civil organizada. En ese sentido cabe la pregunta: ¿de qué sirve conocer la verdad si va acompañada del silencio? Y si el Estado llega a un juicio histórico como el recientemente celebrado contra Ríos Montt y su jefe de inteligencia, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, los poderes tradicionales se encargan de silenciarlos. ¿De qué reconciliación puede hablarse entonces?

El papel jugado por el Estado en estos años de post guerra en cuanto al afianzamiento de la paz es débil, como débil es su perfil histórico en toda la historia nacional. Ello puede apreciarse en los presupuestos destinados a los entes encargados de viabilizar los Acuerdos de Paz, siempre exiguos. Por varios años la Secretaría de la Paz, con pequeños presupuestos, se dedicó a resarcir a víctimas del conflicto armando interno por medio de proyectos que son, de suyo, tarea natural de los distintos órganos del Estado: proyectos de agua potable, planes habitacionales, construcción de caminos. Eso muestra una filosofía de base, y más aún: una correlación de fuerzas políticas. El Estado-finquero tradicional, si bien no es ahora el mismo de comienzos del siglo XX o el del período de la dictadura de Jorge Ubico, no ha cambiado en lo sustancial, porque no han cambiado las relaciones de poder en el seno de la sociedad ni la cosmovisión en juego, es decir: una concepción racista, excluyente y patriarcal. Sólo para ilustrarlo con algún ejemplo: al día de hoy los cargos gubernamentales con poder de decisión o la composición del poder legislativo muestran una bajísima presencia de población maya en un país donde los pueblos originarios son mayoría. O, por otro lado, recién en el año 2006, 10 años después de firmada la paz firme y duradera, fue derogada la normativa legal que exoneraba de responsabilidad penal a los violadores que se casaran con su víctima, siempre y cuando ésta fuera mayor de 12 años. Es decir: el racismo y el patriarcado presentes como virtuales políticas públicas.

La Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1996 no ha servido mucho para reconciliar la sociedad;[16] allí queda expresamente abierto el camino para llevar a la justicia a los perpetradores de violaciones de derechos humanos a partir de hechos como tortura, masacre o desaparición forzada de personas. Pero ese camino nunca logra recorrerse. La Misión de Verificación para Guatemala de Naciones Unidas que acompañó por varios años el proceso de paz –MINUGUA– criticó en varias ocasiones la obstrucción de este camino por parte del Estado. El Ministerio Público nunca inició investigaciones por cuenta propia y tampoco investiga las denuncias que se presentan, incluso resistiéndose o negándose muchas veces a recibirlas. Solo en contadas ocasiones se logró iniciar un proceso judicial contra responsables de graves violaciones ocurridas durante la guerra interna. Estos procesos, en general, fueron acompañados por intimidaciones o amenazas para quienes denuncian, aún siendo jueces o fiscales. En algunos contados casos se logra una sentencia, aunque esto ocurre cuando los acusados son ex patrulleros de autodefensa civil, nunca miembros del ejército. Por este motivo los denunciantes han debido recurrir al sistema interamericano de justicia, que no identifica responsables individuales. Es de destacar que la actitud de las administraciones en este ámbito internacional es muy diferente. En varios casos se reconoció la responsabilidad del Estado llegándose a pagar indemnizaciones, pero eso evidencia que la política dirigida a superar el pasado pareciera tener una cara interna y otra internacional. De todos modos, hecho el balance de lo actuado hasta ahora en el ámbito de la justicia, puede verse que hay mucho que recorrer aún. Y, una vez, la oportunidad histórica que se abrió con el proceso contra estos dos militares recientemente (Rodríguez Sánchez y Ríos Montt) rápidamente quedó clausurada. El mensaje en juego es más que inequívoco.

No hay dudas que desde el Estado, en las diversas administraciones habidas desde la firma de la paz en 1996, ya sea por presiones del movimiento social guatemalteco o por necesarios reacomodos ante la coyuntura política internacional, ha habido al menos la intención de tomar la reconciliación post conflicto como un tema importante; al menos, eso se declamaba. Aunque no con toda la fuerza que se esperaba, se han venido cumpliendo algunas recomendaciones dadas por la CEH. De hecho en estos momentos existe un día de conmemoración a las víctimas, se ha reconocido la responsabilidad del Estado en muchos casos ante la jurisdicción internacional, existe un programa específico de reparación, se están realizando exhumaciones. Pero queda la pregunta: del modo que todo esto se está desarrollando, ¿alcanza efectivamente para reconciliar? Si se quiere preguntar de otro modo: ¿el país está en paz? La sola pregunta hace reír…¡o llorar!

La dinámica social y política ha ido llevando a concebir la idea de reconciliación, básicamente, en relación a resarcir los daños de los más afectados, que son las poblaciones mayas del interior del país. Pero en este punto no debe olvidarse que buena parte de esa población maya formó parte (obligada sin dudas, pero ahí está la complicación en juego) de las patrullas de autodefensa civil, las que justamente aparecen en infinidad de casos como victimarios, como perpetradores de los abusos cometidos durante la guerra. Es esto lo que complejiza mucho las cosas, en tanto deja siempre abierta la cuestión de cómo y a quién reconciliar. Está claro que reconciliar no puede consistir en decir una vez la verdad y después callarla, no puede ser decir que se permite hacer justicia y después, en los hechos concretos, evadirla. Y menos aún, reconciliación no puede ser crear un programa nacional para resarcir a los más afectados sólo con la entrega de una determinada cantidad de dinero, en tanto la verdad y la justicia siguen ausentes.

¿Reconciliación o reparación?

La modalidad con se desenvolvió la guerra interna en Guatemala no fue azarosa; la idea del alto mando militar –y de los estrategas del Pentágono, que son en definitiva quienes pusieron en marcha estas estrategias de “guerras de baja intensidad”[17] que se repiten en diversos puntos de Latinoamérica– fue crear condiciones para desmovilizar al movimiento insurgente, pero más aún a toda su base social sentando condiciones para que eso se perpetúe por varias generaciones. Las estrategias contrainsurgentes consistieron no tanto en golpear militarmente a las guerrillas sino en ahogarlas (“quitarle el agua al pez”), desarrollando técnicas de control social y terror con los civiles a quienes ese movimiento revolucionario se dirigía. La aparente división infranqueable entre “víctimas” (guerrilleros subversivos y su base comunitaria) y “victimarios” (ex patrulleros de autodefensa civil) a que hoy asistimos en las regiones más castigadas por la guerra es producto de una tan genial como perversa estrategia político-militar. El “divide y reinarás” de Maquiavelo se muestra más vivo que nunca ahí.

“Pero como nosotros conocemos, la guerrilla es la misma familia; todos vecinos, y el ejército también la misma familia. Algunos vecinos están con el ejército. Eso duele, porque los mismos hijos de algunos vecinos vinieron a masacrarnos”, expresaba un ex patrullero de la localidad de Chupol, en el departamento de Quiché.[18]

Dividir es la mejor manera de impedir la organización social. Romper la cohesión de la comunidad descomponiendo sus tejidos naturales posibilita mantener desintegrada a una población, y por tanto, quitarle su energía para impulsar luchas reivindicativas. Es en esa lógica maquiavélica que debe entenderse entonces la forma que tomó la respuesta contrainsurgente, fundamentalmente en las áreas mayas del Occidente del país donde actuó el movimiento insurgente desde los años 70, luego de su retiro de Oriente, donde surgió y fue quebrado en términos militares en la década del 60. Dividir, enfrentar entre sí a los mismos pobladores de la misma familia, crear condiciones “enloquecedoras” que favorezcan la fragmentación –vale releer la cita del ex patrullero recién citada– fue el corazón de la estrategia estatal en juego. Y es el “divisionismo” religioso (utilizando la palabra que los mismos pobladores emplean en la actualidad para describir el estado de sus comunidades) una de los elementos presentes más fuertes en la actual dinámica del área maya. Luego de la forzada catequización llevada a cabo durante siglos de colonia que dio como resultado una población totalmente católica –al menos en su expresión oficial: las tradiciones mayas nunca se perdieron–, hoy asistimos a una masiva conversión de esas mismas poblaciones hacia los nuevos cultos evangélicos. Se estima que alrededor del 60% de las poblaciones mayas, las mismas que quedaron divididas entre “víctimas” y “victimarios” después de la guerra, actualmente hace parte de alguna iglesia neopentecostal, cultos que apuntan de un modo virulento –y por cierto efectivo– a despreocuparse de lo terrenal poniendo todo el énfasis en lo divino, en lo religioso.[19] Y las divisiones se siguen perpetuando. Por lo que, si de control social se trata, está claro que la guerra terminó… pero no tanto. Curiosa y “coincidentemente”, la aparición de todas estas nuevas iglesias evangélicas se da –tanto en Guatemala como en otros países de Latinoamérica– en el marco de las guerras sucias de estas últimas décadas. No hay dudas que existen planes maestros diseñados para el continente. El Documento de Santa Fe II,[20] pieza maestra del pensamiento conservador estadounidense de estas últimas décadas, hace expresa mención de la necesidad de pelear contra la Teología de la Liberación como un peligro para sus intereses (en ese contexto aparecieron las iglesias neopentecostales).

Es absolutamente indiscutible que el Estado debe actuar después de terminado el enfrentamiento bélico, quizá no tanto para reconciliar lo irreconciliable, sino para permitir que, por medio de la justicia, el todo social pueda mantener un cierto equilibrio que le permita continuar existiendo. El Estado, como instancia rectora de la vida nacional, debe entonces jugar el papel de agente “equilibrador” entre las distintas partes. El punto de llegada de esas acciones no será un paraíso de “hermanos en el amor fraterno reconciliados para siempre” (eso no existe y ni puede existir), pero sí, al menos, una sociedad donde haya cuotas de justicia mínima, donde las instituciones estatales están al servicio del bien común.

