Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

Publicado por Con Nuestra América

Quien pensó que un gobierno de corte conservador como el ejercido por el Partido Patriota respondería de buena manera a las demandas históricas del movimiento indígena y campesino, se equivocó.

El carácter autoritario e irrespetuoso de la Ley por este partido y sus dirigentes se mostró desde que iniciaron la campaña electoral dos años antes del período establecido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos; a lo cual se sumó el hecho que superaron el techo permitido de gastos de campaña en decenas de millones de quetzales, irrespetando las constantes denuncias populares y apercibimientos del Tribunal Supremo Electoral –por otra parte sin fuerza y sin mecanismos coercitivos para lograr su cumplimiento-.

El tratamiento dado a lo relativo a la problemática agraria y al Desarrollo Rural Integral mostró desde antes de que tomaran posesión que sería contrario a los intereses populares. Basados en una propuesta realizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, el gobierno, a través del Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural ha “acotado” el alcance de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) vigente por el Acuerdo Gubernativo 196-2009. Este acotamiento se refiere a que el gobierno impulsará dos acciones –en el fondo contradictorias- que a su criterio contribuirán a lograr mejoras en las condiciones de vida de la población en las áreas rurales: a) Economía campesina y b) Inversiones privadas en territorios rurales.

El impulso a la economía campesina parece restringida por el momento a medidas asistencialistas de entrega de alimentos, abonos químicos, aperos de labranza y arrendamiento de tierras (continuidad de las acciones del gobierno anterior) y no contempla componentes efectivos de acceso a medios de producción, particularmente la tierra, la tecnología y el crédito en condiciones favorables a las poblaciones rurales. Incluso la entrega de fertilizantes corre el riesgo de llegar de nuevo tarde a los agricultores, puesto que el proceso de compra llevado a cabo por el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES), ha sido objeto de múltiples denuncias de irregularidades, lo cual sin duda responde a las presiones de los diversos sectores y empresas que quieren beneficiarse de los negocios públicos.

El sujeto establecido tanto en la PNDRI como en la iniciativa 40-84 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (LSNDRI) es más amplio puesto que establece como sujetos de la Ley a “la población rural en situación de pobreza, pobreza extrema, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas con tierra insuficientes, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”. Son sectores y actores que se pierden o invisibilizan en la definición de economía campesina planteada por el gobierno y que limita la actividad hacia estas poblaciones a aspectos económicos. El planteamiento de la PNDRI va más allá y establece 10 áreas de acción en que se debe avanzar para el logro del Desarrollo Rural Integral siendo estas: Política Agraria; Política Agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica; Política Económica; Política Social; Política Laboral; Política de Participación social y desarrollo político; Política de Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo; Política de Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional; Política Cultural; y Política Socio Ambiental. Son esas diez Políticas las que dan el carácter de integral a la PNDRY y a la LSNDRI.

El componente b) Inversiones privadas en territorios rurales, se establece por el gobierno como el complemento del impulso a la economía campesina, y básicamente consiste en la promoción e impulso de megaproyectos y monocultivos en el área rural. La lógica de funcionamiento de este modelo ha mostrado con creces ser contrario a los intereses de las poblaciones indígenas, campesinas y sus formas de vida, por lo que ha sido ampliamente rechazado a través de casi 60 consultas comunitarias y más de 1.5 millones de personas. Se anuncian desde ya serios conflictos en el campo guatemalteco si no se corrigen a tiempo estas decisiones.

* Colectivo de Estudios Rurales Ixim

www.albedrio.org

El 21 de abril de 2012, el New York Times (NYT) publicó un reportaje mostrando que Walmart pagó 24 millones de dólares en sobornos, para construir tiendas y dominar el mercado en México. Altos ejecutivos de Walmart conocían los casos desde 2005 y lo ocultaron. Por el contrario, fraguaron una investigación contra el denunciante, un ex ejecutivo de Walmart que renunció por sentirse discriminado, aunque había sido uno de los encargados del pago de sobornos.

Eduardo Castro-Wright, ejecutivo identificado por el diario como la fuerza motora de los sobornos, fue ascendido a la vicepresidencia de Walmart México y luego a jefe de todas las tiendas de Estados Unidos, por haber hecho de México una de las unidades con más ganancias.

Ante la mala publicidad, los ejecutivos de la empresa afirman que ahora emprenderán investigaciones. Todo indica que la denuncia del NYT representa una mínima parte del negocio de la corrupción de Walmart, otras grandes empresas y funcionarios. El dinero mencionado parece cambio de bolsillo para una trasnacional que facturó 421 mil 849 millones dólares en 2011.

Walmart es la empresa más grande del mundo y lo ha sido por más de una década, superando a petroleras y bancos en la cima del poder económico mundial. Tiene casi el doble de ventas globales que su competidor más cercano, la cadena Carrefour.

En 2009, el negocio de ventas de alimentos y abarrotes superó por primera vez al poderoso mercado global de la energía, pasando a ser el mercado más grande del mundo. (Datos en ¿Quién controlará la economía verde? www.etcgroup.org/es) No es un rubro cualquiera. Es un mercado cautivo de toda la población global que no produce alimentos, porque nadie puede vivir sin comer. La competencia por controlar ese inmenso mercado es feroz y como vemos, no conoce escrúpulos.

Desde su actual posición, Walmart controla y ejerce una influencia brutal sobre grandes sectores de la producción, el consumo y la política. Practica una notoria política antisindical, que comenzó desde que su fundador Sam Walton anunció que la base de su negocio sería pagar salarios bajos y no pagar beneficios laborales. Siendo el empleador privado más grande de Estados Unidos y México, Walmart logró bajar significativamente los salarios medios de toda la industria. Más de 60 por ciento de sus trabajadores en Estados Unidos no tiene cobertura médica y la cifra es mayor en países del Sur.

En pocas décadas ha acumulado un historial impresionante de demandas que van desde no permitir la sindicalización de empleados a muchas otras razones cubriendo casi todo el espectro imaginable de violaciones laborales: despidos injustificados, discriminación de discapacitados y de género, trabajo infantil, falta de cobertura de salud, no pago de tiempo extra, empleo de trabajadores indocumentados, agresión contra vendedores fuera de sus locales y otras. En Estados Unidos ha sido objeto de 40 acciones de clase en diversos Estados, principalmente por discriminación de género, implicando a millones de mujeres. En México tiene el primer lugar en demandas laborales en el Distrito Federal (Laura Gómez, La Jornada, 3/5/12).

Walmart de México (Walmart, Sam’s Club, Bodegas Aurrera, Superama, Suburbia, Vips, El Portón y Ragazzi) controla más de la mitad del mercado de ventas minoristas en el país, superando a todas las otras cadenas juntas. Tiene una agresiva política para eliminar competidores en ciudades y poblaciones más pequeñas, donde se establece muchas veces contra las protestas de la comunidad. Comienza ofreciendo precios más bajos y cuando los comercios locales desaparecen, los aumenta incluso considerablemente por arriba de nivel medio. Según Walmart Watch, organización de afectados por el gigante en Estados Unidos, por cada dos empleos que genera en una comunidad, se pierden tres.

La entrada del gigante a los contratos agrícolas con pequeños productores significó la ruina de muchos campesinos de Centroamérica, que seducidos por la supuesta oportunidad, quebraron en poco tiempo debido a las demandas de uniformidad, cantidad, plazos, empaques y el control impuesto de certificadoras internacionales, quedando con grandes deudas por las inversiones que realizaron para poder entrar al juego.

Los precios bajos de Walmart se deben también a la utilización sistemática de maquiladoras en condiciones de extrema explotación. Una trabajadora de una maquila en Bangladesh dijo a los Los Angeles Times en 2003 que su horario normal era de 8 de la mañana a 3 de la madrugada, para sobrevivir con el nivel de pagos que fijaba Walmart. El gerente de esa maquila se quejó de que aún debían mejorar, porque Walmart conseguía mejores resultados en China. En efecto, ahora 80 por ciento de los productos de Walmart son producidos en China, en pésimas condiciones laborales, a costa de la calidad y en varios casos demostrados, usando productos tóxicos por ser más baratos. De todas las exportaciones chinas, 12 por ciento van a los anaqueles de Walmart.

Walmart es un caso extremo de impactos contra trabajadores, consumidores, comunidades salud y ambiente, pero no es una excepción, es la norma del sistema industrial globalizado, particularmente en alimentos. Al otro extremo de esa misma cadena, con un historial de abusos semejante, están Monsanto, Syngenta y otras. Por fortuna, la mayoría de los alimentos son producidos fuera de esas cadenas por campesinos, pastores, pescadores artesanales y huertas urbanas. Apoyar esa producción y consumir productos locales y sin químicos es fundamental para minar a estos gigantes que quieren controlar nuestra comida, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestras comunidades, nuestra vida.

* Investigadora del Grupo ETC

Reportaje sobre la represión desatada en torno al Ingenio Chabil Utzaj, recientemente adquirido por el coloso nicaragüense Grupo Pellas, en un conflicto agrario provocado por la expansión de los monocultivos

Hace un año el coloso nicaragüense Grupo Pellas asumió el control del Ingenio Chabil Utzaj, en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, Guatemala. Socios minoritarios, vendedores y arrendadores de tierras le “limpiaron la mesa”, desalojando y dejando en desamparo a cientos de familias q’eqchi’s que durante generaciones venían habitando y trabajando en sus fértiles tierras. Sus vidas están ahora en peligro y su lucha está siendo criminalizada.

Un contexto de conflicto agrario

Miles de personas con mantas y banderas flameando bajo el sol se movilizan por las carreteras que conducen a la capital guatemalteca. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos recorren más de 200 kilómetros a pie. Nueve días de marcha durante los cuales se comparten temores, esperanzas y sueños, pero también proyectos, firmes propósitos de cambio y demandas a gobernantes acostumbrados a desoír el clamor de los pueblos originarios.

“No aceptamos migajas del gobierno. Exigimos una solución inmediata a la histórica conflictividad agraria que existe en Guatemala. Una conflictividad que solo se puede resolver aprobando una Ley de Desarrollo Rural Integral, permitiendo el acceso a la tierra, deteniendo los desalojos y respetando nuestra decisión de rechazar la explotación minera, las hidroeléctricas y los demás megaproyectos. Queremos que se condone la deuda agraria que suma más de 300 millones de quetzales (38.5 millones de dólares), que se desmilitaricen nuestras comunidades y que se deje de criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y campesinos”, dijo Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), durante la Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral, realizada en marzo de 2012.

Esta movilización obligó a tres poderes del Estado, incluyendo al recién instalado presidente y ex general Otto Pérez Molina y a su gobierno, a firmar compromisos para dar solución a las diversas y profundas problemáticas agrarias que el país arrastra desde hace muchas décadas, y que se han profundizado con la masiva implementación de los monocultivos a gran escala.

Entre los puntos acordados destaca el cumplimiento con las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las 14 comunidades desalojadas violentemente hace un año en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, así como abordar con prioridad inmediata la conflictividad agraria en esta zona. En este sentido, el gobierno se comprometió a utilizar recursos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, para que no menos de 300 familias afectadas al año tengan acceso a la tierra.

También se comprometió a garantizar que las empresas de seguridad privadas contratadas por el Ingenio Chabil Utzaj, flamante nueva adquisición del coloso nicaragüense Grupo Pellas, ni cualquier otro grupo de fuerza irregular intervengan en esta área, respetando el derecho que tiene la población de no ser víctima de presiones y amenazas por parte de dichas fuerzas.

“Las demandas son claras. De no atenderlas se agudizaría más el conflicto, lo cual evidenciaría las intenciones de mantener un sistema excluyente que ha llevado a este país a situaciones de profundas contradicciones”, señala un comunicado de las organizaciones convocantes de la marcha, las cuales están pendientes de las fechas topes plasmadas en los Acuerdos.

“Limpiar la mesa” en el Polochic

Cuando el año 2005 la familia Widmann, una de las más poderosas del país y cuyo mayor exponente es Carlos Widmann Lagarde, cuñado del ex presidente guatemalteco Oscar Berger Perdomo, decidió trasladar el Ingenio Guadalupe de la costa sur de Guatemala al Valle del Polochic, dando vida al Ingenio Chabil Utzaj (Buena Caña en idioma q’eqchi’), muchas de las comunidades de etnía q’eqchi’ que vivían en la zona no sospecharon que, muy pronto, se enfrentarían al inicio de una nueva temporada de violencia y represión.

El proyecto, que incluía la adquisición de unas 3.600 hectáreas y el arrendamiento de 1.800 más para sembrar caña de azúcar, los Widmann obtuvieron un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 32 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados 28.5 millones.

La situación se precipitó cuando decenas de fincas, en cuyas tierras trabajaban y vivían cientos de familias q’eqchi’s bajo el régimen de colonato [1], entraron a formar parte de dicho proyecto de monocultivo. “Para estas personas no existe derecho alguno relacionado con el tiempo de posesión y los patronos pueden echarlos en cualquier momento. Si las familias permanecen, se les acusa de usurpación, se les desaloja y se les persigue, sin pagarles prestaciones laborales o reconocer su histórico derecho sobre la tierra que han ocupado por generaciones”, explica en una nota Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre.

Este proceso de despojo se había iniciado a finales del siglo XIX con la Reforma Liberal, al abrirse el gobierno guatemalteco a la inversión extranjera. En el valle del Polochic se concentraron los emigrantes alemanes, a los cuales se les otorgaron tierras ya ocupadas por las poblaciones q’eqchi’s. “De esa manera, los antiguos habitantes se convirtieron en trabajadores de los colonos alemanes y los que están siendo desalojados en estos días son sus descendientes. Así que el proceso de despojo viene de muy lejos, pero se profundiza más con la introducción de los monocultivos de palma africana y de caña de azúcar”, dijo Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del CUC.

