Desalojos y pendiente autoritaria

Por Pensamientos Guatemala

El primer desalojo anunciado de 2018 se produce después de cambios en el Ministerio de Gobernación y la cúpula de la Policía Nacional Civil, que favorecen la participación de estas instituciones, y del Estado en general, en operativos contra las comunidades. Desde hace más de dos años, cien operativos similares están pendientes en todo el país, aproximadamente cuarenta de ellos en El Polochic, según denuncia de organizaciones sociales.

Un escenario de desalojos masivos cobra fuerza en este contexto de inestabilidad política, donde las agendas económicas empresariales se desarrollan sin obstrucción: leyes de competitividad, leasing y factoraje, modificaciones al código de comercio que favorecen el registro de empresas, propuesta de ley de infraestructura, propuesta de ley de consulta que busca eliminar la consulta previa. Los desalojos son parte fundamental de esta agenda.

El desalojo programado de Río Zarco da continuidad a un proceso iniciado en octubre y noviembre de 2017. Entonces, las comunidades de Chaab’il Ch’och’ (Livingston), La Cumbre (Tactic) y Semuy (Senahú) fueron expulsadas del territorio que ocupaban, de forma abusiva: sin notificación previa, en ausencia de abogado, con abuso de autoridad, a través de amenazas y agresiones sexuales. En ningún momento las autoridades tomaron en cuenta los derechos colectivos de los pueblos sobre su territorio y su modo de vida, que preceden al derecho privado, derivado de un título de propiedad obtenido la mayor parte de las veces de forma fraudulenta y con violencia.

¿Desalojos con respeto a los derechos humanos?

La notificación previa a la comunidad de Río Zarco pretende maquillar un proceso de expulsión violenta. Tras los operativos de octubre y noviembre, instituciones de derechos humanos insistieron en la necesidad de respetar los derechos de la población durante el desalojo y con posterioridad al mismo, garantizando de forma especial alternativas de reasentamiento (opiniones de Procurador de Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos).

No obstante, el debate de fondo no es el cumplimiento de procedimientos -que no evita la expulsión forzada- sino la legitimidad de la presencia de poblaciones en sus territorios ancestrales, y la ilegitimidad histórica del despojo de esos territorios y su privatización: invasión española, reforma liberal, contrarrevolución, contrainsurgencia, extractivismo, marcan etapas del despojo permanente al que se somete a los pueblos indígenas. Desde este punto de vista, los desalojos son siempre violentos. No existen operativos con respeto a los derechos humanos.

A la apropiación privada y violenta de territorios históricos de los pueblos; y a la utilización del sistema de justicia y la institucionalidad del Estado para favorecer intereses espurios, la población responde con la reocupación para la recuperación de la tierra y de su modo de vida. Este es el argumento que valida la presencia de la población en el territorio y desautoriza cualquier intento de expulsión violenta.

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