Centroamérica: De qué huyen las caravanas que se dirigen a Estados Unidos

Andrés Alsina

No hay guatepeor para los que escapan de Guatemala, Honduras y El Salvador, sumándose sin más pensarlo a la caravana que pasa por su puerta hacia un norte que es para ellos la esperanza. Amuchados, se ve, piensan que corren menos riesgo de que los roben, secuestren, prostituyan, violen y maten en el ataque. Huyen dejando atrás lo poco que puedan tener, para llevarse consigo al menos la vida.

Son tres caravanas: la primera partió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre. En México los espera un presidente saliente, Enrique Peña Nieto, que no quisiera reprimirlos, pero a veces estos migrantes se le desmadran y no aceptan la propuesta de residencia condicionada que ofrece; un presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, que ya está prometiendo trámites de residencia y asegura que habrá trabajo para todos ellos, y en la frontera de Estados Unidos, un Donald Trump que casi que se despeina insultándolos y amenazándolos con 5.200 efectivos de sus fuerzas armadas. Cuando las caravanas lleguen a la frontera con Estados Unidos ya habrán pasado las elecciones de medio término del 6 de noviembre, el tema perderá decibeles noticiosos y todo volverá, se supone, a la normalidad.

La normalidad es peor. Cada vez más, y marcadamente desde la presidencia de Barack Obama, las caravanas son rechazadas, las familias divididas y decenas de miles de niños solos enfrentan esa realidad agresiva, en la que cualquier cosa puede pasar. Entre 2013 y 2017 fueron registrados 179.544 niños y niñas solos. En abril, la Guardia Nacional (que no el Ejército) impidió la entrada de una caravana a Estados Unidos. En el año fiscal al 30 de setiembre se superó la cifra récord de 100.000 refugiados golpeando el muro; sólo en setiembre, se detuvo y se envió de regreso a 16.658 personas.

La realidad de la que huyen desde El Salvador, Guatemala y Honduras tiene desgracias en común: todos los años pasa a vivir del campo a la ciudad 1,9% de la población en El Salvador, 3,1% en Guatemala y 2,4% en Honduras.

El sector informal de la economía constituye 53,6% en El Salvador, 57% en Guatemala y 51,4% en Honduras. La pobreza urbana en El Salvador es de 41,6% y la pobreza rural, de 49,5%; la indigencia es a su vez de 12,5% y 17,4% la rural. En Guatemala, la pobreza urbana es de 67,7% y la pobreza rural de 77,2%; la indigencia de 46,1% y 58,2%. Y en Honduras, el sector informal de la economía comprende 51,4%, la pobreza urbana es de 74,3% y la rural de 81,8%; en cuanto a la indigencia, es de 50,5% en el área urbana y de 63,9% en la rural.

Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) castigan una tras otra como rayo que no cesa, describiendo una realidad cotidiana más allá de lo imaginable. La cifra última, la de desigualdad, es elocuente: el índice Gini correspondiente a 2017 de El Salvador es de 0,44, el de Guatemala de 0,55 y el de Honduras de 0,56 (0 equivale a igualdad absoluta y 1 a desigualdad absoluta). CEPAL no proporciona índice Gini para Argentina; en Uruguay, el índice es 0,38.

Algo más grave tienen en común: los tres países, sumando apenas 32,5 millones de habitantes, conforman el Triángulo del Norte, una zona que los ejércitos de todo el mundo estudian en sus cursos de Estado Mayor por ser de las más peligrosas del mundo; más que Afganistán, se afirma.

El punto de partida de la coincidencia es que, sobre las abundantes debilidades institucionales previas en la construcción del Estado, los tres territorios fueron teatro de conflictos internos cuyo rasgo dominante fue que en ellas participaron sus fuerzas armadas –que causaron decenas de miles de desplazados–, que la desmovilización de las fuerzas dejó tras sí desocupación, heridas profundas y también mano de obra desocupada, en cuya formación se inculcaron valores que fácilmente encontraron correspondencia en el crimen organizado.

El Salvador superó, con acuerdos de paz en 1992, una guerra interna iniciada en 1979 que “costó unas 75.000 vidas y dejó tras de sí una de las tasas de homicidios más altas del mundo y bandas criminales que penetraron profundamente en la sociedad”, afirma Human Rights Watch (HRW).

