Las 10 candidaturas al MP que harían peligrar la lucha contra la corrupción

por Redacción CMI-G

Luego de más de tres años de ataques sistemáticos en contra de estructuras paralelas enquistadas en el Estado de Guatemala, finalmente llegó el momento cúspide de la coyuntura: ese mismo Estado, sus redes de abogados, universidades, y el presidente del Ejecutivo, tienen la tarea de escoger a la nueva cabeza del Ministerio Público. La importancia de la elección no tiene por qué explicarse. Los procesos de cambio, su continuidad, aceleración y ralentización dependerán de quién asuma como Fiscal General. Dada esa importancia, no es sorpresa que todo tipo de personajes, muchos de ellos con un pasado vinculado a estructuras paralelas, busquen pasar el filtro y ser al menos elegidos como parte del sexteto del que Jimmy Morales tendrá que elegir. Estos son los 12 perfiles que más llamaron nuestra atención.

Edgar Lemus Orellana

Lemus Orellana tal vez sea el perfil más peligroso: ha sido escogido en el sexteto en las últimas tres ocasiones y representa a grupos políticos y económicos perseguidos por el MP y la CICIG.

Nació en el departamento de Escuintla, el 13 de octubre de 1953. Se graduó de Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala el 30 de octubre de 1984 y se colegió el 13 de noviembre del siguiente mes, estando activo con el número 3015. Es especialista en Derecho Penal. Ha sido miembro del Consejo del Ministerio Público electo por el Congreso de la República en tres ocasiones: entre 1995 y 1998, del 2006 al 2010, y a partir del 2010 hasta su disolución.

En sus inicios como abogado estuvo vinculado a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), donde apoyó con varios casos. Llevó en litigio el proceso judicial que se llevó por el asesinato del estudiante Mario Alioto, asesinado en 1994. En el proceso se logró vincular en condena al ex subdirector de la Quinta Estación de la Policía Nacional (PN), al ministro y viceministro de Gobernación de entonces, y al ex director de la PN.

Esto cambió para 1996, cuando se volvió representante legal de la empresa Safari Seguridad, cuyo dueños son Raúl Minondo Ayau y el prófugo coronel (r) Juan Valencia Osorio, y el representante legal es el teniente (r) Sergio Barbales. Barbales es miembro de la Gremial de Empresas de Seguridad y en 2007 fue su vicepresidente. Dicha Gremial fue fundada en 1989, está adscrita a la Cámara de Comercio y cuenta entre sus filas a militares dueños de empresas de seguridad y armerías, como el General Edgar Alfredo Trujillo (Corporación Privada de Seguridad), el Mayor Atila Santizo (Servisa), el capitán Oswald Aguirre (SOV) y el referido Barbales. Barbales y Safari Seguridad le ofrecen servicios a varios ingenios de la Costa Sur.

Después lo vemos como mandatario legal del Ingenio Magdalena, S.A., cuyos dueños están prófugos por el caso Traficantes de Influencias, y del Banco Inmobiliario. Desde 2009 es representante legal, asesor Penal y de Seguridad de la poderosa Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), que tienen varios afiliados en casos del MP-CICIG.

En su bufete Lemus Orellana & Asociados labora Ismar Yapur Estrada, relacionado a casos de adopción ilegal de infantes. Además es Jefe de la División de Desarrollo Académico de USAC.

En las recientes dilegencias de la SAT en contra de Aceros de Guatemala, Lemus Orellana salió representando a la empresa, señalada de una millonaria evasión fiscal.
Franc Martínez Ruíz

Martínez Ruiz se lanzó a la fama como el juez que buscó articular una sala de apelaciones que conociera en 2013 la aministía que buscaba aplicar la defensa del general (r) Efraín Ríos Montt para que su patrocinada saliera con libertad y no fuera juzgado en el Juicio por Genocidio. En esa ocasión, siendo el tercer juez de la Sala fue quien se dedicó a cabildear con jueces y magistrados para conocer el caso. Al final, fueron 61 magistrados los que terminaron excusándose de conocer el caso, que finalmente fue rechazado.

