#JusticiaBerta #CapturaALosAutoresIntelectuales

El tribunal que juzga el caso del asesinato de Berta Cáceres dictaminó sentencia en dicho juicio, declarando culpables a 7 de los 8 acusados, pero falta los autores intelectuales del crimen contra la activista y defensora de los derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada en la noche del 2 de marzo de 2016.

Entre los condenados se encuentra ex oficiales del ejército y un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Las penas de prisión de los condenados se conocerán el 10 de enero de 2019.

“El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro”. expresa la familia y el COPINH en un comunicado.

“Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia” dice Bertha Zúñiga Cáceres a los medios.

“Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune”, denuncian.

“Con las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal, con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres sino que se profundizan nuestros esfuerzos,” continúa el comunicado.

El tribunal tiene por probado que las protestas lideradas por Berta Cáceres molestaban a la empresa DESA. Sergio Rodríguez y miembros de DESA pagaban a informantes para tener información sobre lugares y fechas de las movilizaciones.

Quedo demostrada la participación de directivos de la empresa DESA, en complicidad con el Estado hondureño, especialmente sicarios vinculados al ejército.
La sentencia emitida por el tribunal no significa que exista justicia. El tribunal reconoce que directivos de la empresa DESA planificaron el asesinato de Berta Cáceres para acabar con la oposición del COPINH, pero los autores intelectuales aún gozan de impunidad.

Berta y Laura Zúñiga Cáceres, hijas de Berta Cáceres e integrantes del COPINH, seguirán ejerciendo su derecho de palabra representando a las víctimas en el proceso judicial plegado de irregularidades que ha juzgado a los autores materiales en el crimen contra Berta Cáceres y seguirán luchando por verdad y justicia integral.
#FaltanLosAtala #CapturaALosAutoresIntelectuales

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte.
29/11/2018 COPINH

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.

CEJIL: proceso penal en caso de Berta Cáceres “no representa una justicia integral”

Tegucigalpa, 22 de noviembre de 2018.- En los próximos días la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional emitirá el fallo por el juicio en contra de los autores materiales del asesinato de la defensora de derechos humanos y lideresa lenca Berta Cáceres Flores. Así, este miércoles, una delegación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llegó a Honduras para continuar el acompañamiento a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su exigencia por verdad y justicia.

“Desde CEJIL nos mantendremos vigilantes del proceso en su última etapa; y continuaremos denunciando las graves irregularidades que el Ministerio Público y el Tribunal a cargo del caso han cometido en este proceso. Entre ellas: la falta de acceso completo a información, la exclusión arbitraria de las víctimas, la falta de publicidad de las audiencias, entre muchos otros”, sostuvo Karina Sánchez, oficial de incidencia de la organización, y participante de la Misión de Observación Calificada que ha dado seguimiento al proceso.

El juicio, que inició el 19 de octubre a pesar de que el Tribunal a cargo del caso tenía una solicitud de recusación vigente, ha juzgado únicamente a los autores materiales del asesinato y algunos cómplices. Por su parte, tan solo David Castillo, gerente de la empresa DESA, ha sido capturado por la autoría intelectual del crimen, mientras que el resto de las personas que participaron en la estructura criminal que planificó y financió el asesinato de la lideresa no han sido ni siquiera entrevistadas.

“La decisión que tome el tribunal será parcializada e incompleta, porque sólo los eslabones más bajos de la estructura criminal podrían ser condenados. El cierre de esta etapa del proceso no representa una justicia integral. La sentencia que se logre será insuficiente y será solo un primer paso en esta causa, porque ni la familia ni el COPINH ni las organizaciones que hemos apoyado su lucha vamos a cesar en nuestra demanda de justicia para Berta Cáceres”, aseguró Marcia Aguiluz Soto, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL inició su acompañamiento a Berta Cáceres en 2009, cuando, en conjunto con la defensora, solicitaron medidas de protección especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El órgano recogió la inminencia de riesgo en que se encontraba Berta, expuesta a amenazas y actos de criminalización, atribuibles a su rol como defensora de derechos humanos y de la tierra. Tras el asesinato de la lideresa lenca, en marzo de 2016, la CIDH extendió las medidas a sus familiares y al COPINH.

En 2017, el informe “Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres” del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) expuso a la estructura criminal detrás del asesinato de la defensora y los ataques sistemáticos al COPINH. No obstante, en este primer juicio, el Tribunal se negó a aceptar prueba que daba cuenta de la planificación del crimen y el Ministerio Público ha negado el acceso a la información en al menos 35 ocasiones, violentando el derecho de la familia y el COPINH a conocer la verdad.

“Desde CEJIL exigimos que el Estado de Honduras rectifique sus acciones y proceda de inmediato a la identificación, detención, juzgamiento y sanción de los otros autores intelectuales vinculados con el asesinato y con los múltiples actos de agresión contra el COPINH. Solo así se podrá garantizar a las víctimas y a la sociedad hondureña verdad, justicia y reparación”, concluyó Marcia Aguiluz Soto.

https://www.cejil.org/es/cejil-proceso-penal-caso-berta-caceres-no-representa-una-justicia-integral

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