Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

Publicado por Con Nuestra América

Quien pensó que un gobierno de corte conservador como el ejercido por el Partido Patriota respondería de buena manera a las demandas históricas del movimiento indígena y campesino, se equivocó.

El carácter autoritario e irrespetuoso de la Ley por este partido y sus dirigentes se mostró desde que iniciaron la campaña electoral dos años antes del período establecido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos; a lo cual se sumó el hecho que superaron el techo permitido de gastos de campaña en decenas de millones de quetzales, irrespetando las constantes denuncias populares y apercibimientos del Tribunal Supremo Electoral –por otra parte sin fuerza y sin mecanismos coercitivos para lograr su cumplimiento-.

El tratamiento dado a lo relativo a la problemática agraria y al Desarrollo Rural Integral mostró desde antes de que tomaran posesión que sería contrario a los intereses populares. Basados en una propuesta realizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, el gobierno, a través del Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural ha “acotado” el alcance de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) vigente por el Acuerdo Gubernativo 196-2009. Este acotamiento se refiere a que el gobierno impulsará dos acciones –en el fondo contradictorias- que a su criterio contribuirán a lograr mejoras en las condiciones de vida de la población en las áreas rurales: a) Economía campesina y b) Inversiones privadas en territorios rurales.

El impulso a la economía campesina parece restringida por el momento a medidas asistencialistas de entrega de alimentos, abonos químicos, aperos de labranza y arrendamiento de tierras (continuidad de las acciones del gobierno anterior) y no contempla componentes efectivos de acceso a medios de producción, particularmente la tierra, la tecnología y el crédito en condiciones favorables a las poblaciones rurales. Incluso la entrega de fertilizantes corre el riesgo de llegar de nuevo tarde a los agricultores, puesto que el proceso de compra llevado a cabo por el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES), ha sido objeto de múltiples denuncias de irregularidades, lo cual sin duda responde a las presiones de los diversos sectores y empresas que quieren beneficiarse de los negocios públicos.

El sujeto establecido tanto en la PNDRI como en la iniciativa 40-84 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (LSNDRI) es más amplio puesto que establece como sujetos de la Ley a “la población rural en situación de pobreza, pobreza extrema, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas con tierra insuficientes, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”. Son sectores y actores que se pierden o invisibilizan en la definición de economía campesina planteada por el gobierno y que limita la actividad hacia estas poblaciones a aspectos económicos. El planteamiento de la PNDRI va más allá y establece 10 áreas de acción en que se debe avanzar para el logro del Desarrollo Rural Integral siendo estas: Política Agraria; Política Agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica; Política Económica; Política Social; Política Laboral; Política de Participación social y desarrollo político; Política de Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo; Política de Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional; Política Cultural; y Política Socio Ambiental. Son esas diez Políticas las que dan el carácter de integral a la PNDRY y a la LSNDRI.

El componente b) Inversiones privadas en territorios rurales, se establece por el gobierno como el complemento del impulso a la economía campesina, y básicamente consiste en la promoción e impulso de megaproyectos y monocultivos en el área rural. La lógica de funcionamiento de este modelo ha mostrado con creces ser contrario a los intereses de las poblaciones indígenas, campesinas y sus formas de vida, por lo que ha sido ampliamente rechazado a través de casi 60 consultas comunitarias y más de 1.5 millones de personas. Se anuncian desde ya serios conflictos en el campo guatemalteco si no se corrigen a tiempo estas decisiones.

* Colectivo de Estudios Rurales Ixim

www.albedrio.org

La pregunta es ambiciosa, desde luego. Algunos dirán que son los Estados-Nación más poderosos militarmente, como Estados Unidos. Otros dirán que son las personas más ricas y poderosas las que, conspirando, deciden en lugares poco transparentes cómo gestionar el mundo. Sin duda también habrá quienes crean que son las voluntades individuales las que conforman, a través del mercado, el destino de nuestra economía mundial. Incluso, en una derivación de esta última opción, puede pensarse que son precisamente las empresas transnacionales las garantes del futuro político y económico de nuestro mundo. En todo caso, probablemente todas tengan algo -aunque sea poco- de razón, si bien para intentar responder tamaña cuestión no pueden servir análisis simples o prejuicios sin confirmar empíricamente.

Mi intención aquí no es otra que mostrar y difundir los resultados del reciente y único estudio que ha evaluado la red global que conforman las transnacionales (también llamadas multinacionales o grandes empresas a secas). Según este complejísimo estudio que ha analizado las redes de 43.060 transnacionales, apenas un 737 de ellas controlan el valor accionarial del 80% total. Esta distribución de poder es mucho más desigual que la distribución de riqueza y renta. Además, el 40% del valor de todas las transnacionales del mundo está controlado por un pequeño núcleo -core- de 147 transnacionales. Y, más interesante si cabe, de ese núcleo de trasnacionales tres cuartas partes son entidades financieras.

La evolución de la red empresarial

Los economistas clásicos distinguían entre capitalistas y trabajadores para distinguir los dos espacios que podían ocuparse en la actividad productiva. Corresponde esa clasificación a un análisis analítico abstracto de cómo opera el sistema económico capitalista, pero también a cómo era la configuración concreta del capitalismo más incipiente. Un capitalismo caracterizado por empresas donde la propiedad y la gestión coincidían y existía por lo tanto un capitalista activo preocupado por el control de su empresa y por lo tanto por los beneficios que les pudieran dar. El resto de la empresa eran, simplificando, trabajadores que alquilaban su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Imaginen en esta visión al capitalista industrial del siglo XIX español, caracterizado por estar frente a la empresa vigilando la actividad productiva. Por ejemplo, a Miguel Agustín Heredia, empresario industrial riojano que montó importantes negocios en Málaga.

Según evoluciona el capitalismo, sin embargo, esta realidad va cambiando y haciéndose más compleja. Las empresas se hacen más grandes y surgen las primeras sociedades anónimas. Se disocia la propiedad de la empresa -que queda en manos de los accionistas- de la gestión de la misma -que queda en la dirección- y de la actividad puramente productiva -los trabajadores-. Los accionistas suelen ser grandes fortunas que juntando sus riquezas permiten acometer proyectos empresariales más complejos y que rinden más beneficios. Un ejemplo español fue la compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (M.Z.A.), que nació de la unión de los capitales de grandes fortunas como las del marqués de Salamanca, el duque de Morny y los Rotchschild (familia vinculada a las finanzas), si bien también -como siempre- con el apoyo de capital público. O el más obvio, el de la Rio Tinto Company Limited, empresa de capital danés e inglés que cotizaba en la bolsa de Londres y explotaba las minas de RioTinto (Huelva). En definitiva, las finanzas y la nueva organización empresarial permite al capitalismo desplegar proyectos más ambiciosos que en ningún caso una sola gran fortuna individual podría llevar a cabo, pero esa nueva organización empresarial modifica a su vez la relación entre los sujetos económicos (finanzas, propietarios, gestores, trabajadores) y por lo tanto las relaciones de poder.

Con la evolución de los mercados financieros, entre los que se incluye el mercado de acciones -la bolsa, es decir, el espacio donde se compran y venden derechos de propiedad de las empresas-, el sistema se hace aún más complejo. La globalización económica y financiera va empujando a las empresas a una mayor internacionalización. Hasta el punto de que gracias a la llamada ingeniería financiera las grandes empresas pueden comprar con enorme facilidad partes de otras grandes empresas o financiar nuevos proyectos de inversión. La aplicación de las políticas neoliberales, que retiran el corsé keynesiano -las prohibiciones y regulaciones que existían en el marco económico- no hacen sino disparar esas tendencias subyacentes. Las grandes empresas pueden, desde entonces, internacionalizarse incluso a partir de la emisión de lo que algunos autores han denominado capital financiero (véase el trabajo de Oscar Carpintero).

En este punto de la evolución capitalista, las empresas están formadas por propietarios, gestores y trabajadores pero que mantienen relaciones muy distintas a las anteriormente descritas. Los propietarios son los accionistas, pero que ya no tienen una preocupación directa por el estado de la actividad productiva -a diferencia del propietario tipo s. XIX- sino que únicamente se preocupan por rentabilizar su capital. La extraordinaria liquidez de los mercados les permite a estos accionistas pasar de una empresa a otra en cuestión de segundos, por lo que se disocian los intereses y vencen las estrategias cortoplacistas. Los gestores, por otra parte, son los consejos de administración de las empresas y los directivos, esto es, aquellas personas que toman las decisiones que afectan a la actividad productiva. Estos consejos de administración obedecen órdenes de los accionistas, porque a ellos les rinden cuentas -no en vano los accionistas pueden exigir la destitución de éstos si consideran que no lo están haciendo bien, es decir, de acuerdo a sus intereses-. Esta relación, propia de la etapa neoliberal, está definida como “shareholder value” y estudiada en la literatura económica en el marco de la llamada “corporate governance” y de la “teoría de la agencia”. Los trabajadores, por otra parte, también están fragmentados en función del segmento productivo al que están asociados -desde gerentes hasta trabajadores de cuello azul-.

La moderna red empresarial

El problema macroeconómico es que en el mundo no sólo existe la distribución de riqueza y renta, sino también la de poder. Las grandes empresas determinan la configuración económica de cualquier país o región, e influyen de forma directa e indirecta en la creación de empleo y la calidad de vida. Por lo tanto, la capacidad de tomar decisiones o influir en ellas por parte de las grandes empresas es especialmente importante y es una manifestación de poder. Pero dada la inmensa y compleja red que se ha tejido entre las propias empresas, es complicado saber quién se encuentra detrás de esas decisiones.