Eso no evitó que a Martínez Ruiz los militares en el gobierno del Partido Patriota le agradecieran sus gestiones: fue electo en 2014 como magistrado de Sala Segunda de Apelaciones de Feminicidio.
Fausto Corado Morán

Es Vocal I de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. En noviembre del 2012, la Cicig solicitó adherirse a una petición de antejuicio en su contra. Fue agente fiscal del MP de 1994 a 2009 cuando renunció para asumir la magistratura de la Sala de Apelaciones.

Tiene dos expedientes por amenazas: uno en la Fiscalía de la Mujer y otro en la Metropolitana.

En la elección para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014 participó en la Comisión de Postulación, elegido por la planilla patrocinada por el Partido Patriota (PP) en las elecciones entre magistrados de Sala de Apelación. Fue señalado por organizaciones de Derechos Humanos de tener relación con los operadores del PP en ese momento: el ex decano de Derecho de USAC, Avidán Ortiz Orellana, Luis Reyes, presidente del CANG, Gustavo Herrera y Juan de Dios Rodríguez, ahora en prisión.
Erick Álvarez Mancilla

De 1989 a 2008 cuenta con 12 acciones ante la CC en la que aparece como auxiliante o como ponente, de los cuales 10 han sido denegados en firme y solo en uno tuvo que pagar multa de Q1mil. El único fallo en que la CC le favoreció en su totalidad es la Inconstitucionalidad de Carácter General planteada por la Unión de Cañeros del Sur y su representante, el empresario de derecha extrema, Otto Arturo Kushiek Mendoza, contra el no cobro de aranceles durante el primer año del gobierno de Óscar Berger.

En el año 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, Erick Álvarez auxilió a Alberto Antonio Morales Velasco para plantear una acción de inconstitucionalidad general contra la importación y comercialización en el mercado nacional de 10 mil toneladas métricas de azúcar sin fortificar.

Erick Álvarez, junto a los magistrados electos por el Congreso de la República el 30 de septiembre de 2009, fueron señalados de haber arreglado la conformación de la Corte Suprema de Justicia. En esa coyuntura el abogado Luis Alfonso Carrillo Marroquín lideró el amparo (3690-2009) contra el Acuerdo Legislativo (20-2009) que ordenaba el nombramiento de los magistrados electos. El amparo fue denegado.

Álvarez fue designado presidente de la CSJ (2009-2010) y a los meses de asumir el cargo viajó a Brasil (28/11/09) a una reunión preparatoria de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana. No obstante, Álvarez no había sido invitado a la misma y se hizo acompañar de su asistente técnico, Londy Valeska Castillo Pineda. La pareja permaneció en Brasil más tiempo del que duró el referido evento. Álvarez gastó recursos públicos por más de Q129mil en viáticos, a pesar que el país anfitrión cubría gastos de hospedaje. Sobre este caso el abogado Luis Antonio Mazariegos Fernández planteó el amparo (2332-2010), el cual fue denegado. En 2011 viajó a Argentina, Corea y Panamá en 2011 cobrando un total de Q90,832 en concepto de viáticos y en abril de 2012 viajó nuevamente a Argentina cobrando Q13,856.

Siendo presidente de la CSJ, presidió la Comisión de Postulación del Ministerio Público que eligió la nómina en la que resultó electo por el Congreso el abogado Conrado Reyes Sagastume en mayo de 2010. Sin embargo la CC emitió una resolución el 10 de junio de 2010 donde declaró anulado el primero proceso de elección y recomendó que se inhibieran los comisionados de conocer el nuevo proceso. Álvarez se inhibió de conocer argumentando problemas de salud.

Pese a que Álvarez entregaba la presidencia de la CSJ el 30 de septiembre de 2010, se mantuvo en el cargo, situación por la cual Ricardo Sagastume Morales y Ricardo Sagastume González plantearon un amparo (3802-2010) reclamando la prolongación del cargo. El amparo fue denegado.

