Golpe de Estado 3.0

Danilo Santos
Politólogo
desantos.salazar@gmail.com

Pareciera ser que prueban el estoicismo de la población al límite, confían en sus números y sus proyecciones y lo de encasillar la lucha por los derechos humanos dentro del intervencionismo extranjero e ideologías que atentan contra los “principios y valores” (conservadores) de la sociedad (aquí hablan de quienes manipulan a las familias desde las religiones y los intereses de las élites) guatemalteca, pues simplemente les ha funcionado muy bien.

Ante la negativa de Naciones Unidas, se atrevieron a cosas mayores, entre ellas, la desobediencia de la Corte de Constitucionalidad, esto referido al caso de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala y la negativa de dejar ingresar al territorio nacional al comisionado Velásquez y varios de los integrantes de la CICIG. La Fiscal está neutralizada y más allá de rabietas frente a la prensa, su actuar es tibio. El Procurador de Derechos Humanos también está bajo ataque, aunque su remoción se ve difícil en el corto plazo. A su vez, la embajada de los Estados Unidos ha entrado a la zona tibia y el embajador Arreaga parece esperar los resultados electorales antes de mojarse con quienes desde la sociedad civil organizada luchan contra el Pacto de Corruptos.

La versión que estamos viviendo de un golpe de Estado en Guatemala en nada se parece a los que el Ejército perpetraba en los ochenta o los que se dieron incluso en los noventa, esta parece ser la versión 3.0, donde leguleyamente se recurre a la Constitución Política de la República para fundamentar las acciones dentro del “Estado de Derecho” y poder así mantener el reconocimiento del concierto de las naciones. Tal como está la región, la disolución de la Corte de Constitucionalidad al tiempo que se va por el triunfo en las urnas, no es descabellado; retrogrado sí, pero no imposible.

La división entre Legislativo y Ejecutivo no existe, la oposición se limita a intereses electoreros y no a su original compromiso de representación. El MP ha sido cooptado nuevamente. La PDH ha sido conminada a callar con las amenazas desde el Congreso, y la Corte de Constitucionalidad se torna en la única variable con cierto grado de independencia.

La reelección relámpago de la actual Junta Directiva del Congreso hace prever cómo estarán las alianzas para la próxima contienda y el nivel de unidad táctica que tendrán. Los tránsfugas están siendo utilizados para radicalizar las posiciones, pero en realidad no importan a los partidos políticos, de hecho, están felices de que algunos de esos más de 70 se vayan a casa.

Prácticamente ha terminado el año y la elección temprana de la Junta Directiva apunta hacia la necesidad de concentración en los partidos políticos de cara a la campaña electoral y los próximos pasos para el control absoluto.

Todos estos mensajes en el ambiente deberían servir a los partidos pequeños y progresistas para construir alianzas, de lo contrario su impacto en lo electoral será mínimo y las crisis que se vengan se resolverán desde lo popular y no en los espacios de representación política.

A los golpes de Estado 3.0 hay que responder con ciudadanía de mayor calibre.

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