Los niños deportados desde Estados Unidos y México: indefensión e inseguridad

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Según el último informe de UNICEF, casi 50 millones de niños de todo el mundo, por hacer un cálculo prudente, han atravesado fronteras o han tenido que desplazarse a la fuerza. Más de la mitad de esas niñas y niños, 28 millones en total, han escapado de la violencia y la inseguridad.

La mitad de todos los niños migrantes del mundo viven apenas en 15 países, encabezados por los Estados Unidos de América, que alberga a 3,7 millones de niños migrantes.

Un alto y creciente número de niños vulnerables se están desplazando por su cuenta dentro de las Américas, a menudo huyendo de la violencia en sus hogares y comunidades. En esta zona viven de 6,3 millones de niños migrantes, lo que equivale al 21% del total mundial y 43% de todos los migrantes que viven en América Central son niños.

El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más pobres del hemisferio occidental, con un 44%, 68% y 74% de niños que viven en la pobreza, respectivamente. Los niños y las familias pobres a menudo solicitan préstamos para financiar su migración irregular a los Estados Unidos, lo que los deja en una situación financiera aún más precaria cuando son detenidos y devueltos sin dinero y sin posibilidad para pagar sus préstamos.

Los niños deportados desde Estados Unidos y México regresan a sus países con profundos traumas por haber sido detenidos y a veces separados de sus familias. Es imperativo introducir medidas para fortalecer los sistemas de protección infantil, como la formación de trabajadores sociales e infantiles y la colaboración con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos profesionales. Frenar la trata de personas, no solo mejorando la aplicación de las leyes sino también incrementando las ayudas para los niños migrantes con medidas como la designación sistemática de tutores cualificados, la mejora del acceso a la información sobre su situación y el tratamiento de sus casos, así como el acceso a asistencia jurídica.

Los gobiernos deberían establecer directrices más claras para los funcionarios cuando tienen que establecer el estatuto de migración de los niños, con el fin de prevenir que ellos y sus familias vuelvan a ser perseguidas o sufran otras circunstancias que puedan poner en peligro sus vidas, dando siempre prioridad al principio del “interés superior de los niños” en la toma de decisiones legales de todo tipo.

El impresionante aumento en el número de niños detenidos por las autoridades de inmigración en la frontera sur de los Estados Unidos refleja los problemas que aquejan a los niños en sus países de origen, y pone de relieve la importancia que tienen para los niños de toda la región las decisiones de los Estados Unidos sobre legislación, políticas y aplicación de la ley en materia migratoria.

Es necesario acabar con la detención de niños migrantes o que esperan obtener la condición de refugiados. Hay que introducir alternativas prácticas a la detención siempre que los implicados sean niños (o sus familias), dado el impacto negativo de las detenciones sobre el desarrollo y su particular vulnerabilidad a la violencia física y psicológica. Algunas de estas alternativas a la detención podrían ser: la entrega de pasaportes en combinación con la obligación de realizar informes asiduos; el nombramiento de garantes o consignatarios que podrían ser familiares o colaboradores de su comunidad; la provisión de atención de guarda y alojamiento independiente tutelado a los niños separados y no acompañados; y el registro obligatorio con las autoridades.

Las coaliciones de ONG, las comunidades, el sector privado, los grupos religiosos y los líderes políticos deberían asumir la responsabilidad de concienciar a la opinión pública para prevenir que aumenten la xenofobia y la discriminación contra los refugiados.

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