Como ejemplo de sus consecuencias, se señala que a una prevalencia de la obesidad en la cuarta parte de la población y a 5% de niños de hasta cuatro años con bajo peso (cifras de 2014), se suman 71.500 personas refugiadas y desplazadas dentro del país (cifras de 2017).

La ceremonia de santificación, realizada el 21 de octubre, del obispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras daba misa, fue un ejemplo de la convivencia irresuelta de los problemas del país, según la cobertura que hizo en Roma el periodista de The New Yorker Jon Lee Anderson. El papa Bergoglio portaba el cintillo tinto con sangre de Romero del día de su asesinato. El cardenal salvadoreño a cargo de la homilía, Gregorio Rosa Chávez, resultó un hombre de maneras suaves que se alejó “violentamente” de la crudeza del lenguaje de Romero y la de su asesinato para hablar de él como un pastor “que era todo amor”, diferencia el periodista.

El sermón de Romero de aquel día estaba grabado y se vendía: “En el nombre de Dios, en el nombre de este pueblo sufriente cuyo llanto se eleva al cielo más fuerte cada vez, yo te imploro, yo te ruego, yo te ordeno en el nombre de Dios: ¡detén la represión!”.

La represión militar fue privatizada. El año pasado fueron asesinadas casi 4.000 personas en este país de seis millones de habitantes, pero menos del 10% de los asesinos fue aprehendido. Los responsables por la muerte de Romero no fueron llevados a la Justicia pese a que la identidad de parte de los responsables es conocida desde hace mucho y una Comisión de la Verdad respaldada por ONU concluyó que el cerebro del asesinato había sido el mayor de ultraderecha Roberto d’Aubuisson. Su sucesor al frente de su partido político, Arena, Alfredo Cristiani, que en 1992 firmara la paz con el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), estaba sentado en el palco de honor durante la santificación de Romero.

Dos

Guatemala emergió, en 1996, de 36 años de guerra de guerrillas, en un siglo dominado por dictaduras militares. El conflicto interno tuvo un saldo de más de 200.000 muertos y se estima que una cifra superior al millón de desplazados.

Es un país predominantemente pobre con problemas de desarrollo y salud, incluyendo mortalidad infantil, juvenil y maternal, desnutrición, analfabetismo e ignorancia sobre métodos anticonceptivos. Casi la mitad de sus habitantes tienen menos de 19 años, lo que la hace la población más joven de América Latina. Su historia está marcada por la emigración legal e ilegal a México, Estados Unidos y Canadá. Luego de la guerra civil, en 1996, buena parte de la emigración que se afincó en el sur de México regresó al país.

La etimología del nombre del país es maya: significa “tierra de árboles”. La hambruna ha obligado a la población a comer la corteza de los árboles, lo que mata a la planta. La distribución de la riqueza tiene una desigualdad marcada: 20% de la población consume 51% del total del país; el 20% inferior, 6,1%.

La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala y aparecen como problemas estructurales que se fortalecen ante un Estado débil. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país.

Hay en Guatemala altos niveles de impunidad, en parte porque es común que haya demoras irrazonables en los procesos penales contra actores poderosos. Estas demoras se ven agravadas porque la Justicia a menudo no observa los plazos legalmente establecidos, y suspende audiencias que pueden tardar meses en reprogramarse. Persisten problemas como la intimidación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema de justicia, afirma HRW.

El gobierno estableció en 2007, en colaboración con Naciones Unidas y tras una prolongada presión internacional, una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar la delincuencia organizada. Al momento del informe de HRW, en 2017, se estaba investigando a más de una decena de miembros actuales y anteriores del Congreso, así como al ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos detenidos por corrupción en 2015.

El trabajo de la CICIG provocó una fuerte reacción negativa entre los funcionarios públicos durante 2017. En agosto, el presidente Jimmy Morales dispuso la expulsión del país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez, dos días después de que la CICIG y el Ministerio Público intentaran retirar la inmunidad al presidente para investigar su presunto rol en el financiamiento electoral ilícito.