El 2 de octubre de 2013 iniciaron las rondas de votación en la CSJ para elegir al nuevo presidente de la CSJ. Ante la falta de consenso se realizaron 56 rondas de votación. Ya que Álvarez era el Vocal I de la CSJ en ese entonces asumió como presidente interino. Álvarez se posicionó en el “grupo de los 6” que tenía el apoyo del PP, junto a Thelma Esperanza Aldana Villanueva Héctor Maldonado, Gustavo Mendizábal, Gustavo Bonilla y Luis Pineda Roca, todos vinculados al Partido Patriota. Este último era el candidato del grupo propuesto por el propio Álvarez.

El 24 de octubre de 2013, Érick Álvarez como presidente interno de la CSJ destituyó al Jefe de la Dirección de Seguridad del Organismo Judicial a quien acusó de formar parte de un plan de vigilancia y seguimiento contra el grupo de los 6.

El 25 de octubre de 2013 José Arturo Sierra, magistrado del grupo opositor, afirmó a la prensa local que la presidencia interina de Álvarez violaba la constitución, argumentando que era la segunda vez que ocupa el cargo desde 2009. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad (CC) le denegó un amparo que interpuso el abogado Ricardo Sagastume que buscaba remover a Álvarez del puesto. Finalmente, el 28 de noviembre de 2013 fue elegido José Arturo Sierra en una negociación que lideró Thelma Aldana en el grupo de los 6 para favorecer al candidato del “grupo de los 7” y se ganó el apoyo para su candidatura como Jefa del Ministerio Público seis meses más tarde.

El interés de esta elección radicó precisamente en que el magistrado electo como presidente presidiría la Comisión de Postulación del MP 2014. Cabe señalar que José Arturo Sierra no aceptó junto a la mayoría de comisionados las tachas interpuestas por la sociedad civil contra Thelma Aldana.
Roberto Molina Barreto

Molina Barreto es el cuadro más claro de los empresarios de la vieja guardia. Fue nombrado Procurador General de la Nación durante el gobierno de Oscar Rafael Berger Perdomo. Berger también lo nombró como representante del Ejecutivo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2006-2011. En 2011 consiguió la reelección en la CC gracias a que fue escogido por la CSJ como su representante. Los vínculos de Molina Barreto giran en torno al sector empresarial, particularmente al grupo corporativo Bosch-Gutiérrez.

El 3 de enero de 2011 Roberto Molina Barreto junto a sus hijos crearon la empresa MainRiver S.A. en Panamá, a través del agente Mossack Fonseca, del escándalo de los Panama Papers. En 2012, Roberto Molina Barreto creó la Fundación Cívica por un Mejor Pais (Fundacivica), junto a su Lucrecia Molina Spillari y otros personajes como Oscar Moreno, Director de Recursos Humanos de la CC. Según una investigación de Nómada “La gerente añadió que cuando Fundacívica inició, Cementos Progreso y Ceibaranda fueron sus benefactores. No reveló el monto de las aportaciones; tampoco las de VesTex. Taiwán ha entregado a Fundacívica en total US$360 mil dólares (Q2.7 millones).”

Buena parte de sus hijos y cuñados están vinculados a puestos del Estado: Roberto Molina Spillari trabaja desde el 2010 en la Confederación Autónoma Deportiva de Guatemala (CDAG) y ha recibido contratos que suman un total de Q885 mil. Desde el inicio del gobierno de Jimmy Morales, trabaja para la Dirección Regional Metropolitana de la Subgerencia de Gestión Nacional de la CDAG, cuyo contrato concluyó en junio de 2017. La contratación de Roberto Molina Spillari en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala coincide con la resolución emitida por la CC en diciembre de 2015, a favor de la reelección de los directivos en esa entidad deportiva.