El estudio con el que he comenzado este escrito nos aporta datos esclarecedores. Teniendo presente que las grandes empresas internacionalizadas, es decir, las transnacionales, forman una red en la que por encima tienen a los accionistas y por debajo a sus filiales (para las cuales la empresa matriz es su accionista), se ha elaborado un mapa mundial de las 43.060 empresas más importantes. Como se puede observar en el siguiente gráfico, esto no podría haberse hecho sin tratamiento informático a partir del software adecuado (de hecho, la imagen sólo nos ilustra la composición, porque más allá de ello no vemos un pijo).

No cabe ninguna duda de que hay una relación directa entre las entidades que concentran el poder económico y político, en la medida que han aprovechado la debilidad autoimpuesta por los Estados por medio de las privatizaciones y desregulaciones, la responsabilidad en la crisis financiera y los beneficiarios del intento de salir de la crisis. Podemos decir, con los datos en la mano, que las entidades financieras son quienes controlan la economía mundial. Pero lo hacen sin necesidad de recurrir a conspiraciones oscuras, porque es la propia dinámica del sistema económico capitalista la que explica que estos sujetos económicos, las empresas transnacionales y su red, operen de acuerdo a una lógica que les lleva a defender sus intereses. Intereses que son antagónicos con los de los ciudadanos, de modo que su propia dinámica lleva al incremento de la explotación sobre los más desfavorecidos.

El análisis político de por qué un gobierno nacional sale en defensa de una trasnacional (como Repsol) queda para otra ocasión, como también dejaremos para más adelante un análisis de las implicaciones de clase que todo esto significa -por cierto, magníficamente estudiadas por el economista marxista Gerard Dumenil-. Aunque en ambos casos hay elementos en este propio artículo, en la medida que podemos saber que, por ejemplo, Repsol está participado por entidades financieras como CaixaBank y otras entidades que a su vez están participadas por entidades financieras nacionales e internacionales. Por otra parte, los accionistas acaban siendo, en última instancia, personas de carne y hueso. Esas personas son las clases altas, los segmentos más ricos de la sociedad que participan en las redes financieras -por ejemplo, en España el 40% de los hogares tiene el 60% de sus activos financieros en cuentas corrientes, que rinden poco o ningún beneficio, mientras que los hogares más ricos tienen gran parte de sus activos financieros en la forma de acciones o de fondos de inversión y de pensiones que en última instancia casi todos tienen que ver con los derechos de propiedad de las empresas transnacionales.

La categoría dicotómica de “izquierda” y “derecha”, aunque necesaria,
es insuficiente y deficiente para entender la crisis terminal de la
globalización financierista, cuando los radicalismos del espectro
político se han coaligado en su contra para que sobrevivan las
naciones.

Los radicalismos de “derecha” y/o “izquierda” han coincidido en su
rechazo nacionalista a la globalización financierista y, en el caso
europeo, en su triple aversión al euro, a la “austeridad Merkel”
(fiscalismo castrante que beneficia a la parasitaria bancocracia) y a
las caducas recetas del disfuncional FMI.

Today’s Zaman (8/5/12) condensa que el triunfo de F. Hollande imprime
“una nueva dirección” que “puede propinar un golpe mortal a la
austeridad que ha sido la piedra de toque de Europa en los años
recientes” y comenta que “la personalidad del líder pro Estados
Unidos” (¡súper sic!) Sarkozy “probó ser demasiado amarga de digerir
para los votantes”.

Wayne Madsen Report (7/5/12) sintetiza la revuelta ciudadana, de
extrema derecha/izquierda, contra la bancocracia, el FMI y la
austeridad neoliberal monetarista de la canciller Merkel cuando “surge
en toda (sic) Europa la izquierda anti FMI y anti banqueros”: 1) “el
socialista Hollande derrota a Sarkozy: la austeridad es anatema”; 2)
“el partido socialista del difunto líder S. Milosevic, opuesto al FMI,
decide quién gobernará en Serbia”; 3) “la extrema izquierda
antieuropea y los neofascistas surgen en Grecia: adiós a los partidos
pro austeridad”; 4) “se espera que la izquierda anti euro gane las
elecciones locales en Italia: se esfuman los partidos de derecha”, y
5) “Merkel derrotada en Schleswig-Holstein: el centro-izquierda
formará el gobierno”.

Le faltó el humillante resultado de las elecciones municipales en Gran
Bretaña, donde fue vapuleado el Partido Conservador del premier David
Cameron, otro adicto a la “austeridad” ajena: la de los ciudadanos
(para favorecer a la parasitaria bancocracia).

La putrefacción de Sarkozy, efímero “conquistador petrolero” de
Bengasi, había alcanzado niveles nauseabundos: GEAB (16/4/12) cita 11
megaescándalos de su bribonería financiera, bajo investigación
judicial, siendo el más espectacular el financiamiento electoral por
Kadafi (¡quien se vengó desde ultratumba!).

GEAB detecta una revuelta del “provincialismo contra las élites
parisinas”. El Partido Socialista arrebató la ciudad de París cuando
parte de su triunfo se debió a la fronda de la “Francia profunda”: la
sarkofobia de Marine Le Pen (extrema derecha), de F. Bayrou
(centro-derecha) y de Jean-Luc Mélenchon (extrema izquierda).

Fustiga “el desierto (sic) intelectual” de “su élite mercenaria o
castrada”. ¿No es, acaso, la lubricada descerebración a la que lleva
la globalización financierista?

Vaticina que Merkel, “quien depende del apoyo del Partido Social
Demócrata y los verdes”, tendrá que aceptar el “nuevo pacto de
crecimiento” de Hollande.

Avizora, a fin de año, el lanzamiento de eurobonos y un préstamo
público superlativo (“Préstamo Carlomagno”) para la eurozona por 500
mil millones de euros a 10 años y a una tasa de interés de 5 por
ciento, garantizado por el sistema monetario europeo, que tendrá dos
propósitos: 1) disminuir el nivel de deuda en la eurozona a un umbral
máximo de 30 por ciento de su deuda soberana “con el fin de
marginalizar la influencia de los mercados financieros
internacionales” controlados por Wall Street y la City; y 2)
“estimular el crecimiento de la eurozona mediante inversiones
estructurales” en infraestructura (transporte, servicios públicos,
educación, investigación, salud, etcétera). ¡Todo lo contrario del
neoliberalismo!

Juzga que el triunfo de Hollande reanudará el ataque anglosajón contra
los países vulnerables de la eurozona (los despreciados “PIIGS”:
Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), cuando la “economía y la
situación financiera de Gran Bretaña prosiguen su deterioro” (nota: ya
padece la “recesión de doble hundimiento”), mientras “desaparece el
espejismo de la recuperación de Estados Unidos”.

Los primeros dos años de Hollande se caracterizarán por dos grandes
tendencias: 1) “afirmación de la política gaullista europea (o
Mitterrand-gaullista), es decir, la prioridad estratégica de
implementar una política exterior independiente (sic)”; y
2)”exploración de una asociación futura euro-BRICS (¡súper sic!)”.
¿Los dejará la tripleta israelí-anglosajona?

La prensa anglosajona, en particular The Economist, ya no se diga el
“laissez-faire” de Obama –sin contar la consternación de Israel ante
la pérdida de su aliado Sarkozy (DEBKA, 7/5/12)–, se había pronunciado
obscenamente contra Hollande.

GEAB desprecia la próxima cumbre del G-20 en Los Cabos (que, a mi
juicio, estará pornográficamente controlada por el financierismo
israelí-anglosajón), mientras concede enorme importancia (cual debe
ser) a la cumbre del G-20 en Moscú el próximo año, donde resaltarían
“los puntos comunes de la convergencia euro-BRICS a escala
internacional (reforma del FMI y del Consejo de Seguridad de la ONU)”
y, “especialmente, la reforma fundamental del sistema monetario
internacional (la sustitución del dólar de Estados Unidos como divisa
de reserva)”, lo cual en su conjunto “contribuirá decisivamente al
desarrollo de la gobernabilidad del mundo de la post crisis”.

GEAB anticipó las “consecuencias” del triunfo del socialista Hollande
en su dimensión local, regional y global: Francia, eurozona, Unión
Europea, OTAN, G-20 y “euro-BRICS” (la hipotética alianza del euro con
el emergente bloque pentapartita).

Considera que el ascenso de Hollande, “socialista gaullista” muy sui
generis, “es más importante desde el punto de vista geopolítico (sic)
que la elección en Estados Unidos”, donde “su sistema político padece
parálisis general”.

A su juicio, “ha empezado una serie de sublevaciones estratégicas
(sic) que afectarán a Europa y que acelerarán en forma significativa
los cambios geopolíticos (sic) en curso a escala global desde 2008″.

Aunque “Francia es un país menos poderoso que Estados Unidos, ocupa
una posición estratégica en Europa y en el mundo, que lo colocará como
un actor principal en la emergencia del mundo de la post crisis”.

Comenta que “Hollande ha declarado diáfanamente su intención de
explorar en forma activa las posibilidades de asociación con los BRICS
(¡súper sic!)”, lo que rompe de tajo con la “integración
incondicional” de Sarkozy al “eje Washington/Tel Aviv”. ¡Muy
interesante!

Los círculos eurocéntricos coronan a los BRIICS con una “I” adicional:
Indonesia (la mayor población islámica del mundo, además de potencia
energética), cuya importancia geoestratégica conocen muy bien tanto el
mismo Obama como el hoy defenestrado ex subdirector del Pentágono Paul
Dundes Wolfowitz (zar de los neoconservadores straussianos, vinculado
al nepotismo bushiano).