Según el dirigente campesino, el interés de los Widmann y del Ingenio Chabil Utzaj S.A. por comprar tierra en el Valle del Polochic generó un mecanismo perverso de incentivo a la venta o arrendamiento de fincas, muchas de ellas de pertenencia muy dudosa como, por ejemplo, las grandes extensiones de tierras que pertenecieron al terrateniente Flavio Monzón, uno de los principales responsables de la masacre de Panzós del 29 de mayo de 1978, y que heredó a sus hijos.

El resultado fue el desalojo masivo de los mozos colonos que durante generaciones enteras venían habitando y trabajando parte de dichas fincas. “Los supuestos propietarios comenzaron a sacar a las comunidades, pese a que con muchas de ellas ya tenían negociaciones avanzadas para la adquisición de la tierra. Prefirieron vender o arrendar a las grandes compañías y para hacerlo tuvieron que ‘limpiar la mesa’, desalojando a todas estas familias que reclaman derechos históricos sobre las tierras”, aseveró Barrientos.

Monocultivos y hambre

Laura Hurtado, sociologa, investigadora y profunda conocedora de los impactos que genera la expansión de los monocultivos para la producción de agrocombustibles en Guatemala, asegura que existe una relación directa entre este fenómeno y la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria de la población.

En el estudio “Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala”, Hurtado explica que “la pérdida de tierras destinadas anteriormente a la producción de alimentos a causa de la expansión sin precedentes de las plantaciones destinadas a la producción de agrocombustibles, principalmente de palma africana y caña de azúcar, está cambiando de manera acelerada la fisonomía del agro guatemalteco y conlleva una merma considerable en la producción nacional de granos básicos y alimentos, misma que ha venido siendo debilitada de manera sistemática por las políticas neoliberales de los últimos años”.

En efecto, en la última década, Guatemala pasó de ser un país autosuficiente en términos alimentarios, a un país dependiente de la importación de alimentos. Según datos de FAOSTAT, entre 1990 y 2005 la producción nacional de trigo se redujo en 80.4 por ciento, la de frijol en 25.9, la de arroz en 22.7 y la de maíz en 22.2 por ciento.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalla que hasta 2003, 49 fincas se dedicaban a la producción de palma africana con una superficie total de 31,185 hectáreas (has). La Encuesta Agropecuaria 2007 estableció que para ese año el número de fincas destinadas a este producto habría aumentado a 1,049 y la superficie cultivada se habría extendido a 65,340 has. En 2011 se estima que el área sembrada de palma africana se acercó a las 100,000 has, con una producción de 140 mil toneladas métricas anuales de aceite.

En cuanto a la caña de azúcar, el estudio de Hurtado revela que en 2003 la producción nacional abarcaba una extensión total de 188,775 has. Solo el departamento de Escuintla, en la costa sur del país, concentraba el 87 por ciento de la producción total. Para 2007, la Encuesta Agropecuaria estimó que la producción de caña de azúcar habría crecido en un 1.55 por ciento, aumentando a nivel nacional la superficie destinada a este cultivo a 260,896 has, datos que se mantuvieron estables durante los siguientes años.

Hurtado explica también que la producción y el procesamiento, tanto de palma africana como de caña de azúcar, se encuentran altamente concentrados en muy pocas empresas y corporaciones [2], lo cual genera procesos de concentración y reconcentración de la propiedad agraria, agudizando de esa manera la problemática del acceso a la tierra para las y los campesinos.

“Son procesos que expulsan a las comunidades, suprimen importantes áreas anteriormente destinadas a la producción de granos básicos y alimentos en general, eliminan la cobertura boscosa y generan movimiento de tierras, drenaje y desecado de pantanos, lagunas y otras fuentes de agua. Es decir, hay una mayor fragmentación o bien la eliminación total de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad”, apunta la investigadora guatemalteca.

Para Barrientos, ese modelo de monocultivo gozaría del apoyo y complicidad del Estado y de los grandes medios de comunicación. “Hay una efectiva criminalización de la lucha y protesta social a través de la persecución judicial, la descalificación de las demandas campesinas y las campañas de desprestigio contra los líderes y dirigentes campesinos, por parte de los medios de comunicación que están al servicio de las empresas y las transnacionales. De esa manera pretenden crear una opinión pública que condene las luchas por el acceso a la tierra y quienes las encabezan, legitimando el saqueo de los recursos naturales que impone el modelo neoliberal en todo el continente ”, apuntó el secretario ejecutivo del CUC.

Una situación que Hurtado considera contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz (1996), donde el Estado se comprometió a promover la democratización de la tenencia de la tierra y el acceso de los campesinos a ella. “Lo que ocurrió en el Valle del Polochic con la venta de las tierras a las empresas agroindustriales –como el Ingenio Chabil Utzaj S.A. (Widmann-Grupo Pellas) o Palmas de Desarrollo S.A. PADESA y Grasas y Aceite S.A. (Grupo Maegli)– ha sido un alineamiento de las políticas institucionales del Estado y los recursos de las instituciones financieras internacionales a los intereses de dichas empresas, en detrimento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población campesina”, afirmó Hurtado a ALBA SUD/Rel-UITA.

La investigadora subrayó también que, si bien la siembra de caña y palma africana es hoy en día destinada a la producción de azúcar, melaza, bebidas alcohólicas, aceites y grasas comestibles e industriales, lo que verdaderamente ha estimulado el proceso de acaparamiento de tierras es el creciente y prometedor mercado internacional del biodiésel y del etanol.

“Puede ser que ahora el precio internacional sea bajo y que a las empresas les convenga más otro tipo de producción, sin embargo es evidente que estas grandes inversiones apuntan al mercado de los agrocombustibles”, aseguró.

Desalojos y muerte

En la carretera hacia Cobán, el desvío de San Julián nos abre paso hacia el Valle del Polochic. Bajando de las montañas a través de un camino tortuoso llegamos a costear el río Polochic, uno de los principales ríos de Guatemala que atraviesa varios municipios del sur de Alta Verapaz y desemboca en el lago de Izabal.

A medida que avanzamos hacia el fondo del valle nos adentramos por caminos de tierra que se abren entre inmensas extensiones de caña de azúcar y palma africana. De vez en cuando, entre las palmas se miran pequeñas siembras de maíz. “Son los terratenientes que dan permiso a los campesinos para que siembren su milpa. A cambio les exigen limpiar las palmeras sin pagarles nada y de esa manera explotan la mano de obra local y ahorran costos”, explica S.C., que en el Valle del Polochic ha nacido, se ha criado entre represión y desalojos y que ahora es activista del CUC.

Como muchas de las personas que tuvieron el valor de intercambiar sus historias con este corresponsal, S.C. prefirió mantener el anonimato “porque los sicarios andan por todos lados”, asegura.

Después de haber logrado el préstamo del BCIE y haber iniciado una fase de experimentación de la siembra de azúcar, el proyecto del Ingenio Chabil Utzaj fracasó. En 2010, el Banco Industrial (BI), fiduciario del fideicomiso de garantía, puso en subasta 37 fincas y todas las maquinarias,sobre un precio base de 30.2 millones de dólares. Además, el Ingenio acumuló una fuerte deuda con la municipalidad de Panzós en concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que nunca pagó.

Pese a que la subasta fuera cancelada temporalmente por un recurso interpuesto por el propio Chabil Utzaj S.A., la noticia dio nueva esperanza a las cientos de familias que habían venido sufriendo represión y desalojos durante los últimos años.

“Varias organizaciones acudimos al BCIE y al gobierno para presentar una propuesta, en la que el Estado asumiría la deuda y desarrollaría un programa ambicioso para atender la demanda de acceso a la tierra de las familias campesinas. Sin embargo no fuimos tomados en cuenta y las comunidades volvieron a recuperar las tierras y a sembrar alimentos”, explicó Hurtado.

Ante la presión de las familias q’eqchi’s para volver a vivir en las tierras sobre las cuales reclaman derechos históricos, en marzo de 2011 se abrió una mesa de negociación y los Widmann hicieron una propuesta de trasladar las comunidades a otros lugares. Aparentemente, a los terratenientes y a las autoridades gubernamentales y judiciales no les importó que las familias presentaran una contrapropuesta, antes bien iniciaron un desalojo violento de 14 comunidades.

La represión inició el 15 de marzo y fue llevada a cabo por más de mil efectivos, entre militares y policías, y con la participación de miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. Fue brutal y prolongada, culminando días después con la expulsión de unas 800 familias, la destrucción y quema de viviendas y cultivos y un saldo de un campesino asesinado, Antonio Beb Ac, de la comunidad Miralvalle, y varios heridos y detenidos.

Una vez “limpia la mesa”, el BCIE anunció la reestructuración del préstamo a los propietarios del Chabil Utzaj por más de 20 millones de dólares, supuestamente “para dinamizar un área vulnerable que tiene índices de pobreza de 84.1 por ciento y 41.2 por ciento de pobreza extrema”, se lee en una nota de la revista económica digital CentralAméricaData. Paralelamente, los Widmann hicieron pública la incorporación de la compañía Guatemala Sugar State Corp. –un vehículo de inversión del Grupo Pellas en la zona– como nuevo inversionista del proyecto.

En junio de 2011, directivos de la empresa oficializaron la adquisición por parte del Grupo Pellas del 88 por ciento del paquete accionario de Chabil Utzaj S.A., así como una inversión multimillonaria durante el bienio 2011-2012, que incluye el desembolso de entre 30 y 40 millones de dólares para un proyecto de generación eléctrica de 12 MW.

“Existe una relación muy estrecha entre los desalojos del año pasado, la reactivación del proyecto del Chabil Utzaj y la inversión multimillonaria del Grupo Pellas. El proyecto estaba en quiebra y estaban subastando las fincas para pagar las deudas. Con estos brutales desalojos los Widmann logran salir a flote y el Grupo Pellas recibe un producto ‘limpio’ y sin fincas ocupadas, elemento necesario para implementar su plan de expansión de monocultivos y negocios en Centroamérica”, dijo el secretario ejecutivo del CUC.

Pese a los repetidos intentos por contactar al Grupo Pellas en Nicaragua, la realización de varias llamadas y el envio de correos electrónicos al área de comunicación solicitando su versión de los hechos, la empresa hizo caso omiso a nuestra solicitud.

Medidas cautelares

Después de los desalojos y quedando sin casa ni alimentos, miles de personas desamparadas comenzaron a deambular por la zona, en búsqueda de apoyo. En muchas ocasiones fueron objeto de represalias, hostigamiento, persecución, amenazas y hasta asesinato [3]. “Fueron desalojos violentos, desproporcionales e irracionales, en clara contravención de los estándares internacionales en materia de desalojos y que significaron una evidente violación a los derechos humanos de las familias q’eqchi’s. Ante esta situación y la participación directa de los cuerpos de seguridad privada del Chabil Utzaj en la represión, varias organizaciones [4]decidimos solicitar medidas cautelares ante la CIDH, constituyéndonos como peticionarios y solicitando que se detuvieran los desalojos y se atendiera a la población que se había quedado sin nada”, dijo Martha García, abogada y coordinadora de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).

El 20 de junio 2011, la CIDH resolvió favorablemente y solicitó al recién instalado gobierno guatemalteco adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades, así como medidas humanitarias –incluyendo alimentación y albergue– concertándolas con los beneficiarios y sus representantes. Finalmente, la CIDH solicitó al gobierno informar sobre las acciones adoptadas por el Estado a fin de investigar el cumplimiento de las medidas mismas.

Pese a la urgencia de la situación, García asegura que lo dispuesto por la CIDH solo se ha cumplido en una mínima parte por la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH).

“El Estado quiso realizar un censo para identificar a las familias beneficiarias y finalmente desconoció los datos que habíamos reportado a la CIDH, en cuanto a la cantidad de familias y a la necesidad de viviendas. En octubre tuvimos que volver ante la CIDH para plantear la necesidad de empezar de inmediato con la distribución de alimento por una periodo mínimo de cinco meses”, explicó García.

La respuesta del Estado no llenó las expectativas. El COPREDEH entregó cantidades mínimas de alimento, incompletas y de mala calidad y sólo durante tres meses. Actualmente, las organizaciones peticionarias no han logrado volver a reunirse con los funcionarios del Estado y las entregas de alimentos fueron suspendidas. Tampoco se pudo avanzar en materia de vivienda y seguridad de las comunidades.

“En el informe que envió a la CIDH, el COPREDEH asegura haber cumplido con las medidas cautelares, lo cual es totalmente falso. En nuestro informe pedimos a la CIDH que mantenga las medidas y que se pronuncie sobre el tema del acceso a la tierra. Para nosotros es evidente que si bien la responsabilidad de lo que está ocueriendo es del Chabil Utzaj, el Estado está contribuyendo a que pueda actuar en total impunidad y en flagrante violación de los derechos humanos”, concluyó la abogada.

“Que se vayan del Polochic”

Después de haber dejado atrás las instalaciones del Chabil Utzaj y los cañaverales que se pierden mucho más allá de la imperceptible línea del horizonte, llegamos a la comunidad 8 de Agosto, donde se han reunido varios miembros de las comunidades desalojadas el año pasado. La gente se acerca con temor. Pregunta a mi guía y traductor el objetivo de la visita. Hablan entre ellos, mientras decenas de niños y niñas miran curiosos.

Finalmente deciden hablar. Nos refugiamos entre la pared de un edificio y el vehículo parqueado para que nadie nos mire, sobre todo los guardias de seguridad del Chabil Utzaj, muchos de ellos ex militares y policías que han participado en los hechos sangrientos de los años 80. Poco a poco la gente toma confianza, se acerca, comienza a hablar y el río de palabras sale de forma impetuosa, imparable.