Myrna Lucrecia Molina Spillari de Coronado laboró en 2009 para la Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas de la Vicepresidencia de la República. Paulina Molina Spillari es una artista de música pop bajo el nombre de “Pau Molina”. Trabaja en el Organismo Judicial desde 2010, ha tenido varias sanciones disciplinarias y ha sido evaluada como una funcionaria “regular”. En 2015 trabajaba para la Unidad de Capacitación Institucional de la CSJ.

Julio Roberto Espigares López es esposo de Mónica Molina Spillari, trabajaba como Jefe de Servicios Generales del Ministerio Público (MP) y en diciembre de 2012 fue destituido y procesado penalmente, a raíz de una denuncia de intento de cobro de sobornos a proveedores de la entidad. La demanda fue desestimada pero Espigares López no se quedó sin empleo: de enero a mayo de 2015 fue contratado en el IGSS, prestando servicios para la Gerencia de Planificación y Desarrollo, recibiendo un total de Q95 mil.
Consuelo Porras Argueta

Nació en San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, el 23 de agosto de 1953. Estudió la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se graduó el nueve de octubre de 1978, y se colegió el 28 de octubre del mismo año. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala la numeró con el 3,472.

De Porras Argueta se sabe que hasta hace 2016 era Magistrada de la Sala de Apelación de la Niñez y Adolescencia, y que era la tercera vez que había sido escogida como magistrada de Sala. En el proceso del 2009 para escoger a magistrados de Sala, Porras Argueta logró una puntuación de 58 sobre 100 puntos posibles. Se le presentaron tachas, pero ninguna de ellas fue lo suficientemente contundente como para impedir que la Comisión de Postulación encargada la incluyera en el listado de 180 aspirantes.

Tiene bajo su propiedad dos colegios: el Colegio Mixto El Pilar y el Colegio Mixto Infante El Milagro. Las propiedades están ubicadas en Mixco, y sumadas las dos ascienden a un poco más de medio millón de quetzales. Sobre estos colegios la CICIG publicó en su momento información relevante. Según un documento de la la Comisión, Porras Argueta cuenta con una sanción de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, emitida en el 2003. La candidata a Fiscal General fue denunciada el siete de marzo del año mencionado por la madre de dos estudiantes, expulsados por supuestamente pertenecer a la pandilla Mara Tierra Nueve Dos. La expulsión, según la versión de la madre, fue basada en un rumor y en ningún momento investigado. La PDH le dio la razón, declarando formalmente la violación cometida.

Once años después, el 14 de marzo del presente año, una vez había ingresado su papelería para el puesto de Fiscal General, Porras Argueta solicitó a la PDH revocar la resolución que declara las violaciones a los derechos humanos. Hasta el 2014 el recurso no ha sido resuelto. El señalamiento de la CICIG fue presentado como tacha por parte de la Convergencia de Derechos Humanos en la elección a Fiscal General en 2014. El Refugio de la Niñez presentó otra, en la que se afirmaba que Porras Argueta había favorecido adopciones pese a denuncias presentadas en varios procesos. Los jueces y magistrados de este tipo de judicaturas han sido constantemente señalados de ser parte de redes de adopciones ilegales.

En la elección a Fiscal General de 2014 Porras Argueta fue parte de la lista consensuada por todos los magistrados: obtuvo, sin discusión alguna sobre sus tachas y señalamientos, los 13 votos de los comisionados presentes, lo que automáticamente significó su inclusión en la lista de seis candidatos. Así pasó a formar parte de manera automática del Consejo del Ministerio Público. Sin embargo, declinó para seguir siendo magistrada de Sala.

En las votaciones para magistrada suplente de CC para 2016 por parte de la Corte Suprema de Justicia, 10 de 13 magistrados de la CC votaron a favor de ella.
Rafael Rojas Cetina

Es juez de carrera. Ranulfo Rojas Cetina no fue votado ni por el oficialismo ni por el empresariado en la Comisión de Postulación, por lo que tuvo que ir a repechaje y finalmente fue apoyado por el PP en el Congreso.