Para lograr esos objetivos, para acercarse a la idea de reconciliación (sabiendo de las limitaciones reales de ese proceso) un paso fundamental, junto al conocimiento de lo que pasó, es reparar los daños que quedaron. De ahí que las acciones de resarcimiento han tenido –y seguramente seguirán teniendo– mayor dinamismo que otras, que la recuperación de la memoria histórica o que la promoción de justicia. Pero ello no significa que debe olvidarse la búsqueda de la verdad ni, una vez conocida ésta, no hacerse la justicia. El trabajo post conflicto debe plantearse siempre como una iniciativa integral, donde recuperar la verdad histórica y hacer justicia a partir de la misma deben tener tanta importancia como resarcir los daños ocasionados por las violaciones acaecidas. Sin embargo el reparar esas heridas dejadas por el conflicto tiene el efecto de dar respuestas concretas, tangibles, que para las víctimas revisten un valor inmediato. Ahora bien: la dificultad se plantea en cómo lograr esa reparación.

En este ámbito se han venido dando algunos pasos en estos años de post guerra, siempre a partir de las recomendaciones dejadas por la CEH, pero los progresos obtenidos a la fecha han sido relativamente limitados. Desde un primer momento luego de la firma de la paz se había acordado reparar a las víctimas del conflicto, aunque durante varios años las distintas administraciones solo dieron pasos simbólicos, aplazando un programa efectivo de reparación. Siete años después de la firma cambió el panorama. En el año 2003, en el marco de las elecciones presidenciales que se avecinaban, el FRG lanzó una oferta a los ex patrulleros de autodefensa civil de pagar una indemnización individual por los servicios prestados en “defensa de la patria”. Contra toda crítica de la sociedad civil ante esta propuesta demagógica de resarcimiento a quienes aparecen como los victimarios, en ese contexto el por ese entonces presidente Portillo inició las negociaciones del caso creándose así el Programa Nacional de Resarcimiento, el PNR, luego de haber gastado ya 900 millones de quetzales en los ex PAC. Durante su período presidencial y pese a la existencia del PNR, las víctimas no recibieron nada de lo prometido, delegándose esa tarea al próximo gobierno. Es evidente que la idea de reconciliación se resiste, y desde el Estado no se ha tenido hasta ahora claridad de qué hacer al respecto.

El programa de reparación, de hecho, ha estado desarrollando distintas acciones. Lo que es evidente es que el otorgamiento de un pago monetario, como ha ido pasando a ser desvirtuando así su esencia original, no sirve para lograr bases firmes que fortalezcan un proceso de paz. Desde los movimientos sociales de base, apenas conocidas las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se propusieron pasos concretos en relación a las iniciativas de reparación: a) reparación material, buscando que el Estado restituya a la población afectada lo que la misma tenía antes del conflicto armado; b) reparación cultural, tendiente a reconstruir los desgarrados tejidos sociales que las estrategias militares destruyeron; c) reparación moral, apuntando a promover la dignificación de las víctimas, d) reparación psicosocial, orientada a la promoción de un trabajo de sanación psicológica de los afectados, y e) reparación económica, entendida como las medidas de compensación para indemnizar a las víctimas de violaciones. Es decir: la reparación debería tener una visión integral que no se reduce a un pago monetario.

La reparación a la que debe aspirarse tiene que buscar el objetivo de aliviar el sufrimiento de la población que padeció durante el conflicto armado combinando la búsqueda de justicia con la dignificación de las personas afectadas, más medidas concretas de resarcimiento, siempre entendidas como acciones integrales y colectivas. La salida individual de un pago específico y puntual –que fácilmente puede evaporarse en una cantina, como muchas veces sucede– no hace sino contribuir a mantener la condición de víctima, no resolviendo nada en definitiva. En todo caso, conociendo cómo funcionaron las estrategias de control social y desintegración de las redes de base, quizá pueda ser más útil pensar en “sobrevivientes”, para zanjar la diferencia de víctimas y victimarios a lo interior de las comunidades y poder caminar con mayores posibilidades de éxito hacia un proceso de reconciliación. Zanjar esa diferencia, claro está, no significa impunidad; intenta darle una visión más global, más integral al verdadero problema que aqueja a las comunidades, que en un sentido más general implica que todos son víctimas de las estrategias militares sufridas.

En buena medida las acciones de reparación van acotándose al ámbito local de las poblaciones mayas, los principales perjudicados durante el conflicto armado. Quizá podría, o debería, plantearse el tema de la reparación, de la reconciliación y de la construcción de la paz (¿de una nueva sociedad incluso?) en la esfera de lo nacional; pero hoy por hoy, considerando que el grueso de las consecuencias de la guerra se viven en las áreas rurales, las áreas de población maya –una vez más en la historia de estas tierras: los principales damnificados–, la casi totalidad de iniciativas post guerra tienen lugar en estos escenarios. En función de esto es quizá importante preguntar y saber escuchar en las comunidades qué iniciativas tomar para promover la reconciliación. En ese contexto adquiere una importancia definitoria el hecho de poder hablar entre todos como “sobrevivientes”. Y una vez más es imprescindible remarcar que reconciliación no es impunidad. Avanzar con posibilidades reales de incidencia y no sólo con gestos formales en un proceso de este tipo debe llevar a reconocer que la realidad es más compleja que víctimas (buenas) y victimarios (malos), cuando se trata de entender los tejidos locales. La realidad es infinitamente más complicada que esta maniquea distribución de papeles; de hecho, dadas las circunstancias, cualquiera (es decir: todos) podemos jugar ambos roles en distintos momentos.

Hay distintas cuotas de responsabilidad en lo sucedido durante la guerra, de ahí que buscar la reconciliación entre las partes implicadas tiene siempre algo de rompecabezas por armar. En las comunidades mayas hay una realidad que, obviamente, no es la misma que la dinámica geoestratégica global en que se enmarca mucho de lo que pasó en Guatemala en estos recientes años. Si se va de lo micro hacia lo macro, desde lo local a lo nacional (e incluso a lo global, entendiendo que la guerra interna hay que verla en el contexto de lo que fue el enfrentamiento Este-Oeste), para lo local en las áreas del Altiplano hay que plantearse estrategias de intervención particulares, quizá distintas a lo que debe levantarse como políticas nacionales. Hablando de lo local, que es donde en principio tienen su lugar de intervención las actuales acciones de resarcimiento, los tejidos comunitarios deben ser el espacio donde trabajar, dado que es ahí donde hay que pensar la reconciliación, es allí donde conviven la viuda y el victimario de su esposo, es allí donde comparten el mismo espacio los hijos de un masacrado con los perpetradores de esas masacres. Ahora bien: los patrulleros de defensa civil, campesinos mayas pobres que funcionaron en muchos casos como verdugos de sus propios hermanos, otros campesinos mayas pobres, no son los responsables últimos de esas atrocidades; por tanto tratar por igual a todos como victimarios no puede ser conducente para un proceso de reconciliación.

A ello se agrega algo paradójico: existe una cantidad considerable de población en las áreas rurales de lo que fueran los principales escenarios bélicos que por distintos motivos (recordemos las tácticas de guerra psicológica que mencionábamos más arriba) se siente ideológicamente más identificada con los militares, no se sienten víctimas y desea su indemnización como ex PAC. No por casualidad esos sectores han sido base de los triunfos electorales del general Ríos Montt, uno de los principales sindicados de ese genocidio justamente. Hay un desbalance entre el número de los identificados como víctimas por el Programa Nacional de Resarcimiento (unas cuantas decenas de miles) y los que se reconocen como “defensores de la patria”, ex PAC que mantienen un visceral (y obviamente inducido) anticomunismo producto de los peores años de la Guerra Fría. En ese sentido es de destacar el papel que juegan grupos militaristas y guerreristas que continúan con discursos visceralmente anticomunistas, que recientemente salieron a relucir con toda su imagen contrainsurgente con motivo del juicio al general de marras. Por lo que, pensando en el impacto a largo plazo de las acciones emprendidas desde el Estado, es necesario quizá reconsiderar, ya como política pública sostenible en el tiempo, el ámbito de trabajo para la reconciliación. En las poblaciones mayas, silenciadas aún por el miedo de lo ocurrido, tal vez más importante que un cheque –el cual quizá se podrá seguir dando– es generar los espacios para que la gente hable, recupere su historia y pueda reconocer qué es lo que pasó. En otros términos: la justicia no es tanto llevar a un juzgado a un ex PAC –como de hecho ha sucedido en algunos pocos casos (¿chivos expiatorios?, ¿por qué a un ex PAC sí y a Ríos Montt no?)– sino permitir procesos genuinos de conocimiento de la verdad por toda la comunidad, incluyendo a todos los implicados. Eso no es fácil, pero quizá es el único camino para permitir que las poblaciones vuelvan a sentirse dueñas de su vida, de su historia, de su futuro. O si se quiere: permitir que por primera vez en su historia puedan serlo, dado que hasta ahora no han contado en las grandes decisiones nacionales (siempre tomadas en la capital por unos cuantos pocos no-mayas); y si han contado, lo han hecho como mano de obra barata para las fincas, para el servicio doméstico o para la milicia.