“Mi familia y yo sufrimos tres desalojos entre 2008 y 2011. Llegaron cientos de policías, militares y miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj y nos desalojaron a pura fuerza. Quemaron todo y destruyeron nuestros cultivos, dejándonos sin nada. Tampoco han cesado las amenazas y la persecución. Nos acusan de invasores y en mi caso tengo una orden de captura por usurpación agravada de tierra y siquiera puedo salir a buscar trabajo. Sin embargo no somos nosotros los que hemos llegado a invadir la tierra donde nacimos y nos criamos. Es ahí que queremos vivir, cultivar nuestros alimentos y por eso tenemos que seguir luchando, sino ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?”, dijo J.M.C.C. de la comunidad de Bella Flor.

O.B., una joven muchacha q’eqchi’ de la comunidad de Río Frío, el recuerdo del último desalojo lo tiene impreso en lo más profundo de su mente y sus ojos se humedecen. “La mañana del desalojo salí temprano y fui a la huerta a recoger frijoles para dar de comer a mis hijos. De repente vinieron a avisarme que estaban desalojando la comunidad de Agua Caliente y comprendimos que pronto nos iba a pasar lo mismo. Los militares y los guardias del Ingenio nos dieron pocos minutos para sacar algunas de nuestras pertenencias y quemaron todo. Se burlaban de nosotros y nos decían que nada teníamos que hacer ahí porque eramos invasores”, recordó entre sollozos.

A O.B. le duele mucho recordar esos momentos, pero el dolor se transforma en desesperación cuando piensa en sus 5 hijos que se encuentran en un estado de desnutrición grave. “Ha pasado un año y el Estado no ha cumplido con lo que prometió. No somos nosotros los invasores, sino estos millonarios que vienen de otros países a sacarnos de donde nuestras familias viven desde hace siglos. ¡Que nos dejen en paz! Porque no estamos pidiendo limosna, si no que se respete nuestro derecho a la tierra para cultivar nuestros propios alimentos, porque no nos alimentamos con de azúcar, ni mucho menos con palma africana”, concluyó.

Las familias de la comunidad 8 de Agosto volvieron a recuperar las tierras después del desalojo y con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas el CUC y la Fundación Guillermo Toriello, están impulsando un proyecto de viviendas que cambiaría su vida. Según varios documentos en manos del CUC, estas tierras serían del Estado y ya se presentó demanda para que se las adjudique a la comunidad.

“Es absurdo pensar que fuimos desalojados sólo por el hecho de que nuestra comunidad fue incluida en una lista, que fue preparada por los mismos Widmann y que ni siquiera fue consultada con la orden de desalojo del juez. Entraron cientos de policías, militares, guardias privados del Chabil Utzaj y cuadrillas contratadas para arrasar con nuestros cultivos. Ya no aguatamos tanta violencia y estamos volviendo a vivir los momentos oscuros de los años 70 y 80”, dijo A.P. de la 8 de Agosto.

J.T. y G.T., ambos de la misma comunidad, aseguran haber sido repetidamente hostigados y amenazados por miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. “Lanzan piedras a las casas, nos disparan y hasta trataron de secuestrar a nuestros dos hijos. Pedimos que a nivel internacional se presione a los Widmann, a los Pellas y al gobierno para que nos dejen vivir en paz, porque sólo han traído más pobreza, dolor y hambre”, dijo la pareja q’eqchi.

“Donde fue…”

Nos adentramos en los cañaverales y recorrimos no sé cuantos kilómetros para llegar a lo que queda de la comunidad Paraná. Durante el largo recorrido, S.C. señaló el punto donde hace un año surgían las comunidades que fueron brutalmente desalojadas: Midalvalle, El Recuerdo, La Tinajita, Paraná. Ahora, la caña de azúcar oculta cualquier recuerdo de aquellos asentamientos. Hoy en día nadie podría percatarse de que ahí, en estos terrenos, cientos de familias vivían su vida libremente.

“Cuando se prepara para un desalojo, el Ingenio anuncia por las radios locales que va a necesitar de personal para integrar cuadrillas de trabajo. Reúnen hasta 300 ó 400 personas y las llevan a las comunidades para destruir los cultivos con el machete. Después, siempre con la protección de la policía y mientras los cuerpos armados desalojan a la gente y queman las casas, empleados del Ingenio pasan con las máquinas para revolver el terreno y sembrar caña de azúcar. Aprovechan de la miseria de la gente para encomendarles el trabajo sucio. En poco tiempo ya no hay rastros de la vida que animaba a estas comunidades”, explicó S.C.

En Paraná nadie nos está esperando. A la orilla de un camino de tierra están las champas semi-destruidas donde las familias se reubicaron después del desalojo. Los guardias privados del Chabil Utzaj atacaron nuevamente hace unos meses y dispersaron a la gente.

Mientras esperamos en el vehículo se acerca un hombre. Nos mira de reojo, hace preguntas a nuestro conductor, vuelve a mirarnos. Es el jefe de los guardias de seguridad de la zona. La gente se asusta y avisa por celular que nos vamos a reunir en otro lugar. Nos movilizamos hacia la zona de las champas y ahí, rodeados de caña, comienzan a llegar algunos de los miembros de la Paraná.

“Destruyeron y quemaron todo, incluso 48 manzanas de maíz y frijoles y 80 sacos de mazorcas que teníamos almacenados. Nos trasladamos a vivir a la orilla de la carretera, pero a la semana llegaron los militares y los guardias a dispararnos e hirieron a dos compañeros. Dicen que es mentira que hubo muertos y heridos, pero aquí están las balas con las que nos persiguen y asesinan”, dijo F.C., enseñándome varias balas de armas de grueso calibre, supuestamente abandonadas en el lugar después de los ataques, y varios orificios de bala que destruyeron el techo de lamina de las champas.

Tanto para F.C. como para su suegro R.T., las familias de la comunidad de Paraná van a seguir defendiendo su derecho de vivir en paz en las tierras que fueron de sus antepasados, donde sus abuelos derramaron su sangre durante el conflicto de los años 70 y 80.

“Más allá, al fondo, está todavía una fosa común donde enterraron la gente de Paraná que fue masacrada por los militares después de haber sido desalojada en los 80. Hoy en día estamos viviendo el mismo horror, solo por el hecho de estar recuperando la tierra donde nacimos y que nos fueron sustraídas. Ahora no tenemos donde vivir, con qué alimentarnos y somos constantemente amenazados. El asesor legal del Chabil Utzaj está haciendo de todo para dividir a la gente, diciendo que somos invasores y que nadie debe ayudarnos. El gobierno no nos está ayudando y ya no nos están entregando comida. Nuestros mártires han muerto luchando por la tierra y es lo que vamos a seguir haciendo, pero necesitamos de una solución ya y de que de una vez paren la represión y los asesinatos”, dijo R.T

También en la comunidad Inup/Agua Caliente, la violencia fue brutal. Según cuentan M.M. y M.E.P. las 78 familias que integraban la comunidad fueron desalojadas sin piedad a punta de disparos, golpes y gas lacrimógeno, con un saldo de varios heridos. “Necesitamos de tierra para sembrar nuestra comida, tal como lo hicieron nuestros abuelos aquí en el valle del Polochic. Ahora llega el Ingenio y pretende arrebatarnos todo. Llega con guardias de seguridad que son muy violentos y nos persiguen en todo momento. La gente hasta tiene miedo de salir a la calle por temor de ser asesinada. ¿Por qué nadie investiga lo que ha ocurrido? ¿Por qué de tanta impunidad”, se preguntó M.M.

Ante tanta desprotección se espera que la presión internacional y la contundente marcha campesina, indígena y popular del mes pasado logren algún resultado concreto.

“Estas empresas hostigan, persiguen y reprimen a nuestra gente. Es necesario que el gobierno cumpla con los Acuerdos de Paz en cuanto a la tenencia de la tierra y al financiamiento para los campesinos. No es posible que sólo beneficie a los millonarios, porque la madre tierra debe servir para los pueblos y no para una sola persona que siembra monocultivos. Lamentablemente, lo que vemos ahora es más pobreza extrema y desnutrición, porque la palma y la caña no nos alimentan. Lo que el pueblo necesita es de nuestra sagrada tortilla, de nuestro sagrado frijol. Como pueblos indígenas tenemos que rescatar nuestra tierra y nuestros recursos naturales”, concluyó G.A.C de la comunidad Papal Ha.

Fuente original: http://www.albasud.org/blog/es/283/valle-del-polochic-ni-la-cana-de-azucar-ni-la-palma-africana-nos-alimentan

Notas:

[1] El colonato es un sistema donde a los trabajadores, llamados “mozos colonos”, se les concede el usufructo de una parcela que se va heredando de padres a hijos.

[2] Según Laura Hurtado el cultivo de la palma africana descansa fundamentalmente en seis grandes productores, mientras que la cañicultura se concentra en quince ingenios azucareros, algunos de los cuales extienden su radio de operaciones a otros sectores productivos y geográficamente a Centroamérica y Sudamérica.

[3] El 21 de mayo 2011, guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj asesinaron a Oscar Reyes, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y de la comunidad Canlun. En el ataque se reportaron cinco campesinos heridos de gravedad, identificados como Santiago Soc, Mario Maquin, Miguel Choc, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax. El día 4 de junio 2011 fue asesinada a balazos María Margarita Chub Ché, lideresa de la comunidad de Paraná, municipio de Panzós, por hombres fuertemente armados que llegaron en una moto y le atacaron en el patio de la casa en donde se encontraba.

[4] Unión Latinoamericana de Mujeres por el Derecho a Defender Nuestros Derechos (ULAM), Fundación Guillermo Toriello (FGT), Comité de Unidad Campesina (CUC), Equipo Comunitario para Acción Psicosocial (ECAP) y Derechos en Acción (DA).

www.albedrio.org

Uno de los conceptos fundamentales que maneja la VSI es el de  romper con el modelo expansivo de ocupación del territorio y extensión de la urbanización por un simple hecho, que la VSI genera sus propios servicios por esta razón, se puede ubicar aún en lugares remotos y no ligados a la extensión de los servicios.  Este modelo tendrá sin duda connotaciones de transformación radical del actual modelo urbano.

Otro aspecto importante de señalar en la VSI, es que ya no se hace presión sobre el suelo ocupado preservando el paisaje tanto natural como cultural.  El estudio de tipología de vivienda que se encuentra desarrollando la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que persigue es el desarrollo del sentido comunitario abordando la complejidad social y la identidad compartida, claves para la acción comunitaria.

Todas las acciones de la VSI, que están totalmente encaminadas en la eficiencia energética tanto en el ámbito urbano como rural.  El ideal de la VSI, es llegar a desarrollar métodos de control que permitan realizar una contabilidad ambiental  de todo el proceso constructivo, llegando luego a comparar entre construcciones realizadas con métodos tradicionales versus las VSI.

Lo que persigue la VSI, es el desarrollo de un entorno sostenible formando parte de una ciudad, pero sin darle más carga fundamentalmente en lo relacionado a los servicios básicos.  El concepto de sostenibilidad sea esta urbana o rural es el hecho del uso de los recursos naturales renovables locales (energía solar, agua de lluvia, el reciclaje de el agua gris y los residuos generados) y la valorización de las economías locales, todo con una visión de sostenibilidad integral.  El desarrollo de la VSI, generará ahorro en la eficiencia energética.

Con el recurso agua, la VSI, con la reutilización o reciclaje de las aguas captadas por los techos de las aguas de lluvia denominadas aguas grises después de pasar por los lavamanos, lavatrastos, ducha y pilas que se utilizara para mantenimiento de los jardines, el lavado de vehículos y otros usos secundarios.  Aunado a esto la utilización de circuitos cerrados con el consiguiente ahorro del vital liquido, ya que si se tienen circuitos muy largos y lineales de distribución, existe pérdida considerable de este valioso recurso.

En lo relativo a los residuos humanos (excretas), se generará compost.  En las lotificaciones con  VSI, se privilegiaran los espacios verdes, tendientes a elevar la calidad ambiental y el bienestar de sus habitantes, introduciendo la agricultura urbana, dentro de los espacios verdes, como una actividad ligada al reciclaje de los residuos (compost) y el agua gris.

Para el desarrollo de la estructura urbana, se piensa que cada manzana se desarrolle un espacio público de calidad, donde se desarrollarán las actividades de los vecinos.  Todo esto trae aparejada la sostenibilidad social al mismo tiempo, ya que indudablemente se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las lotificaciones de VSI, donde se generará un sentimiento de apropiación y responsabilidad, donde prive el sentido de pertenencia.

Lo histórico pesa en cuanto al desarrollo de las ciudades y la VSI, son fáciles de compatibilizar con el modo de planificación actual.  La articulación entre lo local y lo global y la idea de regeneración ecológica de las VSI, son pilares fundamentales sobre las que descansa el concepto de viviendas con sostenibilidad integral VSI.

El concepto de sostenibilidad del sistema urbano es el que desarrollo Verdaguer en el año 2000, la densidad, la mezcla de usos y el favorecer el uso de otro tipo de movilización no solamente la que se basa en el uso del automóvil.

El espacio público es concebido como lugar de encuentro, en donde se desarrollan valores simbólicos con sentido para sus habitantes.  Las VSI, están diseñadas con criterios bioclimáticos basados en medidas pasivas: forma, orientación (soleamiento y ventilación), inercia térmica, así como medidas activas (paneles fotovoltaicos) y otros sistemas de generación de energía, donde el ahorro de los recursos es su punto principal y, la utilización de materiales ecológicos, la eficiencia energética y el reciclaje.

Las VSI, serán eficientes en cuanto al metabolismo urbano, en donde habrá autosuficiencia energética y de agua y, donde la educación de los habitantes de las VSI, es básica en cuanto al uso eficiente de los recursos, buscando los mínimos impactos para los ecosistemas naturales.

Por tener el elemento de ayuda mutua y esfuerzo propio para la construcción de las  VSI, se generará la cohesión social, la participación donde estarán aseguradas las necesidades de: trabajo, educación, salud, cultura, seguridad entre otras.

Otro factor de importancia de la VSI, es el de la potenciación de proyectos de agroecología en donde se ligue la producción al consumo local y las actividades atadas a las dinámicas locales.