GEAB, amén de francocentrista, parece muy angelical frente a las
malignas veleidades balcanizadoras de la tripleta israelí-anglosajona.

Mis fuentes europeas me aseguran que el Vaticano ve con buenos ojos el
acercamiento “católico” con los BRICS con el fin de romper con el
“paganismo hipermaterialista” de la perniciosa especulación
financierista de los Shylocks posmodernos a los dos lados del
Atlántico Norte.

http://alfredojalife.com

La victoria del Partido Socialista en Francia representa una
oportunidad para cambiar las grandes líneas de la política
macroeconómica frente a la crisis en Europa. Más aún, puede significar
la apertura de un nuevo espacio político para redefinir los términos
del pacto social que será el sustrato de la integración europea en el
futuro. Mucha esperanza, y no sólo en Francia, rodea el ascenso de
Francois Hollande a la presidencia.

Desde que estalló la crisis, el vendaval político ha llevado a cambios
en Grecia, Holanda y ahora en Francia. No son los primeros gobiernos
en caer por la crisis (recordemos a Berlusconi y Zapatero). Pero los
tiempos están cambiando y detrás de estos remplazos comienza a asomar
una nueva discusión de fondo sobre la integración europea. Quizás ya
se agotó el tiempo de la austeridad, pero falta definir el perfil de
una nueva discusión sobre la integración europea.

¿Qué puede hacer el nuevo presidente de Francia en la coyuntura
actual? Para responder hay que reconocer que enfrenta dos grandes
obstáculos. El primero es la serie de candados existentes en Europa
para el manejo de la política macroeconómica. El segundo es la
estrecha visión que tiene Berlín sobre la crisis y la integración
europea.

Europa se instala en la recesión y el fracaso de la austeridad fiscal
es evidente. Es normal porque el primer efecto de la austeridad es
reducir el empleo, las prestaciones y la demanda. Eso disminuye el
crecimiento y los ingresos fiscales, lo que agrava el problema del
endeudamiento. El mejor ejemplo de la fallida receta de austeridad es
Grecia: tiene dos años de aplicarla, la economía se colapsó y el
endeudamiento no se redujo. La recesión parece irse extendiendo y
llegará inevitablemente a Francia y Alemania.

En su primer discurso como presidente electo, Hollande afirmó
categórico que la austeridad había dejado de ser una fatalidad. Pero
enfrenta las restricciones impuestas por el Tratado sobre estabilidad
(que entró en vigor en marzo). Ese pacto fiscal reduce el límite del
déficit estructural de 1 a 0.5 por ciento del PIB, fija un mecanismo
de corrección automática y consagra sanciones en caso de
incumplimiento (multa de hasta 0.1 por ciento del PIB). Es la regla de
oro neoliberal para constreñir la política fiscal. Ya Merkel advirtió
a Hollande que no podrá renegociarse dicho tratado.

Frente a este panorama la derecha europea debe haberse percatado del
fracaso de la austeridad. Pero se resiste a rectificar. Por eso hoy su
discurso es el de las reformas estructurales para “recuperar
crecimiento y competitividad”. La más importante de esas reformas es
la laboral para poder contratar y despedir a la gente como si fueran
cosas. En el corto plazo esas políticas son de corte recesivo pues
conducen a mayores despidos y una caída de la demanda agregada. En el
largo plazo consagran un desolador paisaje social de desigualdad.

Hollande ofrece un proyecto fiscal de fomento al crecimiento y el
empleo. El financiamiento proviene, entre otros puntos, de una reforma
fiscal progresiva importante: propone gravar con tasa de 75 por ciento
los ingresos más altos (por arriba del millón de euros anuales) y las
empresas más poderosas. Las cuentas le permiten reducir el
endeudamiento y el déficit fiscal. Para ello necesita el respaldo del
poder legislativo.

El segundo desafío de Hollande se relaciona con la estrategia de
Alemania frente a la crisis y el modelo de integración europea. Es
claro que la economía alemana ha mejorado con la crisis. El desempleo
está por debajo de 6 por ciento, los salarios han comenzado a mejorar
(se mantuvieron largos años por debajo de los aumentos de
productividad), los ingresos fiscales van bien y el déficit público se
redujo por debajo de las exigencias de la UE. El abultado superávit
comercial no se acompaña de una apreciación de la divisa europea
gracias a la crisis en el Mediterráneo. Y las bajas tasas de interés
del BCE permiten mantener tasas reales negativas en Alemania.

Para Merkel, Alemania no sólo debe superar la crisis, sino salir en
una posición dominante. Pero al imponer la austeridad a su alrededor,
Berlín debería saber que su mercado en Europa acabará por derrumbarse.
Habrá que ver si esa política mercantilista puede ampliarse para
abarcar otros mercados. Aun en ese caso, el sentimiento anti-germano
en Europa puede exacerbarse y llevar a nuevas alianzas políticas para
compensar el poderío alemán.

Hollande enfrentará grandes dificultades convenciendo a los alemanes
de las bondades de un proyecto de integración diferente, uno basado en
la solidaridad como eje rector del pacto social. Pero el desafío
comienza en casa: tendrá que persuadir al electorado francés para que
le otorgue una mayoría en el congreso en las elecciones de junio. La
credibilidad y el poder de negociación que tanto va a necesitar
Hollande deben serle entregados primero por sus compatriotas. Habrá
que ver si los tiempos políticos favorecen a la izquierda en las
legislativas en Francia.

El 21 de abril de 2012, el New York Times (NYT) publicó un reportaje mostrando que Walmart pagó 24 millones de dólares en sobornos, para construir tiendas y dominar el mercado en México. Altos ejecutivos de Walmart conocían los casos desde 2005 y lo ocultaron. Por el contrario, fraguaron una investigación contra el denunciante, un ex ejecutivo de Walmart que renunció por sentirse discriminado, aunque había sido uno de los encargados del pago de sobornos.

Eduardo Castro-Wright, ejecutivo identificado por el diario como la fuerza motora de los sobornos, fue ascendido a la vicepresidencia de Walmart México y luego a jefe de todas las tiendas de Estados Unidos, por haber hecho de México una de las unidades con más ganancias.

Ante la mala publicidad, los ejecutivos de la empresa afirman que ahora emprenderán investigaciones. Todo indica que la denuncia del NYT representa una mínima parte del negocio de la corrupción de Walmart, otras grandes empresas y funcionarios. El dinero mencionado parece cambio de bolsillo para una trasnacional que facturó 421 mil 849 millones dólares en 2011.

Walmart es la empresa más grande del mundo y lo ha sido por más de una década, superando a petroleras y bancos en la cima del poder económico mundial. Tiene casi el doble de ventas globales que su competidor más cercano, la cadena Carrefour.

En 2009, el negocio de ventas de alimentos y abarrotes superó por primera vez al poderoso mercado global de la energía, pasando a ser el mercado más grande del mundo. (Datos en ¿Quién controlará la economía verde? www.etcgroup.org/es) No es un rubro cualquiera. Es un mercado cautivo de toda la población global que no produce alimentos, porque nadie puede vivir sin comer. La competencia por controlar ese inmenso mercado es feroz y como vemos, no conoce escrúpulos.

Desde su actual posición, Walmart controla y ejerce una influencia brutal sobre grandes sectores de la producción, el consumo y la política. Practica una notoria política antisindical, que comenzó desde que su fundador Sam Walton anunció que la base de su negocio sería pagar salarios bajos y no pagar beneficios laborales. Siendo el empleador privado más grande de Estados Unidos y México, Walmart logró bajar significativamente los salarios medios de toda la industria. Más de 60 por ciento de sus trabajadores en Estados Unidos no tiene cobertura médica y la cifra es mayor en países del Sur.

En pocas décadas ha acumulado un historial impresionante de demandas que van desde no permitir la sindicalización de empleados a muchas otras razones cubriendo casi todo el espectro imaginable de violaciones laborales: despidos injustificados, discriminación de discapacitados y de género, trabajo infantil, falta de cobertura de salud, no pago de tiempo extra, empleo de trabajadores indocumentados, agresión contra vendedores fuera de sus locales y otras. En Estados Unidos ha sido objeto de 40 acciones de clase en diversos Estados, principalmente por discriminación de género, implicando a millones de mujeres. En México tiene el primer lugar en demandas laborales en el Distrito Federal (Laura Gómez, La Jornada, 3/5/12).

Walmart de México (Walmart, Sam’s Club, Bodegas Aurrera, Superama, Suburbia, Vips, El Portón y Ragazzi) controla más de la mitad del mercado de ventas minoristas en el país, superando a todas las otras cadenas juntas. Tiene una agresiva política para eliminar competidores en ciudades y poblaciones más pequeñas, donde se establece muchas veces contra las protestas de la comunidad. Comienza ofreciendo precios más bajos y cuando los comercios locales desaparecen, los aumenta incluso considerablemente por arriba de nivel medio. Según Walmart Watch, organización de afectados por el gigante en Estados Unidos, por cada dos empleos que genera en una comunidad, se pierden tres.

La entrada del gigante a los contratos agrícolas con pequeños productores significó la ruina de muchos campesinos de Centroamérica, que seducidos por la supuesta oportunidad, quebraron en poco tiempo debido a las demandas de uniformidad, cantidad, plazos, empaques y el control impuesto de certificadoras internacionales, quedando con grandes deudas por las inversiones que realizaron para poder entrar al juego.