Ello implica, entre otras cosas, difundir los hallazgos de la CEH como parte de una sistemática política de Estado en los niveles locales. E implica también modificar la estructura misma del Estado para poder llevar adelante ese proceso. El Estado-finquero tradicional, el Estado que se valió de esa fuerza paramilitar para su estrategia contrainsurgente, es más que obvio que no sirve para esto.

Dicho de otra manera: para promover la reconciliación social (o si preferimos expresarlo de otro modo: para promover cuotas mínimas de justicia en la sociedad guatemalteca), es imprescindible comenzar por trabajar en la transformación del actual Estado. La firma de la paz implicó el fin de un modelo de Estado autoritario, pero de ningún modo el fin del autoritarismo dentro de ese Estado, o incluso, dentro de la sociedad. El Estado sigue siendo débil (hablábamos más arriba de la raquítica recaudación fiscal con que se cuenta, y que debe cambiar en forma drástica si se quiere hacerlo eficiente) y continúa permeado por esos intereses sectoriales que se mueven con características mafiosas. Esos sectores continúan gozando de un clima de impunidad generalizado, creado durante el pasado conflicto armado y que nunca se desarticuló, lo cual alimenta y refuerza la cultura de violencia actual y que se manifiesta quizá como el principal obstáculo a la profundización de la reconciliación y la justicia social. Si los acuerdos de paz firmados en 1996 se visualizaban como una opción clave para combatir el clima de violencia e impunidad históricos, el cumplimiento lento y parcial que han tenido deriva entonces en el mantenimiento de condiciones que tienden a perpetuar un negativo clima de violencia general, con mantenimiento del autoritarismo y la impunidad, lo cual afecta la convivencia social, haciendo que aparezcan hoy índices de violencia superiores aún a los vividos durante la guerra, con el linchamiento aceptado en tanto una supuesta forma de “justicia popular”. De esa cuenta, la reconciliación y la consolidación de la paz pueden ir quedando así como una buena intención, políticamente correctas, pero que al no ser debidamente atendidas, tienden a morir. Y el mensaje reciente de la anulación de una sentencia contra el principal símbolo de esa guerra fratricida no ayuda en nada a la pacificación. De hecho, la agenda de la paz fue desdibujando su perfil en las distintas administraciones que siguieron a su firma en el año 1996. Si no se hace algo contundente contra todo eso, si no se ataca de raíz la impunidad, irremediablemente la guerra irá pasando a ser un triste recuerdo (si no lo es ya) y las condiciones de conflictividad social allí seguirán. ¿Nuevas guerras en puerta? Las coyunturas las sirven en bandeja: ¿qué son, si no, las medidas represivas contra quienes protestan contra las multinacionales mineras, por ejemplo?

Los diversos Acuerdos de Paz oportunamente firmados constituyen importantes instrumentos para poner en marcha las transformaciones que el Estado demanda; en sus más de 250 páginas se contempla un ambicioso plan para un cambio profundo. La cuestión estriba en quién los pone en práctica. Los Acuerdos de Paz, como cualquier documento en definitiva, son una expresión de voluntades, pero su cumplimiento efectivo depende no tanto de la letra inserta en el papel sino de las relaciones de fuerza reales que se mueven en el seno de la sociedad. Por ello la reconciliación, la profundización del proceso de paz y la construcción de nuevos modelos sociales de mayor equidad sin impunidad son tareas políticas que no se ciñen a la letra de ningún documento. Son, en definitiva, construcciones de los colectivos sociales, de los pueblos, son relaciones de poder.

Es por ello que hoy, como una tarea imprescindible para posibilitar un clima político-social que permita seguir avanzando en las tareas de reparación post bélica sentando bases para que similares explosiones de violencia extrema no se repitan, urge consolidar las recomendaciones de los Acuerdos de Paz y del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En ese sentido es impostergable el combate contra la impunidad, contra la corrupción y la cultura autoritaria.

El autoritarismo como matriz cultural está presente en toda la historia del país. El ejército –una de las tantas expresiones de la vida nacional–, como todo cuerpo castrense de cualquier país, es vertical en su funcionamiento, se basa en marcados órdenes jerárquicos. Pero la cultura vertical es una constante en toda la historia de Guatemala, mucho más allá de las fuerzas armadas. Basta ver las relaciones económicas de un país agroexportador basado en la producción de las grandes fincas, o el racismo ancestral que inunda por completo la sociedad para comprobar que todas las relaciones sociales no son sino una expresión de esa raíz autoritaria y excluyente, con la impunidad siempre como telón de fondo. Hoy día el ejército ha sido ostensiblemente reducido en cumplimiento de los Acuerdos de Paz y está subordinado al poder civil con una nueva doctrina institucional dejando de lado la Seguridad Nacional y el combate contra el enemigo interno que lo caracterizaron durante los años de la Guerra Fría. De todos modos la pregunta en torno a la reconciliación sigue en pie: ¿se trataba de reconciliar sociedad civil con el ejército? La fuerza castrense ha realizado un ingente esfuerzo por lavar su cara luego de la guerra sucia, para dejar de ser impresentable. No hay dudas que algo ha pasado en ese tejido social –¿la actual epidemia “incontrolable” de violencia ciudadana es parte de una estrategia de control social que algún sector impulsa?–, puesto que hoy, luego de la exigencia de retiro de numerosas bases militares de comunidades afectadas por la guerra que se registró hace apenas unos años, asistimos a un considerable pedido por parte de esas mismas comunidades de reapertura de las mismas y de presencia del ejército para combatir la delincuencia desatada. De hecho, las fuerzas combinadas donde el ejército patrulla las calles junto con la Policía Nacional Civil en general son bien vistas por buena parte de la población urbana. ¿Quién debe reconciliarse con quién?

Quizá ni convenga seguir utilizando el término “reconciliación” en el ámbito social de la post guerra por todas estas cargas negativas que hemos venido mencionando. Pero sí está claro que hay que trabajar para que las heridas dejadas por el conflicto puedan curar, y para que una catástrofe de esas dimensiones no pueda volver a ocurrir. Para ello, entonces, es básico trabajar en función de transformar el autoritarismo y la impunidad dominantes. En ello el Estado juega un papel crucial. Debe ser desde el Estado desde donde generar políticas públicas nacionales, sostenibles, claras y transparentes, para establecer nuevas reglas de juego en la sociedad. Es imperioso combatir los poderes paralelos ocultos en las estructuras estatales y dar muestras claras de ataque a la impunidad. Para ello el Estado debe aumentar su recaudación tributaria, y junto a ello es imperioso trabajar contra la corrupción para evitar así el falaz discurso de una élite que se resiste a ceder la más mínima cuota de poder y que hace del no pago de impuestos casi un estandarte político, enmascarando esa práctica en la rebuscada fórmula de “no más impuestos, no más corrupción”.

En ese proceso de transformación del Estado, la reparación de los daños de las víctimas del conflicto armado tiene una importancia estratégica decisiva, pues eso muestra que hay una voluntad expresa de afrontar las secuelas de la guerra generando una nueva base para la sociedad, contra la impunidad y los poderes ocultos que se siguen perpetuando. Tal como dice el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Masacre de Plan de Sánchez”, en Rabinal: “Las reparaciones no se agotan con la indemnización de los daños materiales e inmateriales (….). A ellas se agregan otras formas de reparación [tales como] la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones, identificar, juzgar y sancionar a los responsables.” Investigar esas causas es actuar contra la impunidad, contra el autoritarismo y la exclusión estructural. La respuesta de la Corte de Constitucionalidad anulando la sentencia en el caso Ríos Montt conspira contra todo eso.

Si se apunta a recuperar la historia nacional superando la idea de reconciliación entre vencedores y vencidos por una visión más integral, más crítica, donde la justicia es el elemento clave, donde las estrategias de reparación se liguen realmente a lucha contra la pobreza –que sigue siendo el problema de base de la sociedad (51% de la población bajo el límite de pobreza), amplificado más aún con los planes neoliberales que se impusieron estos últimos años y con la participación en el Tratado de Libre Comercio firmado con Washington, el CAFTA–, se podrá decir que se trabaja por una verdadera superación del pasado. Si no, no se pasará del clásico esquema asistencial de ayuda puntual a los damnificados, pero sin entrar a tocar las causas estructurales de su desagracia, y en este caso, sin tocar el ámbito de la justicia, que es una de las aristas fundamentales para contribuir realmente a establecer nuevas relaciones sociales que puedan superar el pasado combatiendo la impunidad. Recordemos la acertada expresión del alemán Willy Brandt ya citada: “La culpa no se hereda, pero se heredan responsabilidades”. El lugar de Europa donde menos neonazis hay hoy día es justamente Alemania, por el trabajo profundo y continuo de revisión de la historia que su población ha hecho. ¿Se podrá superar la conflictividad en Guatemala negando el pasado, o así sólo se alimenta más conflictividad?

Toda la institucionalidad de la paz, es decir: el Programa Nacional de Resarcimiento, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial en Derechos Humanos, además del Sistema Judicial en pleno, deberían destinar sus esfuerzos hacia toda la sociedad civil, la directamente afectada por los 36 años de guerra en principio, pero sin olvidar la importancia de transformar los temas de la paz en elementos de la totalidad del colectivo nacional. Es imprescindible trabajar con los pueblos mayas (los violentados y los obligados a violentar), pero también es importante trabajar con la población no-maya en el Oriente del país o en la capital. Impulsar procesos de exhumaciones en estos sitios podría servir como un catalizador para hacer masivo el problema del conflicto armado, convirtiendo así el pasado en un problema de todos. La más amplia difusión de la verdad histórica es la mejor garantía de transformar la herencia de la guerra en un tema de agenda nacional de todos los sectores. Se debe buscar seguir incidiendo en ello, promover la inclusión del Informe de la CEH en todo espacio posible, dar a conocer las causas reales del conflicto, trabajar contra las desigualdades de origen que lo posibilitaron incidiendo en una mejor distribución de la renta nacional. La triste historia de los 36 años tiene como matriz la otra historia de los más de 500 años. Si no se cambia esta última, nada asegura, más allá de buenas intenciones o declaraciones pomposas, que la primera no pueda repetirse.