La decisión argentina de recuperar el control de la industria petrolera ha sido considerada una muestra de que América Latina está dispuesta a reconquistar sus derechos sobre la base de recursos naturales. Muchos ven en esto la señal de que los días del neoliberalismo están contados en la región. La realidad es algo más complicada.

En la primera mitad del siglo XX el extractivismo marcó la inserción de América Latina en la economía mundial. La palabra extractivismo es un poco inexacta pues comprende la industria extractiva, así como la producción agrícola en monocultivo para la exportación.

El extractivismo está asociado a la existencia de enclaves, explotación laboral sin límite, violaciones a derechos humanos, el exterminio de grupos indígenas y la subordinación de los gobiernos al poder de empresas multinacionales. Era un callejón sin salida del que es difícil escapar. La estrategia de sustitución de importaciones aplicada entre 1940 y 1980 estaba diseñada para escapar de esta trampa. Pero la crisis de la deuda de los 80 permitió imponer el régimen neoliberal y el extractivismo regresó con ánimos de venganza.

La ola de privatizaciones entregó el control de la industria minera y petrolera a las multinacionales. La política fiscal restrictiva y el retiro de los apoyos a la agricultura de pequeña escala, junto con la liberalización financiera y comercial, permitieron el retorno de la gran explotación agrícola en monocultivo, esta vez ligada a los consorcios graneleros y semilleros que controlan el mercado mundial.

El neoliberalismo condujo a un desempeño económico mediocre y a crisis repetidas. Todo eso condujo a cambios políticos importantes. En elecciones libres y democráticas se sucedieron las victorias electorales de Hugo Chávez en 1999, Néstor Kirchner y Lula (ambas en 2003), Evo (2006) y Rafael Correa (2007).

En esos países el control sobre los recursos naturales se convirtió en la más alta prioridad por ser fuente de recursos fiscales. El rescate se presentó como parte de un proyecto nacionalista, lo cierto es que también se trató de una decisión pragmática que no pasaba por la expropiación. Y no es que el acceso a la tecnología hubiera sido la gran barrera a la entrada. Las grandes empresas multinacionales poseían los canales de comercialización y lo más fácil fue seguir una estrategia adaptativa para renegociar los términos de contratos y concesiones, evitando choques con Estados Unidos y algunos países europeos. Muy rápidamente se pudo captar así una proporción mayor del excedente de explotación y dotarse de recursos fiscales.

No sorprende que los indicadores sobre composición del PIB y de las exportaciones sigan revelando la importancia del sector primario-exportador en las economías de muchos de estos países. Claro está que en el nuevo esquema los recursos fiscales permitieron incrementar el gasto en salud, educación, vivienda e infraestructura. También se mantuvo una política de recuperación de salarios y aumentó la cobertura y alcance de los programas de lucha contra la pobreza. Esto ha dotado de legitimidad política y social a estos gobiernos. Pero también pudo haber generado una cierta adicción frente a este neo-extractivismo y una mayor presión para aumentar la producción y maximizar la obtención de recursos.

A la larga, el flujo de recursos fiscales provenientes del neo-extractivismo no es sustentable. Depende primero de la duración del ciclo al que están asociados los altos precios de los productos básicos. Cuando expire ese ciclo vendrá la caída en los precios y los ingresos fiscales tendrán que disminuir. Además, el colapso ambiental también puede cortar abruptamente el flujo de recursos. Así, la minería a cielo abierto, la explotación forestal y el monocultivo comercial en gran escala (Brasil y Argentina con la soya transgénica) ya son ejemplo de catástrofes ambientales.

Este proceso está marcado por fuertes contradicciones, todas relacionadas con las particularidades de cada país. Pero es correcto afirmar que a pesar de una retórica nacionalista, el neo-extractivismo no ha alterado la forma de la inserción en la economía global. Hasta cierto punto eso es normal y ese objetivo es parte de una lucha de largo plazo. Con la excepción de Venezuela y en menor medida Argentina, no se ha cuestionado el marco macroeconómico del neoliberalismo. Por ejemplo, Ecuador mantiene su economía dolarizada, lo que coloca enorme presión sobre sus recursos naturales. No sorprende que a pesar del compromiso de Correa para no explotar el petróleo de Yasuní, su gobierno fomenta los proyectos de la gran minería.

Desde luego, con todos sus defectos, el proceso neo-extractivismo en los gobiernos más progresistas es un avance si se le compara con lo sucedido en el neoliberalismo. Basta ver el ejemplo triste de México: aquí también persiste una forma de extractivismo, pero el gasto social sigue en el piso y la represión violenta en contra de las comunidades y grupos indígenas se intensifica.

http://nadal.com.mx

 La existencia en los años 1970 de plantaciones de palma africana en regiones de la FTN[1] y los departamentos de Izabal y El Petén, era prácticamente desconocida. Salvo por el surgimiento de unas pocas en el contexto de la crisis energética de 1973, las zonas que hoy sufren las consecuencias de la expansión incontrolada de plantaciones de caña de azúcar y palma africana para la producción de “biocombustibles”,[2] conservaban hasta hace poco tiempo la fisonomía del paisaje agrario regional: extensas áreas de bosques y humedales ricos en recursos naturales renovables contribuían a satisfacer las necesidades básicas de las economías campesinas y familiares que, además de producir para su sustento, ayudaban en niveles diversos a las producción de granos básicos para el consumo nacional.

Con la expansión del cultivo de caña de azúcar y palma africana en estas regiones, un fenómeno sin precedentes está teniendo lugar: la pérdida de tierras agrícolas para la producción de alimentos se acompaña del cambio de uso del suelo de extensas zonas que, hasta hace menos de una década, se conservaban como bosques y humedales.[3]

Este fenómeno, que en apariencia se circunscribe al ámbito regional, tiene en realidad alcance nacional. En la última década, Guatemala se convierte en país dependiente de la importación de maíz amarillo, arroz, trigo y soya de los Estados Unidos, lo cual la sujeta cada vez más a las condiciones de los precios internacionales de los alimentos y la vuelve dependiente de su disponibilidad en el mercado mundial.[4] ¡Triste realidad para un país que hasta hace algunos años era autosuficiente en la producción de alimentos!

Esta situación es tanto más grave cuanto que las empresas agroindustriales que impulsan el cultivo de caña de azúcar y palma africana en la FTN, Izabal y El Petén, declararon abiertamente su intención de ocupar toda la tierra “apta” disponible en el país.

1. Los procesos de concentración de la propiedad agraria

Ya sea que se trate de una estrategia de “reconversión productiva”,[5] de un fenómeno provocado por “un nuevo ciclo de acumulación y dominio”,[6] o bien que se trate de una nueva forma de expansión y acumulación de capital, lo cierto es que en Guatemala, desde hace menos de una década, está teniendo lugar la expansión inusitada de enormes plantaciones de caña de azúcar y palma africana para la producción de agrocombustibles.

Este fenómeno, provocado entre otras cosas por el interés de los Estados Unidos y la Unión Europea de incentivar la producción de “biocombustibles” en otros países para reducir paulatinamente su dependencia en el suministro de petróleo de Rusia, Irán y Venezuela, ha generado un proceso de concentración y reconcentración de la propiedad agraria en manos de un reducido número de empresarios y grupos corporativos que compran o arriendan tierras para establecer sus plantaciones en los municipios de Ixcán (El Quiché), Sayaxché y San Luis (El Petén), Chisec, Fray Bartolomé de Las Casas, Chahal y Panzós (Alta Verapaz) y El Estor (Izabal).[7]

Aun cuando las estadísticas nacionales no reflejen todavía la dimensión de ese fenómeno, la comparación de los datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2003 y la Encuesta Nacional Agropecuaria 2007, ambos del Instituto Nacional de Estadística (INE), nos ayudará a comprender mejor lo que está ocurriendo en el país.

Hasta el 2003, según el IV Censo Nacional Agropecuario, 49 fincas con una superficie total de 31,185 hectáreas sembradas de palma africana, produjeron 7,040,225 quintales de materias primas destinadas especialmente a la producción de aceites esenciales y grasas para la industria alimenticia y de jabones. En 2007, en cambio, la Encuesta Nacional Agropecuaria estableció que el número de fincas dedicadas a ese cultivo había aumentado a 1,049 y que la superficie cultivada alcanzaba 65,340 hectáreas, o sea, el doble de lo reportado por el censo.

Este hecho, sin embargo, ha sido estudiado por varios autores. Laura Hurtado, por ejemplo, afirma que aunque ya existían plantaciones de ese tipo en la Costa Sur, desde el 2003 el auge del mercado global de agrocombustibles está provocando una expansión acelerada de las plantaciones de caña de azúcar y palma africana que está transformando dramáticamente el paisaje regional.[8] Según ella, a junio de 2008 existía un total estimado de 83,385 hectáreas sembradas de palma africana para la producción de agrodiésel[9] y en ese mismo año la prensa escrita preveía que para el 2010 la superficie cultivada podría llegar a 100,000 hectáreas.[10]

Decíamos que el acaparamiento de tierras en la FTN, Izabal y El Petén estaba relacionado también con el aumento en los últimos años de la producción de caña de azúcar. Dos razones explican este fenómeno. Por un lado, la ampliación de la cuota azucarera asignada a Guatemala por los Estados Unidos (Guatemala es el tercer proveedor de azúcar a los Estados Unidos, detrás de la República Dominicana y Brasil). Por el otro, el impulso a la producción de agrocombustibles en los países en desarrollo por los Estados Unidos y la Unión Europea y el incremento de la demanda de etanol en el mercado internacional.

En 2003, según el Censo Nacional Agropecuario, existían 188,775 hectáreas cultivadas de caña de azúcar en todo el país. De ellas, el departamento de Escuintla tenía sembradas 154,620 hectáreas y concentraba el 87% de la producción. Suchitepéquez, por su parte, contaba con 20,970 hectáreas plantadas y reunía al 8.25% de la producción. En otras palabras, en ambos departamentos se concentraba el 93.0% de las tierras dedicadas a ese cultivo.

Por otro lado, la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2007 reveló incrementos tanto en la producción como en el número total de hectáreas sembradas. Las cifras, en efecto, reflejan un incremento de 1.55% en la producción y un aumento de 38.2% en el total de tierras plantadas (260,896 hectáreas en total).

No se sabe en realidad cuál será el límite de tierras de las plantaciones productoras de agrocombustibles. En febrero de 2007, cuando el Ingenio Chabil Utzaj terminó la ocupación de la región del valle del río Polochic, el sector azucarero parecía haberlo encontrado. Eso indicaba el gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), Armando Boesche, quien en declaraciones a la prensa afirmaba que ya no había disponibilidad de tierras. Pero Laura Hurtado observó posteriormente cierta expansión adicional en los municipios de Sayaxché e Ixcán y tuvo noticias sobre la posibilidad de que se crearan nuevas plantaciones en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas.[11]

Los empresarios dedicados al cultivo de palma africana, por su parte, se mostraban optimistas: “Nosotros aún no hemos encontrado límite de tierras para sembrar palma africana, sin embargo, podríamos llegar a tal extremo en unos diez años”, afirmaba Eduardo Castillo, director de aceites de la Gremial de Frabricantes de Alimentos, en julio de 2008.[12] Se trataba, en realidad, de una expectativa centrada en la posibilidad de adquirir tierras incluso de los pequeños propietarios que todavía quedan en la región.

Asistimos, en realidad, a un nuevo proceso de acumulación de tierras en manos de un reducido grupo de empresas agroindustriales de capital nacional y transnacional. Lamentablemente, el avance incontenible de esas plantaciones se da en detrimento de extensiones importantes de tierras anteriormente dedicadas a la producción campesina y de alimentos para el consumo local y nacional.

1.1 Métodos de acumulación de tierras

Si los acuerdos de paz, especialmente el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, abogaban en 1996 por la democratización de la tenencia de la tierra y el acceso de los campesinos a la tierra y los recursos naturales, ¿cómo se explica que algunos años después se inicie un proceso diametralmente opuesto, es decir, un proceso de acaparamiento de tierras por los agroindutriales de la caña de azúcar y palma africana? ¿Cómo hacen los capitalistas para lograr sus objetivos? ¿Qué pasa con la pequeña propiedad campesina y familiar?

En un trabajo anterior[13] explicamos cómo la oligarquía guatemalteca había maniobrado los acuerdos de paz para beneficiarse. También mostramos cómo la inspiración neoliberal del mercado de tierras había favorecido su consolidación, en un contexto donde buena parte de la población esperaba la democratización económica y política de la sociedad. Veamos ahora cuáles han sido los procedimientos utilizados por las empresas agroindustriales para monopolizar las propiedades agrarias en las regiones escogidas para la siembra de palma africana y caña de azúcar.

Previo a describir los métodos utilizados por las empresas agroindustriales para agenciarse de tierras, advirtamos que la concentración de propiedades agrarias implica a parcelas campesinas y de pequeños y medianos agricultores y ganaderos, con el fin de conformar propiedades lo suficientemente grandes para poner en pie plantaciones de caña de azúcar, palma africana, piñón y otros. Ese proceso se desarrolla especialmente en los municipios de Ixcán, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas y Sayaxché, región de pequeñas y medianas parcelas cuyos propietarios fueron beneficiarios de los programas estatales de colonización de tierras durante los años sesenta y setenta, o grupos de familias desplazadas por la guerra interna en los años setenta y ochenta. Todos, ya sea que fueran propietarios individuales o colectivos, habían regularizado la tenencia de su parcela y obtenido escrituras antes de 1996.

El proceso de reconcentración de propiedades agrarias, en cambio, reúne antiguos latifundios en propiedades mucho más grandes. Así sucede en el valle del río Polochic, en los municipios La Tinta y Panzós en Alta Verapaz, y en el municipio de El Estor en Izabal, donde el Ingenio Chabil Utzaj ha comprado la mayor parte de fincas antiguas de extensiones diversas entre 90 y 1,350 hectáreas hasta completar las 5,400 hectáreas que se propone adquirir.