Luego de que Morales ordenara la expulsión de Velásquez, el secretario general de la ONU António Guterres ratificó el compromiso del organismo de apoyar a la CICIG y mantener a Velásquez al frente de esa comisión. También repudiaron el intento de apartar a Velásquez el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de Donald Trump y miembros del Congreso de Estados Unidos y del Parlamento Europeo. La anulación por la Corte de Constitucionalidad de la orden de Morales aseguró que Velásquez siga al frente de la CICIG, al menos hasta la conclusión de su mandato, en setiembre de 2019.

En setiembre de este año, el Congreso de Guatemala votó a favor de reducir a diez años la pena máxima para delitos de financiamiento electoral y permitir la conmutación de penas de prisión de diez años o inferiores por multas pecuniarias. Este cambio permite que el presidente y muchos congresistas eviten cumplir penas de prisión si son condenados.

Los juicios por violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado tienen también un difícil trámite. En julio de 2017, un tribunal de apelación confirmó la condena de dos ex militares por delitos de lesa humanidad que consistieron en violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual. Las víctimas eran 14 mujeres mayas q’eqchi’. Uno de los militares también fue hallado culpable del homicidio de tres mujeres, y el otro de la desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron condenados a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.

En marzo de 2017, un juez elevó a juicio el caso contra cinco ex militares por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violación de su hermana en 1981. Entre los presuntos responsables se incluye al ex jefe militar Benedicto Lucas García, hermano del ex dictador militar Romeo Lucas García; aún no se fijó fecha para el juicio.

En mayo de 2013, Efraín Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad por la muerte de al menos 1.771 civiles de la comunidad maya ixil en 105 masacres ocurridas en 1982 y 1983, durante su presidencia. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, diez días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones procedimentales. El nuevo juicio empezó en marzo de 2016, pero se suspendió dos meses más tarde. En mayo de 2017, la Corte de Constitucionalidad determinó que Ríos Montt era incompetente para enfrentar un juicio público y que, por ende, el procedimiento se llevaría a cabo a puertas cerradas, pero que el proceso contra el otro acusado, el ex director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, tendría carácter público. Sin que se fijara la fecha de juicio, Ríos Montt murió en su cama en abril de 2018.

En este marco, la violencia contra civiles se ha vuelto parte de la relación social, y la profesión de periodista es blanco habitual de ataques. En junio de 2017, el periodista de televisión Carlos Rodríguez sobrevivió un disparo en la cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron asesinados. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por la CICIG y el Ministerio Público implicaron en este delito al congresista Julio Juárez, del partido oficialista FCN-Nación. Casi un año después, en noviembre de 2017, se retiró la inmunidad política a Juárez.

En marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes murieron en un incendio en el refugio Hogar Seguro, gestionado por el gobierno. Se había encerrado durante la noche a 56 niñas en un espacio donde cabían solamente 11, sin acceso a agua ni baños, tras una protesta por las precarias condiciones de vida y el trato recibido en el refugio, incluidas imputaciones de violencia sexual que databan de varios años. Debido a que los guardias no abrieron las puertas cuando se desató el incendio, 41 niñas murieron quemadas y 15 resultaron heridas.

Los temas de orientación sexual e identidad de género son enfocados de manera claramente regresiva desde el Estado. El derecho guatemalteco penaliza el aborto, salvo en casos en que pueda estar en riesgo la vida de la mujer. Las mujeres y niñas que interrumpen embarazos en cualquier otra circunstancia se enfrentan a penas de prisión de hasta tres años.

En abril de 2017, un grupo de legisladores presentó una propuesta legislativa, refrendada por 30.000 firmas, para prohibir en forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto legislativo también pretendía impedir que las escuelas públicas enseñen sobre diversidad y lo que llaman “ideología de género” a los alumnos.

La amenaza de Trump de cortar el apoyo económico a proyectos en Guatemala afectará directamente el trabajo de la CICIG que trabaja con el respaldo de la ONU, y que desempeña un papel decisivo en la asistencia al sistema judicial de Guatemala para el juzgamiento de delitos violentos. Lo hace en colaboración con la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como co-querellante, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.

El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por 655 millones de dólares para 2017 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, una iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, que procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo de la asistencia es reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad, y crear más oportunidades económicas. 50% de los fondos está supeditado a que, cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos certifique los avances logrados por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos humanos. En 2017, Guatemala obtuvo la certificación que lo habilita a recibir los fondos totales y en forma continuada conforme al plan, incluyendo siete millones de dólares para la CICIG.