Los precios bajos de Walmart se deben también a la utilización sistemática de maquiladoras en condiciones de extrema explotación. Una trabajadora de una maquila en Bangladesh dijo a los Los Angeles Times en 2003 que su horario normal era de 8 de la mañana a 3 de la madrugada, para sobrevivir con el nivel de pagos que fijaba Walmart. El gerente de esa maquila se quejó de que aún debían mejorar, porque Walmart conseguía mejores resultados en China. En efecto, ahora 80 por ciento de los productos de Walmart son producidos en China, en pésimas condiciones laborales, a costa de la calidad y en varios casos demostrados, usando productos tóxicos por ser más baratos. De todas las exportaciones chinas, 12 por ciento van a los anaqueles de Walmart.

Walmart es un caso extremo de impactos contra trabajadores, consumidores, comunidades salud y ambiente, pero no es una excepción, es la norma del sistema industrial globalizado, particularmente en alimentos. Al otro extremo de esa misma cadena, con un historial de abusos semejante, están Monsanto, Syngenta y otras. Por fortuna, la mayoría de los alimentos son producidos fuera de esas cadenas por campesinos, pastores, pescadores artesanales y huertas urbanas. Apoyar esa producción y consumir productos locales y sin químicos es fundamental para minar a estos gigantes que quieren controlar nuestra comida, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestras comunidades, nuestra vida.

* Investigadora del Grupo ETC

Reportaje sobre la represión desatada en torno al Ingenio Chabil Utzaj, recientemente adquirido por el coloso nicaragüense Grupo Pellas, en un conflicto agrario provocado por la expansión de los monocultivos

Hace un año el coloso nicaragüense Grupo Pellas asumió el control del Ingenio Chabil Utzaj, en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, Guatemala. Socios minoritarios, vendedores y arrendadores de tierras le “limpiaron la mesa”, desalojando y dejando en desamparo a cientos de familias q’eqchi’s que durante generaciones venían habitando y trabajando en sus fértiles tierras. Sus vidas están ahora en peligro y su lucha está siendo criminalizada.

Un contexto de conflicto agrario

Miles de personas con mantas y banderas flameando bajo el sol se movilizan por las carreteras que conducen a la capital guatemalteca. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos recorren más de 200 kilómetros a pie. Nueve días de marcha durante los cuales se comparten temores, esperanzas y sueños, pero también proyectos, firmes propósitos de cambio y demandas a gobernantes acostumbrados a desoír el clamor de los pueblos originarios.

“No aceptamos migajas del gobierno. Exigimos una solución inmediata a la histórica conflictividad agraria que existe en Guatemala. Una conflictividad que solo se puede resolver aprobando una Ley de Desarrollo Rural Integral, permitiendo el acceso a la tierra, deteniendo los desalojos y respetando nuestra decisión de rechazar la explotación minera, las hidroeléctricas y los demás megaproyectos. Queremos que se condone la deuda agraria que suma más de 300 millones de quetzales (38.5 millones de dólares), que se desmilitaricen nuestras comunidades y que se deje de criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y campesinos”, dijo Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), durante la Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral, realizada en marzo de 2012.

Esta movilización obligó a tres poderes del Estado, incluyendo al recién instalado presidente y ex general Otto Pérez Molina y a su gobierno, a firmar compromisos para dar solución a las diversas y profundas problemáticas agrarias que el país arrastra desde hace muchas décadas, y que se han profundizado con la masiva implementación de los monocultivos a gran escala.

Entre los puntos acordados destaca el cumplimiento con las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las 14 comunidades desalojadas violentemente hace un año en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, así como abordar con prioridad inmediata la conflictividad agraria en esta zona. En este sentido, el gobierno se comprometió a utilizar recursos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, para que no menos de 300 familias afectadas al año tengan acceso a la tierra.

También se comprometió a garantizar que las empresas de seguridad privadas contratadas por el Ingenio Chabil Utzaj, flamante nueva adquisición del coloso nicaragüense Grupo Pellas, ni cualquier otro grupo de fuerza irregular intervengan en esta área, respetando el derecho que tiene la población de no ser víctima de presiones y amenazas por parte de dichas fuerzas.

“Las demandas son claras. De no atenderlas se agudizaría más el conflicto, lo cual evidenciaría las intenciones de mantener un sistema excluyente que ha llevado a este país a situaciones de profundas contradicciones”, señala un comunicado de las organizaciones convocantes de la marcha, las cuales están pendientes de las fechas topes plasmadas en los Acuerdos.

“Limpiar la mesa” en el Polochic

Cuando el año 2005 la familia Widmann, una de las más poderosas del país y cuyo mayor exponente es Carlos Widmann Lagarde, cuñado del ex presidente guatemalteco Oscar Berger Perdomo, decidió trasladar el Ingenio Guadalupe de la costa sur de Guatemala al Valle del Polochic, dando vida al Ingenio Chabil Utzaj (Buena Caña en idioma q’eqchi’), muchas de las comunidades de etnía q’eqchi’ que vivían en la zona no sospecharon que, muy pronto, se enfrentarían al inicio de una nueva temporada de violencia y represión.

El proyecto, que incluía la adquisición de unas 3.600 hectáreas y el arrendamiento de 1.800 más para sembrar caña de azúcar, los Widmann obtuvieron un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 32 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados 28.5 millones.

La situación se precipitó cuando decenas de fincas, en cuyas tierras trabajaban y vivían cientos de familias q’eqchi’s bajo el régimen de colonato [1], entraron a formar parte de dicho proyecto de monocultivo. “Para estas personas no existe derecho alguno relacionado con el tiempo de posesión y los patronos pueden echarlos en cualquier momento. Si las familias permanecen, se les acusa de usurpación, se les desaloja y se les persigue, sin pagarles prestaciones laborales o reconocer su histórico derecho sobre la tierra que han ocupado por generaciones”, explica en una nota Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre.

Este proceso de despojo se había iniciado a finales del siglo XIX con la Reforma Liberal, al abrirse el gobierno guatemalteco a la inversión extranjera. En el valle del Polochic se concentraron los emigrantes alemanes, a los cuales se les otorgaron tierras ya ocupadas por las poblaciones q’eqchi’s. “De esa manera, los antiguos habitantes se convirtieron en trabajadores de los colonos alemanes y los que están siendo desalojados en estos días son sus descendientes. Así que el proceso de despojo viene de muy lejos, pero se profundiza más con la introducción de los monocultivos de palma africana y de caña de azúcar”, dijo Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del CUC.

Según el dirigente campesino, el interés de los Widmann y del Ingenio Chabil Utzaj S.A. por comprar tierra en el Valle del Polochic generó un mecanismo perverso de incentivo a la venta o arrendamiento de fincas, muchas de ellas de pertenencia muy dudosa como, por ejemplo, las grandes extensiones de tierras que pertenecieron al terrateniente Flavio Monzón, uno de los principales responsables de la masacre de Panzós del 29 de mayo de 1978, y que heredó a sus hijos.

El resultado fue el desalojo masivo de los mozos colonos que durante generaciones enteras venían habitando y trabajando parte de dichas fincas. “Los supuestos propietarios comenzaron a sacar a las comunidades, pese a que con muchas de ellas ya tenían negociaciones avanzadas para la adquisición de la tierra. Prefirieron vender o arrendar a las grandes compañías y para hacerlo tuvieron que ‘limpiar la mesa’, desalojando a todas estas familias que reclaman derechos históricos sobre las tierras”, aseveró Barrientos.

Monocultivos y hambre

Laura Hurtado, sociologa, investigadora y profunda conocedora de los impactos que genera la expansión de los monocultivos para la producción de agrocombustibles en Guatemala, asegura que existe una relación directa entre este fenómeno y la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria de la población.

En el estudio “Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala”, Hurtado explica que “la pérdida de tierras destinadas anteriormente a la producción de alimentos a causa de la expansión sin precedentes de las plantaciones destinadas a la producción de agrocombustibles, principalmente de palma africana y caña de azúcar, está cambiando de manera acelerada la fisonomía del agro guatemalteco y conlleva una merma considerable en la producción nacional de granos básicos y alimentos, misma que ha venido siendo debilitada de manera sistemática por las políticas neoliberales de los últimos años”.

En efecto, en la última década, Guatemala pasó de ser un país autosuficiente en términos alimentarios, a un país dependiente de la importación de alimentos. Según datos de FAOSTAT, entre 1990 y 2005 la producción nacional de trigo se redujo en 80.4 por ciento, la de frijol en 25.9, la de arroz en 22.7 y la de maíz en 22.2 por ciento.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalla que hasta 2003, 49 fincas se dedicaban a la producción de palma africana con una superficie total de 31,185 hectáreas (has). La Encuesta Agropecuaria 2007 estableció que para ese año el número de fincas destinadas a este producto habría aumentado a 1,049 y la superficie cultivada se habría extendido a 65,340 has. En 2011 se estima que el área sembrada de palma africana se acercó a las 100,000 has, con una producción de 140 mil toneladas métricas anuales de aceite.

En cuanto a la caña de azúcar, el estudio de Hurtado revela que en 2003 la producción nacional abarcaba una extensión total de 188,775 has. Solo el departamento de Escuintla, en la costa sur del país, concentraba el 87 por ciento de la producción total. Para 2007, la Encuesta Agropecuaria estimó que la producción de caña de azúcar habría crecido en un 1.55 por ciento, aumentando a nivel nacional la superficie destinada a este cultivo a 260,896 has, datos que se mantuvieron estables durante los siguientes años.

Hurtado explica también que la producción y el procesamiento, tanto de palma africana como de caña de azúcar, se encuentran altamente concentrados en muy pocas empresas y corporaciones [2], lo cual genera procesos de concentración y reconcentración de la propiedad agraria, agudizando de esa manera la problemática del acceso a la tierra para las y los campesinos.