La conflictividad en la sociedad guatemalteca en modo alguno ha terminado, aunque se hayan firmado acuerdos de paz. Sigue latente, y se expresa en diferentes modos, aunque ya no existan campañas de tierra arrasada ni desaparición forzada de personas. La conflictividad se hizo evidente en modo catastrófico con esas políticas que impulsó el Estado contrainsurgente de algunas décadas atrás, con toda la impunidad del caso, llegándose a un genocidio, justamente porque una historia previa de autoritarismo y exclusión absoluta lo facilitó/permitió/determinó. De hecho, el conflicto armado interno de Guatemala, escrito con el mismo guión de todas las guerras sucias que sufrieron los distintos países latinoamericanos en los años recién pasados, fue el más sangriento de todos en la región, el más brutal, con la mayor cantidad de víctimas, de masacres, de daños sufridos por la población. En ningún otro punto de América Latina asistimos a una situación similar. Y fue también el que más impune ha quedado (cuando se creía que el juicio al general Ríos Montt venía a sentar las bases de una justicia reparadora, inmediatamente esas expectativas se desvanecieron). Es el Estado guatemalteco el que menos acciones de justicia ha emprendido en toda la región latinoamericana para revisar ese pasado reciente buscando medidas que puedan ayudar a procesar lo vivido. La mejor –quizá la única– manera de recuperar y procesar el pasado es teniéndolo siempre presente, conociéndolo a fondo, no olvidándolo, ya se trate de los 36 o los 500 años los que están en juego. Por último, lo que nunca debemos perder de vista es que el primero se explica por el segundo; no puede resolverse uno si no se resuelve el otro. Pedir un “nunca más” en relación a la represión y al genocidio, más allá de las mejores buenas intenciones, es un imposible si no cambia la historia de exclusión e impunidad que los permitió. Si es posible reconciliar una sociedad –sabiendo de las tremendas dificultades en juego– ello no se logra sólo arreglando las heridas dejadas por el enfrentamiento bélico. Eso ayuda, es un elemento importante, pero no alcanza. Si no hay justicia social no puede haber paz social.

Tal como lo expresara una dirigente maya hablando de la actual democracia guatemalteca, que supuestamente ya terminó su fase de transición con más de 25 años de proceso (¿se llegó a la democracia plena entonces?): “Nunca tuvimos tantos derechos como ahora, pero tampoco nunca tuvimos tanta hambre como ahora”.[21] Mientras siga habiendo gente con hambre, seguramente seguirá la violencia y será imposible hablar con seriedad de reconciliación porque –como dijo alguien mordazmente– es muy probable que, hambrientos, nos terminemos comiendo la palomita de la paz.

Siguen sin solucionarse la problemática agraria en el Valle del Polochic, las familias de las comunidades desalojadas en marzo de 2011 y otras recientemente sufrieron ataques armados que dejaron como resultado varios campesinos heridos y asesinados.

Las familias desalojadas por el Ingenio Chabil Utzaj, en marzo del 2011 y otras familias q’eqchi’s del Valle del Polochic están siendo agredidas de nuevo por el Grupo Pellas, dueña del ingenio y sus derechos están siendo violentados ante la indiferencia criminal del gobierno.

Han transcurrido más de 2 años desde que casi 800 familias fueron desalojadas en marzo del 2011 y más de un año desde que Pérez Molina se comprometió a entregar tierra a las familias desalojadas. Este compromiso fue reiterado en diversas ocasiones por el gobierno, pero en la práctica ha incumplido los compromisos que asumió públicamente.

Ante el inicio del invierno y para garantizar su sobrevivencia, las familias campesinas inician el período de siembra; sin embargo, las familias desalojadas y muchas otras más que ya no encuentran tierra para sembrar en el Valle del Polochic, ante el acaparamiento de cañeros y palmeros, se encuentran en una situación desesperada porque no tienen dónde sembrar. Esta situación y el incumplimiento del gobierno en proporcionar tierra, es lo que ha llevado a los comunitarios a buscar nuevas alternativas para poder sembrar sus grános básicos.

Sin embargo, el Ingenio Chabil Utzaj, propiedad del Grupo Pellas, en abierta violación al compromiso que por escrito hicieron ante el gobierno de que los miembros de su seguridad se limitarían a estar dentro de los límites de los terrenos de esta empresa, han estado realizando diversos ataques armados e intentos de desalojos extrajudiciales. Tal fue la situación que se dio el 25 de mayo donde un grupo de 90 familias que se encontraban en la Finca Río Polochic, fueron atacadas con disparos de escopeta y fusiles, luego de que unos 80 trabajadores de la empresa Chabil Utzaj, entre guardias de seguridad y cuadrilleros, intentaran realizar un desalojo extrajudicial en dicha comunidad. Como resultado de este ataque, cinco campesinos resultaron heridos de bala.

Situación similar se dio en la Finca Sepur Límite, el 31 de mayo, donde un grupo de sicarios contratados por la misma empresa para realizar un desalojo extrajudicial, atacaron a las familias que se encontraban en dicha finca con el resultado de un campesino asesinado con saña, al que posteriormente le prendieron fuego. Esta situación de emergencia alimentaria de las familias q’eqchi’s del Valle del Polochic se viene a sumar a los efectos que las familias desalojadas vienen padeciendo a lo largo de dos años de abandono por parte del gobierno de Pérez Molina. De las familias desalojadas, el 54.5%, de niñez de 0 a 5 años tiene desnutrición crónica. Esta cifra supera los porcentajes del promedio nacional (49.8%) y del departamento de Alta Verapaz, al que pertenecen (50.6%).

A partir del desalojo las condiciones de vida de las comunidades se han deteriorado significativamente ya que la destrucción que sufrieron significó la pérdida, en promedio, de Q21,800 por familia. La mayoría de las familias desalojadas no tienen acceso a tierra para cultivar sus alimentos, y tampoco cuentan con condiciones de empleo favorable debido a que en la zona son rechazados para trabajar en las fincas de caña y palma y se les niega la posibilidad de arrendar tierras de fincas que no están cultivadas. Asimismo, las comunidades tienen restricciones, en muchos casos impuestas por el Ingenio Chabil Utzaj, para acceder a ríos y bosques, medios de acceso a agua, leña y pescados para su alimentación.

Pocas fuentes de empleo y los ingresos de una persona trabajadora son en promedio de Q300 al mes, lo cual no alcanza para pagar alimentos, alquiler de vivienda y otros satisfactores básicos. Derivado de esto, un alto porcentaje de familias pasa hambre actualmente, cuando antes producían en algunos casos incluso para la venta. En relación a la vivienda, 87% de las familias alquilan o están posando en viviendas que son de 4 X 6 ó 7 Mts, el resto se encuentran con familiares o en situación de total indefensión. Las condiciones de educación y salud son precarias, muchos niños perdieron por lo menos un año de estudios luego del desalojo. En muchos casos las familias son discriminadas en los centros de salud y los niños y niñas, recibe insultos y burlas en las escuelas por estar ocupando tierras. Más de la mitad de las familias no logran hacer tres tiempos de comida al día, y quienes se alimentan tres veces al día, consumen principalmente maíz, chile, y sal.

Ante esta grave situación, responsabilizamos al gobierno del Pérez Molina por la denegación de derechos vitales básicos para las familias del Polochic, como son el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, educación y salud. Igualmente denunciamos la falta de voluntad política del gobierno para cumplir con el compromiso que públicamente asumió y reiteró en diversas ocasiones, dado que a la fecha, la respuesta que han dado por el incumplimiento, son argumentos puramente administrativos.

Denunciamos que el Ingenio Chabil Utzaj está expandiendo el cultivo de caña, en abierta violación a los derechos humanos, para lo cual está recurriendo a los desalojos extrajudiciales y a contratar sicarios para expulsar a las familias campesinas de las tierras que necesitan para alimentarse. Responsabilizamos al Grupo Pellas por las agresiones armadas, asesinatos y ataques que ya se están realizando contra las familias q’eqchi’s del Valle del Polochic y las que se puedan realizar en el futuro.

Solicitamos la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que se garanticen el respeto a los derechos de la población Q’eqchi’ del Valle del Polochic.

Fuente: Colectivo de Estudios Rurales Ixim, Comité de Unidad Campesina -CUC-, Fundación Guillermo Toriello -FGT Guatemala-

Mario Roberto Morales*

En lo local, la estafa legalista de la Corte de Constitucionalidad al anular la sentencia por genocidio, está siendo desesperadamente limpiada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF) con pasquines mal escritos por parte de la mancuerna fascista constituida por la anémica “intelectualidad” neoliberal de la Universidad Francisco Marroquín y la canalla terrorista del anticomunismo de guerra fría. Esta canalla está compuesta por torturadores y otros profesionales del crimen organizado. También, mediante una cumbre de inversionistas en la que el Presidente-kaibil apeló a la mencionada estafa y a la extradición sumaria de Portillo, poniéndolas como ejemplo de Estado de Derecho y lanzándolas como anzuelo de certeza jurídica para la inversión extranjera. En lo internacional, el CACIF orquestó esta cumbre con un premio dado por el Banco Interamericano de Desarrollo –bastión del endeudamiento fraudulento de los países del tercer mundo, y de las derechas oligárquico-militares– al kaibil presidente. Esto, en agradecimiento por sus buenos oficios reprimiendo las protestas comunitarias contra el envenenamiento de su hábitat por las mineras y el cultivo extensivo de la palma africana.