Para las elecciones magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2014 se le veía cercano a la Embajada, por su papel en la Sala de Mayor Riesgo A, sin embargo tuvo algunas resoluciones desfavorables, aunque ha tratado constantemente de relacionarse con los sectores progresistas y defiende al gremio de jueces. Sin embargo, las resoluciones a favor de Gloria Torres y del contrabandista Nassar Massis siguen pesando sobre su perfil.

Presidente de CSJ en 2016, salió de país y dio oportunidad para que Silvia Valdés le diera entrada de nuevo a la CSJ al ex Douglas Charchal, vinculado a caso TCQ. Cuando Valdés fue votada Presidenta (que luego se bajó la CC) el actual presidente Rafael Rojas Cetina y la magistrada María Morales Aceña se abstuvieron de votar.
Mayra Véliz López

Aunque Mayra Véliz es parte de la administración de Thelma Aldana en el actual Ministerio Público, su oscuro pasado hace pensar que su carrera dio un giro luego de la crisis de 2015, por lo que su perfil no es del todo transparente.

Fue abogada y notaria de una empresa de seguridad del general (r) Manuel Antonio Callejas y Callejas, apodado el Padrino de los poderes paralelos, viejo jefe de inteligencia militar, supuesto dirigente de La Cofradía, y hoy juzgado en el caso Molina Theissen.

Véliz López proviene del bufete de Conrado Reyes Sagastume, electo de manera anómala como Fiscal General en 2010 y defenestrado menos de un mes después de haber asumido el cargo, luego de que la CICIG de Carlos Castresana y grupos fiscalizadores de la sociedad civil lo acusaran de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Heidi Tamara de León

¿Una fiscal del Ministerio Público que deja su carrera, pasa a pertenecer a la extremista Fundación contra el Terrorismo, y ahora quiere ser Fiscal General?
Acisclo Valladares Molina

Es el actual embajador en Londres, además de ser embajador interino de varios países árabes productores de petróleo, puesto que ocupa desde el gobierno de Álvaro Colom, en 2010.

Viejo militante del extremista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Molina Valladares es heredero de una tradición de radicales de derecha. Su generación anterior, Luis y Juan Fermín Valladares Aycinena fueron fundadores del MDN (previo MLN) en 1956. Luis Valladares era militante del Partido Unificación Anticomunista (PUA), y desde 1966 pasó a ser embajador del Vaticano, apoyado por el Opus Dei. En el caso de Juan Fermín, fue diputado de la Asamblea Constituyente de la Contrarrevolución, que se reunió de 1955 a 1956.

Sobre Valladares Molina, los mayores señalamientos vienen de su papel en el gobierno de Jorge Serrano Elías, cuando era el PGN del Estado, además de cumplir funciones de Fiscal General (antes de las reformas de 1994, donde el MP ganó autonomía). Esos años, se le señaló de encubrir el asesinato del investigador de la Policía Nacional, José Mérida Escobar. El investigador de la PN investigaba el asesinato de Myrna Mack Chang. También buscó cancelar los intentos por exhumar a Efraín Bámaca Velásquez, como queda claro en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fue representante del Estado de Guatemala frente a la CIDH en el caso Panel Blanca, de órganos estatales de ejecución extrajudicial durante los años ochenta.

Por último, traspasó propiedades de María y Antonia Matos Aycinena mediante escrituras falsas que fueron adjudicadas a su hermano.

Su hijo es Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía de Jimmy Morales, y antes Presidente de la Gremial de Telecomunicaciones y jefe de Asuntos Corporativos de Comunicaciones Celulares, S.A. (Comcel). Antes estuvo al frente de Pronacom desde 2015. El actual gerente general de Comcel, es Luis Fernando José Valladares Guillén, sobrino de Acisclo Valladares Molina.

Asisclo Valladares Molina fue uno de los candidatos presidenciales del PP pero a última hora se decantaron por el abogado Mario David García.

Fuente: Centro de Medios Independientes
https://cmiguate.org

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