Algo similar ocurre en los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de Las Casas y Chahal, en la Franja Transversal del Norte, donde las empresas de palma africana propician la reconcentración de latifundios ganaderos y tierras privadas improductivas para crear sus plantaciones.

Los métodos utilizados, lo veremos enseguida, varían según los contextos y lógicas definidas por las empresas agroindustriales. Primero intentan comprar la tierra para asegurar sus inversiones. Si los propietarios de la tierra se niegan a vender, buscan la suscripción de contratos de arrendamiento por períodos de tiempo que coincidan con la vida útil de la plantación. En este caso los costos de una eventual rescisión de los contratos son tan elevados para los propietarios de la tierra, que los pequeños parcelarios preferirían no revocarlo con tal de no perder un terreno que al final del plazo fijado (25 años para la palma africana, normalmente) le será devuelto sin vegetación y totalmente agotado. Ese es el caso del cultivo de palma africana que seca literalmente la tierra, y también el de la caña de azúcar que la degrada a tal punto que necesita revitalizarse frecuentemente con métodos y productos químicos fuera del alcance del campesinado.

Los procedimientos para agenciarse de tierras, decíamos, varían según los contextos. En El Petén, por ejemplo, los compradores utilizan mecanismos que van desde el pago inmediato de sumas de dinero que superan el precio local de la tierra, hasta amenazas, coacción y violencia contra los propietarios que se niegan a vender sus parcelas. Ha sido frecuente, además, que la empresa compradora encierre la parcela del propietario renuente mediante la compra paulatina de las parcelas vecinas, de tal manera que la imposibilidad de utilizar las vías de acceso (pasajes, caminos, carreteras) y el acceso a fuentes de agua les obligue a vender el pedazo de tierra que aseguraba el sustento de sus familias.

Caso distinto es el de Fray Bartolomé de Las Casas, donde la empresa de palma africana intenta primero persuadir a los pequeños propietarios recurriendo a la ascendencia que tenga sobre ellos otro que les sirve de intermediario. Como en El Petén, el empresario ofrece distintas opciones de arrendamiento cuando el pequeño propietario se niega a vender. En todos los casos, el precio o la renta pagada por la empresa resulta atractiva para las economías campesinas y familiares que, a menudo, subestiman las consecuencias futuras de la venta o arrendamiento de sus parcelas. La proletarización, la depreciación de la moneda, el alza constante de los alimentos, la degradación del suelo al final del contrato, son realidades muchas veces no previstas por las familias campesinas que acceden ante las “tentadoras” ofertas de los agroindustriales.

En el valle del Polochic, donde el establecimiento del Ingenio Chabil Utzaj provocó desalojos violentos de campesinos en marzo de 2011,[14] los empresarios compran directamente a los finqueros de la zona. Así se inicia el proceso de expulsión o redefinición de condiciones de trabajo de cientos de familias de antiguos colonos que, todavía bajo un régimen semifeudal o semicolonial, vivían y trabajaban en la finca a cambio del usufructo o arrendamiento de un pedazo de tierra que les asegurara el sustento.

El resultado de este proceso es evidente. Cientos de campesinos sin tierra tendrán que vender su fuerza de trabajo en alguna de las nuevas plantaciones de la zona, en un contexto donde la sobreoferta de mano de obra determina las condiciones del empleo. Algunos campesinos se beneficiarán con el pago de prestaciones y/o el traspaso de pequeñas extensiones de tierra contiguas a las fincas, lo cual no les libra de la tendencia a proletarizarse en condiciones poco favorables para ellos y, en todos los casos, se pone fin al sistema de economía campesina que, con matices y variantes según las regiones, funcionó durante muchos años combinando el trabajo en la finca, la producción familiar y el pequeño comercio local.

Ahora bien, la destrucción de cientos de economías campesinas y familiares se hace en provecho de un reducido grupo de empresas y grandes corporaciones nacionales y multinacionales.

2. El nuevo oligopolio de los agrocombustibles

En Guatemala, el surgimiento de monopolios u oligopolios (de personas, gremiales y corporaciones) no es natural, como afirman sus defensores. Nacen de una cultura empresarial originada en la época colonial con el establecimiento de los estancos —industrias fiscales protegidas por la Corona española como el comercio de licores, tabaco y pólvora—, y se consolidan gracias a la protección y privilegios fiscales del Estado y a los beneficios que les deja el modelo concentrador de la tierra que impulsó las exportaciones de café, azúcar, banano y algodón bajo el control de una clase dominante que instituyó las relaciones sociales de producción que prevalecen hasta hoy.

Así, y a pesar de que Guatemala es oficialmente una economía de libre mercado desde el 21 de julio de 1995 —fecha en que ingresa a la Organización Mundial del Comercio (OMC)—,[15] nuevos monopolios y oligopolios vienen a sumarse a los ya existentes en la producción, exportación, importación y comercialización de cerveza, cemento, pollo, azúcar, licores, banano, acero, aceite vegetal, pastas y harina de trigo, arroz, la banca, fertilizantes, generación de energía, gas licuado, jabones, telecomunicaciones, prensa, radio, televisión… Los cuales, además de crear grupos de presión que luchan entre sí para controlar al Estado en vistas de obtener protección y privilegios fiscales para sus negocios, 1) imponen los precios del mercado afectando a los consumidores, 2) frenan el crecimiento económico —porque se benefician con la existencia de altos aranceles que contienen la entrada al mercado de nuevas empresas que inviertan y generen empleo—, y 3) constituyen un factor de desigualdad en la repartición de la riqueza —puesto que controlan los sectores más rentables de la economía guatemalteca.

En ese contexto, el acaparamiento de tierras en la FTN, Izabal y El Petén trae consigo la concentración de la producción de agrocombustibles en pocos grupos económicos, es decir, la conformación de un nuevo oligopolio sobre la base de los monopolios u oligopolios ya existentes.

La producción de palma africana, ciertamente, la concentran 1) el Grupo HAME/REPSA; 2) INDESA/PADESA; 3) AGROCARIBE; 4) Palmas del Ixcán; 5) Grupo Kong; y 6) Agroforestadora Raudales “La Cachimba”. Todas poseen plantaciones en plena expansión y plantas procesadoras de aceites esenciales y grasas comestibles, cuya producción proveía hasta hace poco tiempo las necesidades del mercado interno, exportándose además a El Salvador y Estados Unidos. Fue en realidad con la crisis energética desatada recientemente, y con el auge de los agrocombustibles en el mercado global, que los productores de palma africana decidieron ampliar sus plantaciones, instalar plantas generadoras e iniciar operaciones para producir agrodiésel. En ese contexto, y aunque todavía no se tengan datos sobre la producción de agrodiésel en el país, se sabe que dos plantas enlazadas a las empresas AGROCARIBE e INDESA fueron instaladas en Izabal.[16]

La producción de caña de azúcar, por su parte, está concentrada en catorce ingenios: Pantaleón, Concepción, El Baúl, Magdalena, Santa Ana, Palo Gordo, Los Tarros, La Unión, Madre Tierra, San Diego, Trinidad, El Pilar, Santa Teresa y La Sonrisa (El Ingenio Guadalupe fue cerrado en el 2005 y será trasladado de Escuintla al valle del Polochic para reiniciar operaciones posiblemente en el 2012 con el nombre comercial Chabil Utzaj, S. A.[17]). Sin embargo, la producción de etanol de caña de azúcar está concentrada en sólo cinco plantas: la Destilería BioEtanol del Ingenio Pantaleón (150,000 lt/día), del Ingenio Palo Gordo (100,000 lt/día), del Ingenio Magdalena (300,000 lt/día), Servicios Manufactureros de la sociedad de los ingenios Magdalena y Madre Tierra (125,000 lt/día) y la Destilería de Alcoholes y Rones, S. A. (DARSA) (100,000 lt/día).[18] En total, pues, se producen 775,000 litros diarios de etanol de caña de azúcar, pero se sabe que la capacidad instalada para la producción de etanol a 2009 alcanzó 199,350,00 lt/año y llegará a 269,100,000 lt/año en el 2011.[19]

Protegidas por el Estado, con el control total del mercado, impulsadas e incluso financiadas por instituciones financieras internacionales, y en un contexto donde las corporaciones y grandes empresas dictan las políticas económicas del gobierno, no sorprende que la expansión de las plantaciones de caña de azúcar y palma africana esté provocando uno de los desastres ambientales más grandes de la historia del país.

Conclusión

Un problema que ha pasado desapercibido para la mayor parte de guatemaltecos acostumbrados al laisaiz faire (dejar hacer) impuesto por una decena de corporaciones y una centena de grandes empresas que mantienen capturada la economía,[20] está provocando grandes daños al país. Además del costo social pagado por los campesinos de las regiones donde se desarrollan las plantaciones de palma africana y caña de azúcar, su expansión provoca en muchos casos destrucción de bosques, movimientos de tierras, contaminación y muchas veces drenaje y desecado de pantanos, lagunas y otras fuentes de agua, en fin, la eliminación parcial o total de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

El costo social de la expansión de esas plantaciones no debe medirse únicamente por el daño que éstas están provocando a las economías campesinas y familiares. Además, debe medirse por el desastre ambiental causado, por privar a las futuras generaciones de guatemaltecos de agua y suelos fértiles, es decir, de condiciones mínimas de existencia, ¡en un país de historia y cultura milenarias cuyo nombre designa precisamente a una “Tierra de muchos árboles”! Hasta cuándo los guatemaltecos indiferentes a los problemas sociales y ambientales tolerarán las prácticas de los terratenientes y empresarios que siguen devastando Guatemala. ¡He ahí! la cuestión que se plantea.

Cristina Hernández

El cambio climático, la contaminación de la atmósfera y del agua, las transformaciones del paisaje -tales como la deforestación y los procesos de degradación del suelo-; la extinción de especies y el agotamiento de recursos naturales sobreexplotados son factores que han traído consigo un cambio ambiental global que precisa una respuesta urgente y definitiva por parte de las naciones, pero no habra una verdadera solución para el conflicto si no se supera el modelo de desarrollo capitalista.

Los últimos diez años han sido pródigos en noticias sobre terremotos, tsunamis, inundaciones, sequías, olas de calor y de frío, exterminio de especies animales, bosques totalmente devastados. A la par, sabemos que aumenta el agujero de la capa de ozono, se acaban las reservas de hidrocarburos, sube la temperatura de océanos y mares, se derriten los glaciares y la polución produce todo tipo de afecciones a la salud humana.

El sistema de consumo de las sociedades contemporáneas se ha convertido en depredador de todos los recursos ambientales y nos regresa hoy a la génesis de la lucha por la supervivencia. De mantenerse los ritmos de crecimiento económico basados en el saqueo de la naturaleza, puede que nuestros descendientes no encuentren las vías para mantenerse con vida. Sin embargo, los principales causantes de esta situación serán los últimos en verse afectados por sus consecuencias. La desigualdad del mundo contemporáneo hace que sean las naciones y personas más pobres quienes primero sufran los embates de esta acción perjudicial sobre la naturaleza.

El cambio climático, la contaminación de la atmósfera y del agua, las transformaciones del paisaje -tales como la deforestación y los procesos de degradación del suelo-; la extinción de especies y el agotamiento de recursos naturales sobreexplotados son factores que han traído consigo un cambio ambiental global que precisa una respuesta urgente y definitiva por parte de las naciones.

No se trata de una preocupación reciente. En el informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987 por la Comisión Brundtland, denominado Nuestro Futuro Común, se presentó el concepto de “Desarrollo sostenible”, apoyado luego en la Cumbre de Río de 1992. Con esto se acentuaba el principio elemental de un desarrollo donde se logren satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar por ello las de la generación del futuro. Ahora bien, llevar a término este paradigma en un mundo donde prima un modelo de desarrollo basado en la acumulación desmedida ha sido prácticamente imposible. Sus consecuencias no han podido siquiera aplazarse, aún cuando existen llamamientos internacionales como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan de Implementación de Johannesburgo, el Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

En su intervención en aquella Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, Fidel aseguraba que la especie humana se encontraba en riesgo de desaparecer y responsabilizaba de manera directa a las sociedades de consumo por la atroz destrucción del medio ambiente. La solución avistada por el líder histórico de la Revolución Cubana transitaba por una mejor distribución de los recursos. “Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana”, sentenció.

Efectivamente, se trata de aplicar un enfoque cultural a la sostenibilidad en pos de alcanzar un sistema de pensamiento y de acciones donde prevalezca la armonía con la naturaleza. El modelo cultural de producción, hasta el momento devastador, debe ser sustituido por valores que apunten a una relación más sabia con el planeta. No basta con promover el cuidado del medio ambiente si no se transforma de manera radical la visión del mundo y los principios sobre los que se concibe el desarrollo económico.

Por sólo citar algunas cifras de la acción demoledora de la especie humana, se estima que en el mundo se pierden alrededor de 15 millones de hectáreas de bosques al año, que el 52 por ciento de las pesquerías están explotadas al límite, otro 24 agotadas y solamente el tres por ciento se consideran no explotadas.

Mientras América Latina consume alrededor del 4 por ciento de la energía mundial y África el 2.5 por ciento, entre EE.UU y la Unión Europea consumen alrededor del 58 por ciento de la energía del planeta. El desplazamiento climático ambiental es la primera causa de las migraciones humanas y en 2010 llegaba a 38 millones de personas.

Además, se desperdician a diario millones de toneladas de alimentos, al tiempo que en el África Subsahariana el hambre es una causa de muerte. EE.UU. es el país que lidera las cifras de este despilfarro. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona, entre el 45 y el 50 por ciento de todos los alimentos cosechados se pierden anualmente antes de ser consumidos. En el mismo informe se consigna que esta comida podría servir para cubrir todas las necesidades de los desnutridos de ese país, en el cual 4.6 millones de hogares padecen de grave inseguridad alimentaria.