El CACIF echa mano de todos sus recursos porque tiene un miedo cerval de que en este país se constituya un gobierno que atienda las demandas populares, como ocurre en Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay y Brasil. Aunque no hay candidato visible capaz de realizar tan necesaria acción política, el CACIF, su brazo “intelectual” neoliberal, su brazo ideológico fascista y su brazo armado terrorista, ya neutralizaron a Sandra Torres (como antes a Nineth Montenegro) y se esfuerzan en hacer lo mismo con el díscolo nuevo rico Manuel Baldizón, pues ambos son delirantemente vistos por la retrógrada cúpula de derecha como leves réplicas de los temidos cucos del fascismo vernáculo: Castro y Chávez. La izquierda exguerrillera no cuenta en este esquema porque es un cadáver político, y el naciente Movimiento Nueva República tampoco, pues sucumbió miserablemente al divisionismo izquierdista provocado desde dentro por quienes lo financiaron.

Por eso, el CACIF teme a gente como el obispo Ramazzini y a cualquier político emergente que no lo obedezca. Por no obedecerlo linchó a Portillo, un político corrupto pero no más que Berger y Arzú. Por eso teme a la movilización popular contra la minería. Por eso teme a que las víctimas del genocidio regresen a los tribunales a repetir su horrenda experiencia a manos de kaibiles, ocurrida en fincas propiedad de oligarcas que financiaron el genocidio. La ultraderecha teme. Está dando manotazos de fiera acorralada. Moviliza todos sus medios comunicativos con desesperación. Lo cual le otorga una importancia central a VEA Canal, en donde tienen voz los acallados por los medios oligárquicos. Por desgracia, hay medios –como Radio Universidad y TV-USAC– desperdiciados en esta coyuntura. Su inocuidad es una lástima. Y una vergüenza. Es por ello preciso que los medios que apoyan la pequeña empresa intensifiquen la línea popular como parte de su afán por la democracia económica.

La lucha ideológica está a la orden del día y hay que librarla en los medios masivos. Nuestra desventaja es que casi no tenemos medios de esos. Nuestra ventaja es que tenemos con nosotros la razón histórica y un bloque de intelectuales mejor formado que el de la derecha. Ésta tiene miedo. Pánico. La batalla recién empieza. ¡Ánimo, pueblo!

*www.afuegolento.mexico.org

MiMundo.orgMin

Tobías Roberts

Rebelión

El pequeño pueblo maya de San Miguel Ixtahuacán enclavado en las montañas del norte de Guatemala no parecería tener mucho en común con Eagan, Tennessee, otro pequeño pueblo escondido entre los barrancos de los Montes Apalaches de los Estados Unidos. Sin embargo, el entorno desalentador de una mina a cielo abierto llena de polvo, cascajo, y máquinas donde antes existía una montaña boscosa, la amenazante contaminación de los acuíferos y arroyos, y la realidad de pequeñas comunidades rurales divididas y destruidas por la constante (y ocasionalmente violenta) conflicto que reemplaza la simplicidad de la vida de pueblo, define muy bien ambas regiones.

El historiador Richard Drake considera la región de los Apalaches como una “periferia explotada en el desarrollo del capitalismo mundial”, una terminología que fácilmente describe Guatemala y gran parte del Tercer Mundo. San Miguel Ixtahuacán y Eagan, Tennessee, como comunidades pequeñas y rurales, han sido destruidas por la llegada de empresas mineras y sacrificadas por la promesa de alta rentabilidad. En los Apalaches, la minería de carbón fue el camino hacia grandes riquezas. En Guatemala, es el oro. A pesar de las diferencias culturales, lingüísticas y geográficas entre dos lugares tan alejados el uno del otro, comparten una misma lucha. En cualquier lugar del mundo done hay comunidades rurales, pobres y marginadas que se asientan sobre una gran cantidad de recursos codiciados por las dominantes potencias económicas de nuestra sociedad, la historia se repite.

Esto es especialmente cierto cuando las personas rurales encarnan una “mentalidad campesina”, es decir, donde los pequeños agricultores tienen la intención de vivir de su tierra acatando a los límites y respetando las posibilidades de la tierra y del lugar. Drake considera esta mentalidad campesina como “una ideología…que entiende a la agricultura como una actividad de autosuficiencia. En esta visión, la tierra es vista como un recurso que provee para la familia, no es una mercancía para la compra y venta. Este enfoque de la agricultura puede proporcionar para el sustento de la familia, pero nunca puede conducir a mucha riqueza y comodidad.”

En un mundo dominado por el deseo insaciable por la riqueza y la comodidad, la “mentalidad campesina” que se niega a considerar la tierra como una bolsa de mercancías para la especulación representa una amenaza. Los pequeños agricultores y campesinos, tanto en los Apalaches como en Guatemala, son vistos como atrasados, apáticos, y obsoletas que son malos para la economía e incapaz de adaptarse a la realidad económica de hoy. La forma de “arreglar” estas regiones es a través de la inversión en el desarrollo industrial, en este caso, la minería. Mientras que la mentalidad campesina defiende los valores del ahorro, la vecindad, la creatividad, y la cercanía a la tierra, el paradigma económico y social dominante que rige nuestra sociedad nos empuja hacia un estilo de vida caracterizado por un crecimiento ilimitado y continuo de la riqueza, una mentalidad nómada, el consumismo pasivo urbano y la concepción de la tierra como un banco de recursos a explotar.

Marie Cirillo, poblador de la pequeña comunidad de Eagan, Tennessee, describe la región como un área donde el 90% de la tierra está en manos de empresas ausentes que indiscriminadamente alquilan la tierra a las empresas de minería de carbón. Al mismo tiempo, el 90% de la población desde la década de 1950 ha migrado fuera de la zona. Según Cirillo, “Esto me hizo pensar que la difícil situación que enfrentaba la población local debe estar relacionada con el hecho de que no poseían la tierra.”

A pesar de que la comunidad sufría por la falta de tierra y por los efectos económicos, ambientales y sociales de las empresas de la minería del carbón, Cirillo añade que, “Me di cuenta que los pocos que se quedaron tenían buenas razones para quedarse. Puede ser que fueran pobres, pero los que conocí eran personas que eligieron ese estilo de vida a causa de ciertos valores que tenían. Una de las cosas que me atrajo a ellos fue el hecho de que el 10 por ciento restante eran todavía parte de las “otras sociedades” de cazadores-recolectores y de agricultores, a pesar de que también se habían convertidos en parte de la sociedad industrial de hoy en día”.

El pueblo maya de Guatemala sigue caracterizando a estas “otras sociedades” que viven más allá del alcance de la hegemonía industrial y capitalista. En su mayoría agricultores de subsistencia que mantienen una conexión muy arraigado con los territorios ancestrales que han habitado colectivamente desde hace miles de años, la llegada de una mega-mina de oro manejado por una empresa totalmente ajena y desconocida por la comunidad obviamente crea un disturbio en la vida tradicional. Hilario Roblero de la comunidad de San Miguel Ixtahuacán considera que uno de los principales efectos de la llegada de la mina de oro fue “un cambio en la mentalidad de muchos jóvenes que se vieron afectados por la riqueza que la mina de hecho llevó a la comunidad. Esta riqueza creó una mayor desigualdad económica entre los jóvenes que trabajaban en la mina y los que no. Se creó un deseo de dinero y una competencia entre los jóvenes para ver quién acumulara más”.

En los ocho años transcurridos desde que la mina entró en operación, las calles empedradas de San Miguel Ixtahuacán se han llenado con montones de bares y motocicletas, los dos principales destinos de los salarios de los jóvenes que fueron capaces de encontrar un trabajo en la mina.

Margarita Mejía López, otro miembro de la comunidad de San Miguel Ixtahucán, cree que, “Hace quince o veinte años, antes de que llegara la mina, las comunidades vivían en armonía y unidad. No teníamos salarios como hoy, pero compartimos lo que teníamos y vivimos suficientemente bien.” Esa mentalidad tradicional, sin embargo, pronto se enfrentó con la mentalidad minera. Según la hermana Maudilia López de la parroquia católica de San Miguel Ixtahuacán, “Nunca nos enteramos de que la mina entró. La compañía compró la tierra de forma individual prometiendo que íbamos a ser ricos y muchos de nosotros creemos en esa promesa.” La mina de oro Marlin, propiedad de la canadiense Goldcorp, ha destruido efectivamente la vida agraria de muchas aldeas alrededor de San Miguel sustituyendo los campos de maíz y frijol por los estanques de lixiviación llenos de cianuro.

La pregunta entonces sigue siendo: ¿Cómo pueden las pequeñas comunidades rurales donde esa mentalidad campesina todavía subsiste resistir la avaricia, el poder y la fuerza de las empresas mineras multinacionales deseosas de aprovechar la creciente demanda por las materias primas, ya sean de carbón, de oro o cualquier otra?

Para empezar, cualquier resistencia exitosa de las comunidades locales no se puede basarse en respuestas individuales que se derivan de la misma mentalidad de la de las empresas mineras. Albert Einstein dijo que “los problemas no pueden ser resueltos por el mismo nivel de pensamiento que los creó.” En Guatemala, existen una multitud de organizaciones humanitarias y de desarrollo que trabajan en zonas con riesgo de ser afectados por los proyectos de mega-minería y que afirman que la solución se encuentra en proporcionar proyectos de desarrollo para crear ingresos para que la comunidad local no se vende a la mina. Aunque a veces bien intencionados y tal vez necesarios en algunos espacios, esta “solución de ONG” es, sin duda, destinada a fracasar.