“Son procesos que expulsan a las comunidades, suprimen importantes áreas anteriormente destinadas a la producción de granos básicos y alimentos en general, eliminan la cobertura boscosa y generan movimiento de tierras, drenaje y desecado de pantanos, lagunas y otras fuentes de agua. Es decir, hay una mayor fragmentación o bien la eliminación total de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad”, apunta la investigadora guatemalteca.

Para Barrientos, ese modelo de monocultivo gozaría del apoyo y complicidad del Estado y de los grandes medios de comunicación. “Hay una efectiva criminalización de la lucha y protesta social a través de la persecución judicial, la descalificación de las demandas campesinas y las campañas de desprestigio contra los líderes y dirigentes campesinos, por parte de los medios de comunicación que están al servicio de las empresas y las transnacionales. De esa manera pretenden crear una opinión pública que condene las luchas por el acceso a la tierra y quienes las encabezan, legitimando el saqueo de los recursos naturales que impone el modelo neoliberal en todo el continente ”, apuntó el secretario ejecutivo del CUC.

Una situación que Hurtado considera contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz (1996), donde el Estado se comprometió a promover la democratización de la tenencia de la tierra y el acceso de los campesinos a ella. “Lo que ocurrió en el Valle del Polochic con la venta de las tierras a las empresas agroindustriales –como el Ingenio Chabil Utzaj S.A. (Widmann-Grupo Pellas) o Palmas de Desarrollo S.A. PADESA y Grasas y Aceite S.A. (Grupo Maegli)– ha sido un alineamiento de las políticas institucionales del Estado y los recursos de las instituciones financieras internacionales a los intereses de dichas empresas, en detrimento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población campesina”, afirmó Hurtado a ALBA SUD/Rel-UITA.

La investigadora subrayó también que, si bien la siembra de caña y palma africana es hoy en día destinada a la producción de azúcar, melaza, bebidas alcohólicas, aceites y grasas comestibles e industriales, lo que verdaderamente ha estimulado el proceso de acaparamiento de tierras es el creciente y prometedor mercado internacional del biodiésel y del etanol.

“Puede ser que ahora el precio internacional sea bajo y que a las empresas les convenga más otro tipo de producción, sin embargo es evidente que estas grandes inversiones apuntan al mercado de los agrocombustibles”, aseguró.

Desalojos y muerte

En la carretera hacia Cobán, el desvío de San Julián nos abre paso hacia el Valle del Polochic. Bajando de las montañas a través de un camino tortuoso llegamos a costear el río Polochic, uno de los principales ríos de Guatemala que atraviesa varios municipios del sur de Alta Verapaz y desemboca en el lago de Izabal.

A medida que avanzamos hacia el fondo del valle nos adentramos por caminos de tierra que se abren entre inmensas extensiones de caña de azúcar y palma africana. De vez en cuando, entre las palmas se miran pequeñas siembras de maíz. “Son los terratenientes que dan permiso a los campesinos para que siembren su milpa. A cambio les exigen limpiar las palmeras sin pagarles nada y de esa manera explotan la mano de obra local y ahorran costos”, explica S.C., que en el Valle del Polochic ha nacido, se ha criado entre represión y desalojos y que ahora es activista del CUC.

Como muchas de las personas que tuvieron el valor de intercambiar sus historias con este corresponsal, S.C. prefirió mantener el anonimato “porque los sicarios andan por todos lados”, asegura.

Después de haber logrado el préstamo del BCIE y haber iniciado una fase de experimentación de la siembra de azúcar, el proyecto del Ingenio Chabil Utzaj fracasó. En 2010, el Banco Industrial (BI), fiduciario del fideicomiso de garantía, puso en subasta 37 fincas y todas las maquinarias,sobre un precio base de 30.2 millones de dólares. Además, el Ingenio acumuló una fuerte deuda con la municipalidad de Panzós en concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que nunca pagó.

Pese a que la subasta fuera cancelada temporalmente por un recurso interpuesto por el propio Chabil Utzaj S.A., la noticia dio nueva esperanza a las cientos de familias que habían venido sufriendo represión y desalojos durante los últimos años.

“Varias organizaciones acudimos al BCIE y al gobierno para presentar una propuesta, en la que el Estado asumiría la deuda y desarrollaría un programa ambicioso para atender la demanda de acceso a la tierra de las familias campesinas. Sin embargo no fuimos tomados en cuenta y las comunidades volvieron a recuperar las tierras y a sembrar alimentos”, explicó Hurtado.

Ante la presión de las familias q’eqchi’s para volver a vivir en las tierras sobre las cuales reclaman derechos históricos, en marzo de 2011 se abrió una mesa de negociación y los Widmann hicieron una propuesta de trasladar las comunidades a otros lugares. Aparentemente, a los terratenientes y a las autoridades gubernamentales y judiciales no les importó que las familias presentaran una contrapropuesta, antes bien iniciaron un desalojo violento de 14 comunidades.

La represión inició el 15 de marzo y fue llevada a cabo por más de mil efectivos, entre militares y policías, y con la participación de miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. Fue brutal y prolongada, culminando días después con la expulsión de unas 800 familias, la destrucción y quema de viviendas y cultivos y un saldo de un campesino asesinado, Antonio Beb Ac, de la comunidad Miralvalle, y varios heridos y detenidos.

Una vez “limpia la mesa”, el BCIE anunció la reestructuración del préstamo a los propietarios del Chabil Utzaj por más de 20 millones de dólares, supuestamente “para dinamizar un área vulnerable que tiene índices de pobreza de 84.1 por ciento y 41.2 por ciento de pobreza extrema”, se lee en una nota de la revista económica digital CentralAméricaData. Paralelamente, los Widmann hicieron pública la incorporación de la compañía Guatemala Sugar State Corp. –un vehículo de inversión del Grupo Pellas en la zona– como nuevo inversionista del proyecto.

En junio de 2011, directivos de la empresa oficializaron la adquisición por parte del Grupo Pellas del 88 por ciento del paquete accionario de Chabil Utzaj S.A., así como una inversión multimillonaria durante el bienio 2011-2012, que incluye el desembolso de entre 30 y 40 millones de dólares para un proyecto de generación eléctrica de 12 MW.

“Existe una relación muy estrecha entre los desalojos del año pasado, la reactivación del proyecto del Chabil Utzaj y la inversión multimillonaria del Grupo Pellas. El proyecto estaba en quiebra y estaban subastando las fincas para pagar las deudas. Con estos brutales desalojos los Widmann logran salir a flote y el Grupo Pellas recibe un producto ‘limpio’ y sin fincas ocupadas, elemento necesario para implementar su plan de expansión de monocultivos y negocios en Centroamérica”, dijo el secretario ejecutivo del CUC.

Pese a los repetidos intentos por contactar al Grupo Pellas en Nicaragua, la realización de varias llamadas y el envio de correos electrónicos al área de comunicación solicitando su versión de los hechos, la empresa hizo caso omiso a nuestra solicitud.

Medidas cautelares

Después de los desalojos y quedando sin casa ni alimentos, miles de personas desamparadas comenzaron a deambular por la zona, en búsqueda de apoyo. En muchas ocasiones fueron objeto de represalias, hostigamiento, persecución, amenazas y hasta asesinato [3]. “Fueron desalojos violentos, desproporcionales e irracionales, en clara contravención de los estándares internacionales en materia de desalojos y que significaron una evidente violación a los derechos humanos de las familias q’eqchi’s. Ante esta situación y la participación directa de los cuerpos de seguridad privada del Chabil Utzaj en la represión, varias organizaciones [4]decidimos solicitar medidas cautelares ante la CIDH, constituyéndonos como peticionarios y solicitando que se detuvieran los desalojos y se atendiera a la población que se había quedado sin nada”, dijo Martha García, abogada y coordinadora de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).

El 20 de junio 2011, la CIDH resolvió favorablemente y solicitó al recién instalado gobierno guatemalteco adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades, así como medidas humanitarias –incluyendo alimentación y albergue– concertándolas con los beneficiarios y sus representantes. Finalmente, la CIDH solicitó al gobierno informar sobre las acciones adoptadas por el Estado a fin de investigar el cumplimiento de las medidas mismas.

Pese a la urgencia de la situación, García asegura que lo dispuesto por la CIDH solo se ha cumplido en una mínima parte por la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH).

“El Estado quiso realizar un censo para identificar a las familias beneficiarias y finalmente desconoció los datos que habíamos reportado a la CIDH, en cuanto a la cantidad de familias y a la necesidad de viviendas. En octubre tuvimos que volver ante la CIDH para plantear la necesidad de empezar de inmediato con la distribución de alimento por una periodo mínimo de cinco meses”, explicó García.

La respuesta del Estado no llenó las expectativas. El COPREDEH entregó cantidades mínimas de alimento, incompletas y de mala calidad y sólo durante tres meses. Actualmente, las organizaciones peticionarias no han logrado volver a reunirse con los funcionarios del Estado y las entregas de alimentos fueron suspendidas. Tampoco se pudo avanzar en materia de vivienda y seguridad de las comunidades.

“En el informe que envió a la CIDH, el COPREDEH asegura haber cumplido con las medidas cautelares, lo cual es totalmente falso. En nuestro informe pedimos a la CIDH que mantenga las medidas y que se pronuncie sobre el tema del acceso a la tierra. Para nosotros es evidente que si bien la responsabilidad de lo que está ocueriendo es del Chabil Utzaj, el Estado está contribuyendo a que pueda actuar en total impunidad y en flagrante violación de los derechos humanos”, concluyó la abogada.