Tres

Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, activistas ambientales y lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del Poder Judicial y la Policía, dos instituciones en las cuales la corrupción y los abusos son generalizados, siguen siendo en gran medida ineficaces. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes.

Siendo el vecino de la frontera norte de Nicaragua, su territorio fue a partir de 1981, con la presidencia de Ronald Reagan, la base de la fuerza parcialmente mercenaria que atacó al gobierno sandinista, la Contra. Las fuerzas estadounidenses disponían tan libremente del gran territorio de Honduras que al país se lo nombraba como “el portaaviones”. La insistencia en lograr el derrocamiento por vía militar del sandinismo llevó al escándalo Iran-Contras, por el cual el teniente coronel retirado Oliver North vendió a Irán armas cuyo tráfico estaba vedado por el embargo, para financiar la operación en Honduras.

Condenado a un año, North no fue a la cárcel y hoy es columnista de la cadena Fox de Estados Unidos y también auspicia los videojuegos Call of Duty (El llamado del deber). La desmovilización militar y de civiles, los desplazados, los crímenes irresueltos y la debilidad del Estado tienen en Honduras (y parcialmente también en Nicaragua) los mismos efectos que en sus otros dos socios del Triángulo Norte.

El triángulo

La estructura de la criminalidad organizada es, como se dijo, materia de estudios militares. Se la liga al terrorismo pero esto sólo puede ser explicado por razones ideológicas, pues no hay terrorismo en el triángulo ni en sus cercanías. Lo que sí demanda, según un estudio específico publicado por Juan Ricardo Gòmez Hecht para uso en cursos militares, es una jerarquía organizada, el uso o la amenaza del uso de fuerza, que rinda utilidades, y que la corrupción garantice la impunidad.

El Triángulo Norte es considerada de las regiones más violentas del mundo, con elevada presencia de pandillas. Es la mayor ruta de tránsito de drogas y en ellas las fuerzas armadas están involucradas en la seguridad pública. Sus principales actividades son el tráfico de drogas, armas, personas, pandillas y lavado de dinero.

Procura actores racionales que maximicen ganancias por medio de actividades ilegales como servicios sexuales, juegos ilegales, tráfico humano y trata de personas, y sicariato; la procuración de productos ilícitos, como tráfico de drogas, de armas, falsificación, piratería, bienes robados, y actividades predatorias como secuestro y extorsión. A sus actividades de lavado de dinero, fraude y contrabando, ahora se incorpora el cibercrimen.

Estas organizaciones se potencian por las fuerzas del mercado y la oportunidad, con las que buscan consolidar mercados, diversificar y proteger la cadena de suministros. Es un grave error en el combate a ellas, afirma el estudio, concentrarse en individuos y organizaciones, ya que funcionan por el sistema de la hidra, suplantando con dos cabezas una decapitación; por el contrario, debe entenderse su organización como redes. Así, cultiva, recolecta o adquiere materiales base para la producción de droga mediante agricultores y productores propios o contratados y agentes locales de supervisión; los transporta por su propia red de distribución internacional a través de fronteras internacionales, para lo que cuenta con actores de protección local que trabajan tanto en el control de los transportistas como en el punto de arribo del producto hasta su entrega al mayorista, de este a minoristas y de allí a vendedores al por menor.

La violencia es otro error, sostiene; mucho más eficaz es la corrupción y el principio de visibilidad del iceberg, que sólo expone su tercio superior. El movimiento anual de dinero del Triángulo Norte es ejemplificado con que Guatemala movilizó 1.831 millones de dólares entre enero y setiembre de 2017, Honduras 450 millones en noviembre de 2012, y El Salvador 14,6 millones a setiembre de 2010.

Toda la operación necesita de la debilidad del sistema político, del judicial y de las instituciones. La fragilidad y la debilidad sobre la que se opera se asienta en las escasas oportunidades que da el sistema social, su inequidad y los recursos limitados, tanto cuanti como cualitativamente, con que cuenta para los intentos de mejorar las potencialidades saludables del sistema.

Andrés Alsina: Periodista de investigación uruguayo, miembro del comité de redacción de Brecha.
Fuente: https://findesemana.ladiaria.com.uy/, 3 de noviembre 2018

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