Las alianzas público/privadas en Guatemala, ¿una alternativa?

Edi D. López S.
En su momento se informó por medio de prensa, que en reunión de Gabinete Económico, el Ministerio de Economía presentó ante el vicepresidente Jafeth Cabrera y demás entidades que conforman dicha instancia, el portafolio de proyectos de infraestructuras que tienen planificadas para los próximos años con recursos obtenidos por alianzas público privadas.

Según informaron, son seis los proyectos que están contemplados por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), que representan una inversión total de 150 millones de dólares. Dentro de los planes figura el Centro Administrativo del Estado (CAE), edificio que concentrará a instituciones del Estado. Además, está contemplada la construcción de una vía expres, transporte denominado Metro Riel, mejoras para el Aeropuerto Internacional La Aurora y la Autopista Escuintla.
La necesidad de inversión en Guatemala, es indudablemente ingente, en función de efectivamente generar empleo, aspectos que se mencionan al justificar como una estrategia las alianzas público/privada –APP-. Ahora bien, ¿es pertinente este modelo de inversión para el país? Un rápido sondeo a nivel internacional, indica lo siguiente:

• Su uso por parte de los Gobiernos, es para ocultar la deuda pública mediante prácticas contables poco transparentes y sus consecuencias duraderas.
• Normalmente, el coste de capital es mayor en los proyectos ejecutados bajo esta modalidad de inversión que, en las obras del sector público, ya que los Gobiernos suelen pedir préstamos con unas tasas de interés más bajas que las compañías del sector privado.
• Pese a los indicadores oficiales de eficiencia, las Alianzas Público/Privadas han generado importantes problemas y costos, que finalmente son asumidos por el Estado.
• Las políticas diseñadas en función de este enfoque oscilaron entre estimular la competencia entre los servicios públicos y la venta de empresas estatales. Como señalan Peters y Pierre (2010), si la Nueva Gestión Pública busca generar una autonomía de los procesos más operativos en el Estado, las APP se adaptan bien a esta orientación. Sin embargo, estas políticas tuvieron diferentes resultados según el país en el cual se aplicaban. Por lo tanto, uno de los factores sobre el origen de las APP está relacionado con cómo se ha materializado la reforma de la gestión pública en cada contexto nacional. (Pollitt y Bouckaert, 2000; Peters y Pierre, 2010).
• Las APP se renegocian con demasiada frecuencia. En efecto, según personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 55 por ciento de todas las APP se renegocian, como promedio dos años después de la firma del contrato, y el 62 por ciento de estas renegociaciones se traducen en un incremento de las tarifas que pagan los usuarios.
• Los defensores de las APP suelen esgrimir que la participación del sector privado genera inversiones de mayor calidad y permite a los Estados repartir los costes en lugar de tener que recaudar fondos por adelantado, como ocurre con los procesos tradicionales de contratación pública.
• En Guatemala, ya se tiene experiencia en ello, se concesionó la autopista Palín-Escuintla con un crédito que terminamos pagado todos los guatemaltecos, se sabe por medio de la prensa, que lo recaudado por la empresa ronda los 1,300 millones de quetzales y el Estado recibió 13 millones; buen negocio….pero no para el Estado.
• Se corre el riesgo que bajo esta modalidad, se encubra la privatización utilizando fondos públicos. La experiencia hasta ahora en el país, indica desafortunadamente que, no se puede fiar en las buenas intenciones que exprese el tradicional sector privado del país.
• Por otra parte, esta puede ser únicamente una modalidad de inversión segura que, el sector privado del país busca; además de continuar diversificando sus inversiones.
• Los hechos acaecidos durante la gestión del defenestrado Super Intendente de la SAT, Juan Solórzano Foppa, demostraron el secreto a voces, que buena parte del sector privado guatemalteco, se resisten a pagar impuestos; únicamente les interesa acrecentar sus ganancias, lo cual no es congruente con los objetivos de bienestar social, que en principio se pregona con las APP.

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