Cercanos a la celebración de la Cumbre Río+20, donde las naciones del mundo se reunirán a evaluar los desafíos de este cambio ambiental global y las vías para enfrentar sus consecuencias hasta el momento irreversibles, los movimientos sociales se reunieron en Brasil en el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental. La crisis ambiental y la soberanía alimentaria estuvieron entre los puntos debatidos, partiendo siempre de que “el calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción, distribución y consumo”.

En la Declaración Final de esta Asamblea de Porto Alegre se responsabiliza a las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y organismos internacionales por no querer reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La opción de una “economía verde”, propuesta como solución para la crisis ambiental y alimentaria por algunas potencias internacionales es puesta en entredicho, pues “resulta en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida”. Los agrocombustibles transgénicos, la geoingeniería y los mercados de carbono no resultan, como bien se apunta en el documento, una verdadera solución para el conflicto si no se supera el modelo de desarrollo capitalista.

Para el planeta no existen recursos infinitos. La responsabilidad de preservarlos pasa hoy por los gobiernos, pero también por cada uno de los seres humanos que lo habitamos. Cada acción que realicemos como comunidad de naciones en pos de una cultura ecológica resulta garantía de perpetuidad. La crisis ambiental nos pone ante el reto intelectual de concebir un ethos de armonía con el espacio que nos brindó la vida. El presente dossier de La Jiribilla, responde por tanto, al imperativo ideológico y cultural de mantener a salvo la Tierra. www.ecoportal.net

Cristina Hernández • La Habana – Ilustraciones: Zardoyas

Pablo Solón

 Los países ricos tienen propuestas ofensivas para la mercantilización de la naturaleza.

• Los países en vías de desarrollo tienen una posición defensiva.
• Bolivia se olvido de Tiquipaya.
• No podemos esperar a Rio+20.

El borrador del documento que se está negociando para la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (mas conocida como Rio+20) ha pasado por dos rondas de negociación (enero y marzo) y ahora incluye las propuestas de todos los países que las hicieron llegar hasta la fecha límite del 29 de febrero.

Originalmente el “borrador 0” tenia a principios de año 20 paginas y 128 parágrafos. Actualmente dicho “documento compilado” (versión 28/3/12) tiene 222 páginas y varios centenares de parágrafos.

Los países ricos promueven la “economía verde”

La principal propuesta para Rio+20 de los países ricos es la “economía verde”. Ellos buscan desarrollar a nivel mundial un conjunto de indicadores y medidas para cuantificar y valorizar económicamente las distintas funciones de la naturaleza para introducirlas al mercado a través de una serie de mecanismos financieros. Su “economía verde” busca no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza a través del comercio de los servicios de los ecosistemas. En otras palabras, la “economía verde” busca ya no sólo mercantilizar la madera de los bosque sino la capacidad de absorción de dióxido de carbono de los bosques.

Para la “economía verde” el desequilibrio con nuestro medio ambiente se debe a que no se trato a la naturaleza como un “capital”. Por eso pregonan un capitalismo tridimensional que incluya no solo a las maquinas y a los seres humanos, sino también a la naturaleza.

El objetivo de la “economía verde” es crear un ambiente propicio para la inversión privada en el agua, la biodiversidad, los océanos, los bosques, etc. Estos incentivos a la inversión privada incluyen desde asignarle precio al agua hasta garantizar las utilidades del inversionista privado.

La “economía verde” lejos de generar productos reales y tangibles desarrollará un mercado ficticio de bonos y certificados financieros que se negociaran a través de los bancos. La gran banca que provocó la crisis financiera del 2008, y luego fue premiada con trillones de dólares de fondos públicos, ahora tendrá a su disposición a la Naturaleza para especular y realizar fabulosas ganancias.

Los países ricos esperan que Rio+20 le dé un mandato a las Naciones Unidas para empezar a desarrollar un conjunto de indicadores y mecanismos de medición que creen las bases para un mercado mundial de servicios ambientales y de los ecosistemas.

Los países en vías de desarrollo a la defensiva

Frente a esta propuesta agresiva de los países desarrollados, los países en vías de desarrollo agrupados en el G77+China han realizado propuestas esencialmente defensivas que están recogidas en el documento compilado del 28/3/12.

El Grupo de los 77+China que aglutina a 131 países en vías de desarrollo, y donde se encuentra Bolivia, defiende el concepto de desarrollo sostenible de hace 20 años atrás. No se opone a la “economía verde” pero dice que debe respetar la “soberanía” de los estados y su “derecho al desarrollo”. Plantea hablar de economía verde y “otras visiones” sin definir cuales son.

Habla de la necesidad de un nuevo Orden Económico Internacional sin pronunciarse claramente sobre el rol del FMI, el BM o la OMC. El parágrafo mas progresivo del G77+China dice: “es urgente atender la falta de una adecuada regulación y monitoreo del sector financiero, la falta de transparencia e integridad financiera, el excesivo riesgo y los excesivos e insostenibles patrones de consumo y producción de los países ricos…”

Entre las salvaguardas para la “economía verde” que hace el G77+China no figura ninguna propuesta que diga que esta no debe implicar la valorización monetaria de la naturaleza ni la mercantilización de las funciones y procesos de la misma. Para el G77+China “las estrategias basadas en el mercado son insuficientes por si mismas para asegurar una distribución equitativa del crecimiento económico…” y no alerta ni se pronuncia en contra de estas nuevas formas de mercado.

En síntesis, mientras los países ricos van por un nuevo negocio con la naturaleza que los haga mas ricos, los países en vías de desarrollo defienden esencialmente propuestas ya acordadas en el marco de las Naciones Unidas.

En una negociación donde uno pide mercantilizar la naturaleza y el otro solo se defiende sin hacer nuevas propuestas que realmente marquen un cambio significativo para el siglo XXI, lo mas previsible es que el resultado sea mas de lo mismo + algunas medidas de financiarización de la naturaleza.

…y las propuestas de Tiquipaya?

El 2010 Bolivia realizo la Conferencia Mundial de los pueblos sobre cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Tiquipaya, Cochabamba. Allí, con la participación de 35000 personas de los cuales 9000 eran delegados internacionales, se aprobó una propuesta que va mucho mas allá del desarrollo sostenible porque plantea que no sólo hay que buscar el bienestar de las generaciones futuras sino el bienestar de la Madre Tierra. En ese sentido se planteó un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y se hizo una serie de propuestas concretas para que los presupuestos militares y de defensa se destine a la preservación de la naturaleza, para que se promueva la soberanía alimentaria en oposición al agronegocio, para que se prohíban la geoingeniería y los organismos genéticamente modificados, para que los servicios básicos estén bajo control de la sociedad y no sean privatizados, para que se preserven los derechos de los pueblos indígenas incluyendo el derecho a la consulta libre previa e informada, para que no se mercantilicen los bosques a través de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), etc, etc.

Lo sorprendente es que Bolivia no propuso de manera formal que se incluyan estas propuestas en el documento compilado de 222 paginas donde se incorporaron todas las propuestas que llegaron hasta la fecha límite del 29 de febrero.

En el documento de negociación aparecen los nombres de decenas de países que hicieron propuestas pero no aparece el nombre de Bolivia. La palabra “Madre Tierra” que fue acordada por consenso en Naciones Unidas no aparece en el documento compilado. La propuesta de “derechos de la naturaleza” solo existe como un saludo del G77+China a la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (ECLAC) pero no existe ninguna propuesta para que se discuta una Declaración de Derechos de la Madre Tierra en el marco de Rio+20.

No podemos esperar a Rio+20

Del 20 al 22 de Junio se llevará a cabo en Rio de Janeiro la Conferencia de Rio+20, allí asistirán mas de 80 jefes de estado para sacarse una foto y hacer discursos, pero el documento que será aprobado ya estará cocinado en las rondas de negociación que actualmente se llevan a cabo en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, muy cerca de donde nació hace un año el movimiento de Occupy Wall Street.

La próxima ronda de negociación será del 23 de abril al 4 de Mayo. Es fundamental forjar una articulación en todos los países para pronunciarnos y movilizarnos en contra de la economía verde mercantilizadora de la naturaleza y para avanzar por un camino que recoja las propuestas que vienen desde los pueblos como es el Acuerdo de los Pueblos de Tiquipaya.

La Paz, Abril 3 del 2012

Journal of Substainablity Education

Introducción

Las perspectivas recientes sobre educación ambiental y educación para la sostenibilidad de muy variadas maneras se enfocan en el “desarrollo sustentable”. Buena parte de la discusión queda centrada, por lo tanto, en cuestiones como determinar las condiciones ecológicas para el desarrollo, generar un desarrollo “verde” o alentar una sensibilidad ambiental. De alguna manera puede entenderse que esas posturas son reformas ambientales al desarrollo.

En cambio, otra manera de enfocar estas cuestiones es promover simultáneamente una crítica sustancial sobre la idea misma de “desarrollo”. En otras palabras, admitir que un tránsito a la sustentabilidad implica cambios radicales en las ideas que hoy son aceptadas sobre el desarrollo.

Un proceso de este tipo está en marcha en algunos países y movimientos en América Latina. Se está observando una renovación de la crítica al desarrollo, donde uno de sus componentes proviene de las preocupaciones ambientales. Pero esta nueva reflexión ofrece la particularidad de ir hasta las raíces culturales de las concepciones de desarrollo, y una vez allí, entiende que las alternativas se encuentran más allá de esas ideas. Son, por lo tanto, críticas al desarrollo donde se termina abandonando la idea convencional de “desarrollo”.

El presente artículo ofrece un resumen de algunas de estas discusiones, y en especial aquellas que están enfocadas en las alternativas que ahora se conocen como “Buen vivir” o “Vivir Bien”. Las secciones que siguen reproducen un artículo que hemos publicado recientemente (Gudynas y Acosta, 2011).

Nuestro objetivo es revisar algunos aspectos claves de la actual construcción de las ideas sobre Buen Vivir como crítica al desarrollo. Se repasan algunas posturas críticas al desarrollo, ubicando a las ideas sobre el Buen Vivir como una respuesta a varios de esos cuestionamientos. Se analizan los componentes que explican la construcción de las ideas de Buen Vivir, comentándose sobre sus formulaciones en las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador. Paralelamente, indicamos que estas ideas recuperan posturas claves ancladas en los conocimientos saberes propios de pueblos indígenas. Sus expresiones más conocidas remiten a Ecuador y Bolivia; en el primer caso es el Buen Vivir o sumak kawsay (en kichwa), y en el segundo, en particular el Vivir Bien o suma qamaña (en aymara) y sumak kawsay (en quechua). Finalmente, se avanza en la idea del Buen Vivir como una plataforma política para la construcción de alternativas al desarrollo.

El Buen Vivir, en tanto concepto plural y en construcción, discurre en el campo de los debates teóricos, pero también avanza en las prácticas, sea en aquella de los pueblos indígenas y en los movimientos sociales, como en la construcción política, dando sus  primeros pasos en las recientes constituciones de Bolivia y Ecuador. Más allá de la diversidad de posturas al interior del Buen Vivir, aparecen elementos unificadores claves, tales como el cuestionamiento al desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación conla Naturaleza.ElBuen Vivir no es, entonces, un desarrollo alternativo más dentro de una larga lista de opciones, sino que se presenta como una alternativa a todas esas posturas.

La crítica y la permanencia del desarrollo convencional

Las ideas contemporáneas sobre el desarrollo comenzaron a formalizarse en la década de 1940. Es habitual presentar como referencia el discurso de 1949 del presidente de Estados Unidos, Harry Truman, donde se presenta la idea del desarrollo como sucesivos avances en la linealidad del progreso. El desarrollo es definido también en relación a su contracara, el subdesarrollo; la primera situación se observaría en los países industrializados, cuyos regímenes de gobierno y sus patrones culturales se deben convertir en el ejemplo a seguir por los países del sur  (véase, por ejemplo, a Sanchs, 1992, y Rist, 2002).

De esta manera, América Latina junto a otras regiones, debían aplicar un conjunto de políticas, instrumentos e indicadores para salir del “subdesarrollo” y llegar a aquella deseada condición del “desarrollo”. A lo largo de estas últimas décadas, casi todos los países han intentado seguir ese supuesto recorrido. ¿Cuántos lo han logrado? Muy pocos. En realidad, lo que se observa en el mundo es un “mal desarrollo” generalizado, existente inclusive en los países considerados como desarrollados. José María Tortosa va más allá, afirmando que “el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es «maldesarrollador»” en su propia lógica, ya que está basado en una idea de “eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital” (en el sentido de Tortosa, 2008).

Por cierto que existe cierta heterogeneidad dentro del amplio campo del desarrollo contemporáneo. De hecho, por lo menos desde la década de 1960 comenzaron a sumarse distintas visiones críticas inconformes con las posturas de un progreso lineal, con reclamos en el terreno social y ambiental (véase la revisión de Unceta, 2009). Los objetivos y medios para avanzar en el desarrollo difieren entre escuelas de pensamiento y diversos autores, las que quedan bien ejemplificadas por Tortosa (2008) al recordar que van desde las “versiones más economicistas que lo identifican con el crecimiento del PIB a las más complejas del desarrollo a escala humana, necesidades básicas, nuevo orden internacional, desarrollo humano, ecodesarrollo o codesarrollo”.

Entre esas corrientes se encuentran las críticas ambientales, y al menos desde 1980, el desarrollo sostenible como concepto. Si bien sus posturas originales, la sustentabilidad requería una reformulación sustancial del desarrollo, pero al pasar el tiempo, esta idea se diversificó en corrientes muy diversas, incluyendo aquellas que quedaron en un mero intento de reformas instrumentales del desarrollo para relanzarlo como crecimiento económico.

