Enseñanzas de las consultas contra proyectos extractivos

Por Mario Sosa* – Guatemala, 12 de marzo de 2018

La consulta asamblearia y la decisión colectiva han sido una práctica histórica en las comunidades de ascendencia maya y xinca y en no pocas mestizas. Sin embargo, las consultas contra los proyectos extractivos de los últimos tres lustros han constituido un hecho histórico de relevancia nacional.

Como continuidad a un artículo anterior, titulado La disputa por la consulta comunitaria[1], en esta ocasión pretendo analizar algunos elementos importantes y aleccionadores sobre las consultas comunitarias contra proyectos extractivos.

La primera consulta de esta trascendencia fue protagonizada por el pueblo sipakapense el 18 de junio de 2005. Organizaciones sociales y autoridades comunitarias, en su mayoría de origen sipakapense y algunas mestizas, llevaron a cabo una consulta para determinar su acuerdo o desacuerdo con relación al proyecto de la mina Marlin. La decisión fue abrumadora en contra de este proyecto impuesto, a pesar de la campaña política y mediática implementada por la empresa transnacional y el Gobierno central y de la ambigüedad proclive al proyecto minero del alcalde municipal. Esta consulta fue el inicio de un proceso en el cual cerca de 100 pueblos a lo largo del país se han pronunciado en contra de proyectos extractivos (mineros, hidroeléctricos y agroindustriales) catalogados como «de muerte».[2]

Es indudable que consultas como esta han sido profundamente legítimas y que quienes las impulsan han recurrido a bases legales incuestionables. Son legítimas porque han sido realizadas por pueblos a los cuales la legislación nacional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen como sujetos de este y otros derechos, en especial tratándose de pueblos indígenas; porque se han erigido en la respuesta a la imposición de proyectos e ideas de desarrollo que atentan contra las condiciones de vida de tales comunidades y pueblos, al mismo tiempo que permiten la acumulación de riqueza en manos de empresas locales y transnacionales, y porque han sido ejercicios democráticos y autogestionados por el sujeto de la soberanía, como pocos registrados en la historia del país. Su carácter legal ha estado fundamentado en el Convenio 169 de la OIT, en el Código Municipal y en la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La consulta comunitaria ha sido una forma a través de la cual comunidades y pueblos indígenas y mestizos han emergido y se han constituido en sujetos ante el Estado y el capital. Y lo han hecho con la exigencia de serlo en la determinación del tipo de desarrollo de su preferencia y dentro de sus territorios, en la crítica fundamentada y profunda a la idea falsa de desarrollo que acompaña los proyectos extractivos y en la propuesta del Buen Vivir (Utziläj K’aslemal), que constituye una concepción alternativa, potente, renovada y aleccionadora en la búsqueda de otro paradigma para el logro del bienestar, la felicidad humana y la preservación del ambiente.

En su lucha, estas comunidades y pueblos han hecho emerger la reivindicación sobre sus territorios, los cuales históricamente han sido ámbitos de reproducción colectiva y los espacios multidimensionales de apropiación no solo en lo económico, sino también en lo social, político y cultural. Y no solamente han subsistido, sino al mismo tiempo han trascendido en su heroica resistencia y lucha: una lucha constante frente al despojo permanente por parte de las clases dominantes, cuyos intereses son gestionados ideológicamente a través de la estrecha y destructiva idea que asume los territorios como simples reservorios de recursos a ser explotados y como delimitaciones sobre las cuales solo puede decidir esta forma de Estado-nación, que gestiona intereses y proyectos que continúan llevándonos al despeñadero[3].

A través de este tipo de consultas, los pueblos indígenas, especialmente, nos aportan otra manera de entender el mundo y la vida (otra epistemología), en la cual el ser humano y la naturaleza (la madre tierra) tienen una relación indisoluble de vida y, por consiguiente, en la cual ambos resultan sujetos de derechos. Contribuyen con una mirada de vida potente, objetiva y realista para detener la destrucción que ocasiona el proyecto extractivo y, más allá, el modelo de acumulación imperante.

Con estas prácticas y concepciones, los pueblos originarios de estos territorios nos aportan contenidos nodales para salvar nuestro planeta.

[1] https://www.plazapublica.com.gt/content/la-disputa-por-la-consulta-comunitaria

[2] Para ampliar, véase en entre otros estudios: Mario Sosa (Coord.), Gestión ambiental y gobernabilidad local (Guatemala: IARNA-INGEP, URL, 2009).

[3] Para ampliar sobre el territorio como una construcción multidimensional, véase Mario Sosa, ¿Cómo entender el territorio? (Guatemala: Editorial Cara Parens, URL, 2012)

* Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.

www.albedrio.org

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