El Estado gasta miles de quetzales para la represión en San Mateo Ixtatán

Por Lencho Pez –

Durante 25 días, la gente en la microrregión de Yich K’isis se organizó, donó su tiempo e hizo turnos para permanecer en dos plantones de la resistencia pacífica contra las tres hidroeléctricas que la empresa Renovación y Energía SA pretende de manera arbitraria y violenta construir en San Mateo Ixtatán.

En la madrugada del día 4 de octubre a las 2 de la madrugada, los policías y militares tomaron los dos plantones de la resistencia, aprovechando que las comunidades dieron un plazo del fin de semana para que la gente pudiera descansar y continuar con la resistencia el lunes 8 de octubre.

Los recursos estatales se invierten para que un destacamento militar y 250 antimotines protejan las instalaciones de la empresa hidroeléctrica. Con esa cantidad de agentes policiales y soldados se podría brindar seguridad ciudadana y de frontera en muchos lugares del país.

Con un cálculo sencillo, Q20.00 puede costar cada plato de comida, solo de desayuno por 250 agentes, son Q5mil. Entonces al día son Q15 mil y al mes son Q465 mil solo de alimentación. Aún no estamos tomando en cuenta lo que cuesta alquilar el local, el alquiler de baños portátiles, combustible, salarios, etc.

¿Cuántos miles de quetzales se invierten para que esta fuerza pública esté dentro de la empresa?

El gobierno de Jimmy Morales se preocupa por continuar con los ataques en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG e impedir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país, a la vez que pone en marcha los aparatos de represión que cometen intimidaciones y agravios sobre poblaciones en resistencia.

No es la primera vez que la gente de las comunidades afectadas por estas tres hidroeléctricas denuncian cómo la policía y los militares se dedican a intimidarlos, amenazarlos o agredirlos.

Son ocho las comunidades que conforman la microrregión de Yich K’isis, del municipio de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, y todas estas comunidades rechazan la construcción de las tres hidroeléctricas.

La Policía Nacional Civil busca ilegalmente impedirles ejercer su derecho a la manifestación pacífica, la libre emisión del pensamiento y libre determinación de los pueblos.

Muchas han sido las denuncias de cómo, desde que se instaló la resistencia, han sido intimidados, señalados de ser criminales antidesarrollo en los medios de comunicación empresariales. También han sido amenazados, perseguidos y difamados por las fuerzas de seguridad del Estado.

La empresa y el Estado buscan criminalizarlos y desacreditarlos, sólo por defender los ríos que fueron desviados, fuente principal de vida para los habitantes, las siembras y el ecosistema circundante.

Desde la resistencia, en más de una ocasión, han sido visitados por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, dos delegaciones Internacionales Derechos Humanos, (Protección Internacional y una delegación de Derechos Humanos de España) Los cuales han sido testigos de la situación real que viven los pobladores y lo han denunciado a la comunidad internacional.

¿Cuántos lugares del país deben quedarse sin agentes policiales para el Ministerio de Gobernación mantenga tanta seguridad en la hidroeléctrica?

¿Hasta cuándo esta empresa seguirá actuando impunemente?

Fuente: www.prensacomunitaria.org

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