La diversidad de posiciones alrededor del desarrollo s muy clara en el caso latinoamericano, lo que explica la “azarosa biografía” de la idea de desarrollo en la región, cambiando “muchas veces de identidad y de apellido, tironeado entre un consistente reduccionismo economicista y los insistentes reclamos de todas las otras dimensiones de la existencia social. Es decir, entre muy diferentes intereses de poder”, al decir de Aníbal Quijano (2000). Inicialmente sus promesas fueron movilizadoras, agrega Quijano, “pero fueron eclipsándose en un horizonte cada vez más esquivo y sus abanderados y seguidores fueron enjaulados por el desencanto”.

A su vez, la región también jugó un papel importante en generar revisiones críticas sobre el desarrollo convencional, tales como el muy conocido estructuralismo inicial de Raúl Prebisch, los diferentes énfasis en la teoría de la dependencia, hasta posiciones más recientes, como el neo-estructuralismo de CEPAL. Estas posturas heterodoxas y críticas encierran una importancia considerable, pero también han adolecido de algunas limitaciones. Por un lado, sus cuestionamientos no lograron alcanzar los núcleos conceptuales de la idea de desarrollo convencional entendido como progreso lineal, y en particular expresado en términos del crecimiento económico. Por otro lado, cada una de ellas generó una ola de revisiones pero que no lograron sumarse y articularse entre sí; si bien generaban un pico en los cuestionamientos, poco después éstos comenzaban a languidecer y las ideas convencionales volvían a retomar el protagonismo. Este tipo de procesos explica que a pesar de las diversas posiciones críticas sobre el desarrollo que se acumularon sobre todo en la década de 1970, desde el dependentismo a los llamados a un “otro desarrollo”, de todas maneras el núcleo básico desarrollista persistió, y se acentuó bajo las reformas de mercado de inspiración neoliberales de las décadas de 1980 y 1990.

Crítica y cansancio

A partir de fines de la década de 1990, los cuestionamientos parecen potenciarse entre sí, en particular como reacción frente al reduccionismo de mercado. La confianza en el desarrollo se resquebraja en las décadas de 1980 y 1990. Por un lado, las posturas neoliberales consideran que éste no es un proceso a construir o planificar, sino que resulta de dejar actuar libremente al mercado. La temática del desarrollo parece reducirse en el ámbito académico y en la gestión gubernamental.

Por otro lado, las promesas de los planes, programas y proyectos de desarrollo, no se concretan. Los problemas de pobreza y desigualdad en el continente persistían, y los beneficios anunciados por el desarrollo no lograban cambios sustantivos en las economías nacionales o locales. Es más, en algunos casos, los emprendimientos que se anunciaban como disparadores del desarrollo, en realidad tenían efectos contrarios, especialmente diversos impactos sociales y ambientales.

No pretendemos decir que fracasaron todos los emprendimientos que han invocado metas del desarrollo. Pero sí deseamos puntualizar que ello sucedió en muchos casos, y que hay actores sociales claves que reaccionan negativamente o están defraudados por ese tipo de iniciativas (más allá de la validez o no de esas posiciones). De hecho, se han montado redes ciudadanas para denunciar y alertar sobre algunos de esos efectos negativos (y en muchas de ellas, las cuestiones ambientales tienen un papel central).

En este estado de cosas, apenas resumido en los párrafos precedentes, se formalizan los cuestionamientos del postdesarrollo, entendiéndolo como una reconstrucción y crítica de la base conceptual, las prácticas, las instituciones y los discursos del desarrollo (véase por ejemplo, Escobar, 2010). Estas críticas calan mucho más profundamente, en tanto conciben que los problemas no radican en las mediaciones o instrumentalizaciones de diferentes opciones de desarrollo, sino que es necesario ir a las bases conceptuales, incluso ideológicas o culturales, en las que se sustenta el desarrollismo convencional. Es así que muchos de aportes de las corrientes heterodoxas antes mencionadas, en realidad enfocan “desarrollos alternativos”, mientras que es necesario generar “alternativas al desarrollo”.

Las controversias sobre el desarrollo, sus pretendidos éxitos como sus reconocidos fracasos, por distintos medios, desembocaron en la retracción a esa temática, tal como se adelantó arriba. Es un escenario que hemos calificado en otras oportunidades como un “cansancio” con las ideas convencionales sobre el desarrollo.

El regreso de las alternativas al desarrollo

Apelando una vez más a un apretado resumen, es posible señalar que en los albores del siglo XXI, el estilo de desarrollo neoliberal comienza a agotarse, y se suceden recambios políticos en varios países, cuya expresión más nítida ha sido la llegada al poder de la nueva izquierda o progresismo sudamericano. Sin duda los procesos en juego son diversos, y los tonos de cada uno de los nuevos gobiernos también es distinto, pero en todo ellos se comparte un rechazo al reduccionismo neoliberal, buscar el rencuentro con los sectores populares, la defensa del protagonismo del Estado, y acciones más enérgicas en la lucha contra la pobreza.

Paralelamente, ganaron un nuevo protagonismo los aportes de los pueblos indígenas. Sus aportes incluyen diversos cuestionamientos al desarrollo, tanto en los planos prácticos como en los conceptuales. Bajo algunos saberes indígenas no existe una idea análoga a la de desarrollo, lo que lleva a que en muchos casos se rechaza esa idea. A su vez, el desarrollo convencional es visto como una imposición cultural heredera del saber occidental, por lo tanto las reacciones contra la colonialidad en los saberes implica un distanciamiento del desarrollismo. Cuestionamientos de ese tipo están más allá de cualquier corrección instrumental de una estrategia de desarrollo (con lo cual, por una vía independiente y distinta, de todos modos se observan analogías con la crítica post-desarrollista).

Finalmente, a inicios del siglo XXI también se refuerzan otras vertientes contestatarias del desarrollo. Destacamos entre ellas las alertas sobre el deterioro ambiental ocasionado por los patrones de consumo occidentales, y los crecientes signos de agotamiento ecológico del planeta.La Tierrano tiene la capacidad de absorción y resilencia para que todos repitan el consumismo propios de los países industrializados. El concepto de desarrollo convencional no brinda respuestas adecuadas a estas alertas.

Procesos de este tipo explican el regreso de la problemática del desarrollo, y en particular aquellas que buscan una alternativa al desarrollo. Esto es, alternativas en un sentido más profundo, que buscan romper con bases culturales e ideológicas del desarrollo contemporáneo, y apelar a otras imágenes, metas y prácticas. En este contexto, ciertas ideas originadas en los saberes tradicionales andinos, enfocadas en el bienestar de las personas y defensoras de otro tipo de relacionalidad con el ambiente, rápidamente lograron incidir en el debate sobre el desarrollo, y se constituyen en nuevas alternativas a éste. Este es el espacio ocupado por las ideas englobadas bajo el rótulo de “Buen Vivir” (un resumen en inglés en Gudynas, 2011b).

El Buen Vivir, tal como se entiende en el presente artículo, es un concepto en construcción, bajo distintas confluencias que van desde aquellas promovidas desde la reflexión académica a las prácticas de los movimientos sociales. Este resulta de una recuperación de saberes y sensibilidades propias de algunos pueblos indígenas, que eran tanto una reacción contra el desarrollismo convencional, como una apuesta a una alternativa sustancial. De esta manera se apartaba de las ideas occidentales convencionales del progreso, y apuntaba hacia otra concepción de la vida buena, incluyendo una especial atención ala Naturaleza. Sibien, el Buen Vivir no puede ser simplistamente asociado al “bienestar occidental”, tampoco rechaza algunos aportes contemporáneos que parten del saber occidental, en especial aquellas corrientes críticas y contestarias como las que ejemplifica el ambientalismo o feminismo.

Es también un concepto que está dando sus primeros pasos en los marcos normativos nacionales de algunos países, y en la planificación y gestión estatal. Seguidamente se analizan algunos de estos componentes.

El Buen Vivir en las nuevas Constituciones andinas

Las ideas del Buen Vivir lograron formalizarse en las nuevas constituciones de Bolivia  (aprobada en 2009) y Ecuador (2008). Como se adelantó arriba, el concepto está anclado en saberes y sensibilidades de algunos pueblos indígenas. En el caso ecuatoriano, se expresa bajo la idea del sumak kawsay en kichwa, que ha sido defendido e invocado a lo largo de los últimos años, hasta cristalizar políticamente en el proceso constituyente de 2007 y 2008 (más abajo se citan los números de los artículos de cada Constitución).

En Bolivia, la idea de la “vida buena” también tiene viejos antecedentes, aunque su formulación como suma qamaña en aymara, es posiblemente mucho más reciente (Uzeda, 2009). De la misma manera, la idea se formalizó en la nueva Constitución de Bolivia, y fue además asociada a otros conceptos análogos que son defendidos desde otras nacionalidades indígenas.

En el caso dela Constituciónde Ecuador, esta idea es presentada como un derecho. Integra los “derechos del Buen Vivir”, que también incluyen un amplia variedad de otros derechos (tales como a la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, vivienda, salud, energía, etc.), donde existen correspondencias entre ellos y el sumak kawsay. En la formulación ecuatoriana estos derechos no están jerarquizados, y por lo tanto se complementan en un mismo plano. Por lo tanto los derechos del Buen Vivir ocupan la misma jerarquía que esos otros conjuntos de derechos, y a su vez, este conjunto tiene un correlato en una sección dedicada a las responsabilidades.

Seguidamente se indican dos campos principales de acción en un mismo nivel de jerarquía: por un lado el “régimen del Buen Vivir”, y por el otro, el “régimen de desarrollo”. Este último es definido como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir, del sumak kawsay” (artículo 275). Se postula una directa vinculación entre las estrategias de desarrollo y los derechos; el “Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza” (art. 275). Este régimen de desarrollo debe atender una planificación participativa, y se expresa en las áreas del trabajo, y de las soberanías alimentaria, económica y energética. En paralelo, el régimen del Buen Vivir incluye las cuestiones de inclusión y equidad (por ejemplo, educación, salud, vivienda, cultura, etc.) y biodiversidad y recursos naturales.

Como la formalización ecuatoriana coloca al Buen Vivir en el plano de los derechos, su satisfacción requiere de cambios sustanciales en las estrategias de desarrollo. De esta manera, las estrategias de “desarrollo” en el uso clásico de la palabra, deben ser rediseñadas de nueva manera para asegurar el Buen Vivir.

En el caso de la nueva Constitución de Bolivia (2009), las referencias al Buen Vivir aparecen en la sección sobre las bases fundamentales del Estado. Allí, al abordarse los principios, valores y fines del Estado (art. 8), se “asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).” En este caso se observa una mayor amplitud cultural, en tanto se postulan concepciones del Buen Vivir de varias tradiciones indígenas además de la aymara, tales como quechua y guaraní.

Estos principios del Buen Vivir se presentan en paralelo, y con la misma jerarquía, que otros principios clásicos, tales como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, etc. (también incluidos en el artículo 8).

A su vez, estos principios son vinculados directamente con la forma de organización económica del Estado, donde también se apuntan algunos cambios en el camino del desarrollo. En efecto, se sostiene que el “modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien” (art. 306). Por ejemplo, se postula un ordenamiento económico plural, vinculado a principios como la solidaridad y reciprocidad. Aquí también, el lograr “Vivir Bien en sus múltiples dimensiones”, requiere cambios económicos sustantivos, como atender a la generación de producto social, redistribución justa de la riqueza, industrializar los recursos naturales, etc. (art. 313).

De este breve repaso surgen varias similitudes en la presentación del Buen Vivir en estas constituciones. En los dos casos, la idea del Buen Vivir está directamente vinculada con saberes y tradiciones indígenas. Por lo tanto, hay un esfuerzo deliberado de volver a hacer visibles saberes y concepciones que han estado ocultadas y sojuzgadas por largo tiempo. También se busca otro desarrollo, apuntando a un cambio profundo en las economías y en otra postura frente al mercado. El mercado por sí solo no es la solución, tampoco lo es el Estado, de donde el Buen Vivir apunta a relaciones dinámicas y constructivas entre el mercado, la sociedad y el Estado. Se busca construir una sociedad con diversidad de distintos tipos de mercados, para no tener una sociedad mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores, pero tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de la economía.

Pero también hay diferencias importantes entre las propuestas boliviana y ecuatoriana. En el caso de Bolivia, el suma qamaña y los demás conceptos asociados, son principios ético-morales y no aparecen como derechos, tal como sucede enla Constituciónecuatoriana. Están enfocados en delimitar los marcos para una sociedad que se define como plurinacional. Incluso se puede argumentar que estos principios ético-morales serían una de las fundamentaciones de esa plurinacionalidad, y el Buen Vivir es entonces una condición que puede expresarse de diferente manera en cada una de ellas.

La Constituciónde Ecuador, en cambio, el sumak kawsay es presentado a dos niveles: como el marco para un conjunto sustantivo de derechos, y como expresión de buena parte de la organización y ejecución de esos derechos, no sólo en el Estado, sino en toda la sociedad. Es una formalización de mayor amplitud y más precisa, ya que el sumak kawsay aparece dentro del conjunto de derechos y a la vez como contrapeso a un nuevo régimen de desarrollo. En cambio, en el texto constitucional boliviano ese vínculo entre suma qamaña y los derechos no es explícito; por ejemplo, no hay una referencia a este concepto en la sección de los derechos fundamentales. A su vez, en el texto boliviano, el suma qamaña es claramente presentado como una de las finalidades del Estado. En cambio, enla Constituciónecuatoriana el Buen Vivir aparece en un alto nivel de la jerarquía, y desde éste se derivan muchos derechos.

La dimensión plurinacional es más fuerte en el caso boliviano que en el ecuatoriano. A la inversa, los aspectos ambientales son mas sustantivos en la formulación ecuatoriana, donde se reconocen los Derechos dela Naturaleza(arts.71 a74), mientras que el texto boliviano es más ambiguo, ya que algunos artículos defienden el mandato del Estado de industrializar los recursos naturales (por ejemplo en el art. 9).