Aparte de ser paternalista y asistencialista, estas soluciones tampoco son realistas. La realidad es que las empresas mineras casi siempre van a ser más rentables y mejores en la creación de riqueza monetaria que los pequeños proyectos de desarrollo dirigidas por las ONG. Si el objetivo es competir con las empresas mineras, su riqueza y sus sueldos, entonces está condenada al fracaso. La pregunta no debería girar en torno a la manera de imitar el crecimiento económico que ofrece la mina. Más bien, es imperativo que nosotros consideramos si Margarita Mejía López tiene razón: ¿Es posible que los pueblos puedan vivir lo suficientemente bien a través de compartir lo que tienen (sus recursos locales y el valor de una comunidad coherente) a pesar de no alcanzar los niveles de riqueza monetaria y comodidad que el mundo de consumo exige que uno posee?

Marie Cirillo cree que “la clave para un futuro de esperanza reside en la capacidad de la gente para mantener vivos los valores que sustentan las comunidades rurales.” El reto es cómo valorar los estilos de vida tradicionales y campesinas y desarrollar nuevas instituciones y organizaciones comunitarias que fortalecen y dan formar a estos valores tradicionales.

En Eagan, Tennessee, la gente ha comenzado a asumir el reto, en palabras del miembro de la comunidad Carol Judy, “De averiguar cómo vivir bien sobre la tierra.” La clave, por supuesto, se encuentra en el énfasis de reclamar una vida “sobre” la tierra, en oposición al paradigma económico imperante donde la tierra, en vez de ser proveedora maternal, se considera como banco de recursos para extraer, explotar y luego llenar con los infinitos desechos de nuestra sociedad de consumo.

Judy añade que, “la buena gobernanza comunitaria es la arquitectura de la democracia.” Con el fin de crear una alternativa viable a la minería que permitiría a la población local vivir bien sobre la tierra, la comunidad de Eagan, Tennessee ha creado numerosas organizaciones sin fines de lucro de pequeña escala gestionadas y administradas por la misma comunidad. El Fideicomiso Comunitario de la Tierra de Woodland es una de esas organizaciones. Este Fideicomiso Comunitario de la Tierra se concibe como una forma de regresar la tierra de nuevo a las manos de la gente al sacarla del mercado y fundamentarla como propiedad colectiva de la población local. La tierra así se libra de la codicia de las empresas de carbón y de otras empresas extractivas y se hace accesible a la comunidad local para comenzar a reconstruir una vida que evoca la mentalidad campesina.

Según Cirillo: “Queríamos asegurarnos de que si la gente recuperara parte de la tierra, que no harían daño a la tierra de la misma forma que hacen las empresas del carbón. Si las personas aprenden a cuidar de su propia parcela de tierra, entonces esperamos que tomen interés en el cuidado de la tierra comunal de fideicomiso también. Esta es la forma más eficaz para la gente aprenda a gobernar colectivamente.”

Richard Drake bien define el origen de la difícil situación de los Apalaches (y de la mayoría de las regiones marginadas y rurales de todo el mundo) como “la pérdida del control económico sobre sus recursos en cuanto a que el desarrollo se llevó a cabo.” Es a través de la gobernanza efectiva de la comunidad que las áreas rurales pueden volver a recuperar el control sobre sus tierras y sus recursos como una forma de defender sus paradigmas de vida que pueden entrar en conflicto con el mundo capitalista.

Donde tomó la gente de Eagan, Tennessee 40 años para comenzar a desarrollar estrategias y alternativas de organización comunitaria para enfrentar la paradigma económica dominante basada en la minería, el pueblo de San Miguel Ixtahuacán, en los ocho años transcurridos desde la llegada de la mina de oro, sigue buscando maneras de resistir colectivamente la mina y para reivindicar modelos alternativos de desarrollo.

Hermana Maudilia López cree que una alternativa se encuentra en la recuperación de la sabiduría y la ética de la espiritualidad maya que “considera que la Tierra es nuestra madre y nos exige a cuidar de ella.” Según Maudilia, la historia de la creación maya debe dar esperanza de que todo no es dicho y hecho todavía. “La creación de nuestro mundo no es cerrado y acabado, sino que más bien se trata de una misión que la vida misma nos invita a continuar.” A pesar del poder aparentemente infinito de la empresa minera, el pueblo de San Miguel Ixtahuacán se encuentra en el proceso de cambiar de mentalidad que permitirá que broten nuevas alternativas.

Por último, la forma más eficaz de resistir a las empresas mineras y las ideologías que traen con ellos es a través de nunca dejarlas entrar en la comunidad. En Salquil Grande, otro pueblo maya en la región Ixil de Guatemala, una mina de barita de propiedad mexicana ilegítimamente compró terrenos del bosque comunal del pueblo maya ixil a través de dudosos acuerdos con el gobierno. A pesar de tener un título de propiedad “legal” y de contar con el apoyo incondicional del gobierno nacional, las comunidades que han subsistido por 2,500 años en sus tierras ancestrales se negaron a permitir que la empresa minera entrara en sus comunidades. Juan Bernal, autoridad ancestral de la comunidad de Salquil, explicó que la comunidad reaccionó así porque, “Confiamos sobre todo en lo que sabemos. Hemos vivido tradicionalmente una vida buena y sana y abundante, y es sólo cuando la gente de fuera vienen a nuestra comunidad que empezamos a tener problemas”.

La comunidad de Salquil fue capaz de rechazar la llegada de la empresa minera debido a un arraigado estilo de vida tradicional que está fundado sobre la efectiva gobernanza comunitaria, el liderazgo ancestral, y una fuerte cultura que mantiene la coherencia de la comunidad. El desafío para las comunidades que han perdido esas características y que se encuentran rodeados por la ideología de las empresas mineras, es de redescubrir el valor de la tierra y del lugar.

Marie Webster quien creció en Eagan, Tennessee, emigró a la ciudad durante muchos años, y luego regresó a su comunidad describe su decisión de regresar así: “He vuelto porque amo este lugar y porque sé que podría ser y debería ser una utopía.” Amar al lugar y volver a descubrir la posibilidad de la utopía en una zona devastada por la minería es el estándar a que las comunidades deben aspirar si nuevas alternativas nacerán.

Por: Mariano González, magopsi@yahoo.com.mx

Uno no espera que la tiesa dirigencia del Partido Patriota contara chistes. Pero sí lo hace, aunque sea inintencionalmente. Al menos así lo demostró la vicepresidenta al decir que el Partido Patriota es un “partido de derecha popular”.

En este chiste, hay por lo menos una confusión conceptual bastante grave y una inadvertida referencia histórica muy irónica.

En primer lugar, el PP no es un partido, por lo menos si se toma en serio la definición clásica de partido. En realidad es una maquinaria electoral que se activa especialmente en los torneos electorales y que, si sigue la tendencia existente en el país, desaparecerá en una década.

Claro, esta característica no es patrimonio exclusivo del PP, sino un problema de todos los “partidos” que tenemos. Lo que quiere decir que es un problema del sistema político que nos hemos dado y por el que, quiera que no, tenemos cierta responsabilidad.

En todo caso, el PP no es un partido.

En segundo lugar, en una red social alguien preguntaba si es posible que exista una “derecha popular”. La respuesta es clara: sí. Sólo que en el siglo pasado, esta derecha popular era llamada por otro nombre: fascismo.

No hay que abusar del término y decir que el PP sea un representante criollo del fascismo, por lo menos en su versión “clásica”. No es nacionalista (basta ver cómo venden el país a precio de baratillo), tampoco tienen líderes carismáticos ni tiene un fuerte apoyo popular, tres características usuales del fascismo, entre otras.

Sin embargo, hacen sus méritos. Como se ha visto, tienen un corazón autoritario y ya ha demostrado en su gobierno que puede reprimir los movimientos sociales y populares, así como actuar autoritaria e ilegalmente (dada la parálisis del congreso, entre otras causas). 

Además, existe un elemento en el ambiente social que se ha recreado a través del juicio por genocidio que nos coloca en un clima propicio para el fascismo: el anticomunismo.

Como señala el historiador Enzo Traverso, el fascismo se puede aliar con las estructuras económicas previas a su ascenso (que son capitalistas) y que contiene, como un elemento central, ser una reacción al comunismo (o, para adecuarlo a nuestro caso, a la izquierda crítica).

Aunque no lo reivindiquen, los representantes del PP (como el presidente y otros militares), fueron formados en el espíritu del anticomunismo de la Escuela de las Américas. Y el clima que se ha generado es propicio para que salgan “reflejos” que seguramente calaron hondo.

Así que ya se ve la ironía que puede contener la idea de una “derecha popular”.

Foto CPR-URBANA

Por Miguel Ángel Sandoval –
mszurdo@hotmail.com

“Cacif, Avemilgua, y Fundación terrorista, enemigos de la justicia y la democracia”. Es un abrir y cerrar de ojos, se produjo un realineamiento de las corrientes políticas en Guatemala y apareció la naturaleza real de algunos actores. Como bien lo caracterizo una consigna de sectores sociales en la multitudinaria marcha del viernes 24 de mayo de 2013. Que entre otras cosas, realizó la caminata de la impunidad, entre la cámara de industria y la Corte de Constitucionalidad.

