La guerra, la violencia contra las mujeres y el caso Sepur Zarco

Por Brisna Caxaj Álvarez –

La violencia sexual como mecanismo de guerra

La violencia sexual en contra de las mujeres es una de las herramientas más utilizadas en contextos de guerra y represión política. Durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala se utilizó sistemáticamente como lo demuestra el Caso Sepur Zarco.

El texto que se presenta a continuación corresponde a la ponencia titulada “La violencia sexual como mecanismo de guerra y represión política. El caso Sepur Zarco en Guatemala”, la cual se realizó para la mesa “Nuevos Temas y enfoques sobre la violencia política y Estado en la Guatemala post 1954”, del Congreso “Retos de las ciencias sociales en tiempos de crisis. Una mirada desde una mirada de Mesoamérica en el cincuentenario de CLACSO”, realizado en la Ciudad de Guatemala los días 24 a 26 de octubre de 2018.

Introducción

En esta ponencia quisiera abordar varios aspectos con relación a la violencia contra las mujeres cometida durante el conflicto armado interno en Guatemala, en especial la violencia sexual. El primer aspecto es sobre el uso de estas formas de violencia como arma de guerra y explicar los distintos fines y contextos en que se utiliza. En segundo lugar, argumentar que esta forma de violencia constituye una forma de violencia política enmarcada en una política contrainsurgente y en contra de población indígena y campesina organizada y comprometida con la defensa de sus territorios y por el acceso a la tierra.

Las reflexiones acá compartidas se hacen en base a la tesis de licenciatura en sociología “Avances y retos en la respuesta de la justicia transicional para víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala”; y en base a algunos trabajos que he realizado como parte del Programa de Género de Impunity Watch, como el documento “¿Dónde está la justicia? El continuum de violencia contra las mujeres” y “Cambiando el rostro de la justicia. Las claves del litigio estratégico del caso Sepur Zarco”.

Violencia contra las mujeres

Antes de abordar la violencia sexual en contextos de conflicto es importante explicar la violencia en general y la violencia contra las mujeres. La violencia en general, “es fundamentalmente [un proceso] histórico” (González, 2012), producto de las relaciones humanas marcadas por relaciones desiguales y abuso de poder en contextos históricos, ideológicos, económicos, y políticos, y ocurre en distintas dimensiones personales, familiares y colectivas (García, 2012, pág. 18). Para Guatemala y América Latina las relaciones desiguales están construidas de manera interseccional de formas de organización social y de poder como el patriarcado y la colonialidad. Esta interseccinalidad afianza múltiples opresiones marcadas por el sexo, género, etnicidad y clase. El patriarcado ha sido una categoría construida desde el feminismo para explicar una forma de organización social de dominación de los hombres sobre las mujeres; sin embargo, la dominación en Latinoamérica está construida a partir de la intersección de varias formas de opresión, de tal manera que una no se explica sin la otra. La colonialidad hace referencia a esa intersección de formas de opresión y dominación heredadas del colonialismo (momento histórico de invasión y control territorial de América Latina por Europa) que siguen vigentes y atraviesa todos los aspectos de la vida. (Lugones, 2008) (Palencia Prado, 2013).

Estas formas de organización social se sustentan a través de la puesta en práctica de acciones de dispositivos de poder y dominación, los cuales Michel Foucault define como el conjunto de elementos heterogéneos, mecanismos, leyes, instituciones, formas, discursos, y violencia, entre otros. Él explica que para que el poder funcione, la violencia, el discurso del orden y el imaginario social son instancias articuladas entre sí.

Precisamente los discursos de orden e imaginarios sociales, sobre los roles asignados y de las relaciones de género de superioridad de los hombres e inferioridad de las mujeres permiten que el uso de la violencia contra las mujeres se conciba como normal, y ésta se va aceptando y naturalizando. De tal manera que se va constituyendo como parte de la cotidianidad sin que las personas se detengan a cuestionarla. No hay que olvidar que las características de dominio, control y poder se sustentan en las masculinidades, principalmente las hegemónicas, que interseccionan otros poderes (económico, político, y cultural), como ya se ha mencionado anteriormente. La sociedad como tal también adopta estas formas, y el Estado, las instituciones, la organización comunitaria y familiar, por lo general, se basan en la lógica del poder masculino sobre el femenino. La masculinidad hegemónica tiene también características racistas, provocando que la violencia contra las mujeres indígenas tenga mecanismos más perversos.