“Que se vayan del Polochic”

Después de haber dejado atrás las instalaciones del Chabil Utzaj y los cañaverales que se pierden mucho más allá de la imperceptible línea del horizonte, llegamos a la comunidad 8 de Agosto, donde se han reunido varios miembros de las comunidades desalojadas el año pasado. La gente se acerca con temor. Pregunta a mi guía y traductor el objetivo de la visita. Hablan entre ellos, mientras decenas de niños y niñas miran curiosos.

Finalmente deciden hablar. Nos refugiamos entre la pared de un edificio y el vehículo parqueado para que nadie nos mire, sobre todo los guardias de seguridad del Chabil Utzaj, muchos de ellos ex militares y policías que han participado en los hechos sangrientos de los años 80. Poco a poco la gente toma confianza, se acerca, comienza a hablar y el río de palabras sale de forma impetuosa, imparable.

“Mi familia y yo sufrimos tres desalojos entre 2008 y 2011. Llegaron cientos de policías, militares y miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj y nos desalojaron a pura fuerza. Quemaron todo y destruyeron nuestros cultivos, dejándonos sin nada. Tampoco han cesado las amenazas y la persecución. Nos acusan de invasores y en mi caso tengo una orden de captura por usurpación agravada de tierra y siquiera puedo salir a buscar trabajo. Sin embargo no somos nosotros los que hemos llegado a invadir la tierra donde nacimos y nos criamos. Es ahí que queremos vivir, cultivar nuestros alimentos y por eso tenemos que seguir luchando, sino ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?”, dijo J.M.C.C. de la comunidad de Bella Flor.

O.B., una joven muchacha q’eqchi’ de la comunidad de Río Frío, el recuerdo del último desalojo lo tiene impreso en lo más profundo de su mente y sus ojos se humedecen. “La mañana del desalojo salí temprano y fui a la huerta a recoger frijoles para dar de comer a mis hijos. De repente vinieron a avisarme que estaban desalojando la comunidad de Agua Caliente y comprendimos que pronto nos iba a pasar lo mismo. Los militares y los guardias del Ingenio nos dieron pocos minutos para sacar algunas de nuestras pertenencias y quemaron todo. Se burlaban de nosotros y nos decían que nada teníamos que hacer ahí porque eramos invasores”, recordó entre sollozos.

A O.B. le duele mucho recordar esos momentos, pero el dolor se transforma en desesperación cuando piensa en sus 5 hijos que se encuentran en un estado de desnutrición grave. “Ha pasado un año y el Estado no ha cumplido con lo que prometió. No somos nosotros los invasores, sino estos millonarios que vienen de otros países a sacarnos de donde nuestras familias viven desde hace siglos. ¡Que nos dejen en paz! Porque no estamos pidiendo limosna, si no que se respete nuestro derecho a la tierra para cultivar nuestros propios alimentos, porque no nos alimentamos con de azúcar, ni mucho menos con palma africana”, concluyó.

Las familias de la comunidad 8 de Agosto volvieron a recuperar las tierras después del desalojo y con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas el CUC y la Fundación Guillermo Toriello, están impulsando un proyecto de viviendas que cambiaría su vida. Según varios documentos en manos del CUC, estas tierras serían del Estado y ya se presentó demanda para que se las adjudique a la comunidad.

“Es absurdo pensar que fuimos desalojados sólo por el hecho de que nuestra comunidad fue incluida en una lista, que fue preparada por los mismos Widmann y que ni siquiera fue consultada con la orden de desalojo del juez. Entraron cientos de policías, militares, guardias privados del Chabil Utzaj y cuadrillas contratadas para arrasar con nuestros cultivos. Ya no aguatamos tanta violencia y estamos volviendo a vivir los momentos oscuros de los años 70 y 80”, dijo A.P. de la 8 de Agosto.

J.T. y G.T., ambos de la misma comunidad, aseguran haber sido repetidamente hostigados y amenazados por miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. “Lanzan piedras a las casas, nos disparan y hasta trataron de secuestrar a nuestros dos hijos. Pedimos que a nivel internacional se presione a los Widmann, a los Pellas y al gobierno para que nos dejen vivir en paz, porque sólo han traído más pobreza, dolor y hambre”, dijo la pareja q’eqchi.

“Donde fue…”

Nos adentramos en los cañaverales y recorrimos no sé cuantos kilómetros para llegar a lo que queda de la comunidad Paraná. Durante el largo recorrido, S.C. señaló el punto donde hace un año surgían las comunidades que fueron brutalmente desalojadas: Midalvalle, El Recuerdo, La Tinajita, Paraná. Ahora, la caña de azúcar oculta cualquier recuerdo de aquellos asentamientos. Hoy en día nadie podría percatarse de que ahí, en estos terrenos, cientos de familias vivían su vida libremente.

“Cuando se prepara para un desalojo, el Ingenio anuncia por las radios locales que va a necesitar de personal para integrar cuadrillas de trabajo. Reúnen hasta 300 ó 400 personas y las llevan a las comunidades para destruir los cultivos con el machete. Después, siempre con la protección de la policía y mientras los cuerpos armados desalojan a la gente y queman las casas, empleados del Ingenio pasan con las máquinas para revolver el terreno y sembrar caña de azúcar. Aprovechan de la miseria de la gente para encomendarles el trabajo sucio. En poco tiempo ya no hay rastros de la vida que animaba a estas comunidades”, explicó S.C.

En Paraná nadie nos está esperando. A la orilla de un camino de tierra están las champas semi-destruidas donde las familias se reubicaron después del desalojo. Los guardias privados del Chabil Utzaj atacaron nuevamente hace unos meses y dispersaron a la gente.

Mientras esperamos en el vehículo se acerca un hombre. Nos mira de reojo, hace preguntas a nuestro conductor, vuelve a mirarnos. Es el jefe de los guardias de seguridad de la zona. La gente se asusta y avisa por celular que nos vamos a reunir en otro lugar. Nos movilizamos hacia la zona de las champas y ahí, rodeados de caña, comienzan a llegar algunos de los miembros de la Paraná.

“Destruyeron y quemaron todo, incluso 48 manzanas de maíz y frijoles y 80 sacos de mazorcas que teníamos almacenados. Nos trasladamos a vivir a la orilla de la carretera, pero a la semana llegaron los militares y los guardias a dispararnos e hirieron a dos compañeros. Dicen que es mentira que hubo muertos y heridos, pero aquí están las balas con las que nos persiguen y asesinan”, dijo F.C., enseñándome varias balas de armas de grueso calibre, supuestamente abandonadas en el lugar después de los ataques, y varios orificios de bala que destruyeron el techo de lamina de las champas.

Tanto para F.C. como para su suegro R.T., las familias de la comunidad de Paraná van a seguir defendiendo su derecho de vivir en paz en las tierras que fueron de sus antepasados, donde sus abuelos derramaron su sangre durante el conflicto de los años 70 y 80.

“Más allá, al fondo, está todavía una fosa común donde enterraron la gente de Paraná que fue masacrada por los militares después de haber sido desalojada en los 80. Hoy en día estamos viviendo el mismo horror, solo por el hecho de estar recuperando la tierra donde nacimos y que nos fueron sustraídas. Ahora no tenemos donde vivir, con qué alimentarnos y somos constantemente amenazados. El asesor legal del Chabil Utzaj está haciendo de todo para dividir a la gente, diciendo que somos invasores y que nadie debe ayudarnos. El gobierno no nos está ayudando y ya no nos están entregando comida. Nuestros mártires han muerto luchando por la tierra y es lo que vamos a seguir haciendo, pero necesitamos de una solución ya y de que de una vez paren la represión y los asesinatos”, dijo R.T

También en la comunidad Inup/Agua Caliente, la violencia fue brutal. Según cuentan M.M. y M.E.P. las 78 familias que integraban la comunidad fueron desalojadas sin piedad a punta de disparos, golpes y gas lacrimógeno, con un saldo de varios heridos. “Necesitamos de tierra para sembrar nuestra comida, tal como lo hicieron nuestros abuelos aquí en el valle del Polochic. Ahora llega el Ingenio y pretende arrebatarnos todo. Llega con guardias de seguridad que son muy violentos y nos persiguen en todo momento. La gente hasta tiene miedo de salir a la calle por temor de ser asesinada. ¿Por qué nadie investiga lo que ha ocurrido? ¿Por qué de tanta impunidad”, se preguntó M.M.

Ante tanta desprotección se espera que la presión internacional y la contundente marcha campesina, indígena y popular del mes pasado logren algún resultado concreto.

“Estas empresas hostigan, persiguen y reprimen a nuestra gente. Es necesario que el gobierno cumpla con los Acuerdos de Paz en cuanto a la tenencia de la tierra y al financiamiento para los campesinos. No es posible que sólo beneficie a los millonarios, porque la madre tierra debe servir para los pueblos y no para una sola persona que siembra monocultivos. Lamentablemente, lo que vemos ahora es más pobreza extrema y desnutrición, porque la palma y la caña no nos alimentan. Lo que el pueblo necesita es de nuestra sagrada tortilla, de nuestro sagrado frijol. Como pueblos indígenas tenemos que rescatar nuestra tierra y nuestros recursos naturales”, concluyó G.A.C de la comunidad Papal Ha.

Fuente original: http://www.albasud.org/blog/es/283/valle-del-polochic-ni-la-cana-de-azucar-ni-la-palma-africana-nos-alimentan

Notas:

[1] El colonato es un sistema donde a los trabajadores, llamados “mozos colonos”, se les concede el usufructo de una parcela que se va heredando de padres a hijos.

[2] Según Laura Hurtado el cultivo de la palma africana descansa fundamentalmente en seis grandes productores, mientras que la cañicultura se concentra en quince ingenios azucareros, algunos de los cuales extienden su radio de operaciones a otros sectores productivos y geográficamente a Centroamérica y Sudamérica.