El cambio es realmente dramático. El Cacif que en los últimos años había querido asociarse a la idea de democracia, estado de derecho, justicia pronta, etc., se ve de pronto desnudo en el tejado, como el título del libro del chileno Antonio Skarmeta. Y para sectores importantes de la población aparece en su naturaleza real: aliado de Avemilgua y de una autodenominada Fundación contra el terrorismo, engendro de unos pocos nostálgicos de la guerra fría, y de los que se enfebrecen al menor estornudo de los USA.

Todo se produjo en torno a la campaña que los señores dl Cacif orquestaron alrededor del juicio por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, al que fue sometido el general ríos Montt. En el fondo de todo esto, la urgencia de negar la existencia de genocidio durante los años de la guerra, y sobre todo, librar de responsabilidad a la cúpula empresarial que la financió en gran parte, que para este propósito no vacilo en quemar a una de sus mejores cartas de presencian en sociedad: un grupillo de intelectuales orgánicos al sistema, conocidos ahora como la docena trágica.

En una especie de apuesta al abismo, no han vacilado en hacer pedazos lo que quedaba de certeza jurídica, o si se prefiere, acabaron con la casi nula o escasa, confianza en el sistema de justicia al dar paso a maniobras vulgares e impensables en otras latitudes, pero normales en la fincona de la oligarquía nacional, sus militares nostálgicos y su combo de intelectuales orgánicos agrupados en la docena trágica.

El Cacif, punta de lanza de la agresión a la justicia nacional, vociferó y prácticamente ordenó a los magistrados, revocar la sentencia del tribunal de alto impacto que había condenado a Ríos Montt a 80 años por genocidio. Pero en el colmo de la torpeza, la CC conminada por la oligarquía nacional, rompió cualquier viso de legalidad y la CC cayó de un día a otro en el más absoluto desprestigio. Hoy no vacilo en calificarla como la cloaca de la moral nacional.

Simultáneamente, el otro aliado del Cacif, la denominada fundación contra el terrorismo, ha publicado en diversos medios unos libelos calificados con humor como asquines, pues no llegan siquiera a ser denominados como pasquines. Lo grave del caso es que han llegado a proferir amenazas de muerte a activistas sociales o revolucionarios reconocidos. Con una mezcla entre vulgaridad y visión represiva primitiva, arremeten con gritos y amenazas alejadas absolutamente de cualquier noción democrática y de estado de derecho.

Finalmente están los intelectuales orgánicos, que con un discurso lleno de falacias, han dado paso a una idea falsa de polarización que no toma para nada en cuenta que si el país esta polarizado es por la enorme agenda social insatisfecha, así como por la brutalidad en la respuesta del estado (Totonicapán y el Polochic) y de los ejércitos privados de la oligarquía en los cuatro puntos cardinales, que como vemos, la docena trágica defiende. Sin duda alguna, la política del azadón de la oligarquía es la ´principal fuente de polarización, lástima tanta lectura para no entender el ABC de la desigualdad nacional.

Se cayeron las mascaras es la expresión más usual por descriptiva, del fenómeno que se produce hoy en nuestro país. La derecha oligárquica en sus más variadas expresiones se alinea de manera grotesca con la impunidad y la defensa del genocidio y los crímenes contra la humanidad. No hay retorno a la normalidad del doble discurso entre empresarios, magistrados o los intelectuales de la docena trágica… Es demasiado tarde.

www.albedrio.org

Como parte de redes de organizaciones sociales hemos estado enviando información y en varios países decidieron manifestar su solidaridad con las víctimas del genocidio y su repudio por la anulación de la condena”, dijo Maya Alvarado, referente de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, a propósito de las protestas que en siete países de América Latina se realizarán contra la reciente anulación de la condena contra el exdictador Efraín Ríos Montt.

Maya Alvarado precisó que las protestas se llevarán a cabo en simultáneo en Argentina, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Guatemala: “las marchas en los países amigos se realizarán frente a las embajadas de Guatemala”.

Por su parte, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (compuesto por organizaciones querellantes en el juicio celebrado contra Ríos Montt) también convocó a una movilización para manifestar el repudio con la resolución emitida por la CC el lunes pasado. Según los organizadores, los manifestantes recorrerán desde la sede de la Cámara de Industria hasta la edificación del máximo tribunal de este país centroamericano.

Decenas de organizaciones humanitarias y sociales criticaron esta semana el veredicto de la CC, aprobado por tres votos a favor y dos en contra, que establece que el debate debe retrotraerse a la situación del 19 de abril pasado, cuando ya había transcurrido un mes de audiencias.

Desde que se inició el proceso judicial en contra de Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, en el año 2000, con la presentación formal de los cargos, se ha caminado a paso lento debido a los más de 175 amparos y recusaciones que la defensa interpuso para interrumpirlo. Al resolver con lugar un “curso de queja” interpuesto por la defensa, la Corte anula todo lo actuado desde el día 19 de abril del 2013.

Este juicio fue “frenado” la primera vez el 19 de abril de este año, por doce recursos interpuestos por la defensa de los represores. Posteriormente se reinició el 29 de abril.

Ríos Montt, de 86 años, fue condenado en esta instancia descalificada a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad como responsable de la masacre a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el Quiché, durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983. Ahora espera una nueva condena.

Agencia de Prensa del Mercosur

Felx Acajabón

La historia: mut(il)aciones de ayer y de hoy

Los regímenes represivos (re)escriben antojadizamente la historia para legitimarse y para evitar procesos de rendición de cuentas ante la responsabilidad penal que conlleva cometer crímenes graves. Así, quienes narran y generan opinión son sujetos activos y parte fundamental dentro de la propia estructura bélica.

Para garantizar la imposición de la historia oficial, la academia conservadora de Guatemala limitó, incluso con vidas acabadas en medio, las publicaciones autorizadas para imprenta. Académicos y académicas que no comulgaban con la versión institucional se convirtieron en el objetivo del exterminio selectivo y de la persecución durante el conflicto armado. También lo fueron periodistas que en muchas ocasiones se vieron obligados a dar a conocer como hechos o actualidad los comunicados del gobierno. La censura y la autocensura se convirtieron en rutina. Un ejemplo de ello es el testimonio de un periodista, sobreviviente del conflicto armado interno, incluido en el libro La Masacre de Panzós: Etnicidad, tierra y violencia en Guatemala, de la antropóloga Victoria Sanford: “La censura y la corrupción vienen en varias formas. Había periodistas desaparecidos, editores asesinados. No necesitabas una amenaza de muerte para saber que a ti te tocaría pronto. (…)Hubo editores que cambiaban lo que tú habías escrito para protegerte o para protegerse a sí mismos porque realmente estaban al lado del Ejército.”

En el contexto de la Guerra Fría, los flujos informativos imperantes en Guatemala estaban plagados de opiniones en contra del temido fantasma que recorría el planeta, el comunismo. Algo que resultaría completamente absurdo en nuestros días. Por ello, la élite política y económica del país, así como su brazo armado (legal e ilegal), han tenido que actualizar los argumentos con los que justifican la persecución de quienes se atreven a pensar de forma diferente. Para tal fin se han alineado con el discurso de una supuesta defensa frente a un supuesto terrorismo. Idea que, por supuesto, no es propia de los grupos de poder locales, sino la conveniente importación de un producto fabricado en los laboratorios del norte.

Así como durante el conflicto armado la población civil fue declarada el enemigo interno, hoy las y los integrantes de la sociedad civil organizada son para estos autoproclamados “defensores de la patria” las y los terroristas a vencer. La criminalización de activistas, de defensoras y defensores de los Derechos Humanos se crea y difunde a través del latifundio mediático que militares y oligarcas dominan. Desde ahí, lanzan, como de costumbre, una campaña que se centra en desprestigiar e intimidar a quienes no se someten a sus reglas.

Los medios, incluidas las redes sociales, se convierten en tribunales inquisidores donde, sin reconocimiento de los límites de la libertad de expresión, cualquier persona relacionada con la defensa de los Derechos Humanos puede ser estigmatizada como terrorista, la nueva modalidad de enemigo interno. Terrorista también es la etiqueta con que se clasifica a cualquier persona que se oponga a la política extractiva de las corporaciones transnacionales radicadas en Guatemala.

Aristóteles sostenía que se puede comprender sólo a los que sufren un infortunio inmerecido. Esto lo han entendido muy bien los aparatos represivos en Guatemala, por eso trabajaron larga y sistemáticamente en la estigmatización de la población indígena, hasta convertirla en el enemigo interno. El objetivo era hacerla fácilmente prescindible. Estos marcos de interpretación de la realidad están atravesados por el imaginario construido y pre-fabricado desde la opinión que reina en los medios actuales, y tienen la misma razón de ser de siempre: mantener a quienes se oponen a los intereses de la fusión oligarca-militar señalados como delincuentes, por lo tanto merecedores de cualquier castigo.

La pretensión final de definir la historia de la población, convertida en objetivo militar, es pues, la imposición de quien es sujeto y quien se convierte en objeto. Como afirmó Simone Weil, en su sublime ensayo sobre la guerra La «Iliada» o el poema de la fuerza: “La violencia convierte en cosa a quien está sujeto a ella.”

Negacionismo y la negación de la negación

“No hubo genocidio. Lo vuelvo a repetir ahora después del fallo” dijo Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, al periodista Fernando del Rincón de CNN en Español, reafirmándose como cabeza visible de la maquinaria negacionista que ha puesto en marcha todo tipo de acciones para reducir cualquier atisbo de debate, no sólo sobre la existencia del genocidio en Guatemala, sino sobre la naturaleza de este delito que demanda, para su correcta comprensión, ser analizado con todo rigor.