La violencia sexual conlleva agresiones físicas, emocionales, y verbales de carácter sexual, y está ligada a las nociones y concepciones de apropiación del cuerpo de las mujeres y su sexualidad. Como lo explica María Villellas, la principal forma de control sobre las mujeres ha sido a través del cuerpo:

El control del cuerpo femenino ha sido una constante del patriarcado con muy diversas manifestaciones. La más evidente de ellas, el control de su sexualidad y la consideración del cuerpo de las mujeres como una propiedad masculina. Mediante el establecimiento de normas sociales y culturales que sancionan cuáles son las conductas apropiadas para las mujeres, especial y fundamentalmente en el campo de la sexualidad, pero también en otros ámbitos, se produce un férreo control social que posibilita la perpetuación del sistema patriarcal. Así, el cuerpo femenino se convierte en escenario de límites y fronteras entre lo permitido y lo adecuado socialmente y aquello que debe ser desterrado (Villellas Ariño, 2010).

Centrándonos en situaciones de conflictos armados, el ejercicio del poder del Estado o de grupos armados es de carácter masculino, bajo la concepción de dominio, control y poder. Precisamente en los conflictos y las guerras se exacerba la violencia sexual como uno de los mecanismos de los sistemas de dominación, patriarcal y colonial, más recurrentes, al punto de que llega a constituirse en un arma de guerra.

La violencia sexual durante el conflicto armado interno

Por muchos siglos, se ha entendido y visto la violencia sexual hacia las mujeres como resultado del impulso y deseo sexual de los hombres, invisibilizando así el ejercicio del poder de dominación de un sexo sobre el otro. La violencia sexual difiere de otros crímenes porque atraviesa un espacio que ha sido considerado como íntimo, y no se le relaciona con los crímenes de guerra ni con los crímenes de lesa humanidad, lo que dificulta para muchos su comprensión. La violencia sexualizada sobre los cuerpos conlleva el poder de dominación de un sexo sobre el otro o de un colectivo sobre otro, su aplicación y utilización la hace un arma de guerra porque es un mecanismo con diversas finalidades, que se explican más adelante.

Para el caso de Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estableció el 75% del total de víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado fueron hombres y el 25% mujeres. Las mujeres fueron víctimas de todos los crímenes (ejecuciones arbitrarias, torturas, privación de libertad, desaparición forzada y violencia sexual). Sin embargo, el 99% de víctimas de violencia sexual fueron mujeres, y el 88% de víctimas de desaparición forzada fueron hombres, evidenciando una estrategia generizada en los crímenes cometidos. La CEH también estableció que la mayor parte de violencia sexual fue perpetrada por agentes del Estado, principalmente del ejército, comisionados militares y Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999, págs. 27- 39). El hecho de que algunos sectores del ejército o ligados a este reconozcan que pudo haber sucedido, pero no de manera planificada y sistemática, es resultado de que durante muchas guerras y conflictos, la violencia sexual se ha explicado como una práctica aislada de los miembros de las fuerzas armadas en búsqueda de placer o como forma de “pago” para mantenerse satisfechos, por lo que se le concibe como un elemento de la guerra, como un daño colateral, o como parte de los excesos “normales” de los conflictos armados (Martín Quintana, s/f).

Sin embargo, la violencia sexual como arma de guerra tiene diversos fines, según los contextos en que se ejerce. Para el caso de Guatemala, en la investigación Tejidos que lleva el alma (Fulchiron, Paz, & López, 2009), establecen seis formas en que la violencia sexual se usó como arma de guerra durante el conflicto armado interno,

Como política contrainsurgente, que incluye el control del territorio, su uso en masacres, en la desarticulación de apoyos y bases de la guerrilla, en represión selectiva, durante desplazamiento forzado, y como esclavitud sexual.

Como tortura, para callar y silenciar, y para obtener información.

Como estrategia de terror, utilizándola como castigo en contextos de represión selectiva.

Como genocidio, para exterminar al grupo.

Como feminicidio, como exterminio del colectivo de mujeres.

La Corporación Humanas en Colombia ha identificado varias finalidades en el uso de la violencia sexual, que se dan en los distintos contextos: dominar, regular, callar, obtener información, castigar, expropiar la tierra, exterminar, recompensar, y cohesionar al grupo (militar).

Es decir que todos los fines en que se ha analizado el uso de la violencia sexual, tanto en el conflicto guatemalteco como el colombiano, tienen un fin político. Los lugares en que sucedió y a quienes les sucedió no fue casual. Fue población identificada como enemiga interna, ya fuera por su organización propia (insurgente o no), por mostrar apoyos a los grupos guerrilleros o simplemente su cosmovisión y organización representaban una amenaza al sistema dominante, como lo fueron los pueblos indígenas.

El caso Sepur Zarco

El caso Sepur Zarco que fue llevado a tribunales por crímenes de lesa humanidad en sus formas de violencia sexual, servidumbre sexual y doméstica es un ejemplo del uso de la violencia sexual como arma de guerra y como violencia política.