[3] El 21 de mayo 2011, guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj asesinaron a Oscar Reyes, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y de la comunidad Canlun. En el ataque se reportaron cinco campesinos heridos de gravedad, identificados como Santiago Soc, Mario Maquin, Miguel Choc, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax. El día 4 de junio 2011 fue asesinada a balazos María Margarita Chub Ché, lideresa de la comunidad de Paraná, municipio de Panzós, por hombres fuertemente armados que llegaron en una moto y le atacaron en el patio de la casa en donde se encontraba.

[4] Unión Latinoamericana de Mujeres por el Derecho a Defender Nuestros Derechos (ULAM), Fundación Guillermo Toriello (FGT), Comité de Unidad Campesina (CUC), Equipo Comunitario para Acción Psicosocial (ECAP) y Derechos en Acción (DA).

www.albedrio.org

La crisis económica significa, entre muchas otras cosas, que el término capitalismo se ha vuelto muy actual. Se puede decir que el sistema capitalista está en problemas cuando se habla reiteradamente de él. Así lo señala el crítico inglés Terry Eagleton, y añade: Esto indica que el sistema ha dejado de ser tan natural como el aire que se respira y puede, en cambio, ser visto como el reciente fenómeno histórico que es en realidad. Es más, todo lo que nace puede morir, por eso los sistemas sociales pretenden presentarse como inmortales.

La cuestión es interesante y oportuna. Requiere que se desempolven las ideas, se aclaren y ponderen, que se formulen otras de manera novedosa y conforme al tiempo que corre y a las sociedades tal y como son.

Pero en este terreno vamos retrasados con respecto a las secuelas profundas que está dejando la crisis. Y, además, aún está por provocar grandes repercusiones adversas –y de largo plazo–, en sociedades del mundo en las que el progreso material, el acceso más amplio al consumo y a un conjunto de satisfactores no ha podido sacar de la fragilidad. Eso ocurre hoy con las clases medias más solventes.

Hay, por supuesto, discusiones relevantes pero aún se les mantiene en el margen de un forcejeo en el que predomina en la práctica el pensamiento más ortodoxo y conservador.

El quiebre del sistema en 2008, provocado por la brutal expansión del endeudamiento público y privado, se ha enfrentado con medidas que generan un impacto social muy negativo. Así ocurre en Estados Unidos y, de manera más palmaria, en Europa.

En la Unión Europea se ha constituido una verdadera cofradía de ajustadores y no precisamente de cuentas financieras como quieren presentarse, sino de la sociedad misma. El ajuste presupuestal –muy inequitativo– es el instrumento, la población es la materia en la que se manifiesta.

Los promotores del ajuste a ultranza no están pensando ni actuando como políticos de envergadura, no se les ocurre nada que vaya más allá de un duro enfrentamiento con la gente. Uno de cada cuatro españoles, para tomar un caso sobresaliente, que no único, está desempleado. Se reducen de modo contundente los derechos que supusieron ya adquiridos: condiciones laborales, salud, educación, un ingreso para mantenerse.

Lo primero es alcanzar prontamente el déficit público cero y cumplir con las deudas contraídas en los términos que satisfagan al mercado que, por cierto, no es un ente abstracto. No importa que buena parte de lo que hoy se debe se haya generado por el efecto mismo de la crisis.

No hay un criterio que delimite las obligaciones de un lado y las exigencias del otro. El proceso de desendeudamiento es desordenado; el Estado es un recolector de tributos. Los bancos comerciales están llenos de cuentas malas. Las quiebras nacionales también son desordenadas, como en Grecia, Irlanda y Portugal y, según parece que será en España. No habrá dinero que alcance, lo emita el Banco Central Europeo o se allegue el FMI.

La desigualdad se ha instaurado como un asunto clave incluso en las economías más ricas. La pobreza es relativa y cambiante, pero no se elimina. Estos fenómenos puede verse desde la perspectiva de la justicia, pero también de la ineficiencia sistémica y las posibilidades del crecimiento. Hay un dilema intergeneracional tanto en el periodo de expansión como en el de recesión, que termina siendo explícito. En ambos hay ajustes sociales.

El ingreso, del que se deriva el consumo necesario para alentar la inversión productiva, proviene del trabajo. Es la demanda la que cuenta. De ella proviene finalmente el crecimiento de la economía. El empleo lo generan mayoritariamente los pequeños negocios y no, como se insiste, las grandes empresas o los más ricos. Esa es la base del entramado del mercado y de la subsistencia de la mayoría de la población. La reciente apología de Walmart hecha por el gobierno mexicano puede ser cuestionada en muchos sentidos.

Debe advertirse, empero, que no es clara y menos aun contundente la reacción de los ciudadanos. En Lisboa miles de personas marcharon por la Avenida da Liberdade, en conmemoración de la Revolución de los Claveles, para protestar contra los recortes impuestos por el gobierno de centro derecha electo hace unos meses. En Francia la mayoría de los votos en la primera vuelta electoral de hace unos días fue para los partidos de la derecha de Sarkozy y Le Pen.

En la segunda etapa puede ganar el socialista Hollande y, tal vez, empezar a modificar las pautas de la gestión económica impuesta desde Alemania. Merkel apenas admite la necesidad de la recuperación del crecimiento. En España los populares recibieron un amplio mandato y actúan en consecuencia y hay que admitir que con mucha convicción; ajustan sin medida todo lo que pueden. La geografía y la dinámica social de la crisis aparecen hoy de modo muy accidentado.

Del lado de los economistas, las alternativas de pensamiento y las medidas propuestas contra la crisis no se imponen. Esta se ha hecho una disciplina endogámica y en la que persisten diferencias esenciales en torno a la operación de los mercados y, por lo tanto, sobre cuestiones clave como son las relativas al dinero y al crédito (véase el artículo de Alejandro Nadal en estas páginas el 12 de abril).

En 1931 el debate de Keynes y Hayek fue categórico, entre la intervención activa y el reordenamiento natural de los mercados. Conviene revisarlo. En 1933 Roosevelt anunció la puesta en marcha de su política del New Deal. A principios de la década de 1980 se instauraban las políticas de desregulación de los mercados lideradas por Thatcher y Reagan. Estas llegaron a su máxima expresión en la década de 2000 y donde dolió más: el sector financiero.

-tomado de la Jornada México

España se hunde de nuevo en la recesión. Es el último golpe a la economía europea en lo que promete ser una larga cadena de malas noticias. La crisis nunca se ha ido.

El anuncio sobre la recaída del PIB lo hizo el Instituto Nacional de Estadística: la economía española se contrajo 0.3 por ciento durante el primer trimestre de este año (ver detalles en www.ine.es). En el último trimestre de 2011 el retroceso también fue de 0.3 por ciento: la economía española ha entrado ya oficialmente en recesión.

Es la doble recesión. En 2008 la economía española comenzó su primera contracción: la evolución del PIB pasó de una tasa de crecimiento anualizada de 2.8 por ciento a una tasa de -4.8 por ciento a mediados de 2009. Por un momento algunos pensaron que la crisis había tocado fondo. En julio de ese año el PIB comenzó a salir del bache y creció a una tasa de uno por ciento a mediados de 2011. Ahí reinició la declinación hasta llegar a la segunda recesión en tan sólo 24 meses. Los pronósticos no son buenos para los próximos dos años: para 2012 y 2013 se prevén contracciones de 1.5 por ciento y 0.5 por ciento, respectivamente.

Decididamente algo anda muy mal con esta crisis. Alguien dijo que quizás su gravedad ha sido subestimada, o quizás la respuesta de política económica fue equivocada. Creo que son ambas cosas. Pero el único juego que se practica en Europa es la austeridad. Como la aritmética no miente, mañana el panorama será más oscuro.

El desempleo en España casi alcanza el 25 por ciento. Es el nivel más elevado en 18 años y coloca a más de 5.6 millones de personas en el paro. En cuatro de las regiones autónomas el nivel de desempleo es superior a 30 por ciento, y a nivel nacional el paro en menores de 25 años es 52 por ciento. Eso no parece preocupar al gobierno del señor Rajoy. Su severo plan de austeridad ciertamente va a agravar este triste paisaje en el mercado laboral. Su cerebro no da para entender que eso traerá aparejadas otras dificultades macroeconómicas en un feroz círculo vicioso.

La primera consecuencia de la nueva recesión será una caída en la recaudación. Eso hará más difícil alcanzar las metas de reducción del déficit que ya se han tenido que modificar. Los mercados financieros no van a titubear en bajar el grado de calificación sobre la deuda española, lo que incrementará el costo del refinanciamiento. El gobierno ha dado señales de querer incrementar el impuesto al valor agregado, además de mantener firmes sus recortes salariales y golpes a las pensiones, lo que representa un nuevo azote a la ya débil demanda de los consumidores.

Una segunda consecuencia de la contracción es la merma en la capacidad de pago de las deudas que ya cargan los hogares españoles. Esto ya se observa en el aumento de la cartera vencida de préstamos, en especial de hipotecas, y eso supone que en algún momento el gobierno español tendrá que intervenir para rescatar a los bancos.

La semana pasada las agencias calificadoras mostraron lo que saben hacer, denunciar con alarma las posibilidades de impago para ahuyentar el espectro de una restructuración de deudas (aunque en Grecia les salió el tiro por la culata). Standard & Poor’s redujo la calificación sobre la deuda soberana de corto y largo plazo del Reino de España. La agencia explicó la medida por el deterioro en la trayectoria del déficit para el periodo 2011-2015, así como por la probabilidad de que el gobierno intervenga para ayudar a un sector bancario en dificultades. Algunos analistas colocan el monto de la ayuda que necesitará el sector bancario en unos 120 mil millones de euros para este año.