Negar públicamente el genocidio, es buena muestra del lugar que le asigna el mandatario guatemalteco a la separación de poderes sobre la cual se asienta todo Estado democrático. Sin embargo, después, para negar el significado de la negación el Ministerio de Exteriores ha debido publicar un comunicado que cita: “El Gobierno de la República de Guatemala, por medio del Presidente Constitucional Otto Pérez Molina, ha respetado la libertad, independencia y autonomía de las instituciones judiciales, así, en correspondencia: respeta y acata sus conclusiones y resoluciones”. No se conoce que los embajadores extranjeros en Guatemala se hayan manifestado oficial y públicamente solicitando al presidente ejemplificar el respeto a la independencia del poder judicial. Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Eso sí, para que no se diga que la negación del genocidio procede sólo de los militares y sus simpatizantes, la “intelectualidad” de la oligarquía se hizo presente con un comunicado para ratificar, desde los cerebros conservadores, la versión de sus guardianes armados. También lo hizo la otra parte, mucho más auténtica y representativa de esa misma oligarquía, el sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

La Verdad

Es obligación del Estado averiguar, dar a conocer y preservar la verdad, como salvaguarda fundamental contra la repetición de violaciones a los Derechos Humanos. Además, el Estado está obligado a recordar, asegurando la conservación y el mantenimiento de los archivos y otras pruebas destinadas, según Naciones Unidas, “a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.

Pero, la batalla de los militares y de la oligarquía es imponer a la población guatemalteca, por la vía del descrédito y del terror, la idea de que la reconciliación del país sólo es posible sin mirar al pasado. Su idea de paz está asentada sobre la base del olvido. Y no sólo del olvido legal que significa la amnistía, sino del olvido de todo cuanto las víctimas hayan podido padecer a manos del Ejército y sus aliados.

El mismo dictador, hoy condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad, en primera instancia, violó la más grande verdad del ordenamiento jurídico, la verdad constitucional: “No podíamos respetar la Constitución porque todo era una podredumbre, todo se había caído solo”, confesó Ríos Montt al Tribunal presidido por la jueza Jazmín Barrios, justificando así la sustitución de la Carta Magna por el Estatuto Central de Gobierno, que redactó junto a su Gabinete.

La evidencia de que los militares y la oligarquía no están dispuestos a asumir el peso de la verdad quedó demostrada, una vez más, con la estrategia dilatoria diseñada y ejecutada por la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez durante el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sus defensores no dudaron en llegar al litigio malicioso para impedir no sólo la sentencia, sino algo bien sabido por ellos: la inconmensurable aportación a la Verdad que significan los testimonios de las y los sobrevivientes.

El ejercicio del Derecho a Ser Escuchado convierte, ante el mundo, a las víctimas que narran la realidad en sujetos políticos activos que nunca más tendrán la condición de objetos que les fue adjudicada por sus verdugos.

Pasos de animal grande

La población ixil ya no es el grupo aislado en las montañas, cuyas noticias sobre su exterminio controlado tardaban meses e incluso años en llegar a la portada de algún medio. Los hombres y las mujeres mayas de Guatemala son una mayoría que cada vez se aleja más de ese grupo humano observado, ese “otro” que como dice Susan Sontag, “incluso cuando no es enemigo, se le tiene por alguien que ha de ser visto, no alguien (como nosotros) que también ve.”

Guatemala entera ya no es el país donde la cárcel era sólo una amenaza para los pobres: Alfonso Portillo y Ríos Montt son una buena muestra de ello. Es un país que está en la primera página de periódicos de todo el mundo que rinden homenaje a la enorme capacidad de resiliencia y a la valentía inquebrantable de una población amenazada por una bestia armada que se sabe herida y cuyos feroces y reactivos coletazos alcanzan a víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, a activistas, a defensores y defensoras de Derechos Humanos, y a jueces y fiscales cuya integridad nos reconcilia cada día, como humanidad, con la justicia.

Antes, el miedo de los militares a la verdad quedó patente con su negativa absoluta incluso a llamar Comisión de la Verdad a la detallada narración de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, en su enorme mayoría, por el Ejército en contra de la población civil de Guatemala. Esa verdad que le costó la vida a Juan Gerardi y que finalmente se llamó “Recuperación de la Memoria Histórica”.
Quizá el único acto de aportación a la verdad, cargado de significado, ha sido la autoinculpación simbólica que conlleva el que tantos aliados de los militares estén dándose por aludidos como genocidas. Nos recuerdan que nada de lo que Ríos Montt hizo fue solo.

El miedo de los militares es absolutamente fundado: el pueblo de Guatemala es cada día más consciente de la represión causada por un ejército que masacró a más del 90% de las víctimas del conflicto armado totalmente al margen de los episodios de combate, que fueron contados y excepcionales. Una buena parte de la Comunidad Internacional también conoce, hasta la saciedad, la condenen o no, la desproporcionada e injustificada violencia cometida por el Ejército en contra la propia población guatemalteca, no sólo durante el conflicto armado interno sino ahora, defendiendo los derechos de las empresas extranjeras en el país. Pero quizá la verdad más incómoda para los militares es la claridad con la que les marca el coto la élite política y económica de Guatemala desvelándolos como lo que son: el brazo armado defensor de una oligarquía que no los reconoce ni los reconocerá jamás como iguales.

Tomado de Periodismo Humano

Olga Rodríguez
ElDiario.es

Ríos Montt esquiva la cárcel, al menos de momento. Como muchas víctimas supervivientes de la dictadura temían, las presiones por la anulación de su condena han funcionado. Tres de los cinco magistrados de la Corte Constitucional han votado a favor de la anulación tras analizar un recurso planteado por los abogados defensores, que alegan que el exdictador se quedó sin defensa porque el día 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la corte después de haber acusado al tribunal de parcialidad.

Con este pronunciamiento queda por tanto sin efecto la sentencia que condenaba a 80 años de prisión al exdictador por genocidio y crímenes contra la humanidad, por la muerte de casi 2.000 indígenas ixil entre 1982 y 1983. Durante la dictadura murieron o desaparecieron 250.000 personas, la mayoría indígenas y civiles, y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Según estableció la propia ONU, el 93% de aquellos crímenes fueron perpetrados por militares y paramilitares.

Ríos Montt ha recibido la noticia de la anulación de su condena desde el hospital militar en el que le ingresaron hace días, tras su primera noche en prisión, por problemas de hipertensión.
La patronal empresarial había demandado la anulación

La campaña contra el juicio a Ríos Montt ha sido intensa. Durante el proceso hubo presiones que intentaron entorpecer su avance, tal y como han denunciado víctimas y diversos defensores de los derechos humanos. Tras la sentencia, la patronal empresarial criticó con dureza el juicio contra el exdictador y demandó la anulación de su condena.

Sectores conservadores difamaron e intentaron deslegitimar a impulsores del juicio, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, llamándoles “traidores de la paz” y “oenegeros mercenarios” en un documento titulado “Rostros de la infamia”.

El propio presidente del país, Otto Pérez Molina, que ha negado que hubiera genocidio en Guatemala y que se ha visto salpicado por el proceso judicial ya que fue jefe de inteligencia militar en la dictadura, quiso subrayar la semana pasada que la condena contra el exdictador no era definitiva.

Según lo decidido ahora por la Corte Constitucional, deberán repetirse todas las diligencias realizadas dentro del juicio a partir del 19 de abril. En esa fecha ya se había tomado declaración a alrededor de 100 indígenas ixil testigos de las masacres. Pero según diversos abogados y expertos, aún no está claro si su testimonio seguirá incluido en el proceso o si se iniciará un nuevo juicio.

Con la anulación de la condena a Ríos Montt también se anula la absolución del exdirector de inteligencia durante la dictadura, José Mauricio Rodríguez Sánchez, y otras medidas establecidas por la jueza Yasmín Barrios, como la obligación del Estado de pedir perdón a las víctimas de las masacres.
Tan lejos, tan cerca: un primer paso contra la impunidad

El genocidio en Guatemala era, hasta el inicio del juicio, una desgarradora injusticia olvidada que sigue marcando el día a día del país, con una mayoría de la población discriminada, sin acceso a cargos públicos, sin igualdad de oportunidades. En una nación caracterizada por la impunidad, lo que parecía imposible ocurrió, pero por poco tiempo. Cuando la jueza Yasmín Barrios dictó sentencia contra Ríos Montt hace poco más de una semana, las víctimas presentes en la sala entonaron este célebre cántico:

“ Aquí solo queremos ser humanos, comer, reir, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla”. Y corearon: “Sí hubo genocidio”.

Esa condena ahora anulada fue un primer paso contra la impunidad y hacia la justicia. “Si no se resuelve la impunidad del pasado, se instala la impunidad en el presente”, señalaba hace unos días en eldiario.es Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala.

Organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo acogieron con optimismo el proceso contra el exdictador y siguen de cerca los acontecimientos judiciales. Las víctimas insisten en que la presión social y mediática es clave para el avance de la justicia y de los derechos humanos, en un momento en el que el juicio contra el genocidio ha acaparado la atención internacional.

“No apartéis la vista de Guatemala, por favor”, escribía anoche, tras la anulación de la condena, un joven guatemalteco en las redes sociales. “El dictador se ríe de nuevo de sus víctimas”, lamentaba otro.

Tomado de ElDiario.es
Link: http://www.eldiario.es/internacional/Anulada-condena-exdictador-Guatemala-Rios-Montt_0_134736564.html