Sepur Zarco es una comunidad Q’eqchi’ ubicada en la región norte de Guatemala e históricamente se ha resistido al despojo de sus tierras por parte de finqueros y grupos de poder local, el cual ha sido el eje de diversos conflictos sociales y políticos. A partir de la masacre de Panzós, el área fue militarizada y se establecieron varios destacamentos militares: 1) Panzós, 2) Telemán, 3) Finca Tinajas, 4) Finca Sa’quiha’, 5) Sepur Zarco, 6) Finca Panacté, 7) Finca Pataxte (Paredes, 2006) y, 8) El Estor (ECAP-UNAMG, s/f). Posteriormente se crean las Patrullas de Autodefensa Civil conformadas por hombres adultos y jóvenes designados y obligados a cumplir tareas de inteligencia y vigilancia para el Ejército. (ECAP-UNAMG, s/f). El 25 de agosto de 1982 se instala el destacamento de Sepur Zarco como centro de “descanso de la tropa”. Este destacamento fue construido con mano de obra de los lugareños a punta de fusil. (Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, sf, p.2).

Miembros de la comunidad quienes estaban organizados en Comités de Tierras y tramitando la legalización de sus tierras ancestrales fueron capturados, torturados en el lugar y luego desaparecidos. La mayoría de sus cuerpos no fueron encontrados. Sus esposas al quedar solas fueron consideradas solas y disponibles, quedando sometidas a violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica.

Las mujeres de la comunidad y otras comunidades aledañas fueron violadas de forma masiva frente a sus hijos e hijas en sus viviendas e incluso en iglesias o escuelas. Otras mujeres fueron violadas sexualmente cuando acudieron en búsqueda de sus esposos, otras al ser secuestradas y llevadas a los destacamentos junto a sus esposos. Algunas niñas también fueron violadas. Estas violaciones sexuales, según testimonios y peritajes presentados ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ocurrieron de forma organizada y acorde a la estructura militar.

Los y las sobrevivientes fueron forzadas a desplazarse a Sepur Zarco, alrededor del destacamento militar, para ejercer un mejor control sobre ellos y ellas. Otras mujeres huyeron a la montaña. Y a las que les secuestraron los esposos fueron denominadas las viudas y fueron obligadas a trasladarse al destacamento para “servir”. Algunas mujeres refugiadas en la montaña tuvieron que volver a la comunidad por el hambre y las enfermedades, por lo que también fueron trasladadas forzosamente al destacamento. Ellas vivieron en champas al lado del destacamento, algunas fueron llevadas a casas aledañas que se conocían como casas de viudas (Méndez & Carrera, 2014).

Durante seis meses consecutivos los miembros del ejército abusaron sexual y domésticamente de las mujeres, obligándolas a hacer turnos cada 3 días cocinando y lavando los uniformes de ellos, violándolas individual y colectivamente, e inyectándoles anticonceptivos.

Desde ese entonces ellas han buscado a sus esposos, se rumoreaba que quienes iban al destacamento a buscar a sus esposos se quedaban ahí esclavizadas, y aun así ellas insistieron en preguntar por ellos, ya que no habían cometido ningún delito como para que se los llevaran. Han reivindicado también que lo que les pasó a ellas y sus esposos fue por la lucha por la tierra, una demanda que persiste en la actualidad.

Ellas pasaron muchos años en silencio, marcadas por la vergüenza y culpa que suele otorgar la violencia sexual a sus víctimas y no a los perpetradores. En el 2003 ellas iniciaron a participar con el Equipo Comunitario de Acción Psicosocial ECAP para sanar, luego con la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas para empoderarse y fortalecer su liderazgo. Y en 2010 inician un camino por la búsqueda de la justicia y se suma Mujeres Transformando el Mundo al esfuerzo.

Desde los inicios de este proceso, las mujeres q’eqchi’ reivindicaban su demanda por la justicia, que se supiera lo que les había pasado y que no era su culpa. Es importante decir que los procesos de justicia penal no resuelven una realidad material de pobreza y sin acceso a servicios de estas mujeres. Sin embargo, el proceso devuelve a las mujeres su dignidad y coloca la culpa de los hechos en los perpetradores. El lograr una sentencia condenatoria les ha devuelto a las mujeres también su liderazgo en sus comunidades y se han constituido en actoras que colocaron en el debate nacional los crímenes cometidos en contra de la población q’eqchí y el reconocimiento que sus testimonios son verdad. Por otro lado, son ahora las promotoras de acciones en beneficio de toda la población, en salud, educación y tramites de tierra a raíz de la sentencia de reparación en el caso. Sin la determinación de ellas, este caso no habría sido posible llevarlo a la justicia.

Fuente: www.ceppas.org.gt

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