Ahora se presenta el desafío de la recapitalización de los bancos y eso representa un serio problema para el gobierno. A diferencia de 2008, hoy el gobierno se encuentra en una situación complicada. Una forma de reunir recursos es colocando deuda en el mercado internacional, pero eso será costoso e implica un mayor deterioro en la posición crediticia del gobierno, agravando la crisis de la deuda soberana y afectando negativamente los estados financieros de los bancos que obtengan los nuevos bonos.

Hay que aceptar que la flexibilización de la política monetaria del Banco Central Europeo a través del programa de refinanciamiento de largo plazo (LTRO) es insuficiente frente a la ola de austeridad que la torpeza y cobardía de la clase política impuso en toda Europa. Aunque los bancos pueden ahora tomar recursos del ECB durante tres años a una ridícula tasa (1 por ciento) eso no les ha permitido superar las dificultades de una economía en plena contracción. En plena deflación, ni los hogares ni las empresas quieren tomar nuevos créditos.

Europa se enfrenta a un doble efecto: por un lado el potente freno de la austeridad, y por el otro, el seudomotor de la liquidez en aumento por las operaciones del BCE. El resultado es evidente: la milagrosa receta de austeridad está ganando y conduce a una bancarrota anunciada y al sacrificio de una generación.

Tomado de La Jornada

Vicenç Navarro

El pensamiento neoliberal y la aplicación de sus políticas han dañado durante muchos años el bienestar y calidad de vida de las clases populares de los países de la Unión Europea, incluyendo España. La desregulación de los mercados laborales y de los mercados financieros, la privatización de los sectores claves de la economía, la reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social, y la dilución de la protección social han sido las constantes en las políticas promovidas en la Unión Europea por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea, por el Consejo Europeo, y al otro lado del Atlántico por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Tal pensamiento también dominó América Latina durante muchos años cuando, país tras país, se vio la imposición de tales políticas que causaron un gran malestar y agitación social entre sus clases populares, lo cual explica las represiones que los gobiernos de aquel continente tuvieron que realizar para imponerlas. El caso de Chile bajo el General Pinochet fue el caso más extremo, pero no fue el único. Toda una retahíla de gobiernos, algunos dictatoriales, otros escasamente democráticos, de cariz autoritario, impusieron tales políticas a un coste humano y económico elevadísimo. El Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington ha comparado indicadores económicos y sociales de América Latina antes y después de aquella época y la comparación es claramente negativa para la época neoliberal (caracterizada por un menor protagonismo del Estado), y no sólo en relación a su crecimiento económico, sino también en el crecimiento del Estado del Bienestar y de la protección social. (ver Navarro, V. Los “malos” gobiernos populistas latinoamericanos, 20 de enero de 2012 en www.vnavarro.org).

Ahora bien, aunque estas políticas neoliberales continúan siendo las dominantes en la Unión Europea, no es así en América Latina donde, con la excepción de Colombia (el país del mundo que tiene mayor número de asesinatos de sindicalistas) y algún otro país, pocos, tales políticas han dejado de dominar sus vidas económicas y sociales. Una de las primeras rupturas con el neoliberalismo fue el gobierno de Argentina que, en 2001, rompió la paridad que la moneda argentina tenía con el dólar. Aunque Argentina tenía moneda propia, el peso, en la práctica la fijación de tal moneda con el dólar estadounidense implicaba que no tenía potestad para cambiar su valor, perdiendo con ello uno de los instrumentos más importantes para estimular la economía, mediante la devaluación de la moneda. Tal fijación peso-dólar había conducido a Argentina (durante el periodo 1998-2001) a tener la mayor recesión conocida en su historia. Fue en aquel periodo, durante los gobiernos del neoliberal y corrupto Menem y de Fernando de la Rúa, cuando el Ministro de Economía argentino indicó con toda franqueza que el éxito de su política económica dependería más del Ministerio del Interior (encargado de la Represión) que del de Economía. Pero la ciudadanía no aguantó. El resultado fue que el gobierno Argentino rompió la paridad de su moneda con el dólar, desoyendo así la voz del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado su “ayuda” a tal fijación del peso argentino al dólar. Lo que Argentina hizo sería comparable a que España dejara el euro.

Como era de esperar, la reacción unánime del FMI, del Banco Mundial, de los establishments europeos y del gobierno federal de EEUU, fue de condena, señalando que tal medida sería un desastre para Argentina. La devaluación de la moneda significaría, según tales establishments, que el valor de la deuda pública argentina sería menor, pagándose a los acreedores menos de lo que estos esperaban. De ahí que concluyeran que a Argentina le sería imposible pedir dinero prestado de los mercados financieros, colapsando con ello su economía. Pues bien, todos aquellos establishments erraron en sus pronósticos. A partir de entonces, Argentina creció enormemente (fue el país que creció más rápidamente en Latinoamérica), reduciendo la pobreza, incluyendo la pobreza extrema y aumentando tres veces su gasto público social durante el periodo 2001-2010. No sorprendentemente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner –odiada por los neoliberales- fue reelegida en las últimas elecciones legislativas por un 54% de votos.

La nacionalización de la compañía petrolera argentina

Pero este proceso de ruptura con el neoliberalismo en Argentina ha continuado con la nacionalización de la compañía petrolera YPF, la cual había sido privatizada durante el periodo neoliberal del gobierno Menem, cuando Repsol, la compañía petrolífera española, pasó a tener el 57% de sus acciones. Con tal nacionalización, el gobierno argentino pasará a tener el 52%, controlando tal compañía. Como era de esperar, el gobierno de España, las élites que dirigen la Unión Europea y el FMI, los paladines del neoliberalismo, han condenado tal medida, augurando un desastre para Argentina. Una voz histriónica en este sentido ha sido predeciblemente la del Sr. Xavier Sala i Martín, “Repsol és només el principi” (“Repsol es sólo el principio”), La Vanguardia (23.04.12). El argumento que utilizan es que Argentina no encontrará instituciones que le presten dinero ni experiencia técnica para expandir la producción del petróleo en aquel país. Lo mismo se dijo, por cierto, cuando el presidente Hugo Chávez nacionalizó una serie de compañías extranjeras (cemento, acero y otros sectores), incluyendo algunas de EEUU; y cuando el presidente Morales de Bolivia nacionalizó las compañías del petróleo y producción de gas, telecomunicaciones y electricidad; y cuando el presidente Rafael Correa del Ecuador, nacionalizó las compañías de distribución del plátano. Pues bien, ninguno de los vaticinios de desastre se ha cumplido. Uno de los vaticinadores fue Moisés Naím, colaborador de El País y que fue en su día miembro del equipo económico del presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, que promovió el neoliberalismo en aquel país, y que ahora concluye que tales medidas en Argentina llevarán a la ruina del país (“Cristina, Petróleo y Psicoanálisis”, El País. 21.04.12). Según Moisés Naím, que considera Colombia como el modelo a seguir para América Latina, la nacionalización caracteriza a los países con economías mediocres. Una postura casi idéntica aparece en el citado artículo de Sala i Martín. Moisés Naím y Sala i Martín, para llegar a sus conclusiones, deliberadamente ignoran algunos hechos. La gran mayoría de países productores de petróleo tienen empresas públicas (no empresas privadas) que controlan la producción de tal material, Rusia, Noruega, Venezuela, Méjico, Gran Bretaña y Arabia Saudí, entre otros, tienen nacionalizadas sus compañías energéticas. En realidad, Argentina era de las pocas excepciones. Referente a la intrínseca ineficacia que Sala i Martín atribuye a las empresas nacionalizadas, baste ver el éxito de Noruega, donde la empresa pública petrolífera ha garantizado el nivel de vida y calidad de vida de aquel país.

En cuanto a la falta de inversión extranjera, hay que cuestionar, tal como acentúa Mark Weisbrot, co-director del CEPR-este fetichismo acerca de la inversión extranjera. Uno de los países con mayor crecimiento en el mundo del subdesarrollo, Corea del Sur, lo hizo sin apenas tener inversión extranjera. El otro hecho, ignorado por los economistas neoliberales, es que la producción de petróleo en Argentina había bajado, creando un grave problema del 2004 al 2011; la producción del petróleo descendió un 20% debido en parte a la escasa inversión por parte de Repsol. Consecuencia de ello es que Argentina en 2011 tuvo que importar petróleo por primera vez en su pasado reciente. De ahí que el gobierno Kirchner decidiera cambiar la situación y tomar control de la compañía petrolífera.

Una última observación. El gobierno Rajoy está intentando movilizar los sentimientos patrióticos acusando al gobierno argentino de atacar a España. El error en este argumento es que la mayoría del capital de Repsol no es español. En realidad, la única vez que fue español fue cuando estaba nacionalizado. Fue cuando el gobierno del PP lo privatizó cuando perdió su nacionalidad española. Intentar movilizarse para defenderla es ignorar quién es hoy Repsol, una compañía (como Endesa, otra empresa privatizada por el PP) que se caracteriza por su insensibilidad hacia el usuario español. Como siempre hacen los nacionalistas, el PP está manejando la bandera para defender, no los intereses generales, sino los muy particulares En realidad, la nula sensibilidad patriótica de Repsol se expresa en que es una de las empresas del IBEX 35 que utiliza más los paraísos fiscales, a fin de evitar pagar impuestos al Estado español, como bien ha señalado Juan Torres en su artículo “¿Argentina es quién perjudica a España?” ¡De patriota, Repsol, nada!