La relación conla Naturalezaes un aspecto clave en la construcción del Buen Vivir. Por esa razón, la propuesta ecuatoriana ofrece muchas más posibilidades al reconocerse quela Naturalezaes sujeto de derechos. Esta es una postura biocéntrica que se basa en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno.La Constituciónboliviana no ofrece una postura biocéntrica, y sus mandatos de industrialización de los recursos naturales queda atrapado en las ideas clásicas del progreso basadas en la apropiación dela Naturaleza.

Expresiones y facetas del Buen Vivir

El examen de los textos constitucionales de Bolivia y Ecuador sirve para ilustrar varios de los aspectos actualmente en consideración en la construcción del Buen Vivir. Un punto clave que resulta de esa experiencia es que el Buen Vivir representa una alternativa al desarrollo, y por lo tanto expresa una de las respuestas posibles a las críticas sustanciales del postdesarrollo. Eso se refleja en aportes diversos, que van desde el cuestionamiento a las visiones cartesianas sobre el mundo por Dávalos (2008), o al rechazo al desarrollo convencional desde la mirada indígena por Huanacuni Mamani (2010). De esta manera, el Buen Vivir no sería un conjunto de “desarrollo alternativos”, sino que una exploración de alternativas a la idea misma del desarrollo, sus expresiones en la gestión y política, su institucionalidad y sus discursos de legitimación.

El Buen Vivir recupera la idea de una buena vida, del bienestar en un sentido más amplio, trascendiendo las limitaciones del consumo material, y recuperando los aspectos afectivos y espirituales. Esta dimensión se expresa en subrayar la “plenitud de la vida” (según la analista aymara Choque, 2006), y en la austeridad y el rechazo de vivir “mejor” a costa de otros (a juicio de Albó, 2009). También se incorporan algunas ideas clásicas, tales como asegurar que las “libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan” (Ramírez, 2010).

Además de estos y otros aspectos comunes, el Buen Vivir tiene especificidades culturales propias. Es así que encontramos el sumak kawsay que es propio de la cultura kichwa, de su historia y de su contexto ecológico; lo mismo sucede con el suma qamaña, que es una elaboración ajustada a la circunstancia de los aymara de Bolivia. Estas y otras formulaciones poseen sus particularidades propias, y si bien se comparten elementos comunes entre todas ellas, cada una de ellas refleja sus propias circunstancias históricas, sociales y ambientales.

Para ilustrar este punto es apropiado repasar algunos aspectos, en el sentido de Buen Vivir como una “plataforma” de encuentro de diferentes posturas (Gudynas, 2011a). En el caso del suma qamaña, uno de sus proponentes más visibles es el intelectual aymara Simón Yampara (por ejemplo, Yamapra, 2001). Sus aportes, entre otros puntos, concibe el suma qamaña como un amplio bienestar basado en una armonía entre las dimensiones material y espiritual, y que en buena medida depende de un contexto comunitario y ambiental, representado en el ayllu andino.

A su vez, el sumak kawsay ecuatoriano, según uno de los líderes históricos del movimiento indígena ecuatoriano, Luis Macas (2011), se corresponde entre varios aspectos, con el espacio comunitario, en donde existe reciprocidad, convivencia conla Naturaleza, responsabilidad social y consenso.

También se invoca el ñande reko de los guaraníes, cuya acepción más rigurosa invoca a un modo de ser. Bajo ese concepto se incluyen diversas virtudes de la buena vida, tales como la libertad y la felicidad, y que están orientadas a la búsqueda de la “tierra sin mal”. Se pueden seguir sumando otros conceptos similares desde otros saberes indígenas a los que se comentaron arriba, como puede ser el küme morgen de los mapuches de Chile, las ideas de la buena vida de los achuar (Amazonía ecuatoriana), los kunas (Panamá), y así sucesivamente se pueden sumar otras concepciones.

Queda en claro, por lo tanto, que el Buen Vivir es un concepto plural (podría hablarse de “buenos vivires” o mejor sería decir “buenos convivires”), donde por ejemplo el sumak kawsay no es idéntico al ñande reko, ya que éstos y los demás, tienen especificidades propias de cada cultura. El Buen Vivir no puede ser reducido al sumak kawsay o al suma qamaña de los Andes, sino que ideas similares se encuentran en distintas culturas indígenas, y también en algunas criollas, o como resultado de hibridizaciones contemporáneas recientes (Gudynas, 2011a, b). Es más, como se mencionó antes, el suma qamaña de Bolivia parece ser una formulación reciente de un grupo de intelectuales aymara. Esto no implica un aspecto negativo para el Buen Vivir desde nuestra perspectiva, y por el contrario es una de sus facetas positivas, ya que expresa el dinamismo propio de un concepto en construcción, donde interactúan saberes tradicionales con nuevas miradas, las cuales permiten redefinir identidades hacia el futuro.

Esto permite despejar otro malentendido usual con el Buen Vivir, al despreciarlo como una mera aspiración de regreso al pasado o de misticismo indigenista. Al contrario, el Buen Vivir expresa construcciones que están en marcha en este mismo momento, donde interactúan, se mezclan y se hibridizan saberes y sensibilidades, todas compartiendo marcos similares tales como la crítica al desarrollo o la búsqueda de otra relacionalidad conla Naturaleza.

El Buen Vivir también recibe aportes de algunas tradiciones occidentales que han cuestionado distintos presupuestos de la modernidad dominante. Entre ellas se encuentran posturas éticas alternativas, donde se reconocen los Derechos dela Naturaleza, los aportes del feminismo como reacción a la dominación de base patriarcal, las nuevas conceptualizaciones en áreas como la justicia y el bienestar humano y muchas de las críticas al desarrollo.

En efecto, el desarrollismo convencional también recibió una crítica sustantiva desde “dentro” del saber occidental. Muchas de esas corrientes heterodoxas fueron marginalizadas, y en algunos casos combatidas desde los saberes convencionales. Aquí aparecen posturas ambientalistas muy conocidas, destacándose la defensa del biocentrismo desde la “ecología profunda” (Arne Naess, 1989). Es evidente que la sensibilidad ambiental en el suma qamaña o el sumak kawsay tiene semejanzas claves con críticas ambientalistas que han existido al interior de la tradición cultural. Una situación similar se puede describir para algunas críticas feministas, y en especial ecofeministas. De esta manera, el Buen Vivir posee muchas afinidades con las corrientes “super-fuertes” del desarrollo sostenible, donde se reconocen los valores intrínsecos dela Naturaleza.

Otros análisis sobre el Buen Vivir incluso lo presentan como una re-elaboración del socialismo clásico, con un toque de republicanismo (es el caso de Ramírez, 2010).

Se puede retrucar que esta diversidad hace que el concepto de Buen Vivir se vuelva demasiado difuso, y que la solución radicar en encontrar una versión “verdadera” u “objetiva”. Unos podrían considerar que ese “verdadero” Buen Vivir es el suma qamaña, mientras que otros lo ven como una reforma sustantiva de la izquierda socialista. Pero este intento deja en evidencia las dificultades en pretender que existe una sola definición, o que sea posible acordar una versión esencialita, una “receta”, del Buen Vivir. Sea por sus ventajas como desventajas, el Buen Vivir es un concepto plural, tanto por su matriz cultural, como por la necesidad de ajustarse a diferentes marcos ambientales.

De esta manera se arriba a otra particularidad del Buen Vivir: es un espacio de encuentro de diferentes culturas, tanto aquella del sumak kawsay como las de feministas o biocéntricos. No es un mero ejercicio multicultural o de yuxtaposición de culturas, sino que es un encuentro intercultural, entendiendo que existe un plano de igualdad entre distintas culturas, pero que a la vez opera un decolonialidad en admitir la superioridad de los saberes europeos.

Siguiendo este razonamiento, el Buen Vivir puede ser entendido como una plataforma de encuentro de diferentes maneras de entender el mundo, y nuestro papel en éste. En otras palabras, es una plataforma para el debate político sobre las alternativas al desarrollo, donde si bien existe una diversidad y superposición de distintas posturas, de todos modos hay elementos críticos en común. Entre ellos destacamos otra relación conla Naturaleza, la descolonización de los saberes, otra ética para reconocer y asignar valores, el abandono de las pretensiones de instrumentalización y manipulación del entorno. Este espacio político discurre con un talante de encuentro, diálogo e interacciones entre diferentes saberes y afectos, y que de esa manera configuran comunidades ampliadas. Entendemos que es una plataforma política, entendiendo la “política” en su sentido más amplio, como el debate público que realizan sujetos sobre el bien común, buscando trascender lo que venía siendo descrito como desarrollo.

El cuestionamiento a la Modernidad

Es importante advertir que este amplio conjunto de alternativas, sea aquellas originadas en saberes indígenas, como el sumak kawsay, o las que cuestionaban desde dentro al saber occidental, como la ecología profunda, de una manera u otra están poniendo en discusión varios de los cimientos dela Modernidadde origen europeo. En efecto, la crítica al desarrollo convencional y la búsqueda de alternativas pone en entredicho posturas tradicionales, tales como las que conciben ala Naturalezaa ser dominada y manipulada por el ser humano, o la fe en el progreso material. Estas y otras ideas, en sus formulaciones actuales tienen un origen en el renacimiento, en posiciones como las de Francis Bacon o René Descartes. El mandato baconiano de una ciencia que “torture ala Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio dela Inquisicióncon sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos…” (citado en Arrojo, 2010), se ha convertido en uno de los cimientos ideológicos del desarrollismo contemporáneo.

Por lo tanto, cuando el Buen Vivir cuestiona radicalmente las bases conceptuales del desarrollismo actual, simultáneamente pone en entredichola Modernidadde origen europeo. No son suficientes las reformas o ajustes al programa baconiano – cartesiano. Los “desarrollos alternativos” enfrentan limitaciones concretas en sus capacidades para resolver las problemáticas contemporáneas. Estas críticas determinan que el Buen Vivir, desde su pluralidad, represente exploraciones para ir más allá de las ideas de desarrollo propias dela Modernidad.Estorefuerza aquí la importancia de los saberes y sensibilidades indígenas, ya que esa pluriculturidad ofrece mejores posibilidades en poder salir del espacio de lo moderno.

Uno de los terrenos concretos de estas tensiones tiene lugar alrededor del extractivismo, la apropiación intensa y masiva de recursos naturales, con altos impactos sociales y ambientales. Ese estilo de desarrollo (que incluye la minería, petróleo y monocultivos), se está expandiendo en casi toda América del Sur, y en muchos casos bajo el empuje de los gobiernos progresistas. Las reacciones ciudadanas y el debate alrededor de esos emprendimientos con frecuencia expresan el reclamo por adentrarse en un sendero del Buen Vivir, frente a los efectos negativos que ocasionan esas actividades.

En este campo, las tensiones no son sólo instrumentales, tales como el manejo de la contaminación petrolera o minera, sino que es una disputa en las formas de entender el desarrollo y de buscar alternativas. Un buen ejemplo lo constituye el “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013” del Ecuador. Debe ser bienvenida la presentación de un plan, y que éste no se organice bajo la idea convencional del desarrollo, sino que apunte al Buen Vivir como meta, incluyendo propósitos como poder remontar la dependencia del extractivismo actual. Pero el problema es que al elaborar las mediaciones concretas, el plan vuelve a caer en instrumentos y procesos similares al desarrollo convencional, incluyendo mantener el extractivismo tanto minero como petrolero, y todos sus impactos sociales y ambientales. Se genera así una contradicción inevitable, en tanto se busca una alternativa al extractivismo pero se acepta más extractivismo como intento para alcanzarla.

Una plataforma compartida para un concepto en construcción

Finalicemos reconociendo que en el mundo actual se comprende, paulatinamente, la inviabilidad global del estilo de vida dominante. Sus límites políticos, económicos, sociales y ambientales, se vuelven evidentes. La discusión debería dejar de centrarse en la validez de esas advertencias, para pasar a abordar la ponderación de las alternativas de salida.

Bajo ese grave contexto, el Buen Vivir, emerge desde sociedades marginadas históricamente, y se proyecta como una plataforma para discutir alternativas conceptuales, pero también respuestas concretas urgentes, a los problemas que el desarrollismo actual no resuelve. Es tanto una crítica al desarrollismo como un ensayo de alternativas. Es un cuestionamiento que abandona la idea convencional de desarrollo, y no intenta reformarlo. En cambio se lo quiere trascender.

El crecimiento material no es la única vía a la que debería darse necesariamente prioridad. A escala global, la concepción del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un mercado capaz de absorber todo lo producido, no ha conducido ni va a conducir a las metas que promete del desarrollismo. Entretanto, ese recorrido está generando serios problemas sociales, como comunidades desplazadas o pobreza persistente, y un creciente deterioro ambiental, tanto a escalas locales (como sucede con la deforestación o erosión de suelos), como a escala planetaria (expresada en el cambio climático). El Buen Vivir se ha convertido en un fértil campo de construcción y análisis que permite abordar esta complejidad.

Con el Buen Vivir se ha renovado la crítica al desarrollo, pero se ha ido mucho más allá, ya que se quiere superar la idea convencional del progreso (en su deriva productivista) y del desarrollo (en tanto dirección única y lineal). Esto lo coloca más allá del “desarrollo sostenible”, en tanto se pone en cuestionamiento la idea de un “desarrollo” posible. Es por esto que este proceso de elaboración de propuestas, siempre que sean asumidas activamente por la sociedad y no se circunscriban a unos cuantos textos académicos, permiten proyectarse con fuerza en los debates que se desarrollan en el mundo.

Este concepto plural, en construcción, que cierra la puerta a las recetas y manuales, así como a los dogmatismos y a los comisarios políticos, es una plataforma de debate político en el camino de crear una libertad sustantiva y efectiva para todos y todas.